Más de 32 millones para la Justicia gratuita

La Consejería de Justicia y Administración Pública destinará durante 2008 más de 32 millones de euros a la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, cuyo reglamento entró en vigor el pasado 1 de julio y que contempla una subida del 11,2% en las retribuciones de los abogados del turno de oficio, según ha anunciado la consejera, Evangelina Naranjo, que se ha reunido con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José María Rosales, y el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, tras la elección el pasado 11 de julio de la nueva Junta de Gobierno del Consejo Andaluz.
Con el objetivo de ofrecer cada año un mejor y más eficiente servicio de asistencia gratuita, al que acuden los ciudadanos que no disponen de recursos económicos suficientes para costearse su defensa jurídica ante los tribunales, la previsión presupuestaria para el presente año por parte de la Consejería de Justicia es de 32 millones de euros, de los cuales 30 millones se transfieren al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (para su distribución entre los 11 colegios andaluces) y 2 millones al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales (para su distribución entre los 9 colegios andaluces).
La Junta de Andalucía ha hecho un considerable esfuerzo económico y ha ido aumentando progresivamente los fondos para la justicia gratuita, llegando a quintuplicar en diez años las partidas presupuestarias dirigidas a este servicio, pasando de los 6 millones de 1997 a la cantidad prevista citada de 32 millones durante 2008.
En el marco del nuevo reglamento elaborado para este tipo de asistencia letrada, que entró en vigor el pasado 1 de julio, se prevé además un incremento del 11,2% en las remuneraciones de los letrados del turno de oficio. Se trata del primer aspecto que verá la luz con el citado reglamento, que incluye la creación de las comisiones mixtas entre la Administración de la Junta y los consejos andaluces de Colegios de Abogados y Colegios de Procuradores de los Tribunales, encargadas de abordar las diversas cuestiones previstas en la norma y consensuar, a través de órdenes, su desarrollo normativo.
Los libramientos y forma de pago de las actuaciones profesionales de turno de guardia y turno de oficio, así como los libramientos y forma de pago de los gastos de gestión y funcionamiento colegial, se efectúan trimestralmente a los abogados en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas, por lo que la citada subida en las retribuciones de los abogados se apreciará a partir del 1 de octubre de este año.
En relación con los recursos personales y materiales necesarios para la organización y prestación del servicio, con la implantación del nuevo modelo de financiación se consigue una mejor previsión del presupuesto en aras de aumentar la eficiencia. Como principal novedad incluida en el nuevo reglamento, la Consejería abonará a principios de año el 75% del pago total de este servicio a los 20 colegios de abogados y procuradores, que podrán disponer así de la liquidación necesaria para atender los honorarios que les evite el coste financiero correspondiente.
Prioridad para las víctimas de violencia de género
El nuevo reglamento permitirá a las víctimas de violencia de género tener acceso a una segunda opinión si manifiestan su disconformidad con la estrategia procesal planteada. Asimismo, el texto aprobado por el Consejo de Gobierno posibilita además la libre elección de abogado o abogada del turno de oficio especializado en esta materia. Además, los colegios darán prioridad a la tramitación de solicitudes de asistencia jurídica gratuita cuando las efectúen víctimas de violencia de género, asumiendo una misma dirección letrada la defensa de la víctima en todos los procesos o procedimientos derivados del mismo acto de violencia.
Dicha normativa, que también reconoce los turnos de oficio especializados en menores y extranjería, modifica la composición y funciones de las comisiones de asistencia jurídica gratuita, con sede en cada una de las capitales de provincia y adscritas a la Consejería de Justicia y Administración Pública, y que son los órganos competentes para reconocer este derecho, que garantiza la defensa ante los tribunales de justicia de las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para costearse este servicio.
El reglamento prevé, asimismo, un nuevo sistema de guardias. La Junta de Andalucía no establecerá el número de letrados de guardia por partido judicial y colegio sino que, en el último trimestre de cada año, se determinará el número de guardias que corresponde a cada colegio para el ejercicio siguiente, siendo el propio órgano colegial el encargado de organizar la prestación de las guardias y determinar las necesidades de cada partido judicial, ampliando así el marco organizativo de los colegios.
Desde la perspectiva del compromiso social con la Justicia, la asistencia gratuita es uno de los servicios públicos que el Estatuto de Autonomía contempla en su Título V, en concreto en su artículo 150.1, donde se establece que corresponde a la Junta de Andalucía la competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita, un derecho constitucional que pretende asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva.
Los modelos normalizados de solicitud de asistencia letrada se facilitarán en las dependencias judiciales, en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados y en las sedes de las comisiones de asistencia jurídica gratuita.

Contsa tiene un déficit de 86 millones de euros y 1.653 acreedores

La investigación judicial sobre la contabilidad de Contsa ha confirmado los peores augurios. Las cuentas reales de la empresa arrojan un déficit de más de 86 millones de euros, según el informe presentado por los administradores concursales en el juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que tramita la suspensión de pagos de la sociedad.

Las conclusiones de los tres administradores concursales contradicen rotundamente las cuentas presentadas en febrero pasado por el presidente de Contsa, José Salas Burzón, quien declaró que la empresa tenía sólo 609 acreedores, que el activo rozaba los 80 millones y que el pasivo (las deudas) eran poco más de 49 millones. Con estas cifras, el propietario del grupo llegó a afirmar en una reunión con 1.200 inversores que la empresa disponía de "patrimonio suficiente" para devolver el capital invertido.

La realidad que han puesto de manifiesto los administradores concursales, designados por la juez de lo Mercantil, Teresa Vázquez, es bien distinta, por cuanto Contsa tiene 1.653 acreedores -de los cuales 1.586 son inversores- y un activo de 28,4 millones, menos de la mitad de lo que declaró el propietario, según las valoraciones periciales realizadas sobre los bienes y derechos de la sociedad. El pasivo de la empresa asciende en realidad a 115,2 millones, una cantidad que duplica con creces la que presentó Salas en el juzgado.

De acuerdo con estas cifras, el déficit real de Contsa es de 86.821.935,62 euros, según explicó uno de los administradores concursales, que añadió que en los próximos días cada uno de los acreedores recibirá una comunicación oficial en la que se le trasladará la información relativa al importe que se le adeuda.

En cuanto a la distribución de los 115,2 millones de pasivo, la mayor proporción (94 millones) se concentra los acreedores ordinarios, que estarían en un tercer nivel a la hora de cobrar. Por delante estarían, en primer lugar, los acreedores con privilegio especial, que cuentan con una garantía hipotecaria y cobrarán preferentemente. Este grupo reclama algo más de 11 millones.

