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30 octubre 2008
Polémica por las declaraciones del juez Emilio Calatayud por el caso Mari Luz
Las declaraciones del juez de Menores 1 de Granada, Emilio Calatayud, conocido por sus ejemplarizantes condenas, han motivado una nueva polémica en torno al caso Mari Luz. El juez ha asegurado que la responsabilidad en la muerte de la pequeña Mari Luz la tienen "todos", desde el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hasta el padre de la niña. El juez, que ha presentado la conferencia 'Reflexiones de un juez de menores' que impartirá este jueves en el Centro Cultural Nuevo Inicio de Granada, ha reprochado al padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que "dejase sola a una niña de cinco años". Calatayud, quien se ha mostrado convencido de que "muchos de los responsables en la cadena de errores no van a pagar debido a que el sistema no se lo exige", ha opinado que deberían incoarse expedientes disciplinarios al Ministerio Fiscal, al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso a la Junta de Andalucía.
Apertura de curso en la escuela de práctica forense del colegio de abogados
Ayer se celebró el acto de apertura del Curso 2008/2009 de la Escuelade Práctica Forense del Colegio de Abogados, que desde su creación en 1975 viene impartiendo formación inicial para los nuevos abogados. El Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, DamiánÁlvarez García, pronunció la lección inaugural sobre el tema "El juicio de desahucio arrendaticio urbano". En el acto intervinieron también el decano del Colegio, José Joaquín Gallardo, y el director de la Escuela, Fernando Piruat de la Barrera.
28 octubre 2008
Tirado alega que no tenía datos que le hicieran pensar en la urgencia de encarcelar a Del Valle por su especial peligrosidad
No tenía "ningún dato" que le hiciera pensar en la importancia o urgencia del ingreso en prisión de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por su "especial peligrosidad". Se trata del principal argumento que emplea el juez Rafael Tirado en su último escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que pide el archivo del expediente por el que fue sancionado con una multa de 1.500 euros.
No es la primera vez que el juez Tirado alude a esta falta de conocimiento para intentar justificar que el reo se hallaba aún en libertad, a pesar de haber sido condenado a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su propia hija. El magistrado sostuvo en su contestación a la propuesta de sanción realizada por el instructor del expediente disciplinario que la Fiscalía "nunca" pidió, en ningún momento de la tramitación del caso, el ingreso en prisión de Santiago del Valle ni alertó de su peligrosidad, a pesar de "la existencia de otras causas criminales que al Ministerio Fiscal sí le habían de constar".
Sobre esta base, el juez alega que el control de las causas ejecutorias se realiza "según prioridades" y señala que la ejecutoria del pederasta no se incluía entre los criterios legales de preferencia. A saber: que se tratara de una causa con preso, un asunto de violencia doméstica y de género, o un juicio rápido. "Ningún dato anterior, ni posterior, conocido por el juez, hacía pensar en la especial importancia o urgencia del ingreso en prisión del condenado por su especial peligrosidad", insiste Tirado.
El magistrado considera que las dos resoluciones que ordenaba la ejecución de la sentencia "se adoptaron con celeridad", una vez que la Audiencia de Sevilla devolvió los autos al juzgado, tras confirmar íntegramente la sentencia.
El escrito de alegaciones de Tirado llega a la conclusión de que en su expediente disciplinario "late la confusión entre la responsabilidad disciplinaria del juez y la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o de otros poderes públicos, pretendiendo enjuiciarse la conducta del magistrado con los criterios que nuestro ordenamiento reserva para la segunda".
El juez también reprocha que la Fiscalía, que ha pedido su suspensión de empleo y sueldo durante tres años, está intentando imponerle una "responsabilidad objetiva" -por el resultado producido- cuando el magistrado dictó las resoluciones precisas para ejecutar lo juzgado. Llegado a este punto, Tirado vuelve a citar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003 para argumentar que se le está sancionado en relación con unas competencias que corresponden, en virtud de la nueva ley, al secretario judicial, aunque no cita a Juana Gálvez, la secretaria de su juzgado, que ha sido sancionada con dos años de suspensión por el Ministerio de Justicia.
El juez sí advierte que en los autos "no consta ninguna actuación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 455 de la ley orgánica del Poder Judicial", que hace referencia a la función de los secretarios de dar cuenta del estado de las actuaciones, y más adelante concluye que en el caso del pederasta "no se le dio cuenta específica al juez del asunto ni le fue denunciado por ninguna de las partes". A pesar de ello, Tirado reprocha que se le imponga una infracción disciplinaria en la que se le atribuyen "unas funciones de control que, además de no ser de su ámbito de competencia, serían superiores a las normales, con un elevadísimo riesgo y todo ello además del esfuerzo y dedicación excepcional que este juzgador ha desplegado y que los módulos de actividad o dedicación de los últimos años revelan".
El juez también denuncia que no existe ningún registro informático que pueda interconectar los juzgados de la capital y los de otra provincia, y recuerda que la inspección llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) unos meses antes de que estallara el escándalo, en concreto en noviembre de 2007, sólo detectó una falta de retraso "leve" en las causas ejecutorias. El juez señala además que la carga de trabajo de la oficina judicial en su conjunto -magistrado, secretaria judicial y funcionarios- es "muy elevada y de difícil asunción, al igual que ocurre en el resto de los juzgados de lo Penal de la provincia y que se ha reiterado en numerosas ocasiones por las diversas juntas de jueces".
Por su parte, el padre de la pequeña Mari Luz, Juan José Cortés, pidió ayer al juez Tirado que "se deje de tonterías y de interponer excusas baratas y se responsabilice de su error, ya que por este fallo ha muerto una niña inocente". Cortés aseguró que los argumentos del juez son "una excusa fuera de contexto" y añadió que el hecho de que no estuviera al tanto de la peligrosidad de Del Valle "no le da derecho a dejarlo en libertad".
No es la primera vez que el juez Tirado alude a esta falta de conocimiento para intentar justificar que el reo se hallaba aún en libertad, a pesar de haber sido condenado a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su propia hija. El magistrado sostuvo en su contestación a la propuesta de sanción realizada por el instructor del expediente disciplinario que la Fiscalía "nunca" pidió, en ningún momento de la tramitación del caso, el ingreso en prisión de Santiago del Valle ni alertó de su peligrosidad, a pesar de "la existencia de otras causas criminales que al Ministerio Fiscal sí le habían de constar".
Sobre esta base, el juez alega que el control de las causas ejecutorias se realiza "según prioridades" y señala que la ejecutoria del pederasta no se incluía entre los criterios legales de preferencia. A saber: que se tratara de una causa con preso, un asunto de violencia doméstica y de género, o un juicio rápido. "Ningún dato anterior, ni posterior, conocido por el juez, hacía pensar en la especial importancia o urgencia del ingreso en prisión del condenado por su especial peligrosidad", insiste Tirado.
El magistrado considera que las dos resoluciones que ordenaba la ejecución de la sentencia "se adoptaron con celeridad", una vez que la Audiencia de Sevilla devolvió los autos al juzgado, tras confirmar íntegramente la sentencia.
El escrito de alegaciones de Tirado llega a la conclusión de que en su expediente disciplinario "late la confusión entre la responsabilidad disciplinaria del juez y la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o de otros poderes públicos, pretendiendo enjuiciarse la conducta del magistrado con los criterios que nuestro ordenamiento reserva para la segunda".
El juez también reprocha que la Fiscalía, que ha pedido su suspensión de empleo y sueldo durante tres años, está intentando imponerle una "responsabilidad objetiva" -por el resultado producido- cuando el magistrado dictó las resoluciones precisas para ejecutar lo juzgado. Llegado a este punto, Tirado vuelve a citar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003 para argumentar que se le está sancionado en relación con unas competencias que corresponden, en virtud de la nueva ley, al secretario judicial, aunque no cita a Juana Gálvez, la secretaria de su juzgado, que ha sido sancionada con dos años de suspensión por el Ministerio de Justicia.
El juez sí advierte que en los autos "no consta ninguna actuación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 455 de la ley orgánica del Poder Judicial", que hace referencia a la función de los secretarios de dar cuenta del estado de las actuaciones, y más adelante concluye que en el caso del pederasta "no se le dio cuenta específica al juez del asunto ni le fue denunciado por ninguna de las partes". A pesar de ello, Tirado reprocha que se le imponga una infracción disciplinaria en la que se le atribuyen "unas funciones de control que, además de no ser de su ámbito de competencia, serían superiores a las normales, con un elevadísimo riesgo y todo ello además del esfuerzo y dedicación excepcional que este juzgador ha desplegado y que los módulos de actividad o dedicación de los últimos años revelan".
El juez también denuncia que no existe ningún registro informático que pueda interconectar los juzgados de la capital y los de otra provincia, y recuerda que la inspección llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) unos meses antes de que estallara el escándalo, en concreto en noviembre de 2007, sólo detectó una falta de retraso "leve" en las causas ejecutorias. El juez señala además que la carga de trabajo de la oficina judicial en su conjunto -magistrado, secretaria judicial y funcionarios- es "muy elevada y de difícil asunción, al igual que ocurre en el resto de los juzgados de lo Penal de la provincia y que se ha reiterado en numerosas ocasiones por las diversas juntas de jueces".
Por su parte, el padre de la pequeña Mari Luz, Juan José Cortés, pidió ayer al juez Tirado que "se deje de tonterías y de interponer excusas baratas y se responsabilice de su error, ya que por este fallo ha muerto una niña inocente". Cortés aseguró que los argumentos del juez son "una excusa fuera de contexto" y añadió que el hecho de que no estuviera al tanto de la peligrosidad de Del Valle "no le da derecho a dejarlo en libertad".
27 octubre 2008
Indemnización de 4,9 millones de euros por el incendio del pabellón de los Descubrimientos, 16 años después del suceso
Dieciséis años después del incendio que destruyó el Pabellón de los Descubrimientos de la Expo, que tuvo lugar el 18 de febrero de 1992, la Justicia ha resuelto otro de los litigios emprendidos en relación con las indemnizaciones derivadas del suceso. El Alto Tribunal ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Sevilla que fijó en 4.994.841,34 euros la indemnización que debía percibir la aseguradora La Unión y el Fénix Español, actualmente Allianz.
La base de la millonaria reclamación se sustenta en la acción subrogatoria que prevé el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, según el cual, "el asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización".
En este caso, La Unión y el Fénix había abonado la correspondiente indemnización a su asegurado, la entidad 2D 3D A.I.E., responsable de los contenidos y del material escenográfico del pabellón de los Descubrimientos, por los daños producidos a causa del incendio. Tras pagar dicha indemnización, la aseguradora ejercitó a su vez las acciones contra los que consideraba responsables del suceso. Entre éstos se encuentran el operario que estaba haciendo trabajos de soldadura en unas vigas en el interior del inmueble y que se marchó del lugar "dejando el grupo electrógeno en funcionamiento", lo que provocó que saltara una chispa que inició el incendio, o la empresa para la que trabajaba, Proyectos y Montajes Andaluces (Pymasa).
La compañía también demandó a su homóloga Plus Ultra, aseguradora de Ferrovial, la empresa que intervino como contratista principal en la construcción del pabellón y que había subcontratado a Pymasa. La última sociedad demandada era Euroquímica de Bufi y Planas, que había suministrado un producto -Slastic translucido- como ignífugo cuando en realidad no lo era. La Unión y el Fénix también demandó a Agesa, heredera de la sociedad estatal Expo 92, y a la aseguradora de ésta, Mapfre.
La primera sentencia en relación con este litigio fue dictada el 27 de marzo de 2001 por el juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla, que condenó al soldador, a su empresa, a la aseguradora de Ferrovial y la empresa que suministró el material supuestamente ignífugo a indemnizar, de manera solidaria, con los 4,9 millones a La Unión y el Fénix.
Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya Sección Quinta dictó una nueva resolución, en mayo de 2002, que confirmó la cuantía de la indemnización aunque realizó una distribución de las cantidades que debían abonar cada uno de los demandados. De esta forma, el soldador, la empresa para la que trabajaba, la aseguradora Plus Ultra y Euroquímica Bufi y Planas fueron condenados a abonar de forma solidaria 1,2 millones de euros. El resto de la indemnización -3,7 millones- debía ser satisfecho íntegramente por Bufi y Planas, según el fallo de la Audiencia de Sevilla.
La entidad demandante y las demandadas plantearon recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo, que sólo admitió finalmente las impugnaciones de Plus Ultra, Allianz y de Bufi y Planas. Tras analizar todos los recursos, el Alto Tribunal ha acordado ahora rechazarlos todos y confirmar la sentencia de la Audiencia de Sevilla, con expresa imposición de las costas.
