La Junta no cubre desde hace 15 días la baja de una funcionaria en el juzgado de lo Penal número 1

Una funcionaria del juez Rafael Tirado, que ha sido sancionado por el retraso en el encarcelamiento del presunto asesino de Mari Luz, se encuentra de baja por enfermedad desde hace 15 días y su plaza aún no se ha cubierto por la Consejería de Justicia.

La vacante se produjo el pasado día 15, cuando la funcionaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla se sometió a una intervención quirúrgica, pero fue comunicada a la delegación provincial de Justicia para que procediera a la sustitución por un interino varios días antes, en concreto, el día 12 de septiembre. Esa sustitución no se llevó a cabo y el día 18 el juzgado volvió a requerir a la delegación provincial de Justicia interesando que se cubriera una vacante que puede prolongarse por un mes. En esta ocasión, la Administración tampoco envió ningún interino a un juzgado que actualmente está en el ojo del huracán por los retrasos en la ejecución de las sentencias.

La polémica en torno a la cobertura de las bajas en los juzgados estuvo en la base del escándalo por los errores del caso Mari Luz, ya que como constató la propia comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la resolución que sancionó al juez Rafael Tirado, el negociado que se ocupaba de la ejecutoria de Santiago del Valle estuvo "casi seis meses" sin que se cubriera de forma permanente y todo ello en un juzgado que contaba con una plantilla "muy justa de funcionarios con la diligente preparación técnica".

Los sindicatos con representación en la Administración de Justicia han denunciado en varias ocasiones que el departamento que dirige Evangelina Naranjo deja sin cubrir "por norma" las bajas de funcionarios con una duración inferior a un mes. Los jueces de Sevilla y el propio fiscal que intervino en el expediente disciplinario aseguraron que las bajas o traslados en el juzgado de Tirado no eran atajadas con la necesaria rapidez.

En contra del criterio del instructor del expediente, de la Fiscalía, de los jueces y sindicatos, la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, afirmó que no existió "ninguna incidencia" respecto a las bajas e interinidades en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Según manifestó la consejera de Justicia, el juez Rafael Tirado no solicitó ninguna medida de refuerzo ni de horas extraordinarias en los últimos tres años y todas las bajas "se iban cubriendo en tiempo y forma".

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, aseguró a este respecto en su día que, si bien es cierto que el magistrado Rafael Tirado no pidió personalmente ningún refuerzo, "han sido múltiples las ocasiones en las que la junta de jueces de Sevilla solicitó el aumento del número de órganos judiciales y las plantillas de funcionarios a fin de poder llevar un mayor control de los procedimientos encomendados".

Nueva polémica en el caso Iván y Sara, ahora por el reparto de la herencia

Carmen Fernández benefició en su testamento a su hija Sara sobre el resto de sus hijos. Sara ha recibido 713.000 euros de los 1,7 millones de indemnización que recibió por su "tortuoso calvario", frente a los 79.000 euros que cobrarán Iván y los otros dos hijos de la fallecida. El abogado, Gabriel Velamazán, cobrará una minuta de 592.000 euros, iva incluido, por los 12 años de trabajo con Carmen Fernández. La polémica está abierta...

Contesta a la encuesta de Justicia sevillana sobre el caso Mari Luz

Participa en la nueva encuesta de Justicia sevillana. Los datos estarán visibles en la columna de la derecha...

¿Cómo considera la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Rafael Tirado por los errores del caso Mari Luz?
	Estoy de acuerdo, es proporcional
	No estoy de acuerdo, es injusta
	La sanción tendría que haber sido más dura, como pide la Fiscalía
	La sanción tendría que haber sido más leve.
	Su conducta no merece sanción.
	No sabe, no contesta.
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La Fiscalía pide tres años de suspensión de empleo y sueldo para el juez Tirado

El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, ha presentado hoy ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un recurso de Alzada contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria que impuso una sanción de 1.500 euros al titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla, Rafael Tirado.
En su escrito, el Fiscal solicita al CGPJ que imponga al Juez Tirado la sanción de suspensión por tres años por la comisión de una falta muy grave del art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reiterando así la solicitud mantenida por el Fiscal Instructor del expediente disciplinario.
El Fiscal explica que el Juez sancionado “debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba”.
El Fiscal discrepa del Acuerdo de la Comisión Disciplinaria ya que “mantener que la responsabilidad derivada del retraso debe mitigarse por el hecho de la inexistencia de la dación de cuenta por parte de la Secretaria del Juzgado, o a la actitud pasiva de otros colaboradores, entre los que incluye nuevamente a la Secretaria Judicial, pero también al Ministerio Fiscal o a la representación de la Junta de Andalucía es desenfocar la realidad de a quien debe imputarse la responsabilidad de los hechos”.
Tras examinar los hechos probados, el Fiscal llega a la conclusión de que “el Magistrado expedientado no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias y consecuentemente no adoptó medida alguna en más de dos años para poner remedio a dicha situación”.
De todo lo anterior, el Ministerio Fiscal entiende que la conducta del Juez Tirado es constitutiva, bien de la desatención, bien del retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas, conducta que está tipificada como falta muy grave, por lo que solicita que se le imponga la sanción por tiempo de tres años.