Le sigue el grupo de acreedores con privilegio general, que no cuentan con una garantía como la anterior, entre los que se encuentran Hacienda, la Seguridad Social y el 25% del crédito del acreedor que instó el concurso necesario en el juzgado de lo Mercantil. Esta persona acudió al juzgado antes de que Contsa presentara el concurso voluntario para reclamar a la sociedad 903.991 euros en concepto de impago de intereses y del capital que había invertido. En el grupo de acreedores con privilegio general, los administradores concursales han puesto de manifiesto deudas por un importe global de 479.936,25 euros.

En los últimos grupos de acreedores se encuadran los acreedores subordinados, entre los que estarían las empresas vinculadas al grupo Contsa y una veintena de personas que presentaron su reclamación al juzgado de lo Mercantil fuera de plazo. Este grupo representa unos 4,2 millones de la deuda total. En último lugar se encuentran los acreedores subordinados en concepto de intereses (algo más de cinco millones), aunque según las mismas fuentes es muy poco probable que estas personas puedan recuperar estas cantidades, que han sido calculadas hasta febrero pasado, cuando se declaró el concurso.

El documento de los administradores judiciales concluye, en cuanto a las actividades del grupo Contsa, que el objetivo principal de la sociedad era la captación de fondos a través de una "estructura piramidal", por la que se reciben distintas cantidades -generalmente a cambio de un elevado interés- y con este dinero se va sufragando el pago de intereses de otros clientes. En este sentido, el informe es verdaderamente concluyente porque, aunque es cierto que Contsa desarrollaba cierta actividad inmobiliaria, es en cambio mucho más significativa la deuda acumulada con los acreedores que habían invertido en la empresa con la finalidad de obtener una rentabilidad.

Otro de los aspectos destacados del informe de los administradores hace referencia a la contabilidad del Grupo Contsa que, según el documento, no refleja la realidad de la empresa. Entre las deficiencias más destacadas, el informe cita saldos de caja que no existen, ventas falsas y ocultación de decenas de millones de euros del pasivo de la sociedad.

El informe de los administradores es uno de los aspectos fundamentales de la primera fase del concurso abierto tras la suspensión de pagos de Contsa. Ahora se abre un período para que los acreedores puedan impugnar las valoraciones económicas de los administradores si no están de acuerdo con las cantidades reflejadas. Por cada impugnación, el juzgado debe celebrar un juicio, lo que puede demorar durante meses el proceso si se tiene en cuenta el elevado número de acreedores.

Una vez se resuelvan todas las impugnaciones, se podría celebrar una junta de acreedores en la que José Salas podría presentar una propuesta de convenio o, en caso contrario, se procedería a la liquidación de la sociedad y a la venta de bienes. En la reunión que el dueño de Contsa mantuvo con unos 1.200 afectados en marzo pasado les propuso el abono del cien por cien del capital invertido en un máximo de cinco años. Salas, imputado por delitos de estafa y apropiación indebida por la denuncia de varios inversores, planteó entonces el pago de un diez por ciento antes de que transcurriera el primer año, mientras que en los ejercicios siguientes se abonaría el resto, a razón del 15, 20, 25 y 30 por ciento anual. Pero la venta de los activos de la empresa ahora resulta insuficiente para hacer frente a las deudas.

La obra social de Cajasol colabora con el aula de derecho ambiental del colegio de abogados

El director de la Obra Social de Cajasol, Emilio Aragón, y el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, han firmado un convenio de colaboración entre ambas instituciones, por el que aquella Obra Socialcontribuirá a la organización de eventos formativos en la corporación profesional de la abogacía sevillana. El convenio se extiende al patrocinio de las actividades del Aula de Derecho Ambiental del Colegio, que iniciará el próximo octubre su sexto curso.

Acuerdo para seguir formando a jueces y magistrados destinados en Andalucía

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado reiterar su compromiso para la mejora de la Administración de Justicia con la renovación del convenio en materia de formación para jueces y magistrados destinados en la comunidad autónoma andaluza. La consejera, Evangelina Naranjo, y el vocal delegado del territorio de Andalucía del CGPJ, Juan Carlos Campo, han firmado un nuevo convenio en materia formativa para miembros de la judicatura destinados en los órganos judiciales andaluces. La finalidad del acuerdo es mantener la colaboración entre ambas instituciones que tan excelentes resultados ha proporcionado en este sentido, así como incrementar e intensificar la celebración de cursos y actividades dirigidos a la mejora de la Administración de Justicia.
El objetivo de estas actividades, que se celebran por toda la geografía andaluza y que, por lo general, suelen estar especializadas para cada orden jurisdiccional, es propiciar un espacio de discusión y de aprendizaje entre jueces y magistrados, fomentando el análisis y el debate en materias de clara incidencia en la labor judicial en temas que pueden interesar por sus aspectos innovadores o controvertidos, con cuestiones siempre relacionadas con la práctica profesional.
Para la elaboración del programa de actividades para 2008, compuesto por 27 actividades, se han tenido en cuenta las sugerencias recibidas por parte de los asistentes a los cursos y la experiencia de convenios anteriores, así como las innovaciones legislativas previstas para este año y la necesidad de continuar algunas actividades específicamente celebradas en el ámbito de la comunidad andaluza.
El programa del presente año, elaborado por la comisión de seguimiento del convenio y que gestiona la Dirección General de Entidades y Cooperación con la Justicia de la Junta de Andalucía, incluye una ‘Jornada del Gabinete Jurídico de la Junta’, una ‘Estancia en Instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía’, con especial atención al Parlamento, un ‘Seminario sobre Subcontratación’, y cursos como el dedicado a la ‘Mediación familiar y mediación penal. Hacia un nuevo modelo de justicia’, a celebrar en octubre en Jaén.
En total, más de 500 jueces y magistrados, incluidos los destinados en juzgados de Paz que acudirán a las tradicionales jornadas provinciales sobre este ámbito de la Justicia, participarán este año en estas actividades formativas, sufragadas al 50% entre la Consejería de Justicia y Administración Pública y el CGPJ, que han presupuestado 117.000 euros en el marco de este convenio.

El fundamento de la sentencia de los gordales: el recorte de plusvalías no fue arbitrario

El Estado perdió el pleito de Los Gordales porque el planeamiento urbanístico es una potestad que comparten el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Éste es el principal argumento que esgrime la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para tumbar el recurso de la Dirección General de Patrimonio del Estado contra el recorte de las plusvalías urbanísticas que impuso la Junta al Consistorio hispalense en la última fase de redacción del PGOU de Sevilla.

El Estado planteaba en su recurso que sus propiedades fuesen clasificadas como "suelo urbano consolidado", con una edificabilidad acorde con el resto de terrenos de la ciudad, pero los magistrados señalan que la jurisprudencia constitucional (sentencia 164/2001) deja en manos de cada comunidad autónoma la fijación de los criterios de consolidación por urbanización y, por tanto, "qué suelo urbano soporta deberes de cesión y cuál no".

