Caso Mari Luz: ¿condena anticipada?

La polémica suscitada en torno a la sanción que puede imponerse al juez Rafael Tirado por los errores del caso Mari Luz es aventurada, porque ni el expediente disciplinario ha finalizado ni el castigo puede ser una multa leve, como se ha comentado. Para empezar, la comisión disciplinaria del CGPJ abrió una investigación contra el titular del juzgado de lo Penal número 1 por una falta muy grave de desatención en relación con los errores y omisiones del caso Mari Luz. De acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, estas faltas se castigan con suspensión, traslado forzoso o expulsión de la carrera. Ninguna de ellas es una sanción leve.La publicación esta semana de que el máximo órgano de gobierno de los jueces se inclinaba, hipotéticamente, por imponer una sanción leve al magistrado, en concreto, una multa de entre 1.000 y 6.000 euros, han vuelto a situar al juez en el centro de todas las miradas. Los padres de la pequeña Mari Luz han criticado con dureza esta hipotética sanción e incluso han convocado una manifestación el próximo día 7 de julio en los juzgados de Sevilla para protestar contra lo que considera una "estafa y engaño de la Justicia". Los padres se han mostrado "indignados" porque, según han comentado, el lema que habían defendido hasta ahora de "una justicia justa" para su hija "se está desvaneciendo". Juan José Cortés fue más allá al decir incluso que si no se expulsa al magistrado de la carrera se habrá cometido "un atentado contra la dignidad judicial, un asalto a las leyes y a la Justicia española". En este nuevo rebrote de la crisis judicial que representó el caso Mari Luz, el CGPJ se ha apresurado a desmentir que haya una decisión al respecto, porque el expediente disciplinario abierto al juez Rafael Tirado sigue actualmente tramitándose y el asunto ni siquiera se ha debatido en el seno de la comisión disciplinaria. El mismo día que se publicaba la supuesta noticia sobre la posibilidad de imponer una multa leve, el juez Tirado, la secretaria judicial y los funcionarios del juzgado declaraban ante instructor del caso y el fiscal jefe de Extremadura. Todavía no existe, por tanto, una propuesta formal de sanción, que deberá efectuar el instructor una vez concluya la investigación. Las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en las que anuncia una intervención "hasta el final" de la Fiscalía, contra una sanción leve, en todo caso, tampoco propician el clima de trabajo adecuado para la labor que deben llevar a cabo los órganos del Poder Judicial.Desde un primer momento los jueces, no sólo de Sevilla, sino de toda España, han coincidido en que la excesiva carga de trabajo de los juzgados de lo Penal imposibilita que se pueda llevar un exhaustivo control de todas las causas ejecutorias. Las posibles responsabilidades trascienden al propio magistrado y alcanzan al conjunto del sistema judicial porque, como ha afirmado el ex presidente de la Audiencia de Sevilla y futuro vocal del CGPJ, Miguel Carmona, los errores del caso Mari Luz han puesto de manifiesto los fallos de un sistema "que hace aguas por todas partes". Los apoyos a Rafael Tirado van mucho más allá de lo que puede entenderse como un mero corporativismo, puesto que no es la primera vez que los jueces se sienten como si estuvieran encima de un polvorín a punto de estallar, no sólo por casos de pederastia, sino por las causas de violencia de género, en las que cada vez que se produce una muerte hay un juez en algún punto del país que se pregunta si el asesino será uno de los individuos que están bajo su jurisdicción. La prueba más evidente de que en el caso Mari Luz puede haber concurrencia de culpas está en el hecho de las diversas investigaciones que han iniciado diferentes organismos. Mientras el Poder Judicial investiga al juez Tirado, el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía hacen lo propio con la secretaria y los funcionarios del juzgado. La Fiscalía concluyó que no había ninguna negligencia en la actuación de los miembros del Ministerio Público y a la misma conclusión llegará con toda probabilidad la consejería de Justicia con respecto a la intervención de los funcionarios. Al final, el juez Tirado seguirá estando en el punto de mira.