La búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el vertedero de Alcalá de Guadaíra ha costado al Gobierno central 149.611 euros, dado que cada día de trabajo supuso un gasto de 3.685 euros más su IVA correspondiente, según los datos que obran en el sumario judicial abierto tras el asesinato de la joven.
Los trabajos fueron encomendados por la delegación del Gobierno en Andalucía a Tegner, una empresa especializada en el tratamiento de residuos y sociedad filial de Aborgase, la entidad que gestiona la planta de residuos de Montemarta-Cónica, donde supuestamente acabó el cadáver de la joven después de que el principal imputado, Miguel Carcaño, asegurase que la arrojó a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII de Sevilla.
Las labores de búsqueda en el vertedero, en el que según las previsiones del Gobierno habría que remover unas 45.000 toneladas de basura para encontrar el cuerpo, se prolongaron durante 35 jornadas, desde el 20 de marzo hasta el pasado 30 de abril, cuando se dio por finalizada la búsqueda.El inicio de los trabajos se acordó el 17 de marzo, cuando Miguel Carcaño cambió su declaración y se abandonó la búsqueda en el río Guadalquivir, donde numerosos efectivos participaron en una búsqueda que se había prolongado durante 30 jornadas.
Ese mismo día en que acabó la búsqueda en el río, tuvo lugar una reunión en la Delegación del Gobierno en Andalucía, presidida por el delegado, Juan José López Garzón, y en la que participaron además el subdelegado del gobierno, Faustino Valdés, y los responsables de la Policía, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que habían participado en el dispositivo. También asistieron representantes de la empresa Aborgase, que gestiona el vertedero Montemarta-Cónica de Alcalá y de su filial Tegner.
Esta última empresa ofreció sus servicios para rastrear el vertedero, asegurando tenía personal y maquinaria adecuados para las labores, así como la experiencia suficiente porque, según relató el representante de esta entidad a las autoridades presentes en la reunión, hace algún tiempo habían encontrado el cadáver de un ciudadano marroquí en un vertedero. La empresa ponía a disposición de las labores de búsqueda dos máquinas retroexcavadoras y tres camiones, además de los operarios para manejar estas máquinas, y ofreció un presupuesto de 3.685 euros por día de trabajo, más el IVA correspondiente. Como la búsqueda se prolongó durante 35 jornadas, el importe de la factura asciende a 128.975 euros, a los que hay que añadir otros 20.636 del IVA, lo que suma un total de 149.611 euros.En un primer momento, la falta de financiación de los trabajos frenó el inicio de las labores de rastreo en el vertedero, dado que el Ministerio del Interior no disponía de una partida presupuestaria específica para poder asumir los costes que implicaban la paralización de la planta de tratamiento.
Después de varios días sin que comenzaran los trabajos, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ordenó por segunda vez a la Policía que comenzara a buscar el cuerpo en el vertedero. El magistrado dictó un auto en el que reiteraba la orden y pedía a la Policía Judicial "que remueva cuantos obstáculos existan para el cumplimiento de lo resuelto, utilizando cuantos medios personales y materiales sean necesarios". Coincidiendo con este auto, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió con el padre de Marta y garantizó la financiación de la búsqueda.
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