De acuerdo con esta jurisprudencia, el Alto Tribunal andaluz concluye que no ha existido infracción en la clasificación de suelo urbano y en la categoría de no consolidado de la parcela en cuestión. "Precisamente los límites de la realidad hacen que la parcela de Los Gordales merezca la clasificación de suelo urbano y la categoría de no consolidado, pues las infraestructuras actuales son adecuadas para cumplir una efímera función urbanística en el recinto ferial; pero es evidente su limitación para la transformación prevista en la renovación del plan, concretamente la urbanización de un parque público equipado con centros docentes, administrativos y para soportar la edificabilidad que se asigna a usos terciarios", indica la resolución. El tribunal añade que la parcela de Los Gordales debe por tanto ser considerada como suelo urbano no consolidado, de acuerdo con el artículo 17.4 de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que concede esta clasificación a "las superficies en este tipo de suelo que tengan una situación periférica o aislada, o constituyan vacíos relevantes" y que deben ser considerados como un sector o una zona "a efectos de ser ordenado".

El Estado también impugnó por "inmotivada" y "arbitraria" la reducción de la edificabilidad lucrativa para usos terciarios en la parcela de Los Gordales, y estimó que atentaba contra la autonomía municipal, dado que había sido impuesta por la Junta a la hora de revisar el nuevo planeamiento. El TSJA desmonta este argumento con otra sentencia, en este caso del Tribunal Supremo (STS de 26 de septiembre de 2006) que establece la "potestad compartida" de los ayuntamientos y Comunidades autónomas en materia urbanística. Esta resolución señala que la diversidad de los intereses concurrentes en el ámbito del urbanismo hacen del planeamiento una potestad de titularidad compartida por los municipios y las comunidades autónomas, reservando a éstas el control pleno de los aspectos reglados del plan y sobre los "aspectos discrecionales que inciden en materias de interés supramunicipal y comunitario, al entenderse siempre predominante éste sobre el puramente local o municipal".

Con este razonamiento, el TSJA llega a la conclusión de que "no puede entenderse que la Administración autonómica haya ejercido un control arbitrario de oportunidad; el control ha sido sobre aspectos discrecionales como el concepto de edificabilidad y no de oportunidad, pues en base a los preceptos indicados el control ha sido de legalidad". Para los jueces, la modificación de la edificabilidad en la parcela de Los Gordales no atenta al principio de autonomía municipal, "en la medida en que la Administración municipal asumió la modificación de la edificabilidad y la incorporó al texto normativo".

La consejera elude pronunciarse sobre el número de juzgados que se crearán en Sevilla el próximo año

La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo ha eludido pronunciarse sobre los nuevos juzgados que se crearán en Sevilla el próximo año, aunque sí se ha congratulado de que serán 29 los órganos que entrarán en funcionamiento en toda Andalucía. Su departamento tampoco quiere ofrecer los datos provinciales, en una decisión para la que no se aporta una explicación coherente. El Ministerio de Justicia tampoco conoce donde irán los 29 nuevos juzgados. Desde Justicia sevillana no alcanzamos a entender por qué ese interés en ocultar el número de juzgados que se crearán en Sevilla, salvo que, como mucho nos tememos, el número sea muy insignificante para las necesidades de la provincia. Los jueces han reclamado de forma insistente en los últimos meses que se creen al menos dos nuevos juzgados de lo Penal para evitar nuevos casos Mari Luz y poder atender adecuadamente las ejecutorias. También han pedido un nuevo juzgado de Vigilancia Penitenciaria, con motivo de la entrada en funcionamiento de la cárcel de Morón. ¿Estarán estos juzgados incluidos en las previsiones de la Junta? Tiempo al tiempo....

El TSJA ordena investigar una presunta prevaricación en la convocatoria de la plaza del director del Instituto del Taxi

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado que se abra una investigación penal para tratar de esclarecer la presuntas irregularidades detectadas en la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Sevilla a finales de 2003 para elegir al nuevo director del Instituto del Taxi, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.

Los supuestos delitos fueron detectados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal a la hora de resolver un recurso que había presentado el Consistorio contra una sentencia que dio la razón al sindicato CCOO y decidió anular el anuncio que se publicó en la prensa relativo a la convocatoria de este puesto de alta dirección.

El juez de lo Contencioso que abordó en primera instancia la demanda del sindicato dictó una sentencia en la que anuló dicho anuncio porque en el mismo se habían modificado, "por el Instituto del Taxi", los requisitos de para acceder a la plaza. La convocatoria del Ayuntamiento realizada el 11 de diciembre de 2003 especificaba entre los requisitos que el candidato tenía que ser licenciado en Derecho y contar con experiencia en el sector del transporte y en el ámbito de la gerencia. En cambio, el anuncio que apareció en los periódicos modificaba algunos de esos requisitos: sólo se exigía un título de grado medio y se valoraría la experiencia en el sector del transporte.

El sindicato demandante consideraba que al no exigir el título superior se podría estar incurriendo en una "desviación de poder", con el objetivo de "contratar a quienes habían sido seleccionados". El juzgado de lo Contencioso consideró que la alteración de la resolución de la convocatoria en la publicación "implica la existencia de desviación de poder".

En ese anuncio, también se modificó la fecha de la resolución del Consistorio, "una alteración que no se ha justificado", según destaca la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dictada en mayo pasado.

Para los magistrados, la alteración del concurso llevada a cabo a la hora de proceder a la publicación de la oferta de la plaza, al haber cambiado los requisitos recogidos en la convocatoria "podría ser constitutiva de delito, al modificarse la resolución en la remisión para su publicación, para favorecer el nombramiento de personas que carecían de los requisitos inicialmente exigidos".

En consecuencia, el Alto Tribunal andaluz, una vez analizado el recurso del Ayuntamiento, acordó la "deducción de testimonio" al Juzgado de Instrucción de Sevilla que corresponda por turno para "dilucidar las posibles responsabilidades penales en que se hubiera podido incurrir".

El juzgado de Instrucción número 8 ha abierto diligencias previas por este caso y ha comenzado a investigar las presuntas irregularidades en la convocatoria de la plaza del director del Instituto del Taxi.

Asesinan al transexual que se manifestaba en los juzgados

Un juzgado de Sevilla está investigando el asesinato del transexual que se manifestaba en los juzgados contra la "mafia policial", que no paraba de lanzar proclamas contra esta supuesta mafia a través de un auricular de teléfono con el que aparentaba estar siempre conversando con alguien. Esta persona, de gran altura, no pasaba desapercibida en los juzgados del Prado de San Sebastián, pero con el tiempo se había convertido en uno de los personajes habituales que campan cerca de los órganos judiciales. El cuerpo del transexual fue hallado el pasado 11 de julio en su domicilio de la Barzola y con un herida de arma blanca en el tórax...
Las asociaciones de transexuales han pedido a la Policía que esclarezca cuanto antes este crimen, que ya investiga el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía.

