La Audiencia Nacional rebaja de dos años a seis meses la sanción impuesta a la secretaria judicial Juana Gálvez

El Ministerio de Justicia no aplicó el principio de proporcionalidad a la hora de imponer la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, y no tuvo en cuenta que la funcionaria no fue la única responsable del retraso en la tramitación de la ejecución de una condena impuesta a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés.
Con este argumento, el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha rebajado a seis meses la sanción a la secretaria Juana Gálvez porque, según recoge la sentencia, el Ministerio de Justicia admitió que en los errores que permitieron que la causa no se tramitara durante 18 meses concurrieron otros responsables como el ex titular del juzgado, Rafael Tirado -que fue sancionado con una multa de 1.500 euros por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, los funcionarios y el Ministerio Fiscal.La resolución del juez de la Audiencia Nacional Adolfo Serrano de Triana señala que, si bien el Ministerio no tenía por qué considerar la imputación de responsabilidades a las otras partes implicadas, "si debió establecer la apreciación del grado de participación" a los efectos de la imposición de la sanción y de su "justa proporcionalidad".
El juez añade que el Ministerio apreció varias atenuantes a la hora de no imponer la máxima sanción a la secretaria, como el reconocimiento del trabajo que Juana Gálvez venía realizando en el juzgado, el elevado número de señalamientos de este órgano judicial y la necesaria atención a la cuenta de consignaciones y a otras funciones que tenía encomendadas. Así, señala que en el caso de la secretaria había hasta siete circunstancias atenuantes y dos agravantes, pero la Administración "sobrevaloró exageradamente" el factor agravante frente a las circunstancias atenuantes, y no tuvo en cuenta de forma expresa la "sobrecarga de trabajo que pesa sobre el juzgado".
La Audiencia Nacional argumenta otro factor para reducir la sanción a seis meses, coincidiendo con la propuesta que en su día realizó la instructora del expediente abierto a la secretaria: el Ministerio de Justicia no consideró procedente castigar a la secretaria con el traslado forzoso porque existía una valoración positiva de su trabajo por parte de todos los miembros de la oficina judicial. En cambio, si el juez ratificaba la suspensión de dos años de empleo y sueldo, esta sanción implicaba la pérdida del destino -al superar los seis meses-, una medida que el magistrado no considera acorde con las pretensiones de la Administración.
"Como no es posible ignorar esta toma de posicionamiento explícitamente hecha por la propia resolución impugnada no debe el juzgador sustituir sus personales criterios por los que ofrece el contenido del acto administrativo impugnado", razona el juez que concluye que el plazo de seis meses es la solución "más proporcional y más equitativa con los propios planeamientos fácticos" de la decisión que adoptó el Ministerio.La sentencia sí destaca, de otro lado, que la conducta por la que fue sancionada Juana Gálvez constituye una falta grave porque "ni es dudosa la negligencia ni el retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones propias de la secretaria judicial".
El fallo subraya que en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla las formas de trabajo y control de las ejecutorias, las notificaciones, citaciones y en general el impulso procesal sobre los funcionarios "se llevaba deficientemente", a pesar de reconocer que Juana Gálvez desempeñó una trayectoria profesional correcta, con una dedicación personal "intensa".La secretaria judicial alegó en su recurso la falta de medios, así como el mal funcionamiento del juzgado, la acumulación de asuntos hasta el "hacinamiento", la continua movilidad de los funcionarios y las particularidades del sistema informático Adriano, que no permitía un fácil control de las ejecutorias salvo con la dedicación de un tiempo desmesurado al manejo del programa. Juana Gálvez consideró que, a pesar de su correcta actuación, se convirtió en "víctima de o en objeto de los errores de otros".

El juez Tirado cambiará de jurisdicción para incorporarse a un juzgado de lo Contencioso-Administrativo

El juez Rafael Tirado, sancionado con 1.500 euros por no encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, se incorporará en los próximos días a un juzgado de lo contencioso-administrativo en Sevilla tras solicitar él mismo su traslado. Según confirmaron fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su petición ya se aprobó en la comisión permanente del citado órgano el pasado 28 de abril y el cambio de despacho se producirá una vez que se publique en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
La noticia no ha sorprendido en los círculos judiciales, que conocían la intención del juez de abandonar la jurisdicción penal a raíz de la polémica generada por su actuación en el caso Mari Luz y que puso a este magistrado en el ojo del huracán y destapó el grave colapso que sufre la Justicia española.
De hecho, los juzgados de lo contencioso-administrativo están en Sevilla incluso más saturados que los penales, donde la situación es dramática por el retraso en la ejecución de las sentencias. Por otra parte, el próximo miércoles está previsto que se celebre el juicio por el recurso presentado contra la sanción impuesta a la secretaria del juzgado de Tirado, Juana Gálvez, suspendida por el Ministerio de Justicia con dos años de empleo y sueldo por falta grave en relación con el retraso en la ejecución de la condena impuesta a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz. Gálvez tiene intención de acudir a Madrid para seguir el juicio el proceso, aunque en calidad de oyente.

El juez Rafael Tirado embarga la pensión al pederasta Santiago del Valle, que se queja desde la prisión de Albolote

El juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla ha embargado la pensión del pederasta Santiago del Valle y de su esposa, Isabel García, para hacer frente al pago de la indemnización que deben abonar a su hija por los abusos sexuales que él mismo cometió sobre la menor en 1999.El pederasta Santiago del Valle considera en una carta remitida desde la prisión de Albolote (Granada) que la decisión del magistrado Rafael Tirado Márquez, que fue sancionado precisamente con una multa de 1.500 euros por el retraso en la ejecución de esta condena, es una "injusticia contra dos personas declaradas minusválidas".