La Fiscalía de Sevilla cambia el control de las ejecutorias tras el escándalo del caso Mari Luz

La Fiscalía de Sevilla ha reestructurado su organigrama para incrementar el control de las ejecutorias de las sentencias, una decisión de la fiscal jefe, María José Segarra, que llega tras el escándalo relacionado con el caso Mari Luz y el hecho de que el presunto asesino, Santiago del Valle, continuara en libertad a pesar de haber sido condenado por abusar sexualmente de su propia hija.En su momento, la Fiscalía hispalense llegó a la conclusión de que no tenía ninguna responsabilidad en que Santiago del Valle no hubiese ingresado en prisión, dado que el Ministerio Fiscal sólo podía controlar el estado de la causa ejecutoria cuando el juzgado de lo Penal le remitía las actuaciones interesando algún posicionamiento, como cuando se solicita al fiscal por el juez si procede acordar el encarcelamiento de una reo que ha sido condenado.El instructor del expediente disciplinario abierto al juez Rafael Tirado ya criticó, en su propuesta de sanción, la "pasividad" de la Junta de Andalucía y del propio Ministerio Público, al recordar que entre las funciones que recoge el estatuto orgánico de la Fiscalía se encuentran las de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.Varios meses después de que la Fiscalía sostuviera que no cometió ninguna negligencia, una postura avalada por la Fiscalía General del Estado, la fiscal jefe de Sevilla ha cambiado el modelo que empleaba para controlar las ejecutorias. Hasta ahora, el control de la ejecución de una sentencia correspondía a los fiscales que conocían los casos al inicio de que se investigaran por el juzgado de Instrucción, es decir, que el resultado final volvía al fiscal que conoció primero del caso y formuló el escrito de acusación, aunque puede que no fuera él mismo quien acudiera al juicio.El cambio de modelo, que entró en funcionamiento el pasado lunes, consiste en atribuir el control de las ejecutorias a los fiscales que se encargan del visado de las sentencias que dictan los juzgados de lo Penal y las secciones penales de la Audiencia de Sevilla. A partir de este momento, serán varios fiscales, los que están asignados a cada uno de estos juzgados y secciones de la Audiencia, los que velarán por que se ejecuten las más de 7.000 sentencias que actualmente tramitan estos órganos. Este sistema, paradójicamente, es el que venía empleándose en la Fiscalía sevillana tradicionalmente hasta la llegada de María José López a la jefatura.De forma paralela a la reorganización del sistema de control de las ejecutorias, la Fiscalía hispalense ha recordado a los más de 70 fiscales los criterios que deben seguir a la hora de mostrar su apoyo o rechazo a la suspensión de una condena, con la finalidad de unificar la respuesta. Además de los requisitos legales, entre los que se incluyen que la pena sea inferior a los dos años de cárcel o que carezcan de antecedentes, la Fiscalía recuerda que el criterio general consiste en rechazar la suspensión de una condena en aquellos casos relacionados con menores de edad, como la pornografía o abusos infantiles, y en delitos violentos, como los robos con fuerza o en casa habitada.También se tendrá muy en cuenta para solicitar la concesión del beneficio de la suspensión de condena que el reo haya procedido a reparar el daño causado a la víctima, que haya satisfecho la indemnización impuesta en la sentencia. Si la indemnización no se abona, los fiscales se opondrán de forma rotunda. Este criterio será de especial aplicación en los delitos de índole económica, como las estafas o las apropiaciones indebidas, en los que el Ministerio Público no se mostrará a favor de la suspensión de la condena si antes no se ha procedido a devolver la cantidad total de la estafa a la víctima del delito.

Los pleitos laborales suben un 36% con respecto a 2007 por la crisis económica

La crisis económica y el incremento del número de desempleados comienzan a percibirse en los juzgados de lo Social de Sevilla, los órganos encargados de dirimir los conflictos laborales. Las últimas estadísticas ponen de manifiesto que las demandas laborales registradas durante los nueve primeros meses del año han experimentado un crecimiento del 36% con respecto a 2007.

Los datos no dejan lugar a dudas: hasta el día de ayer se habían contabilizado en los juzgados de la capital 10.187 demandas laborales. Durante todo el año 2007 la cifra de este tipo de pleitos ascendió a 10.650, de lo que se desprende que si continúa la tendencia actual, el año podría cerrarse con 14.540 demandas.

De los más de 10.000 asuntos registrados hasta hora, la mayor proporción se corresponde con las demandas por despido, de las que se han presentado en los nueve primeros meses del año 4.056, lo que supone un incremento del 3,6% -141 casos más- con respecto a los contabilizados en todo el 2007. Y eso, a la espera de los despidos que se contabilicen en el último trimestre de este año.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, explicó ayer que, a la vista de estas y otras cifras, se ha constatado un "incremento importantísimo del número de asuntos" que han ingresado a lo largo de este año los 11 juzgados de lo Social de Sevilla. El juez decano apuntó que detrás de este mayor número de demandas "hay un elemento coyuntural por la situación de crisis económica que atraviesa el país y que, en los juzgados de lo social de Sevilla, se ha notado muchísimo". Jiménez indicó que habrá que seguir analizando la evolución de estos juzgados en los próximos trimestres.

El incremento del volumen de asuntos fue el principal asunto que se trató ayer en el transcurso de una Junta de Jueces de lo Social, que acordaron solicitar la creación de varios nuevos órganos judiciales. El juez decano indicó que el acta de esta junta de jueces, en la que se solicita el incremento de la planta judicial, será remitida a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y a las Administraciones con competencias en la materia, el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Cada juez de lo Social de Sevilla recibe cada día 43 nuevas demandas laborales, lo que supone un importante incremento con respecto a los 31 asuntos diarios que ingresaron en 2007.

A final de año, si continúa la tendencia de incremento de asuntos debido a la crisis económica y el aumento del número de parados, cada juez podría tener sobre su mesa 1.321 casos, lo que representa una carga de trabajo del 155% con respecto al módulo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima como adecuado para un juzgado en un año.

La memoria de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) correspondiente a 2007 ya confirmó que estos juzgados tienen unos niveles de trabajo por encima de estos módulos, aunque no estimó necesaria la creación de nuevos órganos judiciales en Sevilla.

Aun así, los juzgados de lo Social de Sevilla cerraron el año 2007 con más de 3.000 asuntos sin resolver, una cifra similar a la que registraban al inicio de año. El incremento de asuntos repercutirá, sin duda, en la tasa de casos pendientes.

La multa al policía que estaba de servicio...

Salió de patrulla, siguiendo a unos delincuentes de nacionalidad china, y acabó sin detener a los sospechosos pero con una multa de 150 euros y tres puntos menos del carné de conducir. Ésta es la historia de un policía nacional de Sevilla que, a mediados del año pasado, se topó con un control de la Guardia Civil en la carretera de Utrera. 

El funcionario descubrió entonces la severidad de los miembros del benemérito cuerpo, que no perdonan las infracciones de un compañero, aunque éste se encuentre de servicio y le pida su colaboración. El agente formaba parte de un dispositivo especial que, con un coche camuflado, se había montado para tratar de desmantelar a un grupo de ciudadanos chinos que se dedicaban a explotar a sus compatriotas. Cuando se encontraban en la salida de la carretera de Utrera, siguiendo el coche del supuesto cabecilla de la organización, un oficial de la Guardia Civil dio el alto al vehículo policial porque los ocupantes del mismo no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Los policías atendieron las indicaciones del agente del Instituto Armado, al que mostraron sus placas profesionales y le indicaron que se hallaban de servicio en un vehículo policial. El agente les respondió que también estaba de servicio y que siempre se ponía el cinturón de seguridad. Los policías pudieron continuar la marcha, tras este primer incidente, y para tratar de alcanzar al vehículo que perseguían tuvieron que superar el límite de velocidad autorizado en esta carretera. Pero el vehículo de la Guardia Civil, según el informe que elaboró en su día el policía nacional, se aproximó a gran velocidad y les adelantó, obligándoles a detener en el arcén con una maniobra brusca. El guardia civil insistía en que el policía no llevaba puesto el cinturón, y éste último le reprochaba que no le importaba para nada el servicio que estaban realizando y que les había puesto en peligro por la maniobra que efectuó para que se pararan.

Los policías estaban siguiendo al cabecilla de la organización, que regentaba un restaurante chino de la localidad utrerana en el que, según las investigaciones policiales, trabajaban varios ciudadanos de origen chino en situación irregular, que soportaban agotadoras jornadas de más de 12 horas y desarrollaban su labor en condiciones que rozan la esclavitud. 

El altercado con la Guardia Civil frustró esta operación policial, porque aunque tras un primer momento los policías pudieron continuar su marcha, el vehículo de la Benemérita se colocó delante de ellos y circuló a una velocidad de 100 kilómetros por hora hasta llegar a la barriada de Montequinto. La Policía tuvo que levantar el dispositivo, porque ya resultaba imposible alcanzar el vehículo fugado.

Días después, el agente recibió en su domicilio una notificación de la Dirección General de Tráfico en la que se le sancionaba con una multa de 150 euros y la pérdida de tres puntos del carné por circular sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Al final, ha tenido que pagar 180 euros -incluido el recargo- y tiene tres puntos menos a pesar de que ha presentado un recurso en los tribunales contra la sanción. Para colmo, el juicio, que debe celebrar un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla ha sido fijado para septiembre de 2010, dada la sobrecarga de trabajo que afecta a esta jurisdicción y que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por los titulares de estos juzgados.

La abogada Rocío Rosado, que representa al agente multado, explicó ayer que aunque es cierto que el policía no llevaba puesto el cinturón, existe una especie de "ley no escrita" por la que los agentes que están de servicio no utilizan el cinturón. El motivo es que, al estar persiguiendo a delincuentes, deben tener libre acceso al arma reglamentaria y esto no es posible si llevan abrochado el cinturón. "Ante todo debe primar la seguridad ciudadana ante una infracción administrativa de carácter leve", explicó la letrada, que añadió que en este caso el hecho de no portar el cinturón estaba "plenamente justificado" tanto por la integridad física de los propios agentes como por la seguridad del dispositivo policial que se había establecido para perseguir a unos presuntos delincuentes.

Rocío Rosado hizo hincapié en que la intervención de la Guardia Civil frustró la operación, por lo que criticó la "falta de cooperación" entre los cuerpos policiales. Un juez deberá dirimir, dentro exactamente de dos años, si la sanción impuesta era correcta -desde el punto de vista formal sí lo era- o en este caso debería prevalecer el hecho de que el agente se hallaba en acto de servicio.

Jornadas de derecho industrial y de la competencia en el colegio de abogados

En la sede del Colegio de Abogados de Sevilla se han celebrado unas Jornadas sobre Derecho Industrial y de la Competencia, organizadas por la institución colegial en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas y elCentro de Estudios de Derecho Industrial de la Universidad de Jaén. En las Jornadas se han estudiado detenidamente distintos temas de esasmaterias, interviniendo en el acto de clausura el decano del Colegio deAbogados, José Joaquín Gallardo, y el catedrático Manuel Olivencia Ruiz, quien impartió una conferencia sobre las más importantes cuestiones que sesucintan actualmente en esas ramas del derecho.

La Junta dice que no cubre la baja de una funcionaria en el Mercantil porque se lo impiden los ordenadores

Increíble, pero cierto. Después de tres meses sin cubrir la baja de una funcionaria del juzgado de lo Mercantil de Sevilla, la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ha informado a este órgano judicial de que la vacante no puede reemplazarse porque el sistema informático no permite dar entrada a la sustitución de un trabajador que se encuentra destinado como refuerzo en un juzgado.

Así lo pone de manifiesto la carta remitida por la Junta al juzgado de lo Mercantil -tres meses después de que se solicitara la sustitución-y en la que se detalla expresamente que, "con relación a las peticiones de nombramiento de un funcionario para sustituir a la funcionaria interina de refuerzo (...), de baja por enfermedad y debido a que el Sistema de Información de Recursos Humanos no nos permite la sustitución de un código de refuerzo, se ha dado traslado de dicha petición a la Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal, solicitando se arbitre un sistema para poder llevar a cabo esa medida. En el momento que tengamos respuesta a dicha petición se dará traslado de la misma a ese juzgado" (sic). Es decir, que en el sistema informático no está prevista la sustitución de un funcionario designado como refuerzo y, ante esa deficiencia informática, la Junta opta por dejar sin cubrir la vacante hasta nuevo aviso.

Ésta es la respuesta oficial a las diversas peticiones de sustitución realizadas desde julio pasado por el juzgado de lo Mercantil, que lleva ya tres meses con una funcionaria de baja por enfermedad y el problema sigue sin resolver, lo que incide en la marcha de un órgano judicial que está ya de por sí muy sobrecargado de asuntos.

Ésta no es la primera ocasión en la que el juzgado de lo Mercantil, que en los últimos meses ha visto además cómo se incrementan notablemente los procesos concursales -las antiguas suspensiones de pago y quiebras de empresas- por la situación de crisis económica, solicita a la Junta que proceda a cubrir las plazas de funcionarios vacantes y a incrementar la plantilla mediante el nombramiento de funcionarios de refuerzo.

En concreto y, ante el constante aumento del volumen de trabajo, el juzgado llegó a solicitar que se nombraran nuevos funcionarios de refuerzo para atender a la nueva situación, que ha provocado un incremento del número de empresas que se declaran en concurso de acreedores al no poder hacer frente a las deudas. 

La respuesta dada por el departamento que dirige Evangelina Naranjo también ha sido negativa, aunque en este caso la Consejería de Justicia no ha alegado problemas con el sistema informático sino, sencillamente, la falta de presupuesto para el nombramiento de los refuerzos.

La petición para dotar a este juzgado con un refuerzo de funcionarios fue realizada desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a principios de julio y el Servicio de Gestión de Recursos Humanos y Medicina Legal la ha rechazado en una carta en la que explica que el juzgado de lo Mercantil cuenta con tres medidas extraordinarias de refuerzo: un funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativo, que fue autorizado en enero de 2007, y dos del cuerpo de Gestión Procesal, que fueron nombradas en noviembre de 2007 y enero de 2008.

En su misiva, la Junta señala que los motivos que justificaron la adopción de tales medidas fueron los ya expuestos por el Alto Tribunal andaluz -el volumen de asuntos y la importancia de algunos de ellos- y concluye que "las medidas citadas son las máximas que puede adoptar la Consejería de Justicia y Administración Pública atendiendo a las disposiciones presupuestarias existentes".

La baja de la funcionaria del juzgado de lo Mercantil no es la única que se ha demorado durante tres meses porque recientemente se ha incorporado un funcionario al juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla después de haber estado de baja durante el mismo período de tiempo.

La sección sindical de CSI-CSIF de Justicia constata que las bajas de larga duración también se producen en los órganos judiciales de la provincia y pone como ejemplo los casos del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena, donde la plaza de un oficial estuvo sin suplirse durante dos meses y medio, y una del cuerpo de Auxilio Judicial durante dos meses; el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna, donde una plaza de Tramitación ha estado vacante casi dos meses; o Alcalá del Río, donde esperan el nombramiento de un oficial de Justicia desde el pasado 8 de agosto.

El sindicato ha denunciado igualmente que la "norma" de la Consejería de Justicia cuando se produce una baja con una duración inferior al mes consiste en no cubrirla y esperar a que se reincorpore el funcionario. La Consejería esgrime, según CSI-CSIF, que muchas de estas ausencias se producen por pocos días y que, en ocasiones, cuando se incorpora el funcionario titular para el que se designó un interino se genera un "trasiego de trámites".

El retraso en cubrir las bajas fue uno de los argumentos que, junto a la sobrecarga de trabajo, esgrimieron los jueces a raíz del escándalo por los errores en el caso de Mari Luz y la ejecución de la condena a Santiago del Valle.

La Junta tarda tres meses en cubrir la baja de dos funcionarios en los juzgados. ¿Es esta la segunda modernización de la Justicia?

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ha tardado tres meses en cubrir las bajas de dos funcionarios destinados en los juzgados de Sevilla. Una de las plazas vacantes fue cubierta recientemente, después de tres meses, en el juzgado de lo Penal número 4, que pertenece a una de las jurisdicciones que actualmente se encuentran más saturadas de trabajo y cuya situación se hizo más patente tras el escándalo por los errores judiciales en el caso Mari Luz.

El responsable de Justicia del sindicato CSI-CSIF en Sevilla, Miguel Ángel Ramos, señaló a este periódico que la plaza que ha estado tres meses sin cubrirse corresponde a un funcionario del cuerpo de Tramitación que se encarga de las ejecuciones de sentencias. Estas causas son precisamente las que están llevando a los juzgados penales al colapso, debido sobre todo a las últimas reformas legales en materia de seguridad vial que han incrementado el número de ejecutorias por encima de las 700 por cada órgano de esta jurisdicción, según las últimas estadísticas disponibles.

El otro juzgado afectado por la baja por enfermedad de una funcionaria durante tres meses -y que aún no se ha cubierto- es el juzgado de lo Mercantil, según confirmaron fuentes de este órgano judicial. La vacante sigue sin cubrirse a pesar de que, desde este órgano, se ha solicitado hasta en tres ocasiones a la Delegación provincial de la Consejería de Justicia que proceda a nombrar un funcionario interino.

