Dos tercios de los 21 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su mayoría procedentes de la carrera, decidieron ayer confirmar la multa de 1.500 euros al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por el retraso injustificado en la ejecución de la condena de Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés, por haber abusado de su propia hija.La confirmación de la sanción al juez Tirado contó con el voto favorable de 14 de los 21 vocales que integran el Poder Judicial, incluido su presidente, Carlos Dívar, quien recientemente aseguró que resultaría difícil que la decisión contentara a todo el mundo. Ocho de los nueve vocales propuestos por el PP también avalaron la multa, salvo la vocal Concepción Espejel, que formulará un voto particular al entender que el expediente debía archivarse porque el juez no cometió ninguna falta disciplinaria. La propuesta contó además con el respaldo de cinco de los nueve vocales propuestos por el PSOE, entre ellos los jueces procedentes de Andalucía Miguel Carmona, que presidió la Audiencia de Sevilla, Inmaculada Montalbán y Manuel Torres Vela.En el polo opuesto se sitúan seis vocales -cuatro propuestos por el PSOE y dos por CiU y PNV-, quienes se mostraron partidarios de imponer una sanción más grave al juez Tirado. En este grupo se encuentra el vocal Félix Azón, que elaboró la propuesta elevada ayer al Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces y que defendió una suspensión de dos meses de empleo y sueldo. Los otros cinco vocales se posicionaron en la horquilla más grave que planteó el ponente del caso: sancionar al juez con seis meses de suspensión.La decisión del CGPJ coincide con la resolución acordada hace tres meses por el Consejo en el que predominaba una mayoría conservadora. El debate en el Pleno estuvo marcado por la calificación de la conducta de Rafael Tirado como grave o muy grave, extremo éste último que defendía la Fiscalía General del Estado, que había reclamado la suspensión del juez por un período de tres años y suponía además la pérdida del destino.La mayoría de los vocales concluyeron que la conducta de Tirado constituía sólo una falta grave de retraso injustificado en la ejecución de la sentencia de Santiago del Valle, derivada de una desatención leve de los asuntos de su juzgados, y añadía que al tratarse de una única causa ejecutoria la que acumulaba un retraso de más de dos años, no podía considerarse la infracción disciplinaria como muy grave.Varios integrantes del Poder Judicial se mostraron partidarios de elevar al máximo la cuantía de la multa impuesta a Rafael Tirado, pero esta postura no fue apoya por la mayoría.La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que votó por endurecer la sanción, explicó a los periodistas que la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces era fruto de una "amplia mayoría judicial" y, por tanto, no podía tildarse de una postura corporativista por parte de los jueces, sino que se basa en el sometimiento a la ley y al principio de legalidad. Según Bravo, "no ha habido bloques" a la hora de resolver el caso, puesto que se ha valorado la doctrina del Tribunal Supremo y se ha buscado "el interés de aplicar por encima de todo la legalidad vigente".El Pleno del CGPJ desestimó ayer los recursos presentados tanto por la Fiscalía General del Estado, que pidió tres años de suspensión de empleo, como por el propio juez Rafael Tirado, que había solicitado el archivo del expediente disciplinario abierto hace nueves meses al estimar que no incurrió en ninguna infracción.