El juzgado de lo Penal número 1 condenó en 2002 a Santiago del Valle a dos años y nueve meses de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija, mientras que su esposa, Isabel García, fue condenada a un año y siete meses por consentir los abusos a la niña. La sentencia, que fue confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla casi tres años después, en diciembre de 2005, impuso además al matrimonio el pago de una indemnización para la hija de 60.101,21 euros, en concepto de daños y perjuicios a la menor.La carta remitida por el pederasta, que está actualmente en prisión cumpliendo esta condena y también provisionalmente como presunto autor del asesinato de la pequeña onubense Mari Luz Cortés, señala que el juzgado les ha embargado las pensiones de invalidez que percibían cada uno de los cónyuges y que ascienden a 336,44 euros mensuales cada una. Del Valle dice que ha enviado varios escritos al juez Rafael Tirado y a la Fiscalía de Sevilla, "sin tener respuesta alguna" y sin que se les haya notificado ninguna resolución de embargo. La esposa lleva sin cobrar la pensión desde octubre de 2008 y Santiago del Valle, desde diciembre.

En su misiva, en la que aparecen algunas faltas de ortografía, el pederasta relata que el embargo de la pensión obedece al escándalo que se produjo por el retraso en la ejecución de la sentencia. "A este señor juez don Rafael Tirado le echaron una multa, y a la secretaria del mismo también, creo yo, y al poco tiempo, nos embargan lo poco que nos dan por invalidez, que es lo único que tenemos los dos, y todo porque yo soy Santiago del Valle", concluye la carta remitida por el pederasta. El recluso asegura que habían sido declarados insolventes.Fuentes del caso confirmaron ayer que el embargo de las pensiones de Santiago del Valle y de su mujer constituye una de las medidas normales para proceder al pago de la indemnización que en su día se fijó en la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.

El juzgado archiva la denuncia por amenazas al juez Rafael Tirado

Un juzgado de Sevilla ha archivado la denuncia que presentó el juez Rafael Tirado en la Fiscalía, tras haber recibido una carta anónima en la que se le amenazaba de muerte si no presentaba su dimisión a raíz del escándalo por el retraso en la ejecución de la condena de Santiago del Valle, el presuntoasesino de Mari Luz Cortés. Rafael Tirado recibió el pasado 5 de febrero una misiva en su juzgado, plagada de errores ortográficos, en la que se le requería para que dimitiera o se “tirara desde la Giralda o al Guadalquivir”. La carta reprochaba al juez que hubiese recurrido
la sanción de 1.500 euros de multa que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
por una falta grave de retraso en la tramitación de la ejecutoria del pederasta Santiago del Valle y concluía que “no tenía derecho a vivir”.
El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla remitió entonces el escrito a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que ordenó abrir unas diligencias de investigación y pidió a la Policía Científica que examinara el anónimo en busca de alguna huella dactilar que pudiera conducir a averiguar quién estaba detrás de estas amenazas.
La Policía Científica halló tres huellas en la carta, pero ninguna del autor del anónimo, dado que
las mismas se correspondían con la identidad del propio juez Rafael Tirado, de la secretaria judicialdel juzgado de lo Penal número 1, Juana Gálvez, y del funcionario del mismo órgano judicial que había abierto la carta el día que fue recibida, al considerar que se trataba de alguna petición de un preso dirigida al juzgado.
Tras analizar el informe de la Policía Científica, la Fiscalía hispalense procedió a presentar una
denuncia en el juzgado de guardia al considerar que los hechos constituían un delito de amenazas,
si bien en el mismo escrito solicitaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor conocido.
La denuncia correspondió al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que nada más recibirla
procedió a dictar un auto de sobreseimiento provisional por las mismas razones. El caso queda, de esta forma, archivado mientras no se produzca un nuevo hecho que pueda aportar pistas sobre la presunta autoría de las amenazas realizadas al magistrado sevillano.
El juezRafael Tirado había sido sometido a protección policial nada más producirse la detención
de Santiago del Valle por el asesinato de la pequeña Mari Luz y una vez que se conoció que el pederasta se hallaba en libertad a pesar de que tenía una sentencia firme dictada por el juzgado de lo Penal número 1, en la que fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija. El Poder Judicial abrióunexpediente
disciplinario al magistrado que concluyó con una sanción de 1.500 euros que fue ratificada por
el Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces.

El negociado de ejecutorias donde estalló el caso Mari Luz lleva paralizado desde diciembre. La Junta dice que cubre las bajas en siete días

El sindicato CSI-CSIF volvió a denunciar ayer la "escandalosa" falta de medios personales y materiales de los juzgados de lo Penal de Sevilla, y en concreto del número 1, donde estalló el caso Mari Luz por la demora en la ejecución de una condena al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense. La falta de medios ha hecho, según un escrito remitido por el sindicato a la Delegación Provincial de Justicia, que desde hace tres meses, en diciembre pasado, esté paralizado el negociado donde se estaba ejecutando la sentencia que condenó a Santiago del Valle.
CSI-CSIF ha recordado que de los dos refuerzos con que la Junta había dotado al juzgado de lo Penal número 1, sólo se ha prorrogado uno de ellos, lo que, unido a las bajas por enfermedad de tres funcionarios, ha provocado que la situación de la plantilla en este órgano no haya hecho sino empeorar.
El sindicato ha señalado que tres funcionarios de este juzgado se encuentran de baja por enfermedad y que la Junta sólo ha cubierto dos de las vacantes, por lo que "una plaza queda por cubrir desde hace dos semanas". CSI-CSIF hace hincapié en que dos de estas bajas se deben a sendos "síndromes de ansiedad" y precisa que este extremo "no debe pasar desapercibido a la Administración, desde el punto de vista de la salud laboral y de las condiciones en que se presta el trabajo".En cuanto al negociado de ejecutorias que tramitaba la condena del presunto asesino de Mari Luz, la funcionaria que estaba a su cargo es una de las que está de baja por enfermedad y fue sustituida por otra trabajadora que también está enferma. El 24 de febrero, la Junta designó a una interina que procedía del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que "únicamente había trabajado con anterioridad en el orden contencioso-administrativo", por lo que carece de experiencia en la jurisdicción penal y, además, no ha recibido formación al respecto.CSI-CSIF considera que esta situación "no es imputable" a la funcionaria interina designada, que fue adscrita por la secretaria del juzgado al negociado de señalamientos, de menor complejidad técnica, una iniciativa que el sindicato califica de "loable". La consecuencia directa ha sido que el negociado que tramitó la ejecutoria del caso Mari Luz "continúa parado desde el mes de diciembre, por no estar cubierta la totalidad de la plantilla desde entonces".La "lamentable" situación ha provocado que sólo tres funcionarios tengan que tramitar las más de 900 ejecutorias que actualmente hay en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, lo que unido al trabajo añadido que ha generado la implantación del registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, está llevando a este órgano a un estado límite. "En estas condiciones no se puede trabajar, y hay que advertir de las peligrosas consecuencias que puede acarrear el abandono de este juzgado por parte de la Consejería de Justicia y Administración Pública", asevera CSI-CSIF en el escrito remitido a la Junta.
El sindicato reclama que se prorroguen los refuerzos que se habían acordado inicialmente y se cubran las vacantes por enfermedad porque, según afirma, no consentirán que en el futuro puedan exigirse responsabilidades a los funcionarios "cuando la verdadera responsabilidad es únicamente imputable a la dejadez y falta de sensibilidad de la Administración ante estos gravísimos problemas".
Por su parte, la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, aseguró ayer que las bajas de los funcionarios se cubren en siete días, algo que no concuerda con la denuncia expuesta por el sindicato...

La Fiscalía de Sevilla investiga el anónimo enviado al juez Tirado

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha abierto unas diligencias de investigación para tratar de esclarecer la autoría de la carta anónima enviada al magistrado Rafael Tirado, al que se amenazaba de muerte si no presentaba su dimisión tras el escándalo del caso Mari Luz. La fiscal jefe confirmó que ha enviado la carta original a la unidad de Policía Científica, con la finalidad de que busquen posibles huellas dactilares en la misiva y traten de averiguar al responsable de estas amenazas, que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía por el propio titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.
La fiscal jefe, María José Segarra, se ha hecho cargo personalmente de estas diligencias, que se han abierto después de que el juez recibiera en su juzgado la carta el pasado 5 de febrero. El anónimo reclamaba al juez que dimitiera y no solicitara una rebaja de los 1.500 euros de sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una falta grave, por el retraso en la ejecución de una condena impuesta por abusos sexuales al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés.
El anónimo amenazaba al juez diciéndole que "si no quiere afrontar la realidad, súbase a la Giralda y tírese de ella, y si no al Guadalquivir, no tiene usted derecho a vivir". La carta concluía con la siguiente advertencia: "No lo olvide, dimita o la Giralda, haber si lo publica la prensa que ya no existe" (sic). La falta de ortografía que aparece en esta frase no era la única que contenía la carta, ya que en otro apartado de la misma el autor se preguntaba qué estuvo haciendo el magistrado durante los dos años en que se demoró la ejecución de la sentencia, y a esta cuestión respondía diciendo que quizás estuvo de "guaquete", por guateque, "de comidas, de trabajo o tal vez de putas".
La carta fue abierta por un funcionario del juzgado de lo Penal número 1, que pensó que se trataba de alguna petición de un preso dirigida al juez, como es habitual, pero al abrirla comprobó que se trataba de un anónimo con insultos y amenazas, por lo que se la entregó a la secretaria, que a su vez levantó acta de lo ocurrido.
La Policía Científica examinará ahora minuciosamente la misiva para tratar de localizar algunas huellas que conduzcan al autor de las amenazas, aunque en estos casos la investigación científica encuentra muchas dificultades, sobre todo si, como ocurre en este caso, el documento ha sido ya manipulado por algunas personas del juzgado, lo que puede hacer que resulte imposible sacar una huella eficaz del escrito.

El juez Rafael Tirado recibe amenazas de muerte

El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, ha denunciado en la Fiscalía que ha recibido una carta anónima en la que se le amenaza de muerte si no presenta su dimisión, tras el escándalo del caso Mari Luz, según publica hoy el Diario de Sevilla.
La carta, que tiene matasellos de Madrid, errores ortográficos y está dirigida al juzgado de Primera Instancia número 6 de Sevilla, fue recibida a media mañana del pasado jueves. Un agente del juzgado la abrió al considerar que se trataba de alguna petición de un preso, pero al comprobar el contenido la entregó al magistrado.
El anónimo comienza cuestionando qué hizo el juez durante los dos años en que se demoró la ejecución de la sentencia que condenó a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, y pregunta al magistrado si estuvo “de guaquete” (sic), por guateque, “de comidas, de trabajo o tal vez de putas”.
A continuación, le plantea qué haría el magistrado si las víctimas fueran sus hijos, y le pide que “dimita” porque “es una vergüenza para todos los jueces de España”. El contenido de la carta, de apenas dos folios, se va endureciendo conforme avanza la lectura, reclamando al juez que “no pida una rebaja de los 1.500 euros” que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso por una falta grave de desatención, y lanzándole calificativos de “desgraciado”, “juez comprado” porque “ha cobrado prebendas de todos los que ahora le defienden”, o “irresponsable” .
Casi al final de la misiva, el autor se pregunta “cuántos favores” ha hecho el juez Tirado y le amenaza con que “si no quiere afrontar la realidad, súbase a la Giralda y tírese de ella, y si no al Guadalquivir, no tiene usted derecho a vivir”. La carta concluye con la siguiente advertencia: “No lo olvide, dimita o la Giralda, haber si lo publica la prensa que ya no existe” (sic).
Después de recibir esta carta, el juez Rafael Tirado presentó una denuncia ante la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, a la que hizo entrega del escrito, con el sobre, y al que acompaña un acta que levantó la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla una vez que se recibió la carta.
El juez Rafael Tirado fue sometido a protección policial una vez que se produjo la detención de Santiago del Valle como presunto asesino de la pequeña Mari Luz y de se hiciera público que el pederasta se hallaba en libertad a pesar de que había una sentencia firme que le condenaba a dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de su propia hija. Esta sentencia fue dictada por el juez Tirado pero el fallo no se había ejecutado, según el magistrado, al no haber sido localizado el acusado.