El Tribunal Supremo recuerda que la Audiencia absolvió únicamente a la Expo 92 y a su aseguradora, Mapfre, con el argumento de que el origen del incendio fue la "inadecuada realización de las labores de soldadura en el edificio", del que resultan responsables: el operario encargado del electrodo, que desatendió las normales diligencias en el desarrollo de la actividad; la empresa subcontratista a la que se habían adjudicado los trabajos; la aseguradora de la empresa contratista, "que no puede eludir su responsabilidad en virtud de unas cláusulas limitativas de su responsabilidad establecidas en una póliza no firmada por el asegurado"; y la entidad que suministró material supuestamente ignífugo que no era tal.
La base de la millonaria reclamación se sustenta en la acción subrogatoria que prevé el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, según el cual, "el asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización".
En este caso, La Unión y el Fénix había abonado la correspondiente indemnización a su asegurado, la entidad 2D 3D A.I.E., responsable de los contenidos y del material escenográfico del pabellón de los Descubrimientos, por los daños producidos a causa del incendio. Tras pagar dicha indemnización, la aseguradora ejercitó a su vez las acciones contra los que consideraba responsables del suceso. Entre éstos se encuentran el operario que estaba haciendo trabajos de soldadura en unas vigas en el interior del inmueble y que se marchó del lugar "dejando el grupo electrógeno en funcionamiento", lo que provocó que saltara una chispa que inició el incendio, o la empresa para la que trabajaba, Proyectos y Montajes Andaluces (Pymasa).
La compañía también demandó a su homóloga Plus Ultra, aseguradora de Ferrovial, la empresa que intervino como contratista principal en la construcción del pabellón y que había subcontratado a Pymasa. La última sociedad demandada era Euroquímica de Bufi y Planas, que había suministrado un producto -Slastic translucido- como ignífugo cuando en realidad no lo era. La Unión y el Fénix también demandó a Agesa, heredera de la sociedad estatal Expo 92, y a la aseguradora de ésta, Mapfre.
La primera sentencia en relación con este litigio fue dictada el 27 de marzo de 2001 por el juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla, que condenó al soldador, a su empresa, a la aseguradora de Ferrovial y la empresa que suministró el material supuestamente ignífugo a indemnizar, de manera solidaria, con los 4,9 millones a La Unión y el Fénix.
Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya Sección Quinta dictó una nueva resolución, en mayo de 2002, que confirmó la cuantía de la indemnización aunque realizó una distribución de las cantidades que debían abonar cada uno de los demandados. De esta forma, el soldador, la empresa para la que trabajaba, la aseguradora Plus Ultra y Euroquímica Bufi y Planas fueron condenados a abonar de forma solidaria 1,2 millones de euros. El resto de la indemnización -3,7 millones- debía ser satisfecho íntegramente por Bufi y Planas, según el fallo de la Audiencia de Sevilla.
La entidad demandante y las demandadas plantearon recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo, que sólo admitió finalmente las impugnaciones de Plus Ultra, Allianz y de Bufi y Planas. Tras analizar todos los recursos, el Alto Tribunal ha acordado ahora rechazarlos todos y confirmar la sentencia de la Audiencia de Sevilla, con expresa imposición de las costas.
El Tribunal Supremo recuerda que la Audiencia absolvió únicamente a la Expo 92 y a su aseguradora, Mapfre, con el argumento de que el origen del incendio fue la "inadecuada realización de las labores de soldadura en el edificio", del que resultan responsables: el operario encargado del electrodo, que desatendió las normales diligencias en el desarrollo de la actividad; la empresa subcontratista a la que se habían adjudicado los trabajos; la aseguradora de la empresa contratista, "que no puede eludir su responsabilidad en virtud de unas cláusulas limitativas de su responsabilidad establecidas en una póliza no firmada por el asegurado"; y la entidad que suministró material supuestamente ignífugo que no era tal.
Un juez sostiene que agredir a una ex novia no es delito de maltrato
Un juez de Sevilla ha dictado una controvertida sentencia en la que ha absuelto a un joven acusado de agredir a su ex novia porque, según el magistrado, lo ocurrido no puede considerarse como un delito de maltrato a la mujer, a pesar de las modificaciones introducidas por la ley integral de Violencia de Género.
La sentencia, dictada por el titular del juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, Rafael Díaz, recoge que sobre la 1.30 del 28 de agosto de 2008 el acusado, de 21 años, discutió con su ex novia, con la que había salido "hasta 2007, manteniendo una relación adolescente de noviazgo sin convivencia aun esporádica entre ellos".
El juez entiende que no ha quedado acreditado que el acusado insultase a su ex compañera ni que le diese un "fuerte tirón del pelo" o le causase hematomas en un brazo y una excoriación en la espalda, hechos que la Fiscalía sí consideró como un delito de maltrato sobre la mujer y una falta de vejaciones injustas, por los que pidió una condena de ocho meses de prisión, alejamiento de la víctima por dos años y que realizara ocho días de trabajo en beneficio de la comunidad.
Para llegar a la conclusión de que no hay delito de maltrato, el juez analiza el artículo 153.1 del Código Penal, modificado tras la ley 1/2004, de violencia sobre la mujer, que sanciona la acción violenta o la amenaza cuando la víctima "sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona que conviva con el autor". El magistrado señala a este respecto que, en el caso de autos, los jóvenes salían juntos desde que tenían 16-17 años y rompieron su "noviazgo" con 19 años "sin que haya existido jamás entre ellos convivencia alguna, pues cada uno vivía con sus respectivos padres, ni se sabe nada de relaciones íntimas y menos si eran estables o sostenida". El juez, que cita una sentencia del Tribunal Supremo del año 2006 para defender que una relación de adolescentes o poco madura no debe ser incluida en el ámbito del tipo penal, señala que "es difícil pensar en que la relación de los implicados pueda parangonarse en ningún sentido con el matrimonio y, lo único que se nos dice es que estos dos adolescentes o casi adolescentes habían salido juntos durante dos años, relación demasiado laxa para ser incluida en la cubierta por el tipo". Además, el magistrado advierte que esa convivencia ha sido negada y "no se ha acreditado una relación íntima o proyecto de pareja alguno".
En este contexto, el fallo reconoce que, aunque es cierto que el Código Penal no exige una convivencia, "no lo es menos que la convivencia, siquiera ocasional o esporádica entre los implicados, sirve en estas edades tan tempranas para aquilatar el verdadero carácter marital o sentimental de la relación subyacente y que su falta puede ser tenida en tales circunstancias como signo de falta de tipicidad". Lo contrario, continúa el juez, "sería desorbitar hasta lo absurdo e irrazonable nada menos que un tipo penal" porque en el juicio "sólo ha quedado acreditado que estamos ante una pelea de adolescentes en una discoteca", asevera el fallo.
La abogada María Borrego, que representó a la víctima en el juicio, explicó ayer que la sentencia es "incalificable" porque, según los fundamentos de la resolución, el juez está exigiendo "una duración mínima -más de dos años-, una edad mínima, la convivencia e incluso una promesa de matrimonio para que los hechos pueden ser considerados como un delito de maltrato", extremos todos que no exige la reforma del Código Penal introducida con la ley de Violencia sobre la Mujer.
La letrada, que ha recurrido la sentencia ante la Audiencia de Sevilla, insistió en que el artículo 153 del Código Penal exige sólo que haya entre el agresor y la víctima una "análoga relación de afectividad aun sin convivencia" a la del matrimonio, pero "el juez habla de proyecto de pareja, que es lo mismo que exigir una promesa de matrimonio que de ningún modo exige la ley".
La sentencia, dictada por el titular del juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, Rafael Díaz, recoge que sobre la 1.30 del 28 de agosto de 2008 el acusado, de 21 años, discutió con su ex novia, con la que había salido "hasta 2007, manteniendo una relación adolescente de noviazgo sin convivencia aun esporádica entre ellos".
El juez entiende que no ha quedado acreditado que el acusado insultase a su ex compañera ni que le diese un "fuerte tirón del pelo" o le causase hematomas en un brazo y una excoriación en la espalda, hechos que la Fiscalía sí consideró como un delito de maltrato sobre la mujer y una falta de vejaciones injustas, por los que pidió una condena de ocho meses de prisión, alejamiento de la víctima por dos años y que realizara ocho días de trabajo en beneficio de la comunidad.
Para llegar a la conclusión de que no hay delito de maltrato, el juez analiza el artículo 153.1 del Código Penal, modificado tras la ley 1/2004, de violencia sobre la mujer, que sanciona la acción violenta o la amenaza cuando la víctima "sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona que conviva con el autor". El magistrado señala a este respecto que, en el caso de autos, los jóvenes salían juntos desde que tenían 16-17 años y rompieron su "noviazgo" con 19 años "sin que haya existido jamás entre ellos convivencia alguna, pues cada uno vivía con sus respectivos padres, ni se sabe nada de relaciones íntimas y menos si eran estables o sostenida". El juez, que cita una sentencia del Tribunal Supremo del año 2006 para defender que una relación de adolescentes o poco madura no debe ser incluida en el ámbito del tipo penal, señala que "es difícil pensar en que la relación de los implicados pueda parangonarse en ningún sentido con el matrimonio y, lo único que se nos dice es que estos dos adolescentes o casi adolescentes habían salido juntos durante dos años, relación demasiado laxa para ser incluida en la cubierta por el tipo". Además, el magistrado advierte que esa convivencia ha sido negada y "no se ha acreditado una relación íntima o proyecto de pareja alguno".
En este contexto, el fallo reconoce que, aunque es cierto que el Código Penal no exige una convivencia, "no lo es menos que la convivencia, siquiera ocasional o esporádica entre los implicados, sirve en estas edades tan tempranas para aquilatar el verdadero carácter marital o sentimental de la relación subyacente y que su falta puede ser tenida en tales circunstancias como signo de falta de tipicidad". Lo contrario, continúa el juez, "sería desorbitar hasta lo absurdo e irrazonable nada menos que un tipo penal" porque en el juicio "sólo ha quedado acreditado que estamos ante una pelea de adolescentes en una discoteca", asevera el fallo.
La abogada María Borrego, que representó a la víctima en el juicio, explicó ayer que la sentencia es "incalificable" porque, según los fundamentos de la resolución, el juez está exigiendo "una duración mínima -más de dos años-, una edad mínima, la convivencia e incluso una promesa de matrimonio para que los hechos pueden ser considerados como un delito de maltrato", extremos todos que no exige la reforma del Código Penal introducida con la ley de Violencia sobre la Mujer.
La letrada, que ha recurrido la sentencia ante la Audiencia de Sevilla, insistió en que el artículo 153 del Código Penal exige sólo que haya entre el agresor y la víctima una "análoga relación de afectividad aun sin convivencia" a la del matrimonio, pero "el juez habla de proyecto de pareja, que es lo mismo que exigir una promesa de matrimonio que de ningún modo exige la ley".
24 octubre 2008
El Boja publica la convocatoria para actualizar las bolsas de interinos de Justicia
El Boja publica hoy la convocatoria para actualizar las bolsas de interinos de Justicia, que estaban colapsadas desde hace más de un año y que habían provocado que desde esa fecha la Junta enviara a los juzgados a personas procedentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en muchos casos sin preparación judicial, lo que provocaba mayores disfunciones que beneficios.
23 octubre 2008
El Poder judicial debatirá un plan de actuación imediata para la mejora de la Justicia
El Consejo General del Poder Judicial debatirá en el próximo pleno del
día 29 de octubre un plan de actuación, propuesto por un grupo de
vocales, para afrontar de manera inmediata los problemas mas
urgentes e inaplazables que afectan a la Administración de Justicia.
Este plan, que busca la consecución de objetivos a corto plazo,
exigirá la necesaria coordinación de la Comisión de Modernización del
Consejo y los vocales territoriales con las Comunidades Autónomas y
el Ministerio de Justicia.
Los puntos principales, sobre los que se va a centrar prioritatiamente
el plan de actuación son:
1º Coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y
autonómicas.
2º Mejora de sistemas informáticos de gestión procesal (alarmas,
plazos, ejecutorias, etc.).
3º Reducción y formación de funcionarios interinos, introduciendo
mejoras urgentes en la gestión del personal de la Administración de
Justicia.
4º Sistemas de control y mejora de la eficacia y la calidad de la
Administración de Justicia:
-Absentismo
-Horarios
-Permisos
-Incentivos
5º Refuerzo urgente de aquellos juzgados y tribunales que, por
diversas circunstancias, se enfrentan ante una desmedida sobrecarga
de trabajo.
Madrid, 23 de octubre de 2008.
día 29 de octubre un plan de actuación, propuesto por un grupo de
vocales, para afrontar de manera inmediata los problemas mas
urgentes e inaplazables que afectan a la Administración de Justicia.
Este plan, que busca la consecución de objetivos a corto plazo,
exigirá la necesaria coordinación de la Comisión de Modernización del
Consejo y los vocales territoriales con las Comunidades Autónomas y
el Ministerio de Justicia.
