La compañía minera Cobre Las Cruces, filial de la multinacional canadiense Inmet Mining, incumplió hasta nueve condiciones de la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la explotación de la actividad. Así se expone en el informe que la Comisaría de Aguas de la CHG elaboró el pasado 12 de mayo y que ha sido ahora aportado a la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, que investiga la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente contra Cobre Las Cruces por la presunta comisión de delitos medioambientales y de daños.
Ese informe, que sirvió a la Confederación para suspender la autorización concedida en octubre de 2003, enumera hasta nueve incumplimientos de las condiciones que fijó el organismo que gestiona la cuenca para evitar precisamente consecuencias perjudiciales para el dominio público hidráulico.
Para empezar, la CHG señala que la explotación minera carece de un "plan de contingencias" para prevenir situaciones de rotura o inoperatividad de las instalaciones y, en consecuencia, de un vertido accidental. Ese proyecto "nunca" fue aprobado por la Administración, sostiene el informe, que aclara que el proyecto que fue presentado inicialmente "no daba respuesta a los eventuales riesgos". El documento advierte que la Administración solicitó modificaciones y mejoras en aspectos de "crucial importancia", como por ejemplo la posibilidad de que se afectara a terceros o de contaminar con metales los pozos del sistema, pero estos riesgos "de ningún modo pueden considerarse resueltos satisfactoriamente". Así, la CHG concluye que la mina carece en este momento de "un plan completo de contingencias que pueda ser aprobado".
La ausencia del plan de contingencias no es el único incumplimiento de la autorización detectado por la CHG, ya que, según este organismo, el modelo hidrogeológico y de gestión de la mina incorporó una serie de modificaciones que tampoco fueron autorizadas por la Confederación. Es más, la situación actual "ni siquiera se ajusta a las previsiones del modelo modificado, con diferencias muy significativas que resultan de los propios datos transmitidos por la empresa".
Además, Cobre Las Cruces inició la extracción de aguas sin que culminara el proceso de reconocimiento de las obras realizadas y el precintado de los mecanismos de control. Entre las condiciones de la autorización se fijaba expresamente la necesidad de que la explotación contara con un hidrogeólogo residente -con una presencia continuada en la obra- encargado del autocontrol de las operaciones, pero este técnico no se incorporó hasta "septiembre de 2007", casi cuatro años después de que se concediera la autorización a la compañía minera.
Otra de las condiciones que, según la CHG, infringió Las Cruces se refiere a que las operaciones de drenaje e inyección debían de ajustarse a los ocho sectores fijados en el proyecto, que especificaba asimismo que no podían inyectarse aguas procedentes de un sector de extracción en otro diferente para preservar los niveles de calidad natural de las aguas subterráneas. Según el informe entregado en el juzgado, hay diversas solicitudes de cambio de sector a otro diferente de determinados sondeos, lo que pone de manifiesto que la inyección en otro sector distinto, que se había planteado como excepción, "se pretende convertir en norma", lo que contraviene el esquema de funcionamiento.
Otra de las condiciones especificaba que las aguas procedentes del drenaje del fondo de la corta no podían ser bombeadas ni reinyectadas en el acuífero Niebla-Posadas, dado que las aguas del fondo están contaminadas y devolverlas al acuífero suponía un "peligro de alteración de las aguas subterráneas". La empresa propuso la reinyección de las aguas del fondo previamente tratadas, lo que tampoco estaba contemplado en la autorización.
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