Más información en http://www.diariodesevilla.es

Un juez rechaza la suspensión cautelar de la sanción a la secretaria del juzgado de Rafael Tirado

El juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha denegado suspender cautelarmente la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a Juana Gálvez, la secretaria judicial del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, sancionada por el retraso en la ejecución de la condena impuesta al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz. Gálvez reclamó que se dejara en suspenso dicha sanción hasta que la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional emitiera una sentencia sobre su recurso contra la sanción que le impuso el Ministerio de Justicia, para evitar "perjuicios añadidos". Justicia impuso el pasado 3 de octubre la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria judicial por su actuación en un caso relacionado con el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés. La sanción le fue impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija a Santiago del Valle, luego detenido por la muerte de Mari Luz.

El Poder Judicial ratifica por dos tercios de los vocales la multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado

Dos tercios de los 21 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su mayoría procedentes de la carrera, decidieron ayer confirmar la multa de 1.500 euros al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por el retraso injustificado en la ejecución de la condena de Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés, por haber abusado de su propia hija.La confirmación de la sanción al juez Tirado contó con el voto favorable de 14 de los 21 vocales que integran el Poder Judicial, incluido su presidente, Carlos Dívar, quien recientemente aseguró que resultaría difícil que la decisión contentara a todo el mundo. Ocho de los nueve vocales propuestos por el PP también avalaron la multa, salvo la vocal Concepción Espejel, que formulará un voto particular al entender que el expediente debía archivarse porque el juez no cometió ninguna falta disciplinaria. La propuesta contó además con el respaldo de cinco de los nueve vocales propuestos por el PSOE, entre ellos los jueces procedentes de Andalucía Miguel Carmona, que presidió la Audiencia de Sevilla, Inmaculada Montalbán y Manuel Torres Vela.En el polo opuesto se sitúan seis vocales -cuatro propuestos por el PSOE y dos por CiU y PNV-, quienes se mostraron partidarios de imponer una sanción más grave al juez Tirado. En este grupo se encuentra el vocal Félix Azón, que elaboró la propuesta elevada ayer al Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces y que defendió una suspensión de dos meses de empleo y sueldo. Los otros cinco vocales se posicionaron en la horquilla más grave que planteó el ponente del caso: sancionar al juez con seis meses de suspensión.La decisión del CGPJ coincide con la resolución acordada hace tres meses por el Consejo en el que predominaba una mayoría conservadora. El debate en el Pleno estuvo marcado por la calificación de la conducta de Rafael Tirado como grave o muy grave, extremo éste último que defendía la Fiscalía General del Estado, que había reclamado la suspensión del juez por un período de tres años y suponía además la pérdida del destino.La mayoría de los vocales concluyeron que la conducta de Tirado constituía sólo una falta grave de retraso injustificado en la ejecución de la sentencia de Santiago del Valle, derivada de una desatención leve de los asuntos de su juzgados, y añadía que al tratarse de una única causa ejecutoria la que acumulaba un retraso de más de dos años, no podía considerarse la infracción disciplinaria como muy grave.Varios integrantes del Poder Judicial se mostraron partidarios de elevar al máximo la cuantía de la multa impuesta a Rafael Tirado, pero esta postura no fue apoya por la mayoría.La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que votó por endurecer la sanción, explicó a los periodistas que la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces era fruto de una "amplia mayoría judicial" y, por tanto, no podía tildarse de una postura corporativista por parte de los jueces, sino que se basa en el sometimiento a la ley y al principio de legalidad. Según Bravo, "no ha habido bloques" a la hora de resolver el caso, puesto que se ha valorado la doctrina del Tribunal Supremo y se ha buscado "el interés de aplicar por encima de todo la legalidad vigente".El Pleno del CGPJ desestimó ayer los recursos presentados tanto por la Fiscalía General del Estado, que pidió tres años de suspensión de empleo, como por el propio juez Rafael Tirado, que había solicitado el archivo del expediente disciplinario abierto hace nueves meses al estimar que no incurrió en ninguna infracción.

Santiago del Valle es condenado a otros tres años de prisión por abusar de una cuarta niña

El juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla ha condenado a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, a otros tres años de cárcel por abusar de una cuarta niña, a la que abordó en el patio de un bloque de la barriada de La Oliva el 8 de diciembre de 2006.La sentencia considera probado que el acusado se acercó a la niña, aprovechando que estaba jugando sola y, tras cogerla en brazos, comenzó a realizarle tocamientos "con ánimo de satisfacer su deseo sexual". Los abusos fueron observados por una vecina, a la que el acusado contestó diciéndole que era un familiar de la pequeña, pero a continuación se dio a la fuga.La sentencia ha impuesto al pederasta la máxima condena, atendiendo a la corta edad de la víctima, de cuatro años, y la reincidencia delictiva de Del Valle, lo que evidencia su "peligrosidad". El pederasta deberá pagar además una indemnización de 10.000 euros a la víctima por el daño moral causado y no podrá acercarse a la menor durante cinco años.La juez considera probado los abusos, mediante una "maniobra engañosa" al darle un caramelo u otro objeto, y apunta que "es posible pensar que su intención fuese sacarla de allí para poder llevar a cabo su acción sin ser observado".
En cuanto a la eximente de trastorno mental que solicitó la defensa, la juez Mercedes Fernández entiende que no procede aplicársela, a pesar de que el acusado tiene reconocida una minusvalía del 75% y ha sido diagnosticado de esquizofrenia paranoide. La magistrada señala que el forense detectó en el acusado "una conducta manipulativa de su enfermedad con instrumentalización del proceso patológico, bien con fines rentistas de la pensión que cobra o bien para justificar su comportamiento presuntamente delictivo". El informe forense concluye que Del Valle no tiene alteradas sus capacidades y, por tanto, "era capaz de comprender la ilicitud de su actos y de actuar con arreglo a dicha comprensión".
El fallo precisa que, aunque Del Valle presenta un trastorno de tipo pedófilo, que se caracteriza "por tener impulsos sexuales, intensos y recurrentes, fantasías o comportamientos sexuales con niñas prepúberes", tampoco esta parafilia se ve afectada por su alteración mental, por cuanto llegó a "pedir perdón" por lo ocurrido, con lo que reconoce que "lo que hizo está mal y es incorrecto" y al ser sorprendido no mantuvo su actitud, sino que dio una "cierta justificación" al decir que era un familiar de la niña. A continuación dejó a la menor y se marchó, en una reacción que para la juez "parece estar más cerca de quien tiene ya en ese momento justo un completo conocimiento de que no estaba bien lo que hacía". Ésta es la tercera condena de Del Valle, que acumula ya nueve años de prisión por otros tantos abusos.

ÚLTIMA HORA: El CGPJ decide ahora que la sanción a Tirado se estudie en un Pleno el próximo 23 de diciembre

El CGPJ ha decidido finalmente que no esperará al próximo año para decidir la sanción al juez Rafael Tirado por el retraso en la tramitación de la sentencia que condenó a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz. La sanción será revisada en un Pleno el próximo 23 de diciembre, para lo cual se ha retrasado la sesión prevista para este miércoles. De esta forma, se da tiempo al ponente del caso, el vocal Félix Azón, para acabar de elaborar la propuesta de sanción que deberá debatir el máximo órgano de gobierno de los jueces en voto nominal y secreto.

El Poder Judicial aplaza a enero la decisión sobre la sanción al juez Rafael Tirado

No se conocerá hasta mediados de enero. El CGPJ ha decidido retrasar al Pleno que celebrará después de las vacaciones de Navidad la votación sobre la sanción que debe imponerse al juez Rafael Tirado por el retraso en la ejecución de la condena impuesta a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz.
El retraso de la resolución -estaba previsto que se resolviera en el Pleno del próximo miércoles, día 17-, se debe a que el vocal Félix Azón, que ha sido designado ponente del caso, aún no ha elaborado la propuesta de sanción que debe elevar al Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces.

La secretaria del caso Mari Luz pide que se suspenda cautelarmente la sanción que le impuso el Ministerio

La secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, presenta hoy en los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo su recurso contra la suspensión de dos años de empleo y sueldo que le impuso el Ministerio de Justicia en relación con la tramitación de la condena a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por abusar de su propia hija. El recurso de la secretaria solicita, como medida cautelar, que se suspenda la ejecución de la sanción hasta que no se resuelva el recurso, lo que permitiría que la funcionaria continuara trabajando hasta que el tribunal se pronuncie sobre la sanción, según dijeron ayer fuentes del caso.El abogado Ramón Entrena Cuesta, que ha elaborado el recurso de la secretaria, explicó ayer que en el mismo se defiende el trabajo de Juana Gálvez “con toda clase de argumentos que están a nuestro alcance”, aunque no quiso avanzar los fundamentos del documento hasta que éste no se encuentre en poder del juez que debe examinar el asunto, para que sea el primero en conocer el recurso y evitar que tenga conocimiento por la prensa. En cualquier caso, el letrado anunció que en el recurso se defiende la labor de la secretaria judicial pero sin atacar a las restantes personas que están implicadas en la tramitación de la causa de Santiago del Valle en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. “No nos metemos con nadie”, aseveró el letrado.
La intervención de la funcionaria en el proceso fue cuestionada por el titular del juzgado, Rafael Tirado, quien a lo largo de los diferentes escritos de alegaciones que ha presentado en su expediente disciplinario –por el que ha sido inicialmente castigado con una multa de 1.500 euros, aunque el caso está todavía abierto– ha culpado a la secretaria por no haberle informado del estado en el que se encontraba la causa ejecutoria del pederasta, llegando a poner de manifiesto que la “inactividad” de la secretaria fue clave en el retraso de la causa, puesto que ésta no estaba pendiente de ninguna resolución del propio juez.Este mismo argumento fue el que empleó el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para imponer a la secretaria la sanción de dos años, un castigo que superaba ampliamente los seis meses de suspensión que había propuesto la instructora del expediente disciplinario. El ministerio consideró que la actuación de Juana Gálvez constituía una falta grave por “negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones de dar cuenta al juez del estado en que se encuentra la tramitación de las causas, el impulso y ordenación del proceso y de sus competencias de organización, gestión, inspección y dirección técnico-procesal de los funcionarios”.
La resolución sancionadora, acordada de acuerdo con los artículos 155.6 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales y 536b.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consideró que Juana Gálvez incurrió “en un cúmulo de omisiones y errores que ponen de manifiesto un grave incumplimiento de sus deberes profesionales”.El Ministerio de Justicia justificó la imposición de una sanción superior a la propuesta por la instructora en la “gravedad del perjuicio” causado a los ciudadanos con su actuación. El propio titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, había llegado a asegurar que “tanto la naturaleza de las penas impuestas a Santiago del Valle cuya ejecución se dilató de manera indebida, como los hechos que motivaron la condena, fundamentalmente el delito de abuso sexual a su hija menor, requerían de un especial celo en la tramitación de la correspondiente ejecutoria”.