Los puntos principales, sobre los que se va a centrar prioritatiamente
el plan de actuación son:
1º Coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y
autonómicas.
2º Mejora de sistemas informáticos de gestión procesal (alarmas,
plazos, ejecutorias, etc.).
3º Reducción y formación de funcionarios interinos, introduciendo
mejoras urgentes en la gestión del personal de la Administración de
Justicia.
4º Sistemas de control y mejora de la eficacia y la calidad de la
Administración de Justicia:
-Absentismo
-Horarios
-Permisos
-Incentivos
5º Refuerzo urgente de aquellos juzgados y tribunales que, por
diversas circunstancias, se enfrentan ante una desmedida sobrecarga
de trabajo.
Madrid, 23 de octubre de 2008.
22 octubre 2008
CSI-CSIF denuncia que dos jueces de Marchena piden que las competencias de personal vuelvan "a los jueces y secretarios"
El sindicato CSI-CSIF aseguró hoy que en la Junta de Jueces de Marchena del día de ayer sobre el tema del “caso Mariluz” y apoyo al Juez Tirado y Secretaria de Penal 1, se acordó instar al Ministerio de Justicia para que a Jueces y Secretarios Judiciales les devuelvan las competencias sobre el personal.CSI*CSIF califica esta “reivindicación” como "incomprensible y absurda". "No comprendemos como se pueden estar haciendo Juntas de Jueces por todo el País clamando por la falta de medios personales y materiales y a la vez se estén pidiendo más competencias. No llegamos a entender que por un lado rechacen las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al CGPJ y por otro lado, sean ellos los que quieran inmiscuirse en asuntos que son competencias exclusivas del Ministerio de Justicia o de la Consejería de Justicia de las Comunidades Autónomas", asegura en una nota.El sindicato cree que "sería ideal que jueces y magistrados se encargaran de su misión constitucional de 'Juzgar y ejecutar lo juzgado' y dejaran de meterse en camisas de once varas”.Por otro lado, en opinión de CSI-CSIF, estas competencias que ahora nuevamente algunos reclaman, fueron ejercidas por los colectivos de jueces y secretarios de manera "absolutamente insatisfactoria, como no podría ser de otra forma, ya que en sus temarios de oposiciones ningún tema versa sobre gestión de medios humanos o materiales. Salvo que se entienda que para Jefe patatero sirve cualquiera y que todo es cuestión de presionar continuamente al personal", concluye el comunicado.
El CGPJ atribuye las suspensiones de juicios exclusivamente a la huelga de los secretarios
En relación con el desarrollo e incidencia de las distintas Juntas de Jueces y reuniones de Magistrados convocadas en todo el territorio nacional, el Consejo General del Poder Judicial quiere manifestar:
1.- Que, a la vista de los datos que obran en su poder, la práctica totalidad de las suspensiones de actos judiciales previstos para hoy ha obedecido principalmente a la convocatoria de paro laboral de tres horas realizada por parte del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
2.- Que los principales temas comunes tratados en estas Juntas y reuniones han sido, por un lado, rechazar las supuestas injerencias políticas en la función disciplinaria que corresponde en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial y, por otra parte, denunciar las carencias de medios personales y materiales que afectan a la Administración de Justicia.
3.- Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial desea reafirmar, una vez más, ante la opinión pública, que en el ejercicio de sus competencias actuará siempre con total independencia y responsabilidad, así como reiterar su inequívoca voluntad de promover la colaboración con todas las instituciones del Estado para impulsar la reforma y modernización de la Administración de Justicia en España, consciente de la existencia de deficiencias de todo tipo que aquejan desde hace ya muchos años a este servicio público, básico en un Estado de Derecho.
1.- Que, a la vista de los datos que obran en su poder, la práctica totalidad de las suspensiones de actos judiciales previstos para hoy ha obedecido principalmente a la convocatoria de paro laboral de tres horas realizada por parte del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
2.- Que los principales temas comunes tratados en estas Juntas y reuniones han sido, por un lado, rechazar las supuestas injerencias políticas en la función disciplinaria que corresponde en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial y, por otra parte, denunciar las carencias de medios personales y materiales que afectan a la Administración de Justicia.
3.- Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial desea reafirmar, una vez más, ante la opinión pública, que en el ejercicio de sus competencias actuará siempre con total independencia y responsabilidad, así como reiterar su inequívoca voluntad de promover la colaboración con todas las instituciones del Estado para impulsar la reforma y modernización de la Administración de Justicia en España, consciente de la existencia de deficiencias de todo tipo que aquejan desde hace ya muchos años a este servicio público, básico en un Estado de Derecho.
La secretaria judicial dice que tiene la "tranquilidad" de haber desempeñado sus funciones con "absoluta dedicación"
La secretaria del juzgado Penal 1, Juana Gálvez, aseguró hoy que tiene la "tranquilidad" de haber desempeñado sus funciones "con absoluta dedicación y empeño" y ello a pesar de las dificultades "con las que diariamente todos nos encontramos debido a las carencias de medios personales y materiales, y a trabjar con unas organizaciones caducas y unas leyes obsoletas que no permiten hacer lo que todos desearíamos, que no es otra cosa que prestar el mejor servicio al ciudadano, en toda circunstancia".La secretaria agradeció el apoyo de todos los compañeros en el paro celebrado ayer en todo el país.
21 octubre 2008
Rotundo éxito del paro por el caso Mari Luz: la participación se sitúa entre el 73% y 90%
El Ministerio de Justicia cifra en un 73% el seguimiento del paro de los secretarios judiciales, mientras que éstos aseguran que se ha superado el 90% de media. En Sevilla, el seguimiento aún es mayor: sólo seis de 145 secretarios no hicieron huelga, más otros 17 que estaban de servicio mínimos en órganos de guardia.
Los datos facilitados por el Colegio Nacional de Secretario sobre el seguimiento, por comunidades autónomas, es el siguiente:
Aragón, el 96,29%.
Asturias el 93.51%
Canarias el 91,%,
Navarra el 98%,
Castilla la Mancha el 90,62%,
Valencia: 82,60%
Extremadura; 96,42%
Cantabria: 95,91%.
Murcia 97,61%
Rioja 97,67%
Palma de Mallorca: 89,86%.
País Vasco: 95%.
Madrid: ( de Madrid 510 secretarios judiciales han secundado el paro 483, es decir el 94,70%).
Galicia: 92, 00%
Andalucía el 95%.
Los datos facilitados por el Colegio Nacional de Secretario sobre el seguimiento, por comunidades autónomas, es el siguiente:
Aragón, el 96,29%.
Asturias el 93.51%
Canarias el 91,%,
Navarra el 98%,
Castilla la Mancha el 90,62%,
Valencia: 82,60%
Extremadura; 96,42%
Cantabria: 95,91%.
Murcia 97,61%
Rioja 97,67%
Palma de Mallorca: 89,86%.
País Vasco: 95%.
Madrid: ( de Madrid 510 secretarios judiciales han secundado el paro 483, es decir el 94,70%).
Galicia: 92, 00%
Andalucía el 95%.
20 octubre 2008
El CGPJ vuelve a apelar a la "responsabilidad" de los jueces ante la jornada histórica del 21-0
El Consejo General del Poder Judicial, después de las dos reuniones mantenidas hoy, una con la Comisión de Jueces Decanos y otra con los Portavoces de las Asociaciones Judiciales, quiere poner de manifiesto:
1.- Su coincidencia con aquéllos en cuanto a las históricas carencias de medios personales, económicos, materiales y tecnológicos que padece la Administración de Justicia y que obligan a un sobreesfuerzo de todos los que trabajan en ella y perjudican la adecuada prestación de ese servicio público.
2.- El CGPJ manifiesta su voluntad de liderar la reforma, mejora y modernización de la Administración de Justicia, reclamando de las instituciones correspondientes los esfuerzos que sean necesarios a tal efecto.
3.- El CGPJ, en relación con las Juntas de Jueces convocadas para el día 21 de octubre, expresa su confianza en su sentido de la responsabilidad y en que actuarán siempre en beneficio de los ciudadanos.
4.- El CGPJ manifiesta que es preciso deslindar las legítimas reivindicaciones de los jueces, expresadas en el día de hoy, de la resolución de los casos concretos que tiene legalmente encomendados.
1.- Su coincidencia con aquéllos en cuanto a las históricas carencias de medios personales, económicos, materiales y tecnológicos que padece la Administración de Justicia y que obligan a un sobreesfuerzo de todos los que trabajan en ella y perjudican la adecuada prestación de ese servicio público.
2.- El CGPJ manifiesta su voluntad de liderar la reforma, mejora y modernización de la Administración de Justicia, reclamando de las instituciones correspondientes los esfuerzos que sean necesarios a tal efecto.
3.- El CGPJ, en relación con las Juntas de Jueces convocadas para el día 21 de octubre, expresa su confianza en su sentido de la responsabilidad y en que actuarán siempre en beneficio de los ciudadanos.
4.- El CGPJ manifiesta que es preciso deslindar las legítimas reivindicaciones de los jueces, expresadas en el día de hoy, de la resolución de los casos concretos que tiene legalmente encomendados.
18 octubre 2008
El juez Tirado recurre la sanción de 1.500 euros y pide al CGPJ que archive su expediente porque no cometió ninguna infracción
El juez Rafael Tirado presentó ayer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su recurso contra la sanción de 1.500 euros impuesta por los errores en el caso Mari Luz y pidió al Pleno del órgano que archive el expediente disciplinario, al entender que no incurrió en ninguna infracción en la tramitación de la ejecución de la condena a Santiago del Valle por abusos a su hija.
El magistrado defiende en su recurso los argumentos que a lo largo de la instrucción del expediente disciplinario ha venido manteniendo: que la causa ejecutoria del pederasta no estaba pendiente de ninguna resolución judicial y que el juez es el último responsable del ejercicio de la jurisdicción pero no de la labor atribuida a la oficina judicial, cuyo jefe es el secretario.
En su primera alegación ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ, Rafael Tirado apuntó que "sólo sería culpable de no haber indicado u ordenado a la secretaria lo que ya se había ordenado en los autos" dictados el 18 de enero de 2006, en los que se acordó la incoación de la causa ejecutoria y denegó la suspensión de la condena a Santiago del Valle. El magistrado argumenta que exigir nuevos requerimientos al juez que ha dictado esas resoluciones sería tan absurdo como pedirle que mirara, uno a uno, los armarios donde se guardan los procedimientos para indicarle nuevamente a la secretaria -que ha sido sancionada por el Ministerio con dos años de suspensión de empleo y sueldo- el cumplimiento de lo que ya se le ordenó.
Rafael Tirado volvió recientemente a atribuir lo ocurrido a la "inactividad" de la secretaria en su impugnación al recurso de la Fiscalía General del Estado, que ha exigido una sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los asuntos.
Frente a las afirmaciones del Ministerio Público, la defensa del juez expuso que se pretendía atribuirle una "responsabilidad objetiva", por el resultado final producido, y alegó que el luctuoso suceso de la muerte de Mari Luz "por mucho que se diga, no tiene la más mínima relación con el retraso de la ejecutoria". Los abogados de Tirado siempre han sostenido que en este caso no se le puede atribuir un retraso injustificado a un magistrado cuyos módulos de trabajo estaban muy por encima -el 140%- de la carga fijada por el Consejo General del Poder Judicial.
Una vez que el máximo órgano de gobierno de los jueces cuenta ya con los recursos del fiscal y del magistrado, sólo queda que el Pleno se reúna para adoptar una decisión, algo que podría producirse a finales de noviembre o en diciembre.
El vocal del CGPJ Miguel Carmona pidió ayer "a todos los jueces y magistrados y a toda la sociedad que critiquen si tienen algo que criticar" una vez que el Pleno adopte una resolución sobre el expediente, pero que "nadie saque conclusiones sobre lo que a lo mejor puede que vaya a hacerse". El vocal reafirmó, como ya hiciera el CGPJ en una declaración institucional, la independencia de la institución y dijo que ninguno de los miembros actuará "conforme a presiones".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró su discrepancia con la sanción de 1.500 euros y mostró su apoyo al recurso de la Fiscalía para que sea castigado con tres años de suspensión, aunque puntualizó que no cree que sus manifestaciones influyan en la decisión del CGPJ.
Por su parte, los secretarios judiciales calificaron de "inaceptables" los servicios mínimos fijados por el Ministerio para el paro convocado el próximo martes y que afectan al 30% de los funcionarios.
El magistrado defiende en su recurso los argumentos que a lo largo de la instrucción del expediente disciplinario ha venido manteniendo: que la causa ejecutoria del pederasta no estaba pendiente de ninguna resolución judicial y que el juez es el último responsable del ejercicio de la jurisdicción pero no de la labor atribuida a la oficina judicial, cuyo jefe es el secretario.