El Estado pierde el pleito de los Gordales, ¿qué pasará con la Ciudad de la Justicia?

El Estado ha fracasado en su litigio contra el recorte de las plusvalías en la cesión de Los Gordales, pero la sentencia dictada ayer por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sigue dejando en la más absoluta incertidumbre el proyecto de creación de la Ciudad de la Justicia en esta parte de Sevilla.

El motivo es que esta resolución, que ha tumbado las pretensiones de la Dirección General de Patrimonio del Estado, no es firme y puede ser recurrida aún por el Estado ante el Tribunal Supremo. Las Administraciones estatal y la Junta de Andalucía estaban negociando la posibilidad de que el pleito muriera en primera instancia, que ninguna de las Administraciones recurriera el fallo que ahora ha dictado el TSJA, pero a fecha de hoy sólo la Junta de Andalucía se había mostrado partidaria de ese pacto. El Estado no se ha pronunciado al respecto, como tampoco lo hizo cuando se le pidió que retirara el recurso presentado contra el nuevo planeamiento urbanístico.

Un posible recurso de Patrimonio del Estado bloquearía nuevamente y durante varios años -el Supremo suele tardar de media más de dos años en resolver los recursos, en función de la complejidad de los mismos- los planes de cesión de los terrenos de Los Gordales a la ciudad. Con ello no sólo se paraliza la Ciudad de la Justicia, sino que también pone en riesgo el traslado de otras iniciativas como la Feria de Abril al Charco de la Pava -previsto en principio para 2010-, el proyecto del futuro campus de la Universidad Hispalense o la creación de más zonas verdes en la barriada de Los Remedios. Además del campus universitario, que se emplazaría en los actuales terrenos de la Feria, el PGOU contempla equipamientos públicos y usos terciarios para esta zona de la ciudad. En principio, la Universidad de Sevilla pretende trasladar a este solar de Los Remedios la Facultad de Bellas Artes y la Escuela Politécnica, y el Ayuntamiento ha propuesto asimismo la creación de una biblioteca para el barrio.

El litigio promovido por la Dirección General de Patrimonio del Estado contra la aprobación definitiva del PGOU se sustentaba básicamente en el recorte de las plusvalías urbanísticas que impuso la Junta al Ayuntamiento durante la última fase de redacción de la norma. El recurso se extendía a otras tres parcelas más de titularidad estatal, en las que Patrimonio consideraba que la calificación que el PGOU otorgaba a sus propiedades era "arbitraria", carecía de motivación y atentaba contra el principio de autonomía local.

La sentencia del Alto Tribunal andaluz desmonta los argumentos de la Administración estatal y ratifica el recorte de las plusvalías que acordó la Junta de Andalucía, responsable en última instancia de la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico.

El robo de los 100 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura

Los más de 100 kilos de cocaína y heroína sustraídos en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante alcanzan en el mercado negro un valor de cinco millones de euros. Un día después de que se destapara que la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional investiga el robo de la droga, las pesquisas apuntan claramente a que el delito se cometió con toda probabilidad desde dentro de la sede policial. Las sospechas se centran inicialmente sobre los propios agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), que tenían encomendada la custodia de los alijos intervenidos en las distintas operaciones antidroga. La cantidad de droga sustraída oscila entre los 100 y los 150 kilos, de los cuales una cuarta parte es heroína y el resto, cocaína. Los estupefacientes fueron sustraídos de forma gradual, en pequeñas cantidades y en un período de tiempo inferior a un año. Para no levantar sospechas, el autor de las sustracciones fue sustituyendo la droga por otras sustancias de un color y textura similares, lo que evitó que se echaran en falta las sustancias estupefacientes hasta que un juzgado ordenó, hace aproximadamente un mes y medio, la práctica de un contraanálisis de uno de los alijos que se custodiaban en los sótanos de la Jefatura. La realización de esa prueba fue solicitada por un abogado defensor, dentro de una práctica habitual en los delitos contra la salud pública, donde es muy común que las defensas reclamen la realización de ese contraanálisis que tiene, entre otras finalidades, garantizar la cadena de custodia: que no ha habido ningún error sobre el alijo intervenido al presunto traficante y las otras sustancias estupefacientes que están a disposición policial y que proceden de otras aprehensiones. La legislación vigente establece que los alijos deben ser destruidos por orden judicial y a la mayor brevedad posible, siempre y cuando se haya procedido a su análisis y se reserven las muestras suficientes para los preceptivos análisis alternativos.En el contraanálisis se descubrió precisamente que la droga había sido sustituída por otra sustancia, lo que motivó el inicio de la investigación por parte de la unidad de Asuntos Internos de la Policía y la apertura de una investigación judicial sobre la que se ha decretado el secreto de sumario. La Fiscalía hispalense también fue informada de la desaparición de la droga.En cuanto a la autoría de los robos, cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que el presunto autor de los mismos puede ser un funcionario de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Sevilla, que está integrada por varias decenas de agentes. La droga estaba almacenada en unos antiguos calabozos que hay en los sótanos de la Jefatura de Blas infante, en una zona muy vigilada y con fuertes medidas de seguridad. En ese sotano hay muchas celdas, algunas de ellas individuales, otras para dos personas e incluso algunas con capacidad para albergar a un grupo de entre 15 y 20 personas. Son precisamente estos calabozos más amplios los que la Udyco utilizaba a modo de depósito para las sustancias que iba interviniendo en su quehacer cotidiano. La entrada al sótano de la sede policial donde están las celdas está controlada por una cámara de vigilancia y para acceder al calabozo en el que se guardaban las sustancias estupefacientes hay que abrir tres cierres: dos candados con llaves distintas y una tercera llave maestra. Como ninguno de estos cerrojos presenta signos de haber sido forzado, los agentes de la unidad de Asuntos Internos encargados de la investigación sospechan que el ladrón pudo acceder al almacén con las llaves originales o con una copia de las mismas. Fuentes del caso explicaron ayer que la investigación está muy avanzada y podría dar resultados en breve, con la detención del presunto responsable de la sustracción de los más de 100 kilos de cocaína y heroína. Asuntos Internos también trata de averiguar el destino final de la droga robada, si acabó de nuevo en el mercado ilícito, aunque este extremo será difícil seguirle la pista por el propio modus operandi que empleó el ladrón, al realizar diversas sustracciones y cambiar la droga por otras sustancias.La sustracción de los estupefacientes ha generado un gran malestar en el seno de Policía de Sevilla y en la propia Udyco, una unidad que desde su creación ha cosechado importantes éxitos en la lucha contra el narcotráfico.