La sanción al juez Tirado se conocerá el 17 de diciembre

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordará en su reunión del próximo 17 de diciembre los recursos presentados por la Fiscalía General del Estado y el juez Rafael Tirado contra la sanción de 1.500 euros que le impuso el anterior órgano de gobierno de los jueces por el retraso en la ejecución de una condena al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés. La Fiscalía solicita tres años de suspensión de empleo y sueldo, por una falta muy grave de desatención y retraso injustificado en la tramitación de las causas ejecutorias en su juzgado, al entender que al retrasar durante más de dos años el encarcelamiento de Del Valle el magistrado "quebró" el Estado de Derecho.

El CGPJ acordó ayer acelerar los trámites obviando un trámite intermedio que estaba previsto que se solventase en la Comisión Disciplinaria. Los nuevos vocales tendrán que decidir sobre si ratifican la multa económica o endurecen la sanción y acuerdan una suspensión de empleo y sueldo para el magistrado, como ha solicitado el Ministerio Público y han reclamado públicamente varios miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes del CGPJ confirmaron ayer que el 17 de diciembre es la fecha en la que el Pleno del Poder Judicial podría abordar la sanción al juez Rafael Tirado, que ha estado en la base de un movimiento de la judicatura que, al margen de las asociaciones profesionales, se ha llegado a plantear en la intranet del Consejo hasta la posibilidad de llevar a cabo una huelga si se confirma la suspensión del juez Tirado por unos errores que muchos magistrados achacan a la secular falta de medios de la Justicia. Estas carencias han llevado a las juntas de jueces a advertir reiteradamente que existe el "riesgo cierto" de que puedan volverse a producir situaciones como las que posibilitaron que Del Valle continuara en libertad a pesar de una sentencia firme de dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de su propia hija.

Tanto la Fiscalía General del Estado como el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla ya han elevado al Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces sus recursos contra la sanción de 1.500 euros. El Consejo ha nombrado ponente del caso al vocal Félix Vicente Azón, que fue propuesto por el PSOE y es miembro de la asociación progresista de Jueces para la Democracia (JpD).

Con independencia de la decisión del Consejo, cuyo presidente, Carlos Dívar, ya anunció recientemente que difícilmente podrá contentar a todos, con toda probabilidad el caso acabará en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, a donde el propio juez Tirado o la Fiscalía podrían recurrir la sanción que finalmente imponga el Poder Judicial y que agotaría definitivamente una vía que se inició hace nueve meses, con la apertura del expediente disciplinario tras la detención de Santiago del Valle.

La Fiscalía rechaza todos los argumentos que esgrimió Rafael Tirado para solicitar el archivo del expediente e insiste en que el juez tenía la obligación de "llevar a cabo las funciones de vigilancia y control" para que la ejecución de la sentencia no se "desvirtúe o malogre por la inacción dentro del mismo durante un dilatadísimo periodo de tiempo". La Fiscalía reprocha al juez que culpara de lo ocurrido a la secretaria judicial, Juana Gálvez -sancionada con dos años de suspensión-. Según la Fiscalía, el juez pretende "construir a partir de la dación de cuenta una auténtica patente de corso que le exculpe de cualquier situación que pueda producirse en el juzgado, pero oculta que, con dación de cuenta o sin ella, se halla obligado por la existencia de deberes", señala el fiscal, que cita entre estas obligaciones la de "vigilar" que la dación se lleve a cabo con la regularidad que exijan las circunstancias. Para el Ministerio Público, Rafael Tirado "omitió de modo absoluto" estos deberes y concluye que su juzgado "no era precisamente un modelo de diligencia en su actividad".

Por su parte, el magistrado defiende que no tenía "ningún dato" que le hiciera pensar en la urgencia del ingreso en prisión de Santiago del Valle. El magistrado sostiene que la Fiscalía "nunca" pidió, en ningún momento de la tramitación del caso, el ingreso en prisión ni alertó de su peligrosidad, a pesar de "la existencia de otras causas criminales que al Ministerio Fiscal sí le habían de constar".

El juez considera que las dos resoluciones que ordenaban la ejecución de la sentencia "se adoptaron con celeridad", una vez que la Audiencia de Sevilla devolvió los autos al juzgado.

ULTIMA HORA: El País asegura que el CGPJ está negociando una sanción de entre cinco meses y un año de suspensión para el juez Rafael Tirado.

Leído en El País. El Consejo General del Poder Judicial estudia suspender de empleo y sueldo entre cinco meses y un año al juez Rafael Tirado, por los retrasos en la ejecutoria de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz Cortés. El sector progresista propone más de seis meses de suspensión, lo que acarrearía el traslado de juzgado. Los conservadores defienden una sanción de suspensión menor. 

Habrá que ver si la noticia se confirma finalmente o se trata de un globo sonda para ver cómo reaccionan los jueces, que ya han convocado huelga en algunas comunidades.

La Fiscalía dice que el juez Tirado "quebró" el Estado de Derecho por no encarcelar a tiempo a Santiago del Valle

La Fiscalía General del Estado ha pedido al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que desestime el recurso del juez Rafael Tirado en el que pidió el archivo del expediente disciplinario por el que fue condenado a pagar 1.500 euros porque la actuación del magistrado al no encarcelar durante más de dos años a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, supuso la "quiebra" del Estado de Derecho. El escrito de alegaciones presentado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Martín-Casallo, reitera el planteamiento del Ministerio Público a lo largo del expediente, al considerar que el retraso en la tramitación de la ejecución de la condena impuesta al pederasta por abusar de su hija constituye una falta "muy grave" de desatención, por la que reclama tres años de suspensión de empleo y sueldo.

