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23 mayo 2009

La familia pide que se investigue al hermano de Miguel por vender un garaje desde prisión

La familia de Marta del Castillo, que ejerce la acusación particular en el proceso judicial por la desaparición y asesinato de su hija, ha pedido a la Justicia que investigue si Javier Delgado Moreno, el hermano del principal imputado, permitió la venta de un garaje de su propiedad cuando se encontraba en prisión, una acción que podría constituir un delito al tratar de reducir su patrimonio de cara a las posibles indemnizaciones. Los abogados de la acusación consideran que la venta del inmueble podría enmarcarse en un delito de insolvencia punible, que castiga con una posible condena de uno a cuatro años de prisión y una multa al "responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente".La familia de Marta ha pedido que se lleve a cabo esta investigación en el recurso que ha presentado directamente ante la Audiencia de Sevilla -no en el juzgado de Instrucción número 4, que instruye el caso- contra la puesta en libertad de Javier Delgado.
La acusación particular entiende que el hermano de Miguel Carcaño ha "buscado el modo de eludir" la responsabilidad civil desde el centro penitenciario y para lograr este objetivo el pasado 10 de marzo disolvió el régimen de gananciales que compartía con su ex mujer. Varias semanas después, el 10 de abril, se procedió a la venta del garaje.La familia también ha solicitado a la Policía que informe al juzgado sobre las cargas hipotecarias y posibles acciones judiciales que se ejerciten actualmente sobre el inmueble de la calle León XIII, donde se cometió el crimen.La investigación que reclaman los padres de Marta se plantea junto a la petición para que se revoque el auto de libertad de Javier Delgado y vuelva a prisión preventiva, al estimar que "no ha aparecido en la causa ningún dato nuevo" que modifique la decisión que tan sólo hace algo más de un mes, el pasado 3 de abril, adoptó la Audiencia de Sevilla cuando decidió mantener en prisión al hermano de Miguel.
La familia insiste en que "persisten" los indicios de criminalidad que atribuyen a Javier Delgado una "participación directa y personal en la fase inmediatamente posterior al crimen precedido de agresión sexual".La acusación particular tiene claro que el hermano de Carcaño "lideró las actuaciones tendentes a hacer desaparecer cualquier vestigio que pudiera conducir al descubrimiento de los hechos llevados a cabo por su hermano y un menor", una intervención que podría tipificarse como un delito de encubrimiento. Los letrados sostienen que Javier Delgado habría encubierto al menor, dado que con respecto a su hermano su posible responsabilidad penal estaría exenta, según establece el artículo 454 del Código Penal.
"La infructuosa búsqueda del cadáver de la víctima, hasta la fecha, da muestra de la pericia y acierto de la actuación que precisamente se atribuye a Javier Delgado", asevera la acusación particular, que entiende que, en contra del criterio que expuso el juez en el auto de libertad, "no se ha producido ningún avance" a la hora de asegurar las fuentes de prueba a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la causa judicial.
Todo ello lleva a los abogados a subrayar que cuando han transcurrido apenas cinco meses de unos hechos tan graves, "resulta manifiestamente aventurado y precipitado considerar aseguradas las posibles fuentes de prueba". En este punto, el escrito presentado por los letrados de la familia advierte que la "presión informativa" de este caso "ha introducido una suerte de prisa o precipitación que pudiera haber distorsionado la valoración de los tiempos que suelen ser habituales para el esclarecimiento de hechos de similar gravedad".La acusación concluye que junto al "riesgo de fuga" del acusado, se añade la posibilidad "cierta y fundada de alterar, ocultar o manipular fuentes de prueba", por lo que pide a la Audiencia que vuelva a encarcelarle provisionalmente.

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