Caso Hytasa: La juez archivará la vía penal tras ser indemnizada la familia

Al final no han hecho falta los tres informes contradictorios que el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho llegar al juzgado para tratar de expiar su responsabilidad por el hecho de que estuviese apagado desde hace varios meses el semáforo donde murió atropellada la funcionaria Consuelo González. La Fiscalía ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, que investiga el caso, en el que solicita precisamente el archivo de la causa, una decisión que se produce después de que la compañía aseguradora del camión, Allianz, haya indemnizado al hijo de la fallecida y éste haya renunciado a continuar las acciones legales contra el conductor del vehículo.El escrito remitido por el Ministerio Público al juzgado parte de la comparecencia que realizó en el juzgado el pasado 23 de junio el hijo de Consuelo González, quien confirmó que ha sido indemnizado "a su plena satisfacción" tras haber recibido 122.000 euros por el fallecimiento de la mujer.Tras esta comparecencia y teniendo en cuenta que la Fiscalía hispalense considera que los hechos sólo podían ser constitutivos como una falta de imprudencia leve -que aparece tipificada en el artículo 621.2 del Código Penal-, el Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento de la causa porque, según la misma norma, este tipo de infracciones no son perseguibles de oficio por parte de la acusación pública. El artículo 621.6 señala a este respecto que estas infracciones de carácter leve, por las que cabría imponer una multa de uno a dos meses, "sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal".Y como el hijo de la víctima renunció en la comparecencia a "cualquier tipo de acción, civil o penal, que pudiera corresponderle contra el conductor" del vehículo, la Fiscalía considera que no es posible continuar el procedimiento "al faltar un requisito esencial", en este caso, la denuncia del perjudicado.El escrito del fiscal concluye finalmente que "al no poder seguir el procedimiento penal, que se dirigiría en su caso contra el conductor del camión como responsable penal y civil, así como contra los que se estimaran responsables civiles directos o subsidiarios, por lo ya expuesto, es ajustado a Derecho decretar el sobreseimiento y archivo de la causa, sin perjuicio de otras consideraciones, ajenas al ámbito penal". La posible responsabilidad municipal por dejar apagado el semáforo hasta la fecha del accidente podría enmarcarse dentro de la posible responsabilidad civil subsidiaria y, en este sentido, una de las primeras diligencias que solicitó el fiscal del caso reclamaba a la juez que incorporara al proceso a la compañía aseguradora de la entidad encargada de la instalación de los grupos semafóricos, además de la asegurada de la empresa para la que trabaja el conductor del camión que causó el trágico desenlace.Esa responsabilidad también estaría detrás de las manifestaciones del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien poco después del siniestro se ofreció a pagar una indemnización a los familiares de la víctima, como ya hiciera en otros sucesos como el derrumbe del muro del antiguo Bazar España o del apedreamiento de una niña en El Vacie, aunque en este último caso la familia se ha visto obligada a acudir a los tribunales porque el Ayuntamiento se ha negado a pagar la indemnización que se le reclamó.La Fiscalía llegó a la conclusión de que el atropello de la funcionaria no podía considerarse como un delito de homicidio imprudente debido a los informes policiales sobre el accidente y al testimonio de los testigos presenciales del accidente, quienes confirmaron que el conductor del camión que atropelló a la mujer el 28 de mayo pasado se detuvo en dos ocasiones ante el paso de cebra de la avenida de Hytasa, donde el semáforo se encontraba apagado desde hacía más de seis meses.Tras la petición de la Fiscalía hispalense, la juez de Instrucción archivará ahora la causa por el atropello de Hytasa, lo que no implica que el hijo de la fallecida no pueda emprender nuevas acciones contra el Ayuntamiento por el hecho de que el semáforo permaneciera sin funcionar durante los meses previos al atropello de su madre. Es más, en la comparecencia, el heredero de la fallecida ya expuso que se reservaba el derecho a actuar contra el Consistorio hispalense por este motivo. La vía que tiene abierta el hijo de Consuelo González consiste en exigir, primero en vía administrativa y en caso de que sea rechazada acudiendo a un procedimiento Contencioso-Administrativo en los tribunales, una responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal del servicio público relacionado con el mantenimiento de los semáforos instalados en la avenida de Hytasa.

El decano de los abogados sale en defensa del juez Tirado y provoca la reacción del padre de Mari Luz

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, condenó ayer el "injusto y cruel enjuiciamiento social, mediático y político" que está padeciendo el juez Rafael Tirado, expedientado por haberse demorado en el encarcelamiento del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Gallardo ha reclamado que el Ejecutivo "respete escrupulosamente la independencia del Poder Judicial", pues considera "lamentable que miembros del Gobierno se pronuncien públicamente sobre un expediente que corresponde resolver al órgano de gobierno de los jueces" con "absoluta independencia, sin presiones de ningún tipo y con exquisito respeto a la legalidad aplicable".
Las declaraciones del decano de los abogados ya han provocado la reacción de Juan José Cortés, padre de Mari Luz, quien ha asegurado que los errores del juez Tirado no tienen "justificación". El padre de la menor cree que las manifestaciones de los abogados representan un nuevo intento de querer "encubrir los errores de un compañero". La polémica continúa y sigue calentando el expediente abierto al magistrado sevillano.

Aumentan los delitos contra la seguridad vial: un millar de conductores han sido condenados en sólo seis meses

Más de un millar de condenas en sólo seis meses. Las estadísticas de la Fiscalía reflejan un importante incremento de los delitos contra la seguridad vial durante el primer semestre de este año, tras la reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2007 y que endureció las penas para las infracciones al volante, sobre todo las relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol, a velocidad excesiva y sin el preceptivo carné de conducir.

Los juzgados de Sevilla dictaron entre enero y junio de este año 1.033 sentencias por este tipo de delitos. La inmensa mayoría de estos procedimientos acabaron con la condena del conductor, en 1.023 casos, mientras que sólo diez fueron absueltos. De las más de un millar de condenados, 966 eran hombres y 62 mujeres.

Por el tipo de infracción cometida, las estadísticas de la Fiscalía reflejan que 633 personas han sido condenadas hasta junio pasado por conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, mientras que otras 391 fueron sorprendidas cuando conducían sin permiso. Estas casi 400 personas que circulaban sin carné fueron detenidas en los meses de mayo y junio, dado que la reforma del Código Penal que castiga con penas de prisión estas conductas entró en vigor el 1 de mayo. Estas condenas representan una media diaria en este período de seis conductores detenidos por este motivo.