El teniente fiscal considera que el procedimiento para encarcelar a Santiago del Valle "se inició" más de dos años después de la firmeza de la sentencia, coincidiendo con su arresto por el asesinato de Mari Luz, lo que supone "la quiebra del Estado de Derecho" en cuanto al normal cumplimiento de las resoluciones condenatorias, dando lugar a una serie de "desfases gravísimos por cuanto el no cumplimiento de la condena produce los mismos efectos negativos que si la misma todavía no se hubiera impuesto". Ese desfase afecta a los fines de "prevención general" que persigue la ley, ya sea para restablecer la confianza de la sociedad en el Derecho o para disuadir a quienes no han delinquido. También incide en la "prevención especial" que se dirige a que el condenado, a través de la pena, no vuelva a cometer actos ilícitos. El fiscal apunta además que el retraso al encarcelar a Del Valle vulneró el derecho fundamental de la víctima a la tutela judicial efectiva de los tribunales.

El Ministerio Público rechaza en el documento elevado al Pleno del CGPJ todos los argumentos que esgrimió Rafael Tirado para solicitar el archivo del expediente e insiste en que el juez tenía la obligación de "llevar a cabo las funciones de vigilancia y control" para que la ejecución de la sentencia no se "desvirtúe o malogre por la inacción dentro del mismo durante un dilatadísimo periodo de tiempo". 

El teniente fiscal reconoce que aunque son "ciertas" las apreciaciones de Tirado sobre la oficina judicial, éstas "no desvirtúan en absoluto la responsabilidad que le incumbía como titular del juzgado, bien porque debió dar la orden [para que fuese encarcelado] y, si así lo hizo, porque debió vigilar su cumplimiento y no dejar desatendida dicha ejecutoria más de dos años".

En este punto, la Fiscalía rechaza los argumentos del juez Tirado, que culpó a la inacción de la secretaria en el ámbito de su labor de "dar cuenta" al magistrado de la situación de la causa. "El recurrente quiere construir a partir de la dación de cuenta una auténtica patente de corso que le exculpe de cualquier situación que pueda producirse en el juzgado, pero oculta que, con dación de cuenta o sin ella, se halla obligado por la existencia de deberes", señala el fiscal, que cita entre estos deberes el de "vigilar" que la dación se lleve a cabo con la regularidad que exijan las circuntancias y "controlar" que la misma se ajusta a la realidad jurídica del caso concreto.

Para el Ministerio Público, Rafael Tirado "omitió de modo absoluto" estos de estos deberes y concluye que su juzgado "no era precisamente un modelo de diligencia en su actividad".

Los jueces de lo Penal retrasarán 500 juicios al año para controlar las causas ejecutorias

Los jueces se han plantado ante las administraciones públicas a raíz del caso Mari Luz. Dos semanas después de que una junta general de jueces de Sevilla denunciara nuevamente la falta de medios técnicos, materiales y humanos de la Justicia, coincidiendo con la huelga de secretarios, los jueces de lo Penal han anunciado las primeras medidas para luchar contra el colapso mientras no se les dote de medios suficientes: dejarán de celebrar juicios en junio y diciembre, lo que en la práctica implicará el retraso de más de 550 juicios al año.La medida fue adoptada el pasado viernes, en el transcurso de una reunión de los jueces de lo Penal de Sevilla, a la que también asistió el magistrado Rafael Tirado, sancionado con 1.500 euros por el retraso en la ejecutoria de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz Cortés. En esta junta, los jueces han hecho hincapié en que la actual planta judicial es insuficiente y han solicitado la creación de otros seis juzgados de lo Penal, de los cuales tres tendrían competencia exclusiva para ejecutar sentencias.Los jueces recuerdan que, desde 2002, no se ha creado un nuevo órgano de lo Penal -el año que viene entrará en funcionamiento el número 14- y precisan que en este período se han introducido determinadas reformas legales como la violencia doméstica, el endurecimiento de los delitos en materia de seguridad vial o la modificación procesal que permite reducir un tercio la pena para los acusados que se conformen en el juzgado de guardia. Todos estos cambios legales han disparado el número de causas ejecutorias que llegan a los juzgados penales, que cada vez tienen más dificultades para realizar un control efectivo de estos procesos. Según las últimas estadísticas judiciales, en sólo un trimestre subieron en más de un millar los asuntos que llegan a estos órganos, que acumulan ya casi 8.000 sentencias sin ejecutar.Los jueces de lo Penal de Sevilla consideran que, ante la saturación de esta jurisdicción, es necesario reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para que los juzgados de Instrucción sean los que se encarguen de la ejecución de las sentencias que dicten, además de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revise el módulo de entrada de asuntos de los juzgados penales para que se tengan en cuenta las ejecutorias.El acta de la junta de jueces concluye solicitando a la Consejería de Justicia de la Junta que, mientras no se produzcan estas actuaciones, "prolongue" la jornada de los funcionarios de estos órganos o los refuerce con dos nuevos empleados "de forma inmediata y con carácter permanente". Al Ministerio de Justicia reclaman el nombramiento de un segundo secretario judicial para cada juzgado.Mientras tanto, durante los meses de junio y diciembre no señalarán juicios salvo las causas preferentes -con presos y violencia doméstica- y los juicios rápidos.

Polémica por las declaraciones del juez Emilio Calatayud por el caso Mari Luz

Las declaraciones del juez de Menores 1 de Granada, Emilio Calatayud, conocido por sus ejemplarizantes condenas, han motivado una nueva polémica en torno al caso Mari Luz. El juez ha asegurado que la responsabilidad en la muerte de la pequeña Mari Luz la tienen "todos", desde el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hasta el padre de la niña. El juez, que ha presentado la conferencia 'Reflexiones de un juez de menores' que impartirá este jueves en el Centro Cultural Nuevo Inicio de Granada, ha reprochado al padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que "dejase sola a una niña de cinco años". Calatayud, quien se ha mostrado convencido de que "muchos de los responsables en la cadena de errores no van a pagar debido a que el sistema no se lo exige", ha opinado que deberían incoarse expedientes disciplinarios al Ministerio Fiscal, al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso a la Junta de Andalucía.

