El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó ayer una declaración institucional en la que defendió su independencia y aseguró que aplicará en todo momento la ley en el caso de la sanción al magistrado del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por los errores en la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz.
La nota del órgano de gobierno de los jueces reitera su "total compromiso en la defensa de la independencia del Poder Judicial en su trascendental función de garante de las libertades y de la tutela de los derechos de todos los ciudadanos". En este sentido, el Consejo rechaza "rotundamente" que las posiciones ideológicas personales de cada uno de los vocales puedan servir de base para la adopción de sus decisiones.
El órgano de gobierno del Poder Judicial asegura que, en el ejercicio de las funciones que le encomiendan la Constitución y la ley, "resolverá siempre con absoluta independencia y responsabilidad institucional y con pleno sometimiento a la ley, ajeno a todo tipo de manifestaciones, cualquiera que sea su procedencia".
Dicen los vocales que estas declaraciones, en clara alusión a las realizadas por los responsables del Gobierno pidiendo una sanción de tres años de suspensión para el juez Tirado, "en modo alguno influirán en las decisiones que se adopten por este órgano constitucional". Por último, el CGPJ hace un llamamiento a que se mantenga un "clima de serenidad y confianza y respeto a las instituciones necesario para un desarrollo normalizado de sus competencias".
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó ayer que el órgano ni siquiera ha comenzado a estudiar la petición de la Fiscalía de suspender al magistrado, aunque rechazó calificar de "injerencias" las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. "Desde el Consejo se respeta el derecho a la libertad de expresión, cualquiera que sea el cargo que se ocupe, y hemos entendido que ciertas manifestaciones de representantes políticos no van dirigidas a interferir en la función del CGPJ", aclaró Bravo.
Por su parte, la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) no dudó en calificar de "injerencias reiteradas" del Poder Ejecutivo las últimas manifestaciones de los responsables políticos y mostró su apoyo a la convocatoria de juntas de jueces en toda España para el día 21 con el objetivo de estudiar las repercusiones del caso Mari Luz en el ámbito judicial.
Juan José Cortés, el padre de la niña, afirmó ayer que espera y desea que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "dignifique al anterior", ya que "fue prácticamente vergonzoso lo que intentó hacer, una pantomima y avergonzar a todos los españoles". Cortés, que se entrevistó con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reaccionó de esta forma después de que el juez Rafael Tirado haya considerado que la Fiscalía creó "de la nada" una falta muy grave, "en donde no existe responsabilidad disciplinaria alguna" por su parte.
El padre de la niña presuntamente asesinada por el pederasta Santiago del Valle consideró que es preciso que "el nuevo CGPJ ponga las cosas en su sitio y que, verdaderamente, los ciudadanos españoles sepan y entiendan que el CGPJ está precisamente creado para que se sientan protegidos ante los errores que puedan cometer los jueces en sus labores y tareas". Cortés añadió que estas labores "son de obligado cumplimiento: juzgar y hacer cumplir lo juzgado". El padre reiteró que espera que se haga justicia a su hija y se consiga "una Justicia más justa, y el compromiso con todos los españoles".
1 comentario:
Eso esperamos pues la esperanza nunca se pierde, aunque visto lo visto...
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