La consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta pagará un canon de siete millones de euros a la Autoridad Portuaria de Sevilla por la concesión administrativa durante 35 años de los terrenos que albergarán la futura Ciudad de la Justicia. El coste anual del canon que se pagará por la parcela junto al puente de las Delicias y el edificio Galia Puerto, que tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados, será de 200.000 euros, una cantidad que revertirá en la dotación pública de infraestructuras de la zona portuaria, según avanza un documento estratégico sobre el proyecto elaborado por la Consejería de Justicia.
El futuro complejo judicial tendrá un coste aproximado de unos 100 millones de euros y pretende convertir los nuevos edificios de la capital en el "mayor" complejo administrativo de Andalucía, según refleja el avance del proyecto, que destaca igualmente que el campus será pionero a nivel nacional en la incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas.
El documento de la Consejería sostiene que tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento de Sevilla podrían conceder "todos" los permisos necesarios para iniciar las obras en un período de tres meses, si bien fuentes municipales han advertido que en estos momentos los plazos administrativos no permitirían la inauguración del futuro complejo para el año 2010, como pretende la Junta.
En cuanto a los edificios que tendrá el futuro complejo que albergará a los órganos judiciales actualmente dispersos en varios puntos de la capital, el avance del proyecto destaca que los distintos inmuebles -la Junta habla de al menos cuatro- se identificarán de forma clara en la parcela, tanto por su situación geográfica como por la proximidad de los órganos con los que se relacionan las jurisdicciones Civil y Penal. Los edificios también distinguirán aquellos órganos altamente especializados, como los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los de Menores y los de Familia.
En un primer nivel, la Consejería quiere ubicar los juzgