La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha solicitado una condena de 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para dos alcaldes de Morón de la Frontera, el actual, Manuel Morilla (PP), y su antecesor en el cargo, José Párraga (PSOE), por haber autorizado el ejercicio de actividades industriales en suelo rústico.
El escrito de acusación del Ministerio Público sostiene que ambos regidores permitieron que en el denominado Polígono 81 de la localidad se instalasen actividades industriales a pesar de que el suelo está catalogado como no urbanizable y sólo se podían autorizar usos agropecuarios.
La Fiscalía detalla en su escrito de acusación las licencias que autorizaron ambos regidores entre los años 2001 y 2005 en relación con el Polígono 81 y que, a su juicio, constituyen un delito continuado contra la ordenación del territorio. En este período, los alcaldes de Morón concedieron licencia de apertura para un aparcamiento de camiones, un taller de neumáticos, un centro de lavado y engrase de vehículos, además de una empresa de tapicería de muebles.
El Ministerio Público considera que Manuel Morilla y José Párraga incurrieron en el delito porque en, al menos, ocho plenos municipales se advirtió de la "ilegalidad" de las licencias y de las consecuencias que estaban sufriendo los vecinos de la carretera de la Alcoba, que se quejaron de los ruidos excesivos por la entrada y salida de vehículos, sobre todo en horas de madrugada. Los vecinos solicitaron en cuatro ocasiones la suspensión de la actividad, el precinto de las instalaciones o la adopción de medidas para reducir la contaminación acústica, pero sus demandas nunca fueron atendidas.
En el caso del aparcamiento de camiones autorizado en el Polígono 81, con capacidad para 150 vehículos, el arquitecto municipal emitió un informe negativo, dado que la actividad era incompatible con el uso que se otorgaba al suelo en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la localidad. El entonces alcalde, José Párraga, según la Fiscalía, no abrió ningún expediente sancionador ni adoptó medida alguna para paralizar o precintar las instalaciones hasta el año 2003, cuando fue sustituido en el cargo por el también imputado Manuel Morilla.
El nuevo regidor llevó a cabo una "política de consolidación de un polígono industrial en una zona completamente ajena a la legalidad vigente", precisa el relato del Ministerio Público, que insiste en que Morilla permitió que continuase una actividad que, en la actualidad, ha sido paralizada de forma cautelar -y sólo en horario nocturno- por la autoridad judicial competente.
Las otras actividades que fueron autorizadas en el mencionado polígono también contaron con informes desfavorables del arquitecto municipal o del secretario general del Ayuntamiento, pero fueron autorizados sobre la base del permiso que se concedió en 1986 para construir una nave algodonera, una actividad que, en cambio, sí era autorizable.
1 comentario:
a este alcalde ya le han imputado en otras cosas...¿y la gente le sigue votando? si los ciudadanos apoyan a políticos que se pasan la ley por el forro, ¿nos merecemos tenerlos con ese grado de irresponsabilidad?. Mi experiencia como letrado es que para que jueces y fiscales empapelen a un político tiene la cosa que estar muy clara. Änimo a la Fiscalía de Urbanismo ambiente, que trabajo tiene, a lo que se ve...
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