Tirado alega que no tenía datos que le hicieran pensar en la urgencia de encarcelar a Del Valle por su especial peligrosidad

No tenía "ningún dato" que le hiciera pensar en la importancia o urgencia del ingreso en prisión de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por su "especial peligrosidad". Se trata del principal argumento que emplea el juez Rafael Tirado en su último escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que pide el archivo del expediente por el que fue sancionado con una multa de 1.500 euros.

No es la primera vez que el juez Tirado alude a esta falta de conocimiento para intentar justificar que el reo se hallaba aún en libertad, a pesar de haber sido condenado a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su propia hija. El magistrado sostuvo en su contestación a la propuesta de sanción realizada por el instructor del expediente disciplinario que la Fiscalía "nunca" pidió, en ningún momento de la tramitación del caso, el ingreso en prisión de Santiago del Valle ni alertó de su peligrosidad, a pesar de "la existencia de otras causas criminales que al Ministerio Fiscal sí le habían de constar".

Sobre esta base, el juez alega que el control de las causas ejecutorias se realiza "según prioridades" y señala que la ejecutoria del pederasta no se incluía entre los criterios legales de preferencia. A saber: que se tratara de una causa con preso, un asunto de violencia doméstica y de género, o un juicio rápido. "Ningún dato anterior, ni posterior, conocido por el juez, hacía pensar en la especial importancia o urgencia del ingreso en prisión del condenado por su especial peligrosidad", insiste Tirado.

El magistrado considera que las dos resoluciones que ordenaba la ejecución de la sentencia "se adoptaron con celeridad", una vez que la Audiencia de Sevilla devolvió los autos al juzgado, tras confirmar íntegramente la sentencia.

El escrito de alegaciones de Tirado llega a la conclusión de que en su expediente disciplinario "late la confusión entre la responsabilidad disciplinaria del juez y la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o de otros poderes públicos, pretendiendo enjuiciarse la conducta del magistrado con los criterios que nuestro ordenamiento reserva para la segunda".

El juez también reprocha que la Fiscalía, que ha pedido su suspensión de empleo y sueldo durante tres años, está intentando imponerle una "responsabilidad objetiva" -por el resultado producido- cuando el magistrado dictó las resoluciones precisas para ejecutar lo juzgado. Llegado a este punto, Tirado vuelve a citar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003 para argumentar que se le está sancionado en relación con unas competencias que corresponden, en virtud de la nueva ley, al secretario judicial, aunque no cita a Juana Gálvez, la secretaria de su juzgado, que ha sido sancionada con dos años de suspensión por el Ministerio de Justicia.

El juez sí advierte que en los autos "no consta ninguna actuación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 455 de la ley orgánica del Poder Judicial", que hace referencia a la función de los secretarios de dar cuenta del estado de las actuaciones, y más adelante concluye que en el caso del pederasta "no se le dio cuenta específica al juez del asunto ni le fue denunciado por ninguna de las partes". A pesar de ello, Tirado reprocha que se le imponga una infracción disciplinaria en la que se le atribuyen "unas funciones de control que, además de no ser de su ámbito de competencia, serían superiores a las normales, con un elevadísimo riesgo y todo ello además del esfuerzo y dedicación excepcional que este juzgador ha desplegado y que los módulos de actividad o dedicación de los últimos años revelan".

El juez también denuncia que no existe ningún registro informático que pueda interconectar los juzgados de la capital y los de otra provincia, y recuerda que la inspección llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) unos meses antes de que estallara el escándalo, en concreto en noviembre de 2007, sólo detectó una falta de retraso "leve" en las causas ejecutorias. El juez señala además que la carga de trabajo de la oficina judicial en su conjunto -magistrado, secretaria judicial y funcionarios- es "muy elevada y de difícil asunción, al igual que ocurre en el resto de los juzgados de lo Penal de la provincia y que se ha reiterado en numerosas ocasiones por las diversas juntas de jueces".

Por su parte, el padre de la pequeña Mari Luz, Juan José Cortés, pidió ayer al juez Tirado que "se deje de tonterías y de interponer excusas baratas y se responsabilice de su error, ya que por este fallo ha muerto una niña inocente". Cortés aseguró que los argumentos del juez son "una excusa fuera de contexto" y añadió que el hecho de que no estuviera al tanto de la peligrosidad de Del Valle "no le da derecho a dejarlo en libertad".

CSI-CSIF denuncia que dos jueces de Marchena piden que las competencias de personal vuelvan "a los jueces y secretarios"

El sindicato CSI-CSIF aseguró hoy que en la Junta de Jueces de Marchena del día de ayer sobre el tema del “caso Mariluz” y apoyo al Juez Tirado y Secretaria de Penal 1, se acordó instar al Ministerio de Justicia para que a Jueces y Secretarios Judiciales les devuelvan las competencias sobre el personal.CSI*CSIF califica esta “reivindicación” como "incomprensible y absurda". "No comprendemos como se pueden estar haciendo Juntas de Jueces por todo el País clamando por la falta de medios personales y materiales y a la vez se estén pidiendo más competencias. No llegamos a entender que por un lado rechacen las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al CGPJ y por otro lado, sean ellos los que quieran inmiscuirse en asuntos que son competencias exclusivas del Ministerio de Justicia o de la Consejería de Justicia de las Comunidades Autónomas", asegura en una nota.El sindicato cree que "sería ideal que jueces y magistrados se encargaran de su misión constitucional de 'Juzgar y ejecutar lo juzgado' y dejaran de meterse en camisas de once varas”.Por otro lado, en opinión de CSI-CSIF, estas competencias que ahora nuevamente algunos reclaman, fueron ejercidas por los colectivos de jueces y secretarios de manera "absolutamente insatisfactoria, como no podría ser de otra forma, ya que en sus temarios de oposiciones ningún tema versa sobre gestión de medios humanos o materiales. Salvo que se entienda que para Jefe patatero sirve cualquiera y que todo es cuestión de presionar continuamente al personal", concluye el comunicado.