En su primera alegación ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ, Rafael Tirado apuntó que "sólo sería culpable de no haber indicado u ordenado a la secretaria lo que ya se había ordenado en los autos" dictados el 18 de enero de 2006, en los que se acordó la incoación de la causa ejecutoria y denegó la suspensión de la condena a Santiago del Valle. El magistrado argumenta que exigir nuevos requerimientos al juez que ha dictado esas resoluciones sería tan absurdo como pedirle que mirara, uno a uno, los armarios donde se guardan los procedimientos para indicarle nuevamente a la secretaria -que ha sido sancionada por el Ministerio con dos años de suspensión de empleo y sueldo- el cumplimiento de lo que ya se le ordenó.
Rafael Tirado volvió recientemente a atribuir lo ocurrido a la "inactividad" de la secretaria en su impugnación al recurso de la Fiscalía General del Estado, que ha exigido una sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los asuntos.
Frente a las afirmaciones del Ministerio Público, la defensa del juez expuso que se pretendía atribuirle una "responsabilidad objetiva", por el resultado final producido, y alegó que el luctuoso suceso de la muerte de Mari Luz "por mucho que se diga, no tiene la más mínima relación con el retraso de la ejecutoria". Los abogados de Tirado siempre han sostenido que en este caso no se le puede atribuir un retraso injustificado a un magistrado cuyos módulos de trabajo estaban muy por encima -el 140%- de la carga fijada por el Consejo General del Poder Judicial.
Una vez que el máximo órgano de gobierno de los jueces cuenta ya con los recursos del fiscal y del magistrado, sólo queda que el Pleno se reúna para adoptar una decisión, algo que podría producirse a finales de noviembre o en diciembre.
El vocal del CGPJ Miguel Carmona pidió ayer "a todos los jueces y magistrados y a toda la sociedad que critiquen si tienen algo que criticar" una vez que el Pleno adopte una resolución sobre el expediente, pero que "nadie saque conclusiones sobre lo que a lo mejor puede que vaya a hacerse". El vocal reafirmó, como ya hiciera el CGPJ en una declaración institucional, la independencia de la institución y dijo que ninguno de los miembros actuará "conforme a presiones".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró su discrepancia con la sanción de 1.500 euros y mostró su apoyo al recurso de la Fiscalía para que sea castigado con tres años de suspensión, aunque puntualizó que no cree que sus manifestaciones influyan en la decisión del CGPJ.
Por su parte, los secretarios judiciales calificaron de "inaceptables" los servicios mínimos fijados por el Ministerio para el paro convocado el próximo martes y que afectan al 30% de los funcionarios.
17 octubre 2008
Los magistrados del Tribunal Supremo muestran su apoyo al juez Tirado y piden respeto a la decisión del CGPJ
Adjuntamos la nota hecha pública por la mayoría de los magistrados del Supremo, salvo la Sala de lo Contencioso -que tendrá que ver los posibles recursos contra la resolución-:
Los firmantes, magistrados del Tribunal Supremo, ante el estado de opinión creado en torno al expediente disciplinario seguido contra el magistrado Rafael Tirado Márquez, del que forman parte, incluso, manifestaciones inaceptables de relevantes sujetos públicos, manifestamos:
1. Que es deber constitucional de todos respetar la autonomía decisional del órgano encargado de resolver; y esto hace intolerable todo intento de ejercer presión sobre el mismo, con el fin de de predeterminar su criterio.
2. Que la resolución pendiente deberá producirse con total respeto de la naturaleza de los hechos objeto de consideración y de la calidad de la conducta eventualmente reprochable; y sólo a tenor de los preceptos legales de aplicación.
3. Que, a tal efecto, son datos necesariamente valorables la real situación de personal, medios y carga de trabajo del Juzgado en el que aquéllos se han producido; así como la dedicación del titular del mismo que resulte acreditada.
4. Que los órganos disciplinarios del Poder Judicial están obligados a decidir sólo en derecho y exclusivamente sobre el caso; desatendiendo, por tanto, eventuales demandas sociales o políticas “justicialistas” y de “ejemplaridad”, debidas a motivos de oportunidad; por muy respetables que pudieran ser los intereses y las sensibilidades que las animen.
5. Que esperamos que el Consejo General del Poder Judicial sepa estar a la altura de su papel institucional y de los valores constitucionales del derecho y de la jurisdicción, únicos que legítimamente pueden orientar su criterio.
Los firmantes, magistrados del Tribunal Supremo, ante el estado de opinión creado en torno al expediente disciplinario seguido contra el magistrado Rafael Tirado Márquez, del que forman parte, incluso, manifestaciones inaceptables de relevantes sujetos públicos, manifestamos:
1. Que es deber constitucional de todos respetar la autonomía decisional del órgano encargado de resolver; y esto hace intolerable todo intento de ejercer presión sobre el mismo, con el fin de de predeterminar su criterio.
2. Que la resolución pendiente deberá producirse con total respeto de la naturaleza de los hechos objeto de consideración y de la calidad de la conducta eventualmente reprochable; y sólo a tenor de los preceptos legales de aplicación.
3. Que, a tal efecto, son datos necesariamente valorables la real situación de personal, medios y carga de trabajo del Juzgado en el que aquéllos se han producido; así como la dedicación del titular del mismo que resulte acreditada.
4. Que los órganos disciplinarios del Poder Judicial están obligados a decidir sólo en derecho y exclusivamente sobre el caso; desatendiendo, por tanto, eventuales demandas sociales o políticas “justicialistas” y de “ejemplaridad”, debidas a motivos de oportunidad; por muy respetables que pudieran ser los intereses y las sensibilidades que las animen.
5. Que esperamos que el Consejo General del Poder Judicial sepa estar a la altura de su papel institucional y de los valores constitucionales del derecho y de la jurisdicción, únicos que legítimamente pueden orientar su criterio.
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Los que hacemos Justicia Sevillana.
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16 octubre 2008
El Poder Judicial pide a los jueces la "responsabilidad habitual" para garantizar el servicio público el 21-0 por el caso Mari Luz
El Poder Judicial teme el "espíritu del 8 de octubre". El Consejo General del Poder Judicial ha convocado para el próximo lunes, día 20 de octubre a las 10 horas, a los representantes
de las distintas Asociaciones profesionales de jueces, y a las 11,30 horas a una delegación de Jueces Decanos de toda España, al objeto de analizar los problemas que afectan a la Administración de Justicia.
Asimismo, en la mañana de hoy, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha dirigido a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia la siguiente comunicación literal: “El Consejo General del Poder Judicial recuerda que, como viene siendo norma y de acuerdo con el sentido de responsabilidad habitual de los Jueces Decanos, las Juntas de Jueces deberán celebrarse sin afectar al servicio público de la Administración de Justicia”.
de las distintas Asociaciones profesionales de jueces, y a las 11,30 horas a una delegación de Jueces Decanos de toda España, al objeto de analizar los problemas que afectan a la Administración de Justicia.
Asimismo, en la mañana de hoy, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha dirigido a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia la siguiente comunicación literal: “El Consejo General del Poder Judicial recuerda que, como viene siendo norma y de acuerdo con el sentido de responsabilidad habitual de los Jueces Decanos, las Juntas de Jueces deberán celebrarse sin afectar al servicio público de la Administración de Justicia”.
Expedientados varios funcionarios por retrasos en su trabajo tras el caso Mari Luz
La incertidumbre y el desasosiego generados en la Justicia por el caso Mari Luz también está salpicando a los funcionarios que trabajan en los juzgados, no sólo a los jueces y secretarios. La delegación de Justicia en Sevilla ha abierto, al menos, dos expedientes disciplinarios a funcionarios por retrasos en la tramitación de asuntos y otros casos han sido denunciados ante la sala de Gobierno del TSJA. Hay denuncias en Marchena, Sanlúcar la Mayor y Alcalá de Guadaíra. Todo se debe a una mayor meticulosidad que se observa en los órganos judiciales después de los errores del caso Mari Luz. Hay funcionarios que revisan todo un pleito ante un nuevo trámite del procedimiento, lo que está generando a su vez un mayor retraso en los asuntos...
El Poder Judicial reivindica su independencia y asegura que aplicará la ley en la sanción al juez Tirado
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó ayer una declaración institucional en la que defendió su independencia y aseguró que aplicará en todo momento la ley en el caso de la sanción al magistrado del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por los errores en la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz.
La nota del órgano de gobierno de los jueces reitera su "total compromiso en la defensa de la independencia del Poder Judicial en su trascendental función de garante de las libertades y de la tutela de los derechos de todos los ciudadanos". En este sentido, el Consejo rechaza "rotundamente" que las posiciones ideológicas personales de cada uno de los vocales puedan servir de base para la adopción de sus decisiones.
El órgano de gobierno del Poder Judicial asegura que, en el ejercicio de las funciones que le encomiendan la Constitución y la ley, "resolverá siempre con absoluta independencia y responsabilidad institucional y con pleno sometimiento a la ley, ajeno a todo tipo de manifestaciones, cualquiera que sea su procedencia".
Dicen los vocales que estas declaraciones, en clara alusión a las realizadas por los responsables del Gobierno pidiendo una sanción de tres años de suspensión para el juez Tirado, "en modo alguno influirán en las decisiones que se adopten por este órgano constitucional". Por último, el CGPJ hace un llamamiento a que se mantenga un "clima de serenidad y confianza y respeto a las instituciones necesario para un desarrollo normalizado de sus competencias".
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó ayer que el órgano ni siquiera ha comenzado a estudiar la petición de la Fiscalía de suspender al magistrado, aunque rechazó calificar de "injerencias" las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. "Desde el Consejo se respeta el derecho a la libertad de expresión, cualquiera que sea el cargo que se ocupe, y hemos entendido que ciertas manifestaciones de representantes políticos no van dirigidas a interferir en la función del CGPJ", aclaró Bravo.
Por su parte, la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) no dudó en calificar de "injerencias reiteradas" del Poder Ejecutivo las últimas manifestaciones de los responsables políticos y mostró su apoyo a la convocatoria de juntas de jueces en toda España para el día 21 con el objetivo de estudiar las repercusiones del caso Mari Luz en el ámbito judicial.
Juan José Cortés, el padre de la niña, afirmó ayer que espera y desea que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "dignifique al anterior", ya que "fue prácticamente vergonzoso lo que intentó hacer, una pantomima y avergonzar a todos los españoles". Cortés, que se entrevistó con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reaccionó de esta forma después de que el juez Rafael Tirado haya considerado que la Fiscalía creó "de la nada" una falta muy grave, "en donde no existe responsabilidad disciplinaria alguna" por su parte.
El padre de la niña presuntamente asesinada por el pederasta Santiago del Valle consideró que es preciso que "el nuevo CGPJ ponga las cosas en su sitio y que, verdaderamente, los ciudadanos españoles sepan y entiendan que el CGPJ está precisamente creado para que se sientan protegidos ante los errores que puedan cometer los jueces en sus labores y tareas". Cortés añadió que estas labores "son de obligado cumplimiento: juzgar y hacer cumplir lo juzgado". El padre reiteró que espera que se haga justicia a su hija y se consiga "una Justicia más justa, y el compromiso con todos los españoles".
La nota del órgano de gobierno de los jueces reitera su "total compromiso en la defensa de la independencia del Poder Judicial en su trascendental función de garante de las libertades y de la tutela de los derechos de todos los ciudadanos". En este sentido, el Consejo rechaza "rotundamente" que las posiciones ideológicas personales de cada uno de los vocales puedan servir de base para la adopción de sus decisiones.
El órgano de gobierno del Poder Judicial asegura que, en el ejercicio de las funciones que le encomiendan la Constitución y la ley, "resolverá siempre con absoluta independencia y responsabilidad institucional y con pleno sometimiento a la ley, ajeno a todo tipo de manifestaciones, cualquiera que sea su procedencia".
Dicen los vocales que estas declaraciones, en clara alusión a las realizadas por los responsables del Gobierno pidiendo una sanción de tres años de suspensión para el juez Tirado, "en modo alguno influirán en las decisiones que se adopten por este órgano constitucional". Por último, el CGPJ hace un llamamiento a que se mantenga un "clima de serenidad y confianza y respeto a las instituciones necesario para un desarrollo normalizado de sus competencias".
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó ayer que el órgano ni siquiera ha comenzado a estudiar la petición de la Fiscalía de suspender al magistrado, aunque rechazó calificar de "injerencias" las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. "Desde el Consejo se respeta el derecho a la libertad de expresión, cualquiera que sea el cargo que se ocupe, y hemos entendido que ciertas manifestaciones de representantes políticos no van dirigidas a interferir en la función del CGPJ", aclaró Bravo.