El representante del CSI-CSIF, Miguel Ángel Ramos, volvió a insistir ayer en que la Consejería de Justicia deja sin cubrir "por norma" las bajas de funcionarios con una duración inferior a un mes. El dirigente sindical señaló que esta es una práctica habitual de la Junta, que "se escuda para no cubrir las bajas en que muchas de estas vacantes se producen por pocos días y cuando se incorpora el funcionario titular para el que se designó un interino, se genera un trasiego de trámites administrativos". Ante esta situación, continuó Miguel Ángel Ramos, "decidieron que antes de un mes no nombrarían a ningún interino como norma". El representante del CSI-CSIF destacó que esta práctica en materia de sustituciones de funcionarios se ha puesto de manifiesto en varias reuniones de la Comisión Paritaria de Interinos, en la que se reúnen periódicamente -en principio cada 15 días- la Administración autonómica y los sindicatos, que reciben información sobre las vacantes que hay en los juzgados y cómo se van a cubrir.

A los retrasos a la hora de cubrir las bajas, se suma el hecho de que, desde hace más de un año, todos interinos que son nombrados para los juzgados proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al haberse agotado la bolsa de interinos de Justicia, y carecen de una formación específica en la materia. Además, desconocen en la mayoría de los casos el sistema informático Adriano, mediante el que se gestionan los órganos judiciales, y no saben distinguir entre lo que es una providencia y un auto. Estas carencias fueron expuestas en forma de queja en una carta que una magistrada de un juzgado de Violencia sobre la Mujer envió hace unos meses a la delegación de Justicia, en la que solicitaba el nombramiento de funcionarios de refuerzo. La juez tildó de "resabiados" y "desmotivados" a los funcionarios que prestaban servicio en su juzgado, lo que motivó incluso una reprobación de la Junta a los comentarios de la magistrada.

Los sindicatos no son los únicos que han denunciado la demora de la Consejería de Justicia a la hora de cubrir las bajas en los juzgados, ya que este asunto fue objeto de diversas juntas de jueces celebradas en los últimos años. La última ocasión en la que los jueces expusieron sus quejas sobre la cuestión fue con motivo de la reunión que tuvo lugar el pasado 2 de abril, después del escándalo del caso Mari Luz. En aquella ocasión, los jueces de lo Penal de Sevilla advirtieron que existía la posibilidad "cierta" de que los errores volvieran a repetirse debido a la sobrecarga de trabajo que padecen y la sustitución de las bajas de forma "irregular, tardía y por personal no cualificado, circunstancia que incrementa notablemente el riesgo".

El problema derivado de los retrasos en la cobertura de las bajas ha llegado incluso a ser tratado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quien ha ordenado la realización de un estudio sobre las necesidades de personal y plantilla de todos los órganos jurisdiccionales que hay en Andalucía. En ese estudio, los jueces del Alto Tribunal analizan el sistema de cobertura de las vacantes y la respuesta que está dispensando la Junta.

El instructor pide 6 meses de suspensión para la secretaria del juzgado Penal 1

El instructor del expediente disciplinario abierto a la secretaria del juzgado Penal 1 de Sevilla -Juana Gálvez Muñoz-, ya en poder del Ministerio de Justicia, ha propuesto que se le castigue con una sanción leve, pareja a la que el CGPJ ha impuesto al juez Rafael Tirado. La propuesta considera que la secretaria ha podido incurrir en una falta grave por su intervención profesional en la tramitación de la causa ejecutoria de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, y propone que se le suspenda durante seis meses de empleo y sueldo.

La secretaria judicial, Juana Gálvez, puntualizó ayer que el régimen estatutario de los secretarios judiciales "no permite el establecimiento de la sanción de multa" económica. De hecho, el artículo 538 de la ley orgánica del Poder Judicial fija que las sanciones que se pueden imponer a estos funcionarios consisten en el apercibimiento, la suspensión de empleo y sueldo, el traslado forzoso fuera del municipio y la separación del servicio.

Tras analizar la intervención de la secretaria, el instructor ha tipificado los hechos como una falta grave y dentro de las posibilidades de sanción, ha elegido la más leve, dado que las faltas graves pueden castigarse con suspensión de entre un día y tres años o el traslado forzoso.

El instructor del expediente a la secretaria judicial está actuando de la misma forma en que lo hizo el magistrado que analizó la conducta del juez Rafael Tirado, a quien propuso como sanción una multa de 1.500 euros. La distancia que hay entre la multa económica del juez y la suspensión por seis meses propuesta para la secretaria es la que establece precisamente la ley del Poder Judicial en cuanto al régimen disciplinario de ambos.

En el caso del juez Tirado, el instructor realizó además una interpretación favorable de la ley, ya que la multa podría haber alcanzado los 6.000 euros, como ha ocurrido esta misma semana con un juez de Talavera de la Reina.

El presidente del colegio nacional de secretarios judiciales y próximo vocal del CGPJ, Antonio Dorado Picón, confirmó ayer que a los secretarios judiciales, "al tener la condición de funcionarios públicos", no se les puede pedir una multa. Dorado explicó que, aunque no conoce el expediente del caso Mari Luz, lo ocurrido pone de manifiesto que "el sistema no funciona".

Los jueces pidieron en cinco ocasiones en el último año más medios para ejecutar las sentencias

Los jueces de lo Penal de Sevilla reclamaron a la Consejería de Justicia de la Junta, al menos, en cinco ocasiones en el último lustro, que creara nuevos juzgados penales y aumentara las plantillas de funcionarios para hacer frente al incremento desaforado del trabajo relacionado con la ejecución de las sentencias, fase en la que se encontraba el proceso seguido contra Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por haber abusado sexualmente de su propia hija.

La Consejería de Justicia ha decidido no abrir ningún expediente a los funcionarios del juzgado de lo Penal número 1 por los errores del caso Mari Luz, en un informe en el que pone de manifiesto que el titular del juzgado contaba con la misma plantilla de funcionarios que el resto de órganos y argumenta que Tirado no solicitó en los últimos tres años ninguna medida de refuerzo ni de horas extraordinarias. El informe de la Consejería, que ha sido elaborado tras tomar declaración a los funcionarios y sin ni siquiera pedir el expediente con las vicisitudes de la causa ejecutoria de Santiago del Valle, olvida las reiteradas peticiones que los jueces sevillanos han trasladado en los últimos años al departamento que ahora dirige Evangelina Naranjo.

