Publicamos un comunicado difundido hoy por la Fiscalía General del Estado en relación con la actuación del Ministerio Público en la huelga salvaje de los controladores aéreos:
La Fiscalía General del Estado desea mostrar públicamente su satisfacción por el papel desempeñado por el Ministerio Fiscal en la adopción de medidas urgentes para la resolución de la situación planteada a partir del pasado 3 de diciembre, como consecuencia del abandono colectivo y presuntamente concertado de sus puestos de trabajo por parte de un importante número de controladores aéreo.
En primer lugar, hay que destacar la celeridad con que la Fiscalia de Madrid, la misma noche del 3 de diciembre, procedió de oficio a la incoación de diligencias de investigación por un presunto delito contra el tráfico aéreo, practicando de inmediato las primeras diligencias para aclarar los hechos e identificar a los presuntos responsables, incoación que se generalizó en el conjunto de Fiscalias Superiores la mañana siguiente.
Asimismo ha de señalarse la incorporación del Fiscal General del Estado al Consejo de Ministros Extraordinario del pasado sábado día 4, a petición del Presidente del Gobierno. Como es sabido, la participación del Fiscal General en dicho órgano está expresamente prevista en el artículo 9 2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, precisamente para que en situaciones excepcionales, como la producida en este caso, el Ministerio Público pueda ejercer en tiempo real, y con carácter previo a la adopción de cualesquiera medidas extraordinarias, su función de informar en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta tarea de aportación de un criterio estrictamente jurídico, basado en la misión constitucional de interpretar la ley con imparcialidad y en atención al interés general, con absoluta autonomía de las decisiones políticas que pueda adoptar el Ejecutivo, pone en valor la posición del Ministerio Fiscal como órgano constitucionalmente relevante, del mismo modo que de ordinario ocurre con el ejercicio de su función de informar los proyectos de disposiciones legales o reglamentarias que afectan a su función (art. 14.i. j del mismo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Sin que ello, como es obvio, suponga injerencia alguna ni por parte del Gobierno en las decisiones del Fiscal en su ámbito funcional, ni del Fiscal en el legítimo ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye al Gobierno democráticamente elegido por los españoles.
Es evidente asimismo que, con independencia de toda intoxicación informativa o de cualesquiera interpretaciones partidistas o corporativistas políticamente orientadas a desmerecer la acción institucional del Ministerio Público, ignorantes de su función constitucional o reticentes a su desempeño, la acción coordinada, inmediata y eficaz de las Fiscalías territorialmente competentes para conocer de los hechos, y en particular el papel relevante de los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, han permitido en este caso una perfecta y eficiente aplicación del principio de unidad de actuación con imparcial sujeción a la legalidad. De manera que, una vez determinada con plena autonomía de criterio la ley aplicable, y concretadas mediante un concienzudo debate jurídico en el seno de los órganos competentes de este Ministerio las pautas de intervención del Fiscal, unánimemente confirmadas y asumidas en la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas que tuvo lugar en Zaragoza el pasado jueves día 9, a fecha de hoy el Ministerio Público español está en condiciones de concretar el objeto y los sujetos de investigación en una treintena de diligencias, que se siguen en las Fiscalías de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.
La Fiscalía General del Estado desea, en consecuencia:
1) Hacer partícipes a todos los ciudadanos del compromiso de esta institución, basado en una rigurosa e imparcial aplicación de la Constitución y la Ley, con los derechos de los afectados y las garantías legales y procesales de los implicados en los acontecimientos producidos con ocasión del abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos, los pasados días 3 y 4 de diciembre.
2) Agradecer y reconocer expresamente su trabajo a los Fiscales que en esas fechas se mantuvieron activos para hacer posible esa reacción eficaz, dirigida a preservar y recuperar en lo posible el derecho de sus conciudadanos al normal funcionamiento del servicio público de la navegación aérea en unas fechas tan significativas.
3) Reiterar, en fin, públicamente, una inequívoca y firme expresión de satisfacción por el papel relevante de interpretación y aplicación de la legalidad que, en el estricto ejercicio de su misión constitucional y en tan singulares circunstancias, ha correspondido al Ministerio Público en relación con las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno de la Nación, expresamente apoyadas por el Consejo General del Poder Judicial y posteriormente confirmadas por una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados.
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