Por su parte, la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) no dudó en calificar de "injerencias reiteradas" del Poder Ejecutivo las últimas manifestaciones de los responsables políticos y mostró su apoyo a la convocatoria de juntas de jueces en toda España para el día 21 con el objetivo de estudiar las repercusiones del caso Mari Luz en el ámbito judicial.
Juan José Cortés, el padre de la niña, afirmó ayer que espera y desea que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "dignifique al anterior", ya que "fue prácticamente vergonzoso lo que intentó hacer, una pantomima y avergonzar a todos los españoles". Cortés, que se entrevistó con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reaccionó de esta forma después de que el juez Rafael Tirado haya considerado que la Fiscalía creó "de la nada" una falta muy grave, "en donde no existe responsabilidad disciplinaria alguna" por su parte.
El padre de la niña presuntamente asesinada por el pederasta Santiago del Valle consideró que es preciso que "el nuevo CGPJ ponga las cosas en su sitio y que, verdaderamente, los ciudadanos españoles sepan y entiendan que el CGPJ está precisamente creado para que se sientan protegidos ante los errores que puedan cometer los jueces en sus labores y tareas". Cortés añadió que estas labores "son de obligado cumplimiento: juzgar y hacer cumplir lo juzgado". El padre reiteró que espera que se haga justicia a su hija y se consiga "una Justicia más justa, y el compromiso con todos los españoles".
15 octubre 2008
La Junta anuncia que cubrirá la baja de la funcionaria del juzgado de Tirado un mes después de producirse y tras cuatro peticiones del juzgado
La consejería de Justicia ha anunciado que cubrirá la baja de una funcionaria en el juzgado de Rafael Tirado, un mes después de que se produjera la vacante y tras cuatro peticiones desde el órgano judicial para que llevara a cabo la sustitución. La empleada tuvo que someterse a una intervención quirúrgica el día 15 de septiembre, hecho que fue comunicado el día 12 a la Junta, pero hasta el día de hoy -se cumple un mes- no se ha producido la sustitución. En este tiempo, la secretaria del juzgado ha pedido en tres ocasiones la sustitución y una más el propio juez Tirado, que remitió un escrito a la delegación provincial de Justicia. Ahora, la Junta ha anunciado que en breve se suplirá la vacante... Más vale tarde que nunca...
El ex secretario del distrito Macarena provoca la suspensión del juicio al renunciar a su abogado al inicio de la vista del jurado
No hubo pacto con la Fiscalía ni tampoco juicio. El ex secretario del distrito Macarena José Marín Rodríguez provocó ayer la suspensión del juicio por las facturas falsas al renunciar a su abogado defensor, José Luis Parada, porque supuestamente había perdido la confianza en su defensor a raíz de que se destaparan en los días previos al inicio del juicio las negociaciones que estaba llevando a cabo con la Fiscalía para tratar de rebajar la posible condena a los dos años de prisión a cambio de pagar los 20.400 euros que el Ministerio Público considera fueron malversados por las obras abonadas y no realizadas.
El propio José Marín se encargó de defender ante el magistrado que preside el tribunal del jurado que debía enjuiciarle, Francisco Gutiérrez, sus argumentos para renunciar a su letrado. "Llevo varios días leyendo cosas de las que no estoy enterado y a las que soy totalmente ajeno. No estoy negociando, no tengo nada que negociar porque soy inocente y quiero demostrarlo", sentenció Marín.
El teniente fiscal de la Audiencia de Sevilla, Antonio Ocaña, que ejerce la acusación pública, advirtió que aunque puede existir un "abuso de derecho" en la renuncia al letrado, consideró que "por lógica y prudencia" debía suspenderse la vista para que el acusado procediera a la designación de un nuevo letrado. El juez interpeló a José Marín sobre si era consciente del "perjuicio y las dificultades" que causaba con su renuncia. "Soy consciente, desde los años 60 estoy trabajando para la sociedad, pero póngase en mi lugar: verse casi crucificado de antemano", explicó el ex responsable del distrito Macarena, para quien la Fiscalía pide una condena de cinco años y tres meses de prisión por delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.
El juez resolvió finalmente que "sintiéndolo mucho" tenía que atender a la petición del imputado, para garantizar su derecho de defensa, y aplazar un juicio que, al no poder hacer cargo el nuevo abogado del caso en pocos días -la ley establece que el jurado debe disolverse si no puede continuar en cinco días-, no podrá celebrarse antes de febrero de 2009.
A la salida del juicio, José Marín insistió en que, después de que se publicara el intento de pacto con la Fiscalía, no podía "entrar en el jurado para que le crucifiquen". Al ser preguntado sobre si en realidad la renuncia no era más que una maniobra dilatoria para suspender la vista oral, el ex secretario del distrito Macarena indicó que lleva "tres años esperando" y la situación es "insufrible".
El que fuera director del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento se mostró abierto a un pacto con la Fiscalía que consistiría en abonar los 4.800 euros de las dos obras pagadas pero no realizadas para la demolición de unos módulos de la capilla de San Diego, siempre y cuando el fiscal le "quitara" cualquier petición de cárcel. "Por un error de 4.800 euros no se puede meter a una persona en la cárcel", opinó Marín.
Tras la suspensión de la vista oral por el caso de las facturas falsas, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, mostró su respeto a la decisión judicial, aunque eludió valorar la suspensión. "Si es de prudencia política e institucional no hacer valoraciones sobre sentencias judiciales, no vamos a hacerlo ahora sobre un proceso que no tiene ni siquiera esa característica", dijo Monteseirín.
El concejal del PP Gregorio Serrano pidió al PSOE que explique de dónde iba a sacar los 20.400 euros para pagar la indemnización y señaló que "lo más gracioso es que Marín se queja de un abogado del PSOE, que trabaja en la Diputación, al que le pagamos todos y es el que se ha encargado de negociar el pago de los 20.400 euros" para evitar el juicio.
Por su parte, el secretario provincial del PA, José Antonio Sánchez, consideró que la suspensión de la vista es "una estrategia de la mitad del PSOE, controlada por el alcalde, para que Sánchez Monteseirín aguante más tiempo en la alcaldía".
El propio José Marín se encargó de defender ante el magistrado que preside el tribunal del jurado que debía enjuiciarle, Francisco Gutiérrez, sus argumentos para renunciar a su letrado. "Llevo varios días leyendo cosas de las que no estoy enterado y a las que soy totalmente ajeno. No estoy negociando, no tengo nada que negociar porque soy inocente y quiero demostrarlo", sentenció Marín.
El teniente fiscal de la Audiencia de Sevilla, Antonio Ocaña, que ejerce la acusación pública, advirtió que aunque puede existir un "abuso de derecho" en la renuncia al letrado, consideró que "por lógica y prudencia" debía suspenderse la vista para que el acusado procediera a la designación de un nuevo letrado. El juez interpeló a José Marín sobre si era consciente del "perjuicio y las dificultades" que causaba con su renuncia. "Soy consciente, desde los años 60 estoy trabajando para la sociedad, pero póngase en mi lugar: verse casi crucificado de antemano", explicó el ex responsable del distrito Macarena, para quien la Fiscalía pide una condena de cinco años y tres meses de prisión por delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.
El juez resolvió finalmente que "sintiéndolo mucho" tenía que atender a la petición del imputado, para garantizar su derecho de defensa, y aplazar un juicio que, al no poder hacer cargo el nuevo abogado del caso en pocos días -la ley establece que el jurado debe disolverse si no puede continuar en cinco días-, no podrá celebrarse antes de febrero de 2009.
A la salida del juicio, José Marín insistió en que, después de que se publicara el intento de pacto con la Fiscalía, no podía "entrar en el jurado para que le crucifiquen". Al ser preguntado sobre si en realidad la renuncia no era más que una maniobra dilatoria para suspender la vista oral, el ex secretario del distrito Macarena indicó que lleva "tres años esperando" y la situación es "insufrible".
El que fuera director del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento se mostró abierto a un pacto con la Fiscalía que consistiría en abonar los 4.800 euros de las dos obras pagadas pero no realizadas para la demolición de unos módulos de la capilla de San Diego, siempre y cuando el fiscal le "quitara" cualquier petición de cárcel. "Por un error de 4.800 euros no se puede meter a una persona en la cárcel", opinó Marín.
Tras la suspensión de la vista oral por el caso de las facturas falsas, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, mostró su respeto a la decisión judicial, aunque eludió valorar la suspensión. "Si es de prudencia política e institucional no hacer valoraciones sobre sentencias judiciales, no vamos a hacerlo ahora sobre un proceso que no tiene ni siquiera esa característica", dijo Monteseirín.
El concejal del PP Gregorio Serrano pidió al PSOE que explique de dónde iba a sacar los 20.400 euros para pagar la indemnización y señaló que "lo más gracioso es que Marín se queja de un abogado del PSOE, que trabaja en la Diputación, al que le pagamos todos y es el que se ha encargado de negociar el pago de los 20.400 euros" para evitar el juicio.
Por su parte, el secretario provincial del PA, José Antonio Sánchez, consideró que la suspensión de la vista es "una estrategia de la mitad del PSOE, controlada por el alcalde, para que Sánchez Monteseirín aguante más tiempo en la alcaldía".
El juez Tirado insiste en la "inactividad" de la secretaria de su juzgado como clave en lo ocurrido
El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, ha pedido al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que desestime la petición de la Fiscalía de sancionarle con tres años de suspensión de empleo por los retrasos del caso Mari Luz, con el argumento de que la ejecutoria de Santiago del Valle no estaba pendiente de ninguna resolución judicial y que lo ocurrido obedece a la "inactividad" de la secretaria judicial, que ha sido suspendida dos años.
El recurso de Rafael Tirado, que suscriben el propio magistrado y los letrados Alfonso Martínez Escribano y Francisco Baena Bocanegra, asevera que el luctuoso suceso de la muerte de la niña "por mucho que se diga, no tiene la más mínima relación con el retraso de la ejecutoria" de la condena de dos años y nueve meses impuesta a Santiago del Valle por abusar de su propia hija. En este contexto, el magistrado alega que la Fiscalía está tratando de imponerle una "responsabilidad objetiva" -por el resultado producido-, cuando él "dictó las resoluciones precisas para hacer ejecutar lo juzgado". Se trata, continúa Tirado, de afirmar que la última responsabilidad "siempre la tiene el juez" y crear "a posteriori de un suceso luctuoso que ninguna relación tiene con el asunto, de la nada, una falta muy grave en donde no existe responsabilidad disciplinaria alguna por parte del juez y, en la que, por mucho que se intenten forzar las cosas, sería imposible encontrar un precedente de estas características en las resoluciones del CGPJ y en la propia jurisprudencia del Supremo".
El recurso de Tirado recuerda que la Fiscalía sólo pidió una falta grave para una juez que no concedió una orden de alejamiento a una mujer que fue asesinada dos días después y que acabó siendo sancionada por una falta grave, porque "la gravedad no puede medirse en función de lo que después sucedió, sino en atención a la conducta objeto de sanción". Frente a este caso, Tirado señala que ni el Ministerio Fiscal ni la Junta, que ejercía la acusación particular, instó la adopción de ninguna medida cautelar en la tramitación de de la causa, "ni la prisión en ejecución", después de que se les notificara la condena definitiva.
El recurso de Tirado, de 40 folios, precisa que la ley orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, que modifica la ley orgánica del Poder Judicial para introducir la nueva oficina judicial -que aún no está implantada-, recoge en su artículo 452.2 que es competencia de la secretaria velar por el cumplimiento de las resoluciones, y añade que fue la propia inspección del CGPJ, en la visita que giró al juzgado en noviembre de 2007, la que indicó "a la secretaria" del juzgado las medidas que debía adoptar para solucionar el retraso en las ejecutorias, "sin que hubiera la más mínima alusión al juez".
El documento tilda de "aberración" el planteamiento de la Fiscalía, que reprochó al juez que no diese indicaciones a la secretaria para ejecutar la sentencia, y se pregunta qué concreta resolución tendría que haber realizado "después de haber dictado una sentencia y ordenado dos veces su ejecución".
Aunque Rafael Tirado aclara que no prentede atribuir "ningún tipo de responsabilidad" a la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, sí pone de manifiesto que, según la ley orgánica, "el juez tiene la dirección así como la inspección y los secretarios tienen la función de cumplir y velar por el cumplimiento". El secretario "no es un subordinado del juez", explica el recurso, que añade que "el hecho de producirse una inactividad por parte de los que tenían la obligación de cumplir lo ordenado y de velar por su cumplimiento, se califica nada menos que como un supuesto de proceder de manera contraria a la legalmente establecida".
