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04 julio 2008

La derivación política del atropello mortal en Hytasa, que investiga el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla

Las delegaciones de Movilidad y Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla se culpan mutuamente de que el semáforo de la avenida de Hytasa donde murió una funcionaria en mayo pasado no estuviera funcionando. El caso está siendo instruido en el juzgado número 19 de la capital, cuya titular dispone de dos informes contradictorios remitidos por estas concejalías.
Lo cierto es que, según el último informe -elaborado por Urbanismo-, la delegación municipal de Movilidad recibió al menos tres peticiones en tres meses para que pusiera en funcionamiento los semáforos de la avenida de Hytasa donde murió atropellada la funcionaria Consuelo González Gutiérrez. El accidente se produjo el 28 de mayo, pero desde el mes de febrero la empresa Aguilera Nogales, adjudicataria de las obras de reurbanización en la zona, venía reclamando la puesta en funcionamiento de los grupos semáforicos, una petición que no obtuvo respuesta hasta las horas posteriores a la trágica muerte.La primera comunicación de Aguilera Nogales a la empresa municipal de conservación de semáforos (SICE) tuvo lugar el 13 de febrero, un día después de que se constatara que el semáforo en cuestión, ubicado en el cruce de la avenida de Hytasa con la calle Galicia, estaba apagado por los continuos robos del cableado, según consta en los documentos del expediente administrativo que han sido elevados al juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, que investiga el accidente. La solicitud de reparación de los dispositivos fue reiterada por la empresa adjudicataria al mes siguiente, en un escrito dirigido a la misma empresa municipal con fecha 4 de marzo. La última comunicación se produjo el día 9 de abril. En este último escrito, la empresa adjudicataria de las obras insiste en los problemas con los semáforos y en la necesidad de que se lleve a cabo una reunión prevista con Tráfico.Ninguno de estos tres requerimientos fueron atendidos por la empresa municipal SICE, dependiente de la Delegación de Movilidad, que decidió dejar los semáforos sin servicio hasta que finalizaran las obras de reurbanización y pudieran funcionar de forma definitiva. Los trabajos finalizaron el 16 de mayo, fecha en la que Tráfico instaló la unidad semafórica, pero la mantuvo sin corriente hasta el día 28 de mayo, cuando se puso en funcionamiento después del accidente mortal, según otro de los documentos que obra en el expediente administrativo.La juez cuenta actualmente con dos informes en los que la Delegación de Movilidad y la Gerencia de Urbanismo se culpan mutuamente del hecho de que el semáforo permaneciera apagado. El primero fue remitido al juzgado por el departamento que dirige el edil Francisco Fernández el 2 de junio, el mismo día en que fue solicitado por la juez instructora mediante fax. En esta respuesta, Fernández defiende que el semáforo estuvo en funcionamiento hasta el 1 de octubre de 2007 -una fecha que contrasta ampliamente con la del 12 de febrero, que da por válida Urbanismo- y que el apagón obedeció a las obras de reurbanización que realizaba Aguilera Nogales.La Delegación de Urbanismo no fue informada de inmediato ni tuvo comunicación alguna del oficio del juzgado y de la respuesta que había dado la Delegación municipal de Movilidad. Según consta en el segundo informe -elaborado por la empresa adjudicataria, Aguilera Nogales, la dirección facultativa de la obra y el subjefe de servicio de la unidad administrativa del plan de barrios- no fue hasta el día 6 de junio, cuatro días después de la primera respuesta municipal al juzgado, cuando se facilitó a la Delegación de Urbanismo el informe redactado por Movilidad. Hasta ese momento, según este segundo informe, no se pudo comprobar por tanto que el contenido no se ajustaba a los hechos y circunstancias que la documentación que obra en el expediente administrativo pone de manifiesto.En el expediente administrativo del caso también aparecen otras muestras sobre el evidente desencuentro entre las delegaciones de Movilidad y Urbanismo. Tras el accidente de Hytasa, Francisco Fernández remitió dos cartas a Emilio Carrillo, con fechas 29 de mayo y 2 de junio. Una copia de estas misivas, cuyo contenido no ha trascendido, fueron enviadas también por el concejal de Movilidad al resto de delegados que conforman el equipo de gobierno municipal.

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