El juez Tirado recurre la sanción de 1.500 euros y pide al CGPJ que archive su expediente porque no cometió ninguna infracción

El juez Rafael Tirado presentó ayer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su recurso contra la sanción de 1.500 euros impuesta por los errores en el caso Mari Luz y pidió al Pleno del órgano que archive el expediente disciplinario, al entender que no incurrió en ninguna infracción en la tramitación de la ejecución de la condena a Santiago del Valle por abusos a su hija.

El magistrado defiende en su recurso los argumentos que a lo largo de la instrucción del expediente disciplinario ha venido manteniendo: que la causa ejecutoria del pederasta no estaba pendiente de ninguna resolución judicial y que el juez es el último responsable del ejercicio de la jurisdicción pero no de la labor atribuida a la oficina judicial, cuyo jefe es el secretario. 

En su primera alegación ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ, Rafael Tirado apuntó que "sólo sería culpable de no haber indicado u ordenado a la secretaria lo que ya se había ordenado en los autos" dictados el 18 de enero de 2006, en los que se acordó la incoación de la causa ejecutoria y denegó la suspensión de la condena a Santiago del Valle. El magistrado argumenta que exigir nuevos requerimientos al juez que ha dictado esas resoluciones sería tan absurdo como pedirle que mirara, uno a uno, los armarios donde se guardan los procedimientos para indicarle nuevamente a la secretaria -que ha sido sancionada por el Ministerio con dos años de suspensión de empleo y sueldo- el cumplimiento de lo que ya se le ordenó.

Rafael Tirado volvió recientemente a atribuir lo ocurrido a la "inactividad" de la secretaria en su impugnación al recurso de la Fiscalía General del Estado, que ha exigido una sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los asuntos.

Frente a las afirmaciones del Ministerio Público, la defensa del juez expuso que se pretendía atribuirle una "responsabilidad objetiva", por el resultado final producido, y alegó que el luctuoso suceso de la muerte de Mari Luz "por mucho que se diga, no tiene la más mínima relación con el retraso de la ejecutoria". Los abogados de Tirado siempre han sostenido que en este caso no se le puede atribuir un retraso injustificado a un magistrado cuyos módulos de trabajo estaban muy por encima -el 140%- de la carga fijada por el Consejo General del Poder Judicial.

Una vez que el máximo órgano de gobierno de los jueces cuenta ya con los recursos del fiscal y del magistrado, sólo queda que el Pleno se reúna para adoptar una decisión, algo que podría producirse a finales de noviembre o en diciembre.

El vocal del CGPJ Miguel Carmona pidió ayer "a todos los jueces y magistrados y a toda la sociedad que critiquen si tienen algo que criticar" una vez que el Pleno adopte una resolución sobre el expediente, pero que "nadie saque conclusiones sobre lo que a lo mejor puede que vaya a hacerse". El vocal reafirmó, como ya hiciera el CGPJ en una declaración institucional, la independencia de la institución y dijo que ninguno de los miembros actuará "conforme a presiones".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró su discrepancia con la sanción de 1.500 euros y mostró su apoyo al recurso de la Fiscalía para que sea castigado con tres años de suspensión, aunque puntualizó que no cree que sus manifestaciones influyan en la decisión del CGPJ.

Por su parte, los secretarios judiciales calificaron de "inaceptables" los servicios mínimos fijados por el Ministerio para el paro convocado el próximo martes y que afectan al 30% de los funcionarios.