El juez reprocha a la Fiscalía que planteara la hipótesis de que las penas impuestas a Del Valle estuvieron a punto de prescribir y recuerda que "donde sí podía haber prescrito es en el tiempo que estuvieron los autos en la Audiencia de Sevilla", que tardó dos años y ocho meses en dictar sentencia, a sólo cuatro meses de prescribir. También alude el juez a un certificado de la secretaria sobre el movimiento de la plantilla en 2006 y 2007 para afirmar que "la falta de cobertura" de las bajas y vacantes contribuyó al aumento de las ejecutorias: se tramitaron 1.499 en 2007 y se resolvieron 842.
El recurso de Rafael Tirado, que suscriben el propio magistrado y los letrados Alfonso Martínez Escribano y Francisco Baena Bocanegra, asevera que el luctuoso suceso de la muerte de la niña "por mucho que se diga, no tiene la más mínima relación con el retraso de la ejecutoria" de la condena de dos años y nueve meses impuesta a Santiago del Valle por abusar de su propia hija. En este contexto, el magistrado alega que la Fiscalía está tratando de imponerle una "responsabilidad objetiva" -por el resultado producido-, cuando él "dictó las resoluciones precisas para hacer ejecutar lo juzgado". Se trata, continúa Tirado, de afirmar que la última responsabilidad "siempre la tiene el juez" y crear "a posteriori de un suceso luctuoso que ninguna relación tiene con el asunto, de la nada, una falta muy grave en donde no existe responsabilidad disciplinaria alguna por parte del juez y, en la que, por mucho que se intenten forzar las cosas, sería imposible encontrar un precedente de estas características en las resoluciones del CGPJ y en la propia jurisprudencia del Supremo".
El recurso de Tirado recuerda que la Fiscalía sólo pidió una falta grave para una juez que no concedió una orden de alejamiento a una mujer que fue asesinada dos días después y que acabó siendo sancionada por una falta grave, porque "la gravedad no puede medirse en función de lo que después sucedió, sino en atención a la conducta objeto de sanción". Frente a este caso, Tirado señala que ni el Ministerio Fiscal ni la Junta, que ejercía la acusación particular, instó la adopción de ninguna medida cautelar en la tramitación de de la causa, "ni la prisión en ejecución", después de que se les notificara la condena definitiva.
El recurso de Tirado, de 40 folios, precisa que la ley orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, que modifica la ley orgánica del Poder Judicial para introducir la nueva oficina judicial -que aún no está implantada-, recoge en su artículo 452.2 que es competencia de la secretaria velar por el cumplimiento de las resoluciones, y añade que fue la propia inspección del CGPJ, en la visita que giró al juzgado en noviembre de 2007, la que indicó "a la secretaria" del juzgado las medidas que debía adoptar para solucionar el retraso en las ejecutorias, "sin que hubiera la más mínima alusión al juez".
El documento tilda de "aberración" el planteamiento de la Fiscalía, que reprochó al juez que no diese indicaciones a la secretaria para ejecutar la sentencia, y se pregunta qué concreta resolución tendría que haber realizado "después de haber dictado una sentencia y ordenado dos veces su ejecución".
Aunque Rafael Tirado aclara que no prentede atribuir "ningún tipo de responsabilidad" a la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, sí pone de manifiesto que, según la ley orgánica, "el juez tiene la dirección así como la inspección y los secretarios tienen la función de cumplir y velar por el cumplimiento". El secretario "no es un subordinado del juez", explica el recurso, que añade que "el hecho de producirse una inactividad por parte de los que tenían la obligación de cumplir lo ordenado y de velar por su cumplimiento, se califica nada menos que como un supuesto de proceder de manera contraria a la legalmente establecida".
El juez reprocha a la Fiscalía que planteara la hipótesis de que las penas impuestas a Del Valle estuvieron a punto de prescribir y recuerda que "donde sí podía haber prescrito es en el tiempo que estuvieron los autos en la Audiencia de Sevilla", que tardó dos años y ocho meses en dictar sentencia, a sólo cuatro meses de prescribir. También alude el juez a un certificado de la secretaria sobre el movimiento de la plantilla en 2006 y 2007 para afirmar que "la falta de cobertura" de las bajas y vacantes contribuyó al aumento de las ejecutorias: se tramitaron 1.499 en 2007 y se resolvieron 842.
11 octubre 2008
El "espiritu del 8 de octubre" puede llevar a los jueces a convocar una huelga por el caso Mari Luz
Los jueces están planeando a través de la intranet del Poder Judicial la posibilidad de llevar a cabo una huelga por el caso Mari Luz y por las presiones del Gobierno para forzar un endurecimiento de la sanción impuesta al magistrado del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado.
Desde primera hora de la madrugada del pasado miércoles, día 8, hasta anoche se habían contabilizado en el correo electrónico que facilita a los jueces y magistrados el Consejo General del Poder Judicial más de un millar de e-mails en los que los que las bases de la carrera judicial están gestando la posible constitución de un comité de huelga en las juntas generales de jueces que han sido convocadas por los decanos para el próximo día 21, coincidiendo con el paro de los secretarios judiciales.
La iniciativa ha surgido completamente al margen de las asociaciones profesionales de jueces y tiene como base de partida el acuerdo de los jueces decanos de España, que se reunieron esta semana en Cádiz y denunciaron la "intolerable" injerencia del Ejecutivo en relación a las indicaciones al Poder Judicial sobre la sanción concreta que debería imponerse al magistrado sevillano. Los decanos, que representan a más de la mitad de los 4.000 jueces que hay en España, estimaron que las críticas vertidas desde el Gobierno pretenden "ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados".
El movimiento, que nace para aglutinar el que ya ha sido denominado por los propios jueces como "el espíritu del 8 de octubre", surgió de forma espontánea con un correo colgado en la página -a primera hora del día 8- por un magistrado que realizaba un llamamiento a sus compañeros para adoptar una actitud más reivindicativa, tras el paro de tres horas que llevarán a cabo los secretarios judiciales en protesta por la sanción de dos años de suspensión a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1, Juana Gálvez.
Desde ese momento, centenares de jueces acogieron con agrado la idea y comenzaron a expresar su indignación en la web. A última hora de ayer, la intranet del Poder Judicial estaba prácticamente colapsada por los más de un millar de correos electrónicos enviados. En algunos de estos e-mails, los jueces hacen un llamamiento a la huelga, al grito de "¡A las barricadas, pero con estrategia!", como simbólicamente se titula uno de los correos que se envían y reenvían los magistrados. Otros jueces consideran que las asambleas convocadas para el día 21 no deberían centrarse únicamente en el "vía crucis y previsible crucifixión de Rafael Tirado", en alusión al recurso que debe resolver aún el máximo órgano de gobierno de los jueces. La idea, apuntan otros correos, es que en todas las juntas del 21 exista un punto del orden del día referido a la posibilidad de adoptar medidas reivindicativas.
Muchos magistrados consultados no han dudado en calificar de excepcional este movimiento reivindicativo, que no se recuerda en la judicatura española desde hace muchísimas décadas. Algunos también apuntan que las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidiendo una sanción de tres años de suspensión para el juez Tirado han colmado el vaso. Otros incluso consideran una provocación las manifestaciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, esta semana en Sevilla y en las que anunció que el registro de medidas cautelares comenzaría "en el juzgado Penal 1".
Desde primera hora de la madrugada del pasado miércoles, día 8, hasta anoche se habían contabilizado en el correo electrónico que facilita a los jueces y magistrados el Consejo General del Poder Judicial más de un millar de e-mails en los que los que las bases de la carrera judicial están gestando la posible constitución de un comité de huelga en las juntas generales de jueces que han sido convocadas por los decanos para el próximo día 21, coincidiendo con el paro de los secretarios judiciales.
La iniciativa ha surgido completamente al margen de las asociaciones profesionales de jueces y tiene como base de partida el acuerdo de los jueces decanos de España, que se reunieron esta semana en Cádiz y denunciaron la "intolerable" injerencia del Ejecutivo en relación a las indicaciones al Poder Judicial sobre la sanción concreta que debería imponerse al magistrado sevillano. Los decanos, que representan a más de la mitad de los 4.000 jueces que hay en España, estimaron que las críticas vertidas desde el Gobierno pretenden "ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados".
El movimiento, que nace para aglutinar el que ya ha sido denominado por los propios jueces como "el espíritu del 8 de octubre", surgió de forma espontánea con un correo colgado en la página -a primera hora del día 8- por un magistrado que realizaba un llamamiento a sus compañeros para adoptar una actitud más reivindicativa, tras el paro de tres horas que llevarán a cabo los secretarios judiciales en protesta por la sanción de dos años de suspensión a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1, Juana Gálvez.
Desde ese momento, centenares de jueces acogieron con agrado la idea y comenzaron a expresar su indignación en la web. A última hora de ayer, la intranet del Poder Judicial estaba prácticamente colapsada por los más de un millar de correos electrónicos enviados. En algunos de estos e-mails, los jueces hacen un llamamiento a la huelga, al grito de "¡A las barricadas, pero con estrategia!", como simbólicamente se titula uno de los correos que se envían y reenvían los magistrados. Otros jueces consideran que las asambleas convocadas para el día 21 no deberían centrarse únicamente en el "vía crucis y previsible crucifixión de Rafael Tirado", en alusión al recurso que debe resolver aún el máximo órgano de gobierno de los jueces. La idea, apuntan otros correos, es que en todas las juntas del 21 exista un punto del orden del día referido a la posibilidad de adoptar medidas reivindicativas.
Muchos magistrados consultados no han dudado en calificar de excepcional este movimiento reivindicativo, que no se recuerda en la judicatura española desde hace muchísimas décadas. Algunos también apuntan que las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidiendo una sanción de tres años de suspensión para el juez Tirado han colmado el vaso. Otros incluso consideran una provocación las manifestaciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, esta semana en Sevilla y en las que anunció que el registro de medidas cautelares comenzaría "en el juzgado Penal 1".
Un informe del juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, que fue presentado en la reunión de decanos en Cádiz esta semana confirma que no hay ninguna ley que impida a los jueces ejercer el derecho de huelga, al depender del Poder Ejecutivo (aunque sea por la cuestión salarial).
09 octubre 2008
CSI-CSIF recuerda a la consejería que antes de crear el juzgado número 5 en Sanlúcar la Mayor debe crear el 4...
A continuación, os dejamos un comunicado remitido por CSI-CSIF sobre la creación de nuevos órganos judiciales en Sevilla y un lapsus de la Consejería:
"En el día de ayer, ocho de octubre, la Consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo ha mantenido una reunión de trabajo con Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia, en la sede de la Consejería en Sevilla. En dicha reunión, la Consejera ha trasladado al Ministro las peticiones de la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, para la creación de 29 nuevos órganos judiciales para el año 2009 en nuestra Comunidad Autónoma. En la provincia de Sevilla, la petición es la siguiente:
Juzgado de lo Penal número 14.
Juzgado de lo Mercantil número 2.
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Dos Hermanas.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coria del Río.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Utrera.
Una vez más, la Consejería se pone la medalla de pedir nuevos órganos judiciales… EN UNA CANTIDAD ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE. Pero eso sí, a toda velocidad; porque, TANTO HA CORRIDO QUE HA CREADO EL JUZGADO NÚMERO CINCO DE SANLÚCAR… ¡¡¡ANTES DE QUE EXISTA EL CUATRO!!! Eso es eficacia y lo demás tontería.
¿O será que, en su fuero interno, es plenamente consciente de que Sanlúcar necesita, no cuatro, sino cinco juzgados? Quizás esta reunión de pastores hubiera servido para algo más constructivo si hubieran sido convocadas también las Centrales Sindicales.
Sevilla, nueve de octubre de 2008."
"En el día de ayer, ocho de octubre, la Consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo ha mantenido una reunión de trabajo con Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia, en la sede de la Consejería en Sevilla. En dicha reunión, la Consejera ha trasladado al Ministro las peticiones de la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, para la creación de 29 nuevos órganos judiciales para el año 2009 en nuestra Comunidad Autónoma. En la provincia de Sevilla, la petición es la siguiente:
Juzgado de lo Penal número 14.
Juzgado de lo Mercantil número 2.
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Dos Hermanas.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coria del Río.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Utrera.
Una vez más, la Consejería se pone la medalla de pedir nuevos órganos judiciales… EN UNA CANTIDAD ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE. Pero eso sí, a toda velocidad; porque, TANTO HA CORRIDO QUE HA CREADO EL JUZGADO NÚMERO CINCO DE SANLÚCAR… ¡¡¡ANTES DE QUE EXISTA EL CUATRO!!! Eso es eficacia y lo demás tontería.
¿O será que, en su fuero interno, es plenamente consciente de que Sanlúcar necesita, no cuatro, sino cinco juzgados? Quizás esta reunión de pastores hubiera servido para algo más constructivo si hubieran sido convocadas también las Centrales Sindicales.
Sevilla, nueve de octubre de 2008."
