El antiguo calabozo de la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante de Sevilla, del que fueron sustraídos 100 kilos de cocaína, no reunía las condiciones para garantizar la seguridad de las sustancias estupefacientes. Así se desprende de un informe elaborado por el jefe de la Udyco en junio pasado y que pone de manifiesto que la cerradura del calabozo que albergaba la droga aprehendida en las operaciones policiales se hallaba obstruida "con un trozo de cinta adhesiva", lo que en la práctica representaba anular este cierre. Esta circunstancia, unida a que todos los agentes de la Udyco -medio centenar- y otros funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial tenían acceso al calabozo, ha impedido que seis meses después de que se destapara el escándalo la unidad de Asuntos Internos haya culminado su investigación con la detención de algún sospechoso de unos robos que se llevaron a cabo en pequeñas cantidades y en un tiempo inferior a un año.
Ni siquiera la colocación de una "microcámara" en el calabozo usado como depósito -una vez detectada la sustracción de la droga- logró detectar al responsable o los responsables de un delito que se urdió desde dentro, según las líneas de investigación más razonables con las que trabaja la Policía.El informe de la Udyco fue enviado al juzgado el 13 de junio, ocho días después de que los agentes del grupo segundo de esta unidad detectaran el cambiazo de cinco kilos de cocaína que habían sido aprehendidos el 27 de febrero en el aeropuerto de San Pablo por otra sustancia que, después de un nuevo análisis químico, resultó ser cafeína. Este alijo fue depositado el mismo día, tras su análisis, en un "caja de cartón de las usadas para llevar folios" y almacenado en el antiguo calabozo donde la Policía sevillana guardaba las sustancias intervenidas.
Cuando la juez ordenó a finales de mayo la remisión de la droga al área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en la provincia para la realización de un segundo análisis, los policías descubrieron que faltaba uno de los seis lotes intervenidos y que los pesos de los restantes no coincidían. El análisis de los paquetes certificó que alguien había dado el cambiazo.El documento explica -a instancias de la propia juez, que ordenó un informe exhaustivo de lo ocurrido- que para acceder a ese calabozo es necesaria una "autorización" del jefe de la Udyco y sortear tres cierres: una llave maestra y dos candados con llaves distintas que fueron "colocados como medidas de seguridad añadida hace años cuando la Superioridad decidió que los alijos se depositaran en dichos calabozos". La persona que sustituyó la droga por sustancias similares tenía que abrir primero una puerta de hierro -con una llave maestra que es la misma para todas las celdas- y después salvar un primer candado. A un metro y medio se encuentra una segunda puerta -similar a la anterior- con otro candado y, una vez abierta, permite el acceso a la celda de los estupefacientes. Sin embargo, la cerradura de este calabozo esta obstruida con la cinta adhesiva, con lo que en realidad estaba abierto.
El responsable del informe atribuye la colocación de la cinta a que "el autor de la supuesta manipulación ha optado por anular esta cerradura, de tal forma que, a la hora de abrir la puerta, solamente tiene el obstáculo de los dos candados existentes", precisa el documento entregado a la juez. En cuanto a las personas que podían haber entrado en el calabozo con motivo de sus funciones policiales -específicamente para sacar un alijo o introducir uno nuevo-, el documento precisa que desde el 27 de febrero accedieron a esta celda un total de 12 agentes de los tres grupos de la Udyco, pero advierte que con anterioridad a esta fecha "la totalidad de funcionarios adscritos a estos grupos" han tenido acceso al mismo. Es más, otros policías autorizados por el jefe de la Udyco y pertenecientes tanto a comisarías locales como a otros grupos de la Brigada Provincial de Policía Judicial también accedieron al depósito de las sustancias estupefacientes. El informe apunta, asimismo, que en las dependencias de los calabozos están ubicadas las taquillas de los policías nacionales que se encuentran en prácticas, por lo que "en alguna ocasión que se ha tenido que bajar a los calabozos, se ha coincidido con algunos de los funcionarios en prácticas que estaban utilizando las taquillas asignadas".
El jefe de la Udyco también pone en conocimiento de la juez que, tras detectarse la sustracción, se procedió a instalar una microcámara, "en previsión de que pudiese identificarse al autor del delito que se investiga", una actuación que hasta la fecha no ha dado ningún resultado.En cualquier caso, los investigadores no dudan de que los robos se llevaron a cabo desde dentro e incluso algunas fuentes de la investigación aseguran que la unidad de Asuntos Internos que dirige el caso había identificado a un posible sospechoso, pero seis meses después sigue sin registrarse ninguna detención.
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