Una de las primeras ocasiones en las que la junta de jueces penales se pronunció sobre el problema de las causas ejecutorias se planteó con motivo de un reunión que mantuvieron el 2 de diciembre de 2003, cuando solicitaron la creación de tres nuevos juzgados de lo Penal "con dedicación exclusiva a la ejecución penal", puesto que el elevado número de estos procedimientos hacían "inviable la compatibilidad entre el número de señalamientos de juicio y de sentencias y la debida atención a las ejecutorias penales", según refleja el acta de la junta de jueces de aquella fecha.

En febrero de 2005, los jueces solicitaron la creación de un nuevo juzgado de lo Penal, con competencia exclusiva en materia de Violencia de Género, y advirtieron que este nuevo órgano -que nunca se creó- debía carecer de archivo de ejecutorias porque, en caso contrario, "atendiendo al número de ejecutorias de cada juzgado (a razón de 600 al año), la especialización sería de todo punto ilusoria, llegándose al colapso del órgano".

Pero la reclamación más contundente es la que se realiza tras una junta de jueces celebrada el 2 de noviembre de 2005, cuando la Audiencia de Sevilla aún no había confirmado la condena de dos años y nueve meses impuesta al pederasta Santiago del Valle. En aquella reunión, como refleja el acta que ilustra esta información, los jueces de Sevilla solicitaron al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia "el aumento de la plantilla de funcionarios para la tramitación" de las ejecutorias, una solicitud que se efectuaba ante el "aumento de las ejecuciones penales" a causa del número de sentencias de conformidad que se dictaban en los juzgados de Instrucción de la provincia tras la reforma legal de 2003 que potenció la celebración de juicios rápidos.

En ese mismo cónclave, los jueces pusieron de manifiesto otra de los graves problemas a los que se enfrentan: el retraso de la Administración autonómica a la hora de cubrir las bajas laborales de los funcionarios. En este sentido, los jueces solicitaron ya entonces a la delegación provincial de la Consejería de Justicia "que las bajas por enfermedad de los funcionarios sean inmediatamente cubiertas y que no se proceda al cese de los mismos hasta tanto se reincorpore el titular, pues lo contrario perjudica muy gravemente el servicio público". Dos años después, en febrero de 2007, los jueces pidieron la creación de dos nuevos órganos penales ante el "notable aumento del número de ejecutorias" y trasladaron a la Junta las quejas sobre funcionarios interinos "no cualificados".

En noviembre de ese mismo año, la junta de jueces reiteró la necesidad de poner en marcha dos juzgados y alertó de nuevo del incremento de ejecutorias procedentes de las 1.943 sentencias de conformidad dictadas por los juzgados de Instrucción en un año, con una media de 149 ejecutorias por cada órgano.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, reconoció ayer que aunque puede ser cierto que el magistrado Rafael Tirado no pidió personalmente ningún refuerzo, "han sido múltiples las ocasiones en las que la junta de jueces -en la que está integrado Tirado- ha solicitado el aumento del número de órganos judiciales y las plantillas de funcionarios a fin de poder llevar un mayor control de los procedimientos encomendados". En cuanto al retraso en la cobertura de las bajas laborales, uno de los argumentos que esgrimió Rafael Tirado para tratar de justificar la demora en la causa ejecutoria de Santiago del Valle, el juez decano aseveró que "los problemas que hubo de cobertura de las vacantes en el juzgado de lo Penal número 1 eran conocidos porque existían peticiones por parte del juzgado para que se cubrieran, pero no fueron atendidas puntualmente".

Federico Jiménez Ballester también pidió tanto al ministro de Justicia como a la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, que "respeten" la decisión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ en cuanto a la sanción impuesta al juez Tirado. "Porque no les haya satisfecho la resolución, no se puede decir que la resolución es injusta o que la Justicia no es igual para todos", sentenció Ballester, que añadió que en muchas ocasiones el error judicial "puede producirse por la acumulación de la carga de trabajo, la falta de medios materiales y personales, y los defectos legales del sistema procesal español", concluyó.

EL CGPJ impone al juez Rafael Tirado una multa de 1.502 euros por los errores del caso Mari Luz

La comisión disciplinaria del CGPJ sancionó hoy al juez Rafael Tirado con una multa de 1.502,53 euros por el retraso injustificado en la tramitación de la ejecución de la sentencia a Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz. Los cinco miembros de la comisión, por una mayoría de tres a dos, aceptaron finalmente la propuesta del instructor del expediente, que entendió que los hechos son sólo constitutivos de una falta grave, frente a la postura de la Fiscalía, que pidió la máxima sanción al juez por una conducta muy grave. El juez ya ha anunciado, a través de su abogado, que recurrirá ante el Pleno del CGPJ la sanción, al estimar que no incurrió en ninguna infracción disciplinaria y se espera que la Fiscalía también recurra, en sentido opuesto y pidiendo la máxima sanción. El caso sigue abierto...

Cinco juzgados sin juez por una falta de previsión del CGPJ

Cinco juzgados de la jurisdicción Penal de Sevilla están desde el pasado viernes sin juez, después de que sus respectivos titulares hayan promocionado a la Audiencia Provincial o solicitado el traslado a otra provincia. La situación, que se produce por una falta de previsión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tenía que haber sacado a concurso las plazas, tardará en resolverse como mínimo entre mes y medio y dos meses, según los plazos y trámites que requiere el nombramiento de una plaza de juez. 

