No tenía "ningún dato" que le hiciera pensar en la importancia o urgencia del ingreso en prisión de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por su "especial peligrosidad". Se trata del principal argumento que emplea el juez Rafael Tirado en su último escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que pide el archivo del expediente por el que fue sancionado con una multa de 1.500 euros.
No es la primera vez que el juez Tirado alude a esta falta de conocimiento para intentar justificar que el reo se hallaba aún en libertad, a pesar de haber sido condenado a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su propia hija. El magistrado sostuvo en su contestación a la propuesta de sanción realizada por el instructor del expediente disciplinario que la Fiscalía "nunca" pidió, en ningún momento de la tramitación del caso, el ingreso en prisión de Santiago del Valle ni alertó de su peligrosidad, a pesar de "la existencia de otras causas criminales que al Ministerio Fiscal sí le habían de constar".
Sobre esta base, el juez alega que el control de las causas ejecutorias se realiza "según prioridades" y señala que la ejecutoria del pederasta no se incluía entre los criterios legales de preferencia. A saber: que se tratara de una causa con preso, un asunto de violencia doméstica y de género, o un juicio rápido. "Ningún dato anterior, ni posterior, conocido por el juez, hacía pensar en la especial importancia o urgencia del ingreso en prisión del condenado por su especial peligrosidad", insiste Tirado.
El magistrado considera que las dos resoluciones que ordenaba la ejecución de la sentencia "se adoptaron con celeridad", una vez que la Audiencia de Sevilla devolvió los autos al juzgado, tras confirmar íntegramente la sentencia.
El escrito de alegaciones de Tirado llega a la conclusión de que en su expediente disciplinario "late la confusión entre la responsabilidad disciplinaria del juez y la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o de otros poderes públicos, pretendiendo enjuiciarse la conducta del magistrado con los criterios que nuestro ordenamiento reserva para la segunda".
El juez también reprocha que la Fiscalía, que ha pedido su suspensión de empleo y sueldo durante tres años, está intentando imponerle una "responsabilidad objetiva" -por el resultado producido- cuando el magistrado dictó las resoluciones precisas para ejecutar lo juzgado. Llegado a este punto, Tirado vuelve a citar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003 para argumentar que se le está sancionado en relación con unas competencias que corresponden, en virtud de la nueva ley, al secretario judicial, aunque no cita a Juana Gálvez, la secretaria de su juzgado, que ha sido sancionada con dos años de suspensión por el Ministerio de Justicia.
El juez sí advierte que en los autos "no consta ninguna actuación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 455 de la ley orgánica del Poder Judicial", que hace referencia a la función de los secretarios de dar cuenta del estado de las actuaciones, y más adelante concluye que en el caso del pederasta "no se le dio cuenta específica al juez del asunto ni le fue denunciado por ninguna de las partes". A pesar de ello, Tirado reprocha que se le imponga una infracción disciplinaria en la que se le atribuyen "unas funciones de control que, además de no ser de su ámbito de competencia, serían superiores a las normales, con un elevadísimo riesgo y todo ello además del esfuerzo y dedicación excepcional que este juzgador ha desplegado y que los módulos de actividad o dedicación de los últimos años revelan".
El juez también denuncia que no existe ningún registro informático que pueda interconectar los juzgados de la capital y los de otra provincia, y recuerda que la inspección llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) unos meses antes de que estallara el escándalo, en concreto en noviembre de 2007, sólo detectó una falta de retraso "leve" en las causas ejecutorias. El juez señala además que la carga de trabajo de la oficina judicial en su conjunto -magistrado, secretaria judicial y funcionarios- es "muy elevada y de difícil asunción, al igual que ocurre en el resto de los juzgados de lo Penal de la provincia y que se ha reiterado en numerosas ocasiones por las diversas juntas de jueces".
Por su parte, el padre de la pequeña Mari Luz, Juan José Cortés, pidió ayer al juez Tirado que "se deje de tonterías y de interponer excusas baratas y se responsabilice de su error, ya que por este fallo ha muerto una niña inocente". Cortés aseguró que los argumentos del juez son "una excusa fuera de contexto" y añadió que el hecho de que no estuviera al tanto de la peligrosidad de Del Valle "no le da derecho a dejarlo en libertad".
2 comentarios:
Del Valle era un perturbado sexual y así lo determinó Tirado en su sentencia , ¿cómo que no tenía datos?.
¿ Pero no decías al principio que creías que Del Valle ya estaba en la cárcel?, ¿no estabas tan asombrado ? ¿entonces sí tenías datos?.
No hay quien lo entienda.
Sé un ser humano y ,en lugar de defender lo indefendible,retírate de una vez con la mínima dignidad.
Mayus-culero: ¿no te has convencido aún de que aburres?. Has conseguido echar a casi todos los lectores del blog (confieso que ya sólo entro cada muuuuuchos días), pero claro, eso te da igual, tú solito te bastas para preguntarte, contestarte, jalearte y ensalzarte. Juan Palomo: yo insulto y yo me lo como.
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