La investigación judicial sobre la contabilidad de Contsa ha confirmado los peores augurios. Las cuentas reales de la empresa arrojan un déficit de más de 86 millones de euros, según el informe presentado por los administradores concursales en el juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que tramita la suspensión de pagos de la sociedad.
Las conclusiones de los tres administradores concursales contradicen rotundamente las cuentas presentadas en febrero pasado por el presidente de Contsa, José Salas Burzón, quien declaró que la empresa tenía sólo 609 acreedores, que el activo rozaba los 80 millones y que el pasivo (las deudas) eran poco más de 49 millones. Con estas cifras, el propietario del grupo llegó a afirmar en una reunión con 1.200 inversores que la empresa disponía de "patrimonio suficiente" para devolver el capital invertido.
La realidad que han puesto de manifiesto los administradores concursales, designados por la juez de lo Mercantil, Teresa Vázquez, es bien distinta, por cuanto Contsa tiene 1.653 acreedores -de los cuales 1.586 son inversores- y un activo de 28,4 millones, menos de la mitad de lo que declaró el propietario, según las valoraciones periciales realizadas sobre los bienes y derechos de la sociedad. El pasivo de la empresa asciende en realidad a 115,2 millones, una cantidad que duplica con creces la que presentó Salas en el juzgado.
De acuerdo con estas cifras, el déficit real de Contsa es de 86.821.935,62 euros, según explicó uno de los administradores concursales, que añadió que en los próximos días cada uno de los acreedores recibirá una comunicación oficial en la que se le trasladará la información relativa al importe que se le adeuda.
En cuanto a la distribución de los 115,2 millones de pasivo, la mayor proporción (94 millones) se concentra los acreedores ordinarios, que estarían en un tercer nivel a la hora de cobrar. Por delante estarían, en primer lugar, los acreedores con privilegio especial, que cuentan con una garantía hipotecaria y cobrarán preferentemente. Este grupo reclama algo más de 11 millones.
Le sigue el grupo de acreedores con privilegio general, que no cuentan con una garantía como la anterior, entre los que se encuentran Hacienda, la Seguridad Social y el 25% del crédito del acreedor que instó el concurso necesario en el juzgado de lo Mercantil. Esta persona acudió al juzgado antes de que Contsa presentara el concurso voluntario para reclamar a la sociedad 903.991 euros en concepto de impago de intereses y del capital que había invertido. En el grupo de acreedores con privilegio general, los administradores concursales han puesto de manifiesto deudas por un importe global de 479.936,25 euros.
En los últimos grupos de acreedores se encuadran los acreedores subordinados, entre los que estarían las empresas vinculadas al grupo Contsa y una veintena de personas que presentaron su reclamación al juzgado de lo Mercantil fuera de plazo. Este grupo representa unos 4,2 millones de la deuda total. En último lugar se encuentran los acreedores subordinados en concepto de intereses (algo más de cinco millones), aunque según las mismas fuentes es muy poco probable que estas personas puedan recuperar estas cantidades, que han sido calculadas hasta febrero pasado, cuando se declaró el concurso.
El documento de los administradores judiciales concluye, en cuanto a las actividades del grupo Contsa, que el objetivo principal de la sociedad era la captación de fondos a través de una "estructura piramidal", por la que se reciben distintas cantidades -generalmente a cambio de un elevado interés- y con este dinero se va sufragando el pago de intereses de otros clientes. En este sentido, el informe es verdaderamente concluyente porque, aunque es cierto que Contsa desarrollaba cierta actividad inmobiliaria, es en cambio mucho más significativa la deuda acumulada con los acreedores que habían invertido en la empresa con la finalidad de obtener una rentabilidad.
Otro de los aspectos destacados del informe de los administradores hace referencia a la contabilidad del Grupo Contsa que, según el documento, no refleja la realidad de la empresa. Entre las deficiencias más destacadas, el informe cita saldos de caja que no existen, ventas falsas y ocultación de decenas de millones de euros del pasivo de la sociedad.
El informe de los administradores es uno de los aspectos fundamentales de la primera fase del concurso abierto tras la suspensión de pagos de Contsa. Ahora se abre un período para que los acreedores puedan impugnar las valoraciones económicas de los administradores si no están de acuerdo con las cantidades reflejadas. Por cada impugnación, el juzgado debe celebrar un juicio, lo que puede demorar durante meses el proceso si se tiene en cuenta el elevado número de acreedores.
Una vez se resuelvan todas las impugnaciones, se podría celebrar una junta de acreedores en la que José Salas podría presentar una propuesta de convenio o, en caso contrario, se procedería a la liquidación de la sociedad y a la venta de bienes. En la reunión que el dueño de Contsa mantuvo con unos 1.200 afectados en marzo pasado les propuso el abono del cien por cien del capital invertido en un máximo de cinco años. Salas, imputado por delitos de estafa y apropiación indebida por la denuncia de varios inversores, planteó entonces el pago de un diez por ciento antes de que transcurriera el primer año, mientras que en los ejercicios siguientes se abonaría el resto, a razón del 15, 20, 25 y 30 por ciento anual. Pero la venta de los activos de la empresa ahora resulta insuficiente para hacer frente a las deudas.
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