Mientras tanto, otros jueces tendrán que duplicar su trabajo y asumir la dirección de estos órganos, dado que en la actualidad los 17 jueces sustitutos que hay en Sevilla están destinados en algún juzgado. En la práctica, la falta de cobertura de las plazas provocará la suspensión de juicios, por las difunciones que pueden producirse en los señalamientos de las vistas orales con jueces que tienen que atender a dos juzgados a la vez, y sobrecargará aún más una jurisdicción cuyos magistrados ya denunciaron que estaban al borde del colapso a raíz de los errores del caso Mari Luz y la apertura del expediente disciplinario al juez Rafael Tirado.

El principal responsable de la falta de previsión es el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que tenía que haber sacado ya a concurso estas plazas. Es frecuente que cuando se produce un ascenso o un traslado de un juez se produzca una demora en la incorporación del nuevo titular, que mientras es reemplazado por los mecanismos de sustitución interna. En esta ocasión, el CGPJ no ha tenido en cuenta la incidencia que tendría la ampliación a cuatro magistrados de las distintas secciones penales de la Audiencia de Sevilla, lo que ha desembocado en la coincidencia de las plazas vacantes en estos cinco juzgados.

Los jueces que han promocionado a la Audiencia de Sevilla son Carlos Lledó González, María Auxiliadora Echavarri, y María Dolores Sánchez, hasta ahora titulares de los juzgados de Instrucción números 3, 13 y 18, respectivamente, y el titular del juzgado de lo Penal número 12, Juan Antonio Calle. El quinto órgano que está desde el pasado viernes sin titular es el juzgado de lo Penal número 11, cuya responsable, Guadalupe Cordero, ha pedido el traslado a Huelva.

Entre los nuevos magistrados que a partir de ahora formarán parte de las distintas secciones penales de la Audiencia están la juez María Auxiliadora Echavarri, que investigó el caso Arny sobre corrupción de menores detectado en varios clubes de ambiente homosexual de Sevilla, y Carlos Lledó, que instruyó el caso por el asesinato del delincuente conocido como "Niño Kiko", en el que un funcionario del grupo de Atracos de la Policía Nacional fue juzgado y absuelto de un crimen por el que la Fiscalía pidió para él una condena de 28 años de cárcel.

El juez Tirado culpa a la secretaria por no haberle dado información sobre la ejecución de la sentencia de Santiago del Valle

El juez Rafael Tirado culpa a la secretaria de su juzgado de no haberle informado del estado en el que se encontraba la ejecución de la condena impuesta al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz. En su respuesta a la propuesta de resolución presentada por el instructor del expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Tirado alega que, como responsable del juzgado, dictó las correspondientes órdenes para acordar el ingreso en prisión del pederasta, por lo que "sólo sería culpable de no haber indicado u ordenado a la secretaria lo que ya se había ordenado en los autos" dictados el 18 de enero de 2006, en los que acordó la incoación de la causa ejecutoria y denegó la suspensión de la ejecución de la condena impuesta a Santiago del Valle.

El alegato del magistrado defiende que, siguiendo esa línea, se llegaría "al absurdo de exigir a un juez que por dos veces ha ordenado la ejecución de una sentencia que acuda a los distintos armarios donde se hallan los procedimientos, y mire uno por uno, con la finalidad de indicarle nuevamente al secretario que cumpla lo que ya se ordenó". De esta forma, se estaría atribuyendo una nueva función al juez, que consistiría en "indicar (o dar cuenta) a quien precisamente tiene la obligación legal de dar cuenta a aquél".

El magistrado señala a la secretaria judicial como la funcionaria que debía "proveer provisionalmente" la sustitución de los funcionarios que habían causado baja en el juzgado, y concluye que los jueces son los últimos responsables del ejercicio de su jurisdicción "pero no de la labor que viene atribuida a la oficina judicial, cuyo jefe es el secretario judicial".

En su alegato, el juez Tirado también pone de manifiesto que el Ministerio Fiscal "nunca" pidió el ingreso en prisión de Santiago del Valle ni alertó de su peligrosidad. La petición de ingreso en prisión "no lo hizo [el fiscal] en ningún momento de la causa, en la que jamás alegó ni informó sobre la eventual peligrosidad del sujeto, pese a la existencia de otras causas criminales que al Ministerio Fiscal sí le había de constar", señala la respuesta del juez.

Por su parte, el fiscal reprocha al juez Tirado que no adoptase "resolución alguna de búsqueda o ingreso en prisión ni expidió las requisitorias tendentes a conseguirlo" y critica que descargue su "propia responsabilidad en la secretaria, por no darle cuenta de la ejecutoria, o en la oficina judicial, por no dar trámite a lo acordado por él mismo en el auto de incoación de la ejecutoria". 

El fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, que ha propuesto que Tirado sea sancionado con una falta de desatención muy grave -que lleva aparejada la suspensión, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial-, insiste en que la ejecución de la sentencia y la adopción "sin dilación de las medidas necesarias para que el condenado hubiese ingresado en un establecimiento penitenciario es responsabilidad" del titular del juzgado de lo Penal.

El fiscal reconoce que "es cierto que se sucedieron distintos avatares en la marcha del juzgado, tanto de incremento de volumen de trabajo como de bajas o traslados de personal no atajadas con la necesaria rapidez, pero a pesar de tal situación excepcional no consta que el magistrado expedientado adoptase u ordenase la adopción de medida alguna sobre la distribución del trabajo entre los funcionarios encargados de la tramitación de ejecutorias", sentencia el fiscal Aurelio Blanco.

El instructor también responsabiliza a la Fiscalía y a la Junta de los errores del caso Mari Luz

El instructor del expediente disciplinario en el que se investigan los errores judiciales del caso Mari Luz considera que el juez Rafael Tirado no es el único responsable de lo ocurrido. El magistrado Wenceslao Olea Godoy, que ha solicitado una sanción de 1.502,53 euros para el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla por una falta grave, reprocha en su informe la "actitud pasiva" de los colaboradores del juez, no sólo de la secretaria del órgano judicial, sino de la propia Fiscalía y de la Junta de Andalucía, ambas personadas en la causa seguida contra Santiago del Valle por abusar de su hija y cuya intervención en el proceso "no puede silenciarse".