La consejera anuncia la creación de siete nuevos juzgados
Y luego, cuando les interesa, dicen que no tienen competencia en la creación de nuevos órganos judiciales (que es cosa del Estado). En fin, la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, anunció ayer que la provincia de Sevilla contará en 2009 con siete nuevos juzgados: En la capital se crearán el juzgado de lo penal 14, el de lo Mercantil 2 y el de lo Contencioso-Administrativo 13. En la provincia se pondrán en funcionamiento juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Dos Hermanas (número 7), Coria del Río (3), Sanlúcar la Mayor (5) y Utrera (4).
Evangelina Naranjo señaló que no tiene ninguna constancia sobre el informe que ha elaborado el TSJA donde se confirma lo que los jueces venían denunciando desde hace tiempo: la falta de rapidez de la Consejería de Justicia para cubrir a tiempo las bajas de los funcionarios y la poca experiencia judicial previa de los sustitutos. Este estudio, del que la consejería tiene pleno conocimiento -hace unos meses se vendió incluso que el análisis se había ampliado, fruto de la colaboración entre la Consejería y el Alto Tribunal andaluz-, ratifica que los interinos llegan tarde y sin ninguna preparación técnica, porque muchos proceden del Servicio Andaluz de Empleo.
La consejera también dijo que su departamento desconocía la baja -ya por más de quince días de una funcionaria- en el juzgado de lo Penal número 1, el de Rafael Tirado, pero lo cierto es que desde este juzgado se comunicó en dos ocasiones -días 12 y 18 de septiembre, está totalmente contrastado- la necesidad de que se supliera esta vacante de una funcionaria que tenía que someterse a una intervención quirúrgica. Hasta la fecha no se ha cubierto la baja y los días siguen pasando. Luego seguirán negando lo que afirman los sindicatos: que la Junta no cubre "por norma" las bajas de los funcionarios con una duración inferior al mes. Y eso sin contar todas las bajas de más de un mes -y de dos, tres, etc- que tampoco cubren...
Y es que esta consejería no es tan fácil de llevar como Gobernación, ¿o no?. Aquí hay muchas más complicaciones....
Bermejo insiste en que el juez Tirado es el "gran responsable" de lo ocurrido en el caso Mari Luz
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, vino ayer a Sevilla para insistir en que el juez Tirado es el "gran responsable" de lo ocurrido en el caso Mari Luz. Bermejo pidió "mayor autocrítica y altura de miras" a los secretarios judiciales, que han pedido su dimisión y convocado movilizaciones en apoyo de la secretaria Juana Gálvez -suspendida de empleo y sueldo durante dos años-. El titular de Justicia consideró que "esta decisión no parecería tan injusta si antes no se hubiera dejado en una mera multa la sanción al gran responsable del órgano judicial, el juez Tirado", que no ejecutó la sentencia contra Del Valle por abusos sexuales a su hija.
Mientras el ministro hacía estas declaraciones, los jueces decanos de España, reunidos en Cádiz, anunciaban la convocatoria para el día 21 -coincidiendo con el paro de tres horas de los secretarios judiciales- de juntas de jueces en todo el país para analizar la injerencia del gobierno en la competencia sancionadora del CGPJ, que debe revisar en breve la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Tirado.
08 octubre 2008
Un informe del TSJA ratifica que las bajas en los juzgados se cubren tarde y por personal inexperto
Un informe elaborado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado lo que los jueces vienen denunciado desde mucho antes del escándalo del caso Mari Luz: que la Consejería de Justicia no cubre a tiempo las bajas de los funcionarios judiciales y que, en los casos en los que se produce la sustitución, ésta se realiza por personas que carecen de experiencia judicial previa.
El exhaustivo estudio fue encargado por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal en abril pasado y ha sido elevado ya al Pleno del TSJA en dos ocasiones, la última en el día de ayer, aunque todavía no ha sido aprobado porque, según un portavoz de la institución, aún queda por elaborar las conclusiones del documento final. En julio pasado el Pleno conoció el informe elaborado por el presidente de la Audiencia de Granada, José Requena, pero ayer volvió a retrasarse su aprobación hasta la sesión que tendrá lugar el próximo mes de diciembre, lo que provocó la sorpresa entre algunos de los magistrados asistentes a la reunión, según comentaron a este periódico fuentes judiciales.
Para la realización de esta investigación sobre las necesidades judiciales, el TSJA envió a todos los juzgados andaluces un cuestionario sobre las necesidades de las plantillas y las posibles incidencias en la cobertura de las bajas de los funcionarios que se hubiesen producido en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y abril de 2008. Entre las cuestiones planteadas a los responsables de los juzgados se encuentran si la dotación de la plantilla es adecuada o aceptable y el tiempo que la Administración autonómica tardó en cubrir la plaza: distinguiendo si la baja se ha cubierto en menos o más de un mes, más de tres meses, o incluso si seguía sin suplirse a la hora de dar respuesta al cuestionario. El TSJA también preguntaba por el sistema de control del horario laboral de los funcionarios y si la dirección de la plantilla se lleva a cabo de forma exclusiva por el juez o el secretario judicial, o por ambos.
El resultado de ese informe, a la espera de su finalización, viene a ratificar las principales carencias detectadas por los jueces y los sindicatos a la hora de cubrir las bajas de los funcionarios. El CSI-CSIF denunció en reiteradas ocasiones que la Junta no suple "por norma" las bajas de los funcionarios con una duración inferior a un mes, aunque hay incluso casos en los que la sustitución se ha demorado por espacio de más de tres meses, como ocurrió recientemente en el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla y en el juzgado de lo Mercantil.
En el caso del titular del juzgado de lo Penal número 1, Rafael Tirado, la comisión disciplinaria constató que el negociado que tramitaba la ejecutoria de Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, estuvo "casi seis meses" sin cubrirse de forma permanente, lo que incide en el retraso en la tramitación de las causas.
El informe también corrobora que desde hace un año y medio los interinos que llegan a los juzgados proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al haberse agotado la bolsa de interinos, con lo que estas personas no tienen conocimientos judiciales previos y, por tanto, no saben distinguir entre un auto o una providencia. Estos sustitutos ni siquiera reciben un curso de formación antes de comenzar la suplencia, lo que influye en la marcha del juzgado y provoca que otros funcionarios tengan que ayudarles, con la consiguiente pérdida de tiempo y una nueva demora en la tramitación de los asuntos. En los últimos meses, el SAE ha enviado para cubrir bajas en los juzgados a personas de oficios tan dispares como una puericultora, una peluquera o una ceramista.
El exhaustivo estudio fue encargado por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal en abril pasado y ha sido elevado ya al Pleno del TSJA en dos ocasiones, la última en el día de ayer, aunque todavía no ha sido aprobado porque, según un portavoz de la institución, aún queda por elaborar las conclusiones del documento final. En julio pasado el Pleno conoció el informe elaborado por el presidente de la Audiencia de Granada, José Requena, pero ayer volvió a retrasarse su aprobación hasta la sesión que tendrá lugar el próximo mes de diciembre, lo que provocó la sorpresa entre algunos de los magistrados asistentes a la reunión, según comentaron a este periódico fuentes judiciales.
Para la realización de esta investigación sobre las necesidades judiciales, el TSJA envió a todos los juzgados andaluces un cuestionario sobre las necesidades de las plantillas y las posibles incidencias en la cobertura de las bajas de los funcionarios que se hubiesen producido en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y abril de 2008. Entre las cuestiones planteadas a los responsables de los juzgados se encuentran si la dotación de la plantilla es adecuada o aceptable y el tiempo que la Administración autonómica tardó en cubrir la plaza: distinguiendo si la baja se ha cubierto en menos o más de un mes, más de tres meses, o incluso si seguía sin suplirse a la hora de dar respuesta al cuestionario. El TSJA también preguntaba por el sistema de control del horario laboral de los funcionarios y si la dirección de la plantilla se lleva a cabo de forma exclusiva por el juez o el secretario judicial, o por ambos.
El resultado de ese informe, a la espera de su finalización, viene a ratificar las principales carencias detectadas por los jueces y los sindicatos a la hora de cubrir las bajas de los funcionarios. El CSI-CSIF denunció en reiteradas ocasiones que la Junta no suple "por norma" las bajas de los funcionarios con una duración inferior a un mes, aunque hay incluso casos en los que la sustitución se ha demorado por espacio de más de tres meses, como ocurrió recientemente en el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla y en el juzgado de lo Mercantil.
En el caso del titular del juzgado de lo Penal número 1, Rafael Tirado, la comisión disciplinaria constató que el negociado que tramitaba la ejecutoria de Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, estuvo "casi seis meses" sin cubrirse de forma permanente, lo que incide en el retraso en la tramitación de las causas.
El informe también corrobora que desde hace un año y medio los interinos que llegan a los juzgados proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al haberse agotado la bolsa de interinos, con lo que estas personas no tienen conocimientos judiciales previos y, por tanto, no saben distinguir entre un auto o una providencia. Estos sustitutos ni siquiera reciben un curso de formación antes de comenzar la suplencia, lo que influye en la marcha del juzgado y provoca que otros funcionarios tengan que ayudarles, con la consiguiente pérdida de tiempo y una nueva demora en la tramitación de los asuntos. En los últimos meses, el SAE ha enviado para cubrir bajas en los juzgados a personas de oficios tan dispares como una puericultora, una peluquera o una ceramista.
06 octubre 2008
Los secretarios judiciales tildan de "escándalo" la sanción a la secretaria del juzgado de lo Penal 1
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, ante la noticia de que a nuestra compañera del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Sevilla en el expediente sancionador incoado contra ella con motivo de los desgraciados acontecimientos sucedidos en el llamado “caso Mari Luz” por la que le ha sido impuesta una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo.
MANIFIESTA:
Estamos ante lo que sin miedo a equivocarnos constituye un auténtico escándalo, y no podemos dejar de manifestar nuestro estupor e indignación ante esta resolución del Ministro de Justicia, por la desmesurada sanción impuesta y a todas luces injusta, y por el desparpajo con el que se quiere confundir a la ciudadanía descargando en funcionarios de a pié lo que es una absoluta falta de dedicación de medios organizativos, humanos, materiales e informáticos. Además queremos denunciar las irrisorias inversiones económicas en Justicia que traen consigo que los españoles tengan que soportar una Administración de Justicia dotada con medios decimonónicos, para una sociedad del siglo XXI.Desde el CNSJ hemos querido mantener, contando con el deseo de la compañera, una actitud de silencio y máximo respeto a quienes tenían que instruir y valorar los hechos acaecidos en el Penal nº 1 de Sevilla, pero ya no es posible mantener dicha postura, ni debe hacerse, pues la sanción se ha materializado.En el bien entendido que nuestra máxima preocupación ha sido y sigue siendo el amparo a nuestra compañera, consideramos que, como siempre, se ha optado por hacer sangre en la parte más débil. El Ministerio para acallar voces y no molestar a nadie ha decidido dar un escarmiento ejemplar en la Secretaria Judicial, aprovechándose de un durísimo régimen sancionador discriminatorio que se nos impuso en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que desde un principio habíamos reclamado su modificación. La dación de cuenta (dar cuenta al juez) en la mayoría de los casos se lleva a cabo de forma verbal, no por escrito; no se ha desarrollado la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni adaptado las leyes procesales a su dictado, por lo que la competencia para ejecutar las sentencias todavía no se materializa en los Secretarios Judiciales. La nueva organización de la oficina judicial que debía haber pilotado el Ministerio para solucionar estas carencias, está estancada desde hace casi cinco años. Así ha hecho caer la culpabilidad de los acontecimientos en quién poca o ninguna culpa tiene en ellos, eso por no mencionar que en realidad tal sanción no obedece a la veracidad de ninguna falta cometida sino a las funestas consecuencias que una concatenación de “disfunciones” ha provocado.EL Ministro de Justicia ha buscado un chivo expiatorio e intenta contentar a la opinión pública ocultando las graves carencias de la Administración de Justicia, tanto organizativas como de personal y de medios materiales. Ningún Secretario Judicial puede controlar la Oficina Judicial con los medios materiales que existen actualmente en los juzgados. Por un lado, el sistema de gestión procesal es totalmente deficiente, no permite un control informático de las ejecutorias, por lo que se tiene que hacer manualmente, contando una a una. Muchos funcionarios interinos acceden a los juzgados sin estar preparados para desempeñar sus funciones. No existe medio informático para compartir información esencial entre los órganos de la Administración de Justicia, y con las Fuerzas de Seguridad, sobre todo en materias tan importantes y sensibles como las penales.Los ciudadanos han de saber que hechos como el ocurrido en el penal de Sevilla pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, pues la situación de la justicia es plenamente deficiente en medios y dotaciones. Así lo hemos dicho los Secretarios Judiciales, y así lo hemos reclamado pero el Gobierno de la nación no pone remedio a esta situación.Por todo ello, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ejercerá las actuaciones que sean precisas para defender la verdad y apoyar a la Secretario Judicial.
