La secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, presenta hoy en los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo su recurso contra la suspensión de dos años de empleo y sueldo que le impuso el Ministerio de Justicia en relación con la tramitación de la condena a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por abusar de su propia hija. El recurso de la secretaria solicita, como medida cautelar, que se suspenda la ejecución de la sanción hasta que no se resuelva el recurso, lo que permitiría que la funcionaria continuara trabajando hasta que el tribunal se pronuncie sobre la sanción, según dijeron ayer fuentes del caso.El abogado Ramón Entrena Cuesta, que ha elaborado el recurso de la secretaria, explicó ayer que en el mismo se defiende el trabajo de Juana Gálvez “con toda clase de argumentos que están a nuestro alcance”, aunque no quiso avanzar los fundamentos del documento hasta que éste no se encuentre en poder del juez que debe examinar el asunto, para que sea el primero en conocer el recurso y evitar que tenga conocimiento por la prensa. En cualquier caso, el letrado anunció que en el recurso se defiende la labor de la secretaria judicial pero sin atacar a las restantes personas que están implicadas en la tramitación de la causa de Santiago del Valle en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. “No nos metemos con nadie”, aseveró el letrado.
La intervención de la funcionaria en el proceso fue cuestionada por el titular del juzgado, Rafael Tirado, quien a lo largo de los diferentes escritos de alegaciones que ha presentado en su expediente disciplinario –por el que ha sido inicialmente castigado con una multa de 1.500 euros, aunque el caso está todavía abierto– ha culpado a la secretaria por no haberle informado del estado en el que se encontraba la causa ejecutoria del pederasta, llegando a poner de manifiesto que la “inactividad” de la secretaria fue clave en el retraso de la causa, puesto que ésta no estaba pendiente de ninguna resolución del propio juez.Este mismo argumento fue el que empleó el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para imponer a la secretaria la sanción de dos años, un castigo que superaba ampliamente los seis meses de suspensión que había propuesto la instructora del expediente disciplinario. El ministerio consideró que la actuación de Juana Gálvez constituía una falta grave por “negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones de dar cuenta al juez del estado en que se encuentra la tramitación de las causas, el impulso y ordenación del proceso y de sus competencias de organización, gestión, inspección y dirección técnico-procesal de los funcionarios”.
La resolución sancionadora, acordada de acuerdo con los artículos 155.6 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales y 536b.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consideró que Juana Gálvez incurrió “en un cúmulo de omisiones y errores que ponen de manifiesto un grave incumplimiento de sus deberes profesionales”.El Ministerio de Justicia justificó la imposición de una sanción superior a la propuesta por la instructora en la “gravedad del perjuicio” causado a los ciudadanos con su actuación. El propio titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, había llegado a asegurar que “tanto la naturaleza de las penas impuestas a Santiago del Valle cuya ejecución se dilató de manera indebida, como los hechos que motivaron la condena, fundamentalmente el delito de abuso sexual a su hija menor, requerían de un especial celo en la tramitación de la correspondiente ejecutoria”.
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