La reforma del Código Penal que supuso la ley 15/2007 también introdujo la posibilidad de castigar con penas de tres a seis meses de prisión o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días a los conductores que circularan con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro. El fiscal delegado de Seguridad Vial en Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León, recoge precisamente que en el primer semestre hay 238 conductores que arrojaron una tasa de alcohol de entre 0,60 y 0,80 miligramos por litro; otros 198 que llegan al nivel de un gramo; y 104 más que incluso lo superan, lo que representa que estas personas estaban conduciendo en estado de completa embriaguez. De hecho, según recoge la memoria, cuando se circula con 0,5 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, las posibilidades de causar un accidente "se multiplican por tres", y si el nivel es de 0,8 miligramos, hay que multiplicar por 16.

El fiscal también señala que mayo y junio son los meses en los que se dictaron un mayor número de sentencias, precisamente tras el aumento de las penas por circular sin permiso -antes se castigaba como una simple infracción administrativa, sin pena de prisión-. Así, los jueces dictaron en mayo 240 sentencia condenatorias y 349 en el mes de junio, lo que muestra la incidencia de la reforma. Muchas de estas condenas han sido impuestas en el juzgado de Guardia, al que son conducidos los conductores detenidos y a los que se ofrece la posibilidad de reducir un tercio la posible pena si el acusado muestra su conformidad con los cargos de la Fiscalía.

La condena de prisión máxima que han impuesto los jueces sevillanos en el primer semestre es de un año y tres meses de cárcel, mientras que la mínima es de dos meses. Los conductores también han sido sancionados con multas que oscilan entre los 240 y los 2.160 euros, con trabajos en beneficio de la comunidad de entre 20 y 40 días, y con privación del derecho a conducir entre ocho y 32 meses. En principio, ninguno de los conductores tendría que ingresar en prisión, pero las posibles repercusiones son importantes, dado que la suspensión de la pena se suele supeditar a que el inculpado no vuelva a cometer un delito en los próximos dos años, por lo que si es detenido nuevamente por cualquier otro delito, tendría que cumplir la pena. Lo mismo le ocurriría al conductor que no pague la multa impuesta.

La Fiscalía pide cárcel para dos alcaldes de Morón por conceder licencias ilegales

La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha solicitado una condena de 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para dos alcaldes de Morón de la Frontera, el actual, Manuel Morilla (PP), y su antecesor en el cargo, José Párraga (PSOE), por haber autorizado el ejercicio de actividades industriales en suelo rústico.

El escrito de acusación del Ministerio Público sostiene que ambos regidores permitieron que en el denominado Polígono 81 de la localidad se instalasen actividades industriales a pesar de que el suelo está catalogado como no urbanizable y sólo se podían autorizar usos agropecuarios.

La Fiscalía detalla en su escrito de acusación las licencias que autorizaron ambos regidores entre los años 2001 y 2005 en relación con el Polígono 81 y que, a su juicio, constituyen un delito continuado contra la ordenación del territorio. En este período, los alcaldes de Morón concedieron licencia de apertura para un aparcamiento de camiones, un taller de neumáticos, un centro de lavado y engrase de vehículos, además de una empresa de tapicería de muebles.

El Ministerio Público considera que Manuel Morilla y José Párraga incurrieron en el delito porque en, al menos, ocho plenos municipales se advirtió de la "ilegalidad" de las licencias y de las consecuencias que estaban sufriendo los vecinos de la carretera de la Alcoba, que se quejaron de los ruidos excesivos por la entrada y salida de vehículos, sobre todo en horas de madrugada. Los vecinos solicitaron en cuatro ocasiones la suspensión de la actividad, el precinto de las instalaciones o la adopción de medidas para reducir la contaminación acústica, pero sus demandas nunca fueron atendidas.

En el caso del aparcamiento de camiones autorizado en el Polígono 81, con capacidad para 150 vehículos, el arquitecto municipal emitió un informe negativo, dado que la actividad era incompatible con el uso que se otorgaba al suelo en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la localidad. El entonces alcalde, José Párraga, según la Fiscalía, no abrió ningún expediente sancionador ni adoptó medida alguna para paralizar o precintar las instalaciones hasta el año 2003, cuando fue sustituido en el cargo por el también imputado Manuel Morilla.

El nuevo regidor llevó a cabo una "política de consolidación de un polígono industrial en una zona completamente ajena a la legalidad vigente", precisa el relato del Ministerio Público, que insiste en que Morilla permitió que continuase una actividad que, en la actualidad, ha sido paralizada de forma cautelar -y sólo en horario nocturno- por la autoridad judicial competente.

Las otras actividades que fueron autorizadas en el mencionado polígono también contaron con informes desfavorables del arquitecto municipal o del secretario general del Ayuntamiento, pero fueron autorizados sobre la base del permiso que se concedió en 1986 para construir una nave algodonera, una actividad que, en cambio, sí era autorizable.

Los padres de Mari Luz insisten en responsabilizar al juez Tirado

Juan José Cortés e Irene Suárez, los padres de Mari Luz, se concentraron ayer a las puertas de los juzgados de Sevilla, acompañados por algo más de un centenar de personas, para exigir la expulsión de la carrera judicial del magistrado Rafael Tirado Márquez, a quien "responsabilizan" de la muerte de la pequeña onubense.

Al término de la protesta, Juan José Cortés leyó un manifiesto en el que no dudó en afirmar que su hija habría "salvado la vida" si el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla hubiera actuado "con diligencia". El padre de Mari Luz sostuvo que, si bien el "culpable" de la muerte es Santiago del Valle, el juez es "responsable" de lo ocurrido porque "dejó durante seis años libre" al pederasta y en este tiempo Del Valle cometió "seis delitos" con impunidad y a pesar de que había sido condenado por abusar sexualmente de su propia hija.

La "cadena de errores judiciales muy graves" que se han producido en este caso merecen, a juicio de Juan José Cortés, la "máxima" sanción que la ley orgánica del Poder Judicial establece para las infracciones muy graves: la "expulsión" de la carrera judicial.

Juan José Cortes pidió a los jueces que abandonen el "corporativismo" y sean "imparciales", porque "hay una mayoría de jueces honrados" y lo que le ocurrió a su hija Mari Luz requiere que haya una "Justicia justa". El padre de la pequeña criticó que el juez no les haya pedido disculpas y señaló que Rafael Tirado tiene el mismo sentimiento "de no culpa que los pederastas".

En cuanto a las alegaciones del magistrado sobre la sobrecarga de trabajo de su juzgado, Cortés consideró que se trata de una "excusa barata porque todos los jueces de España tienen mucho trabajo y él encontró muy rápido el archivo de Santiago del Valle después de que fuera detenido". En este sentido, el padre recordó que tan sólo unos meses antes del asesinato, el CGPJ ya apreció un retraso en el juzgado de lo Penal número 1 y añadió que el juez también había sido sancionado con 300 euros por otro retraso en la tramitación de asuntos.

Por su parte, la madre de Mari Luz, Irene Suárez, indicó que el juez "lleva a sus espaldas una muerte" y, al igual que su marido, se quedaría "satisfecha" únicamente con la expulsión del magistrado de la carrera.

