No hubo pacto con la Fiscalía ni tampoco juicio. El ex secretario del distrito Macarena José Marín Rodríguez provocó ayer la suspensión del juicio por las facturas falsas al renunciar a su abogado defensor, José Luis Parada, porque supuestamente había perdido la confianza en su defensor a raíz de que se destaparan en los días previos al inicio del juicio las negociaciones que estaba llevando a cabo con la Fiscalía para tratar de rebajar la posible condena a los dos años de prisión a cambio de pagar los 20.400 euros que el Ministerio Público considera fueron malversados por las obras abonadas y no realizadas.
El propio José Marín se encargó de defender ante el magistrado que preside el tribunal del jurado que debía enjuiciarle, Francisco Gutiérrez, sus argumentos para renunciar a su letrado. "Llevo varios días leyendo cosas de las que no estoy enterado y a las que soy totalmente ajeno. No estoy negociando, no tengo nada que negociar porque soy inocente y quiero demostrarlo", sentenció Marín.
El teniente fiscal de la Audiencia de Sevilla, Antonio Ocaña, que ejerce la acusación pública, advirtió que aunque puede existir un "abuso de derecho" en la renuncia al letrado, consideró que "por lógica y prudencia" debía suspenderse la vista para que el acusado procediera a la designación de un nuevo letrado. El juez interpeló a José Marín sobre si era consciente del "perjuicio y las dificultades" que causaba con su renuncia. "Soy consciente, desde los años 60 estoy trabajando para la sociedad, pero póngase en mi lugar: verse casi crucificado de antemano", explicó el ex responsable del distrito Macarena, para quien la Fiscalía pide una condena de cinco años y tres meses de prisión por delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.
El juez resolvió finalmente que "sintiéndolo mucho" tenía que atender a la petición del imputado, para garantizar su derecho de defensa, y aplazar un juicio que, al no poder hacer cargo el nuevo abogado del caso en pocos días -la ley establece que el jurado debe disolverse si no puede continuar en cinco días-, no podrá celebrarse antes de febrero de 2009.
A la salida del juicio, José Marín insistió en que, después de que se publicara el intento de pacto con la Fiscalía, no podía "entrar en el jurado para que le crucifiquen". Al ser preguntado sobre si en realidad la renuncia no era más que una maniobra dilatoria para suspender la vista oral, el ex secretario del distrito Macarena indicó que lleva "tres años esperando" y la situación es "insufrible".
El que fuera director del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento se mostró abierto a un pacto con la Fiscalía que consistiría en abonar los 4.800 euros de las dos obras pagadas pero no realizadas para la demolición de unos módulos de la capilla de San Diego, siempre y cuando el fiscal le "quitara" cualquier petición de cárcel. "Por un error de 4.800 euros no se puede meter a una persona en la cárcel", opinó Marín.
Tras la suspensión de la vista oral por el caso de las facturas falsas, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, mostró su respeto a la decisión judicial, aunque eludió valorar la suspensión. "Si es de prudencia política e institucional no hacer valoraciones sobre sentencias judiciales, no vamos a hacerlo ahora sobre un proceso que no tiene ni siquiera esa característica", dijo Monteseirín.
El concejal del PP Gregorio Serrano pidió al PSOE que explique de dónde iba a sacar los 20.400 euros para pagar la indemnización y señaló que "lo más gracioso es que Marín se queja de un abogado del PSOE, que trabaja en la Diputación, al que le pagamos todos y es el que se ha encargado de negociar el pago de los 20.400 euros" para evitar el juicio.
Por su parte, el secretario provincial del PA, José Antonio Sánchez, consideró que la suspensión de la vista es "una estrategia de la mitad del PSOE, controlada por el alcalde, para que Sánchez Monteseirín aguante más tiempo en la alcaldía".
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