El informe del instructor rechaza las alegaciones de la Fiscalía General del Estado, en las que solicitaba la máxima sanción para el juez como responsable de una falta muy grave y, paradójicamente, revela las propias omisiones en la intervención del Ministerio Público en la fase de ejecución de una sentencia que se demoró durante más de dos años y dos meses. "No hay desatención muy grave [del juez Tirado] porque lo más que le puede ser reprochable es no haber prestado mayor atención a la sección del negociado de ejecutorias, pero esa desatención pasaba por el hecho de que se le hubiera dado cuenta de la concreta situación en que se encontraban esas ejecutorias", destaca el documento redactado por el instructor.

La actitud "pasiva" que el juez aprecia en el Ministerio Público se produce en relación "con la acción que le es propia" y en las funciones que le impone su Estatuto Orgánico, que recoge entre las funciones de los fiscales las de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.

El informe considera que el retraso imputable al juez no era ni reiterado ni injustificado, puesto que las actuaciones "no dependían de resolución alguna del titular del juzgado, ni con carácter previo se había apreciado la demora". Ese retraso en la ejecución de la condena al presunto asesino de Mari Luz podría haber sido detectado, según el juez que ha investigado el caso, por la Fiscalía y la Junta de Andalucía, que también estaba personada en el proceso como acusación particular contra Santiago del Valle y que "podría haber puesto de manifiesto la demora en la sanción de unos hechos para cuya perseguibilidad consideró digna de afrontar el ejercicio de la acción penal y no para una actitud meramente pasiva".

El juez también alude a las carencias del juzgado en materia de personal y señala que a la "movilidad" de la plantilla se unía la "falta de experiencia" de los funcionarios interinos que ocupaban las plazas vacantes. "Sin desconocer su buena voluntad, es lo cierto que difícilmente pueden asumir las funciones de unos puestos de trabajo que, en su labor cotidiana, poco tiempo permite dedicar al aprendizaje", advierte el instructor sobre la labor de los interinos.

El informe reprocha que una de las plazas del juzgado de lo Penal número 1 estuvo "casi seis meses" sin que se cubriera de forma permanente, por el hecho de que "los nombramientos de los funciones interinos no se hicieran al instante o por que el funcionario interino hubiera a su vez ocasionado una nueva vacante -por permiso de matrimonio-" para la que no se nombró un nuevo interino.

En cuanto a la responsabilidad de Rafael Tirado, el instructor entiende que el retraso que puede imputársele "estaba justificado en la propia situación del juzgado, el aumento de las ejecutorias -que superaban las 600- y la caótica designación" de los funcionarios que desempeñaban su cometido en el negociado de ejecutorias. Aun así, el juez estaba "obligado a adoptar medidas especiales de vigilancia y control, a los efectos de dar las órdenes oportunas para evitar un retraso que no dejaba de acumularse". En este punto, el instructor recuerda el "papel decisivo" de dación de cuentas de la secretaria judicial, que también está inmersa en un expediente disciplinario abierto por el Ministerio de Justicia.

El instructor del expediente al juez Tirado propone una multa y la Fiscalía la máxima sanción: suspensión, traslado o expulsión

Adjuntamos la nota de prensa emitida hoy por la Fiscalía General del Estado sobre el expediente al juez Tirado:

El Fiscal, en el expediente disciplinario nº 15/2008 incoado al Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, tras estudiar la documentación remitida por el Magistrado Instructor y analizar el escrito de alegaciones presentado por el Juez Tirado Márquez, solicita en su informe que “los hechos investigados sean considerados como constitutivos de una infracción muy grave prevista en el art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, como consecuencia de ello, susceptibles de ser sancionados con suspensión por hasta 3 años, traslado forzoso o separación de conformidad con lo dispuesto en el art. 420.2 LOPJ”.
El Fiscal justifica la discrepancia con el Instructor en la calificación jurídica de los hechos en la gravedad de las conductas imputadas, pues el Magistrado Instructor califica la actuación del juez expedientado como infracción grave, mientras que en opinión del Fiscal, esta conducta debe ser considerada como infracción muy grave, coincidiendo así con la valoración efectuada por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del pasado 7 de abril de 2008.
Tras analizar los hechos, el Fiscal constata que, tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle (presunto asesino de la niña Mari Luz) y el correspondiente Auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el Juez Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años, ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión.
El Fiscal entiende que en estas circunstancias –incomparecencia del penado, no suspensión de condena-, lo procedente habría sido ordenar la busca y captura del penado Santiago del Valle, expidiendo las requisitorias pertinentes.
El Fiscal afirma que la función jurisdiccional comprende no sólo el deber de juzgar sino también el de ejecutar lo juzgado. Aunque es cierto que en la práctica intervienen en la ejecución de sentencias los distintos integrantes de la oficina judicial, el Juez tiene la obligación de controlar y dirigir la actividad procesal para que se lleve a efecto la sentencia.

El énfasis de la nueva rotulación de los juzgados

Volvemos tras las vaciones de verano con una curiosidad. Hace poco tiempo la consejería de Justicia ha procedido a rotular de nuevo los juzgados, para indicar mejor a los ciudadanos donde se encuentran cada uno de los juzgados en el laberíntico edificio del Prado de San Sebastián. Lo que pocos podían esperar es el énfasis que ha puesto la Junta en la iniciativa y, si no, sólo basta observar cómo se indican los órganos de instrucción, que aparecen con una "TRIPLE C" que más bien recuerda la antigua denominación de la Unión Soviética. Recuerdan la CCCP. Lo mejor es que el error se repite a la hora de señalar la ubicación de otros tantos juzgados. Todo hay que decirlo: creo que hay un par de carteles que están bien escritos...