Los padres de Mari Luz estuvieron apoyados durante la concentración por los familiares de otras víctimas de delitos violentos, como Antonia Castro, madre de Juan Holgado, que fue asesinado en una gasolinera de Jerez de la Frontera hace 13 años, y la familia de la joven que en diciembre de 2005 recibió un disparo en la cabeza de su compañero sentimental en la barriada sevillana de Los Pajaritos.

Los manifestantes lanzaron gritos de "jueces no, Justicia sí", "juez Tirado a la calle", y algunos incluso llegaron vociferar "asesino" y "corrupto", en alusión al juez Rafael Tirado. La Guardia Civil y la Policía Nacional incrementaron ayer la presencia de agentes a las puertas de los juzgados, para evitar el acceso a la sede de los manifestantes.

Los padres de Mari Luz llevan ya recogidas más de un millón y medio de firmas para pedir un endurecimiento de las condenas.

Las condenas del pederasta

Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, fue condenado esta semana a otros dos años y medio de cárcel por un delito de abusos sexuales y coacciones a una menor en Gijón. Con esta condena, que el pederasta aceptó sin necesidad de que se celebrara el juicio, Santiago del Valle acumula ya tres sentencias condenatorias firmes por delitos de abusos sexuales y que suman un total de seis años y 15 meses de cárcel.

La espiral de juicios y probables condenas en las que está inmerso el pederasta, de 43 años, pueden llevarle a sumar condenas que superen los 30 años, incluyendo la posible pena que puede imponérsele en caso de que sea hallado culpable del asesinato de la pequeña onubense. Los límites de cumplimiento máximo de penas que establece el Código Penal podrían limitar a 25 años el tiempo que Santiago del Valle estaría en prisión, aunque tendrá muy complicado acceder a beneficios penitenciarios mientras permanezca en prisión. De hecho, en el caso del pederasta existen unas variables de riesgo que podrían retrasar un primer permiso carcelario hasta que llevara más de una década en la cárcel. Entre estos factores negativos, según han apuntado fuentes próximas a Instituciones Penitenciarias, pueden citarse la continuidad delictiva del reo, su tendencia a la pedofilia, la pluralidad de víctimas, la puesta en riesgo de la integridad física de las personas, el no reconocer su culpabilidad y la alteración psíquica que padece.

La suma de estas variables complicarán sobremanera la posibilidad de conceder beneficios penitenciarios a un interno cuyo caso será observado con estricta meticulosidad, y que ya está sometido a un régimen especial de protección dentro de la cárcel, donde no tiene contacto con otros reclusos por motivos de seguridad.

Hasta ahora, Santiago del Valle había logrado aprovecharse precisamente de los errores judiciales y de la falta de antecedentes firmes para evitar su encarcelamiento, a pesar de que es un individuo que desde hace muchos años frecuenta los juzgados, bien como denunciante o como denunciado por la comisión de hechos presuntamente delictivos.

La condena más conocida de Santiago del Valle y que ha desatado el mayor escándalo en el seno de la Justicia española de los últimos años es la que dictó en 2002 el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, que le condenó a dos años y nueve meses de prisión por abusar sexualmente de su propia hija. Esta sentencia no fue confirmada por la Audiencia de Sevilla hasta finales de 2005, lo que posibilitó que otro juzgado de la capital andaluza, el Penal número 4, concediera la suspensión provisional de otra condena de dos años de prisión que le fue impuesta en 2004 por abusar de una niña en Sevilla.

Con posterioridad, el juzgado revocó esa suspensión y ordenó que Santiago del Valle cumpliera también esta pena, al constatar el magistrado que se había producido "un incremento exponencial de su peligrosidad criminal", por lo que, en su opinión, no resulta razonable que una persona con estas características criminológicas siga disfrutando de la suspensión de condena o haya que esperar a la firmeza de las sentencias ya dictadas en primera instancia para proceder a una revocación del beneficio concedido al reo.

A los seis años y 15 meses de prisión que Santiago del Valle acumula por los tres casos de abusos sexuales y coacciones sobre los que han recaído resoluciones firmes, se suman otros tantos procedimientos judiciales que todavía tiene abiertos el pederasta.

Uno de los casos que se resolverá en los próximos meses guarda relación con su traslado a Gijón para acosar a una menor de 13 años, dado que Santiago del Valle intentó vender el piso que había alquilado mientras permanecía en la localidad asturiana. Por esa estafa, el individuo fue condenado a otros ocho meses de prisión, aunque esta sentencia fue recurrida y está pendiente de la decisión que en su día adopte la Audiencia de Asturias.

Pero el pederasta irá sumando en los próximos años nuevas condenas, tan pronto como vayan finalizando las investigaciones judiciales abiertas y se celebren los juicios. Uno de los procesos más adelantado es el que tiene que juzgarse en los próximos meses en Sevilla, en relación con los supuestos abusos a otra niña de cuatro años, a la que el pederasta abordó en un patio comunitario el 8 de diciembre de 2006. Por estos hechos, la Fiscalía le ha pedido la máxima condena por un delito de abusos sexuales, que es de tres años de prisión.

Sin duda, la condena más grave que puede caerle a Del Valle es la que guarda relación con la desaparición y muerte de la pequeña Mari Luz, donde la Fiscalía y la acusación particular apostará previsiblemente por reclamar las condenas máximas, una rigurosidad que le perseguirá durante su estancia en las penitenciarías.

La derivación política del atropello mortal en Hytasa, que investiga el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla

Las delegaciones de Movilidad y Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla se culpan mutuamente de que el semáforo de la avenida de Hytasa donde murió una funcionaria en mayo pasado no estuviera funcionando. El caso está siendo instruido en el juzgado número 19 de la capital, cuya titular dispone de dos informes contradictorios remitidos por estas concejalías.
Lo cierto es que, según el último informe -elaborado por Urbanismo-, la delegación municipal de Movilidad recibió al menos tres peticiones en tres meses para que pusiera en funcionamiento los semáforos de la avenida de Hytasa donde murió atropellada la funcionaria Consuelo González Gutiérrez. El accidente se produjo el 28 de mayo, pero desde el mes de febrero la empresa Aguilera Nogales, adjudicataria de las obras de reurbanización en la zona, venía reclamando la puesta en funcionamiento de los grupos semáforicos, una petición que no obtuvo respuesta hasta las horas posteriores a la trágica muerte.La primera comunicación de Aguilera Nogales a la empresa municipal de conservación de semáforos (SICE) tuvo lugar el 13 de febrero, un día después de que se constatara que el semáforo en cuestión, ubicado en el cruce de la avenida de Hytasa con la calle Galicia, estaba apagado por los continuos robos del cableado, según consta en los documentos del expediente administrativo que han sido elevados al juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, que investiga el accidente. La solicitud de reparación de los dispositivos fue reiterada por la empresa adjudicataria al mes siguiente, en un escrito dirigido a la misma empresa municipal con fecha 4 de marzo. La última comunicación se produjo el día 9 de abril. En este último escrito, la empresa adjudicataria de las obras insiste en los problemas con los semáforos y en la necesidad de que se lleve a cabo una reunión prevista con Tráfico.Ninguno de estos tres requerimientos fueron atendidos por la empresa municipal SICE, dependiente de la Delegación de Movilidad, que decidió dejar los semáforos sin servicio hasta que finalizaran las obras de reurbanización y pudieran funcionar de forma definitiva. Los trabajos finalizaron el 16 de mayo, fecha en la que Tráfico instaló la unidad semafórica, pero la mantuvo sin corriente hasta el día 28 de mayo, cuando se puso en funcionamiento después del accidente mortal, según otro de los documentos que obra en el expediente administrativo.La juez cuenta actualmente con dos informes en los que la Delegación de Movilidad y la Gerencia de Urbanismo se culpan mutuamente del hecho de que el semáforo permaneciera apagado. El primero fue remitido al juzgado por el departamento que dirige el edil Francisco Fernández el 2 de junio, el mismo día en que fue solicitado por la juez instructora mediante fax. En esta respuesta, Fernández defiende que el semáforo estuvo en funcionamiento hasta el 1 de octubre de 2007 -una fecha que contrasta ampliamente con la del 12 de febrero, que da por válida Urbanismo- y que el apagón obedeció a las obras de reurbanización que realizaba Aguilera Nogales.La Delegación de Urbanismo no fue informada de inmediato ni tuvo comunicación alguna del oficio del juzgado y de la respuesta que había dado la Delegación municipal de Movilidad. Según consta en el segundo informe -elaborado por la empresa adjudicataria, Aguilera Nogales, la dirección facultativa de la obra y el subjefe de servicio de la unidad administrativa del plan de barrios- no fue hasta el día 6 de junio, cuatro días después de la primera respuesta municipal al juzgado, cuando se facilitó a la Delegación de Urbanismo el informe redactado por Movilidad. Hasta ese momento, según este segundo informe, no se pudo comprobar por tanto que el contenido no se ajustaba a los hechos y circunstancias que la documentación que obra en el expediente administrativo pone de manifiesto.En el expediente administrativo del caso también aparecen otras muestras sobre el evidente desencuentro entre las delegaciones de Movilidad y Urbanismo. Tras el accidente de Hytasa, Francisco Fernández remitió dos cartas a Emilio Carrillo, con fechas 29 de mayo y 2 de junio. Una copia de estas misivas, cuyo contenido no ha trascendido, fueron enviadas también por el concejal de Movilidad al resto de delegados que conforman el equipo de gobierno municipal.

Caso Mari Luz: ¿condena anticipada?

La polémica suscitada en torno a la sanción que puede imponerse al juez Rafael Tirado por los errores del caso Mari Luz es aventurada, porque ni el expediente disciplinario ha finalizado ni el castigo puede ser una multa leve, como se ha comentado. Para empezar, la comisión disciplinaria del CGPJ abrió una investigación contra el titular del juzgado de lo Penal número 1 por una falta muy grave de desatención en relación con los errores y omisiones del caso Mari Luz. De acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, estas faltas se castigan con suspensión, traslado forzoso o expulsión de la carrera. Ninguna de ellas es una sanción leve.La publicación esta semana de que el máximo órgano de gobierno de los jueces se inclinaba, hipotéticamente, por imponer una sanción leve al magistrado, en concreto, una multa de entre 1.000 y 6.000 euros, han vuelto a situar al juez en el centro de todas las miradas. Los padres de la pequeña Mari Luz han criticado con dureza esta hipotética sanción e incluso han convocado una manifestación el próximo día 7 de julio en los juzgados de Sevilla para protestar contra lo que considera una "estafa y engaño de la Justicia". Los padres se han mostrado "indignados" porque, según han comentado, el lema que habían defendido hasta ahora de "una justicia justa" para su hija "se está desvaneciendo". Juan José Cortés fue más allá al decir incluso que si no se expulsa al magistrado de la carrera se habrá cometido "un atentado contra la dignidad judicial, un asalto a las leyes y a la Justicia española". En este nuevo rebrote de la crisis judicial que representó el caso Mari Luz, el CGPJ se ha apresurado a desmentir que haya una decisión al respecto, porque el expediente disciplinario abierto al juez Rafael Tirado sigue actualmente tramitándose y el asunto ni siquiera se ha debatido en el seno de la comisión disciplinaria. El mismo día que se publicaba la supuesta noticia sobre la posibilidad de imponer una multa leve, el juez Tirado, la secretaria judicial y los funcionarios del juzgado declaraban ante instructor del caso y el fiscal jefe de Extremadura. Todavía no existe, por tanto, una propuesta formal de sanción, que deberá efectuar el instructor una vez concluya la investigación. Las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en las que anuncia una intervención "hasta el final" de la Fiscalía, contra una sanción leve, en todo caso, tampoco propician el clima de trabajo adecuado para la labor que deben llevar a cabo los órganos del Poder Judicial.Desde un primer momento los jueces, no sólo de Sevilla, sino de toda España, han coincidido en que la excesiva carga de trabajo de los juzgados de lo Penal imposibilita que se pueda llevar un exhaustivo control de todas las causas ejecutorias. Las posibles responsabilidades trascienden al propio magistrado y alcanzan al conjunto del sistema judicial porque, como ha afirmado el ex presidente de la Audiencia de Sevilla y futuro vocal del CGPJ, Miguel Carmona, los errores del caso Mari Luz han puesto de manifiesto los fallos de un sistema "que hace aguas por todas partes". Los apoyos a Rafael Tirado van mucho más allá de lo que puede entenderse como un mero corporativismo, puesto que no es la primera vez que los jueces se sienten como si estuvieran encima de un polvorín a punto de estallar, no sólo por casos de pederastia, sino por las causas de violencia de género, en las que cada vez que se produce una muerte hay un juez en algún punto del país que se pregunta si el asesino será uno de los individuos que están bajo su jurisdicción. La prueba más evidente de que en el caso Mari Luz puede haber concurrencia de culpas está en el hecho de las diversas investigaciones que han iniciado diferentes organismos. Mientras el Poder Judicial investiga al juez Tirado, el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía hacen lo propio con la secretaria y los funcionarios del juzgado. La Fiscalía concluyó que no había ninguna negligencia en la actuación de los miembros del Ministerio Público y a la misma conclusión llegará con toda probabilidad la consejería de Justicia con respecto a la intervención de los funcionarios. Al final, el juez Tirado seguirá estando en el punto de mira.