MANIFIESTA:
Estamos ante lo que sin miedo a equivocarnos constituye un auténtico escándalo, y no podemos dejar de manifestar nuestro estupor e indignación ante esta resolución del Ministro de Justicia, por la desmesurada sanción impuesta y a todas luces injusta, y por el desparpajo con el que se quiere confundir a la ciudadanía descargando en funcionarios de a pié lo que es una absoluta falta de dedicación de medios organizativos, humanos, materiales e informáticos. Además queremos denunciar las irrisorias inversiones económicas en Justicia que traen consigo que los españoles tengan que soportar una Administración de Justicia dotada con medios decimonónicos, para una sociedad del siglo XXI.Desde el CNSJ hemos querido mantener, contando con el deseo de la compañera, una actitud de silencio y máximo respeto a quienes tenían que instruir y valorar los hechos acaecidos en el Penal nº 1 de Sevilla, pero ya no es posible mantener dicha postura, ni debe hacerse, pues la sanción se ha materializado.En el bien entendido que nuestra máxima preocupación ha sido y sigue siendo el amparo a nuestra compañera, consideramos que, como siempre, se ha optado por hacer sangre en la parte más débil. El Ministerio para acallar voces y no molestar a nadie ha decidido dar un escarmiento ejemplar en la Secretaria Judicial, aprovechándose de un durísimo régimen sancionador discriminatorio que se nos impuso en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que desde un principio habíamos reclamado su modificación. La dación de cuenta (dar cuenta al juez) en la mayoría de los casos se lleva a cabo de forma verbal, no por escrito; no se ha desarrollado la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni adaptado las leyes procesales a su dictado, por lo que la competencia para ejecutar las sentencias todavía no se materializa en los Secretarios Judiciales. La nueva organización de la oficina judicial que debía haber pilotado el Ministerio para solucionar estas carencias, está estancada desde hace casi cinco años. Así ha hecho caer la culpabilidad de los acontecimientos en quién poca o ninguna culpa tiene en ellos, eso por no mencionar que en realidad tal sanción no obedece a la veracidad de ninguna falta cometida sino a las funestas consecuencias que una concatenación de “disfunciones” ha provocado.EL Ministro de Justicia ha buscado un chivo expiatorio e intenta contentar a la opinión pública ocultando las graves carencias de la Administración de Justicia, tanto organizativas como de personal y de medios materiales. Ningún Secretario Judicial puede controlar la Oficina Judicial con los medios materiales que existen actualmente en los juzgados. Por un lado, el sistema de gestión procesal es totalmente deficiente, no permite un control informático de las ejecutorias, por lo que se tiene que hacer manualmente, contando una a una. Muchos funcionarios interinos acceden a los juzgados sin estar preparados para desempeñar sus funciones. No existe medio informático para compartir información esencial entre los órganos de la Administración de Justicia, y con las Fuerzas de Seguridad, sobre todo en materias tan importantes y sensibles como las penales.Los ciudadanos han de saber que hechos como el ocurrido en el penal de Sevilla pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, pues la situación de la justicia es plenamente deficiente en medios y dotaciones. Así lo hemos dicho los Secretarios Judiciales, y así lo hemos reclamado pero el Gobierno de la nación no pone remedio a esta situación.Por todo ello, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ejercerá las actuaciones que sean precisas para defender la verdad y apoyar a la Secretario Judicial.
03 octubre 2008
Ultima hora: el Ministerio sanciona con dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria del juzgado Penal número 1 por el caso Mari Luz
El Ministerio de Justicia sancionó hoy con dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, por su actuación en la ejecución de la sentencia que condenó a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, por abusar sexualmente de su propia hija.
Según informó el Ministerio, la sanción a Gálvez ha sido impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a no ejecutar la sentencia.
Aunque el instructor del expediente a la secretaria había propuesto que la sanción fuera de 6 meses de suspensión, el departamento de Mariano Fernández Bermejo justifica la decisión de imponer una de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".
El presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses.
Según indica el Ministerio, tanto la naturaleza de las penas de prisión impuestas, cuya ejecución se dilató de manera indebida, como los hechos que motivaron la condena de Santiago del Valle (un delito de abuso sexual contra su hija menor), requerían de un "especial celo" en la tramitación de la correspondiente ejecutoria.
No obstante, la resolución del instructor destaca que no existió una actuación dolosa por parte de la sancionada, sino un cúmulo de actuaciones negligentes o falta de diligencia. "La responsabilidad de la secretaria judicial se le exige con independencia de otra u otras que pudieran existir puesto que la supervisión y dirección superior incumbe al juez", añade.
Se argumenta también que no se ha impuesto a la secretaria judicial la sanción en su grado máximo -tres años de suspensión o traslado forzoso fuera del municipio- por el reconocimiento a su trabajo por parte de los funcionarios de la Oficina Judicial, el elevado número de señalamientos en los juzgados de lo penal y la atención al registro para la protección a las víctimas de violencia doméstica.
Tras esta resolución, habrá que ver ahora qué decide el Pleno del CGPJ, que deberá resolver los recursos presentados por la Fiscalía y el propio juez Rafael Tirado contra la sanción de 1.500 euros que le impuso a este último la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces por una falta grave de retraso en la tramitación de los procedimientos de su juzgado.
Según informó el Ministerio, la sanción a Gálvez ha sido impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a no ejecutar la sentencia.
Aunque el instructor del expediente a la secretaria había propuesto que la sanción fuera de 6 meses de suspensión, el departamento de Mariano Fernández Bermejo justifica la decisión de imponer una de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".
El presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses.
Según indica el Ministerio, tanto la naturaleza de las penas de prisión impuestas, cuya ejecución se dilató de manera indebida, como los hechos que motivaron la condena de Santiago del Valle (un delito de abuso sexual contra su hija menor), requerían de un "especial celo" en la tramitación de la correspondiente ejecutoria.
No obstante, la resolución del instructor destaca que no existió una actuación dolosa por parte de la sancionada, sino un cúmulo de actuaciones negligentes o falta de diligencia. "La responsabilidad de la secretaria judicial se le exige con independencia de otra u otras que pudieran existir puesto que la supervisión y dirección superior incumbe al juez", añade.
Se argumenta también que no se ha impuesto a la secretaria judicial la sanción en su grado máximo -tres años de suspensión o traslado forzoso fuera del municipio- por el reconocimiento a su trabajo por parte de los funcionarios de la Oficina Judicial, el elevado número de señalamientos en los juzgados de lo penal y la atención al registro para la protección a las víctimas de violencia doméstica.
Tras esta resolución, habrá que ver ahora qué decide el Pleno del CGPJ, que deberá resolver los recursos presentados por la Fiscalía y el propio juez Rafael Tirado contra la sanción de 1.500 euros que le impuso a este último la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces por una falta grave de retraso en la tramitación de los procedimientos de su juzgado.
02 octubre 2008
Justicia abre por fin la bolsa de interinos, un año y medio después de que se agotara...
La consejería de Justicia ha abierto, después de año y medio agotada, la bolsa de interinos de funcionarios judiciales, lo que permitirá dejar de enviar trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo, sin experiencia previa en los juzgados. Adjuntamos la nota remitida por la consejería.
"La Consejería de Justicia y Administración Pública va a abrir las bolsas de personal interino para los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial) y para el Cuerpo de Médicos Forenses en Andalucía.
Los interesados, que deberán acreditar documentalmente haber superado las pruebas selectivas del Cuerpo en el que solicita su inclusión, deberán presentar una solicitud para cada una de las bolsas de trabajo a la que desee optar, ya sea porque desee integrarse en más de un Cuerpo, en más de una provincia o, en su caso, en más de un área geográfica, puesto que se mantienen las bolsas de ámbito territorial inferior al provincial en Granada y Cádiz. Las bolsas también podrán estar constituidas por los integrantes de las actuales bolsas de trabajo de médicos forenses, gestores, tramitadores y auxiliares, quienes podrán solicitar la actualización de los méritos si los acreditan debidamente.
La Consejería de Justicia y Administración Pública, en el marco de su obligación competencial de gestionar los recursos humanos necesarios para la prestación del servicio público de la Justicia en Andalucía, que se distribuyen entre las Delegaciones Provinciales, constituye una bolsa que disponga del personal interino para sustituciones de diversa naturaleza, bien como medidas coyunturales de apoyo en los casos de bajas por incapacidad temporal, o bien para refuerzos, en aquellas situaciones puntuales de carga de trabajo excesiva en un órgano judicial determinado, así como para la cobertura provisional de nuevos órganos. Respecto a las sustituciones, se cubren todas aquellas que superen el mes de duración, además de las licencias por maternidad a las que se le da preferencia.
El objetivo último del departamento dirigido por la consejera Evangelina Naranjo es homogeneizar los recursos destinados a todas las provincias, priorizando las necesidades más acuciantes que presentan los distintos órganos judiciales de la comunidad autónoma.
En este sentido, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, que se reunirá el próximo 3 de octubre con los representantes de la administración y de los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF, SPJ-USO y STAJ, a instancia de los interesados se procederá a la actualización de los méritos del personal interino que actualmente integra las bolsas, relativos a la titulación, formación específica y la superación de las pruebas selectivas para acceso a los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
En el mismo plazo, los interesados que hubiesen aprobado algún ejercicio de las dos últimas convocatorias para acceso a los Cuerpos Generales y que no estén incluidos en las bolsas, podrán solicitar su inclusión en la bolsa correspondiente. En el caso del personal del Cuerpo de Médicos Forenses, no será necesario haber aprobado algún ejercicio sino que deberán acreditar haberse presentado a la última convocatoria del mencionado Cuerpo.
La resolución de la Mesa Sectorial por la que se efectúa la convocatoria para la constitución y actualización de las bolsas de trabajo para cada uno de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia y para el Cuerpo de Médicos Forenses, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en los tablones de anuncios del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las Audiencias Provinciales, Decanatos, en las Delegaciones de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía de las distintas provincias y en el Portal Adriano."
"La Consejería de Justicia y Administración Pública va a abrir las bolsas de personal interino para los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial) y para el Cuerpo de Médicos Forenses en Andalucía.
Los interesados, que deberán acreditar documentalmente haber superado las pruebas selectivas del Cuerpo en el que solicita su inclusión, deberán presentar una solicitud para cada una de las bolsas de trabajo a la que desee optar, ya sea porque desee integrarse en más de un Cuerpo, en más de una provincia o, en su caso, en más de un área geográfica, puesto que se mantienen las bolsas de ámbito territorial inferior al provincial en Granada y Cádiz. Las bolsas también podrán estar constituidas por los integrantes de las actuales bolsas de trabajo de médicos forenses, gestores, tramitadores y auxiliares, quienes podrán solicitar la actualización de los méritos si los acreditan debidamente.
La Consejería de Justicia y Administración Pública, en el marco de su obligación competencial de gestionar los recursos humanos necesarios para la prestación del servicio público de la Justicia en Andalucía, que se distribuyen entre las Delegaciones Provinciales, constituye una bolsa que disponga del personal interino para sustituciones de diversa naturaleza, bien como medidas coyunturales de apoyo en los casos de bajas por incapacidad temporal, o bien para refuerzos, en aquellas situaciones puntuales de carga de trabajo excesiva en un órgano judicial determinado, así como para la cobertura provisional de nuevos órganos. Respecto a las sustituciones, se cubren todas aquellas que superen el mes de duración, además de las licencias por maternidad a las que se le da preferencia.
El objetivo último del departamento dirigido por la consejera Evangelina Naranjo es homogeneizar los recursos destinados a todas las provincias, priorizando las necesidades más acuciantes que presentan los distintos órganos judiciales de la comunidad autónoma.
En este sentido, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, que se reunirá el próximo 3 de octubre con los representantes de la administración y de los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF, SPJ-USO y STAJ, a instancia de los interesados se procederá a la actualización de los méritos del personal interino que actualmente integra las bolsas, relativos a la titulación, formación específica y la superación de las pruebas selectivas para acceso a los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
En el mismo plazo, los interesados que hubiesen aprobado algún ejercicio de las dos últimas convocatorias para acceso a los Cuerpos Generales y que no estén incluidos en las bolsas, podrán solicitar su inclusión en la bolsa correspondiente. En el caso del personal del Cuerpo de Médicos Forenses, no será necesario haber aprobado algún ejercicio sino que deberán acreditar haberse presentado a la última convocatoria del mencionado Cuerpo.
La resolución de la Mesa Sectorial por la que se efectúa la convocatoria para la constitución y actualización de las bolsas de trabajo para cada uno de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia y para el Cuerpo de Médicos Forenses, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en los tablones de anuncios del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las Audiencias Provinciales, Decanatos, en las Delegaciones de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía de las distintas provincias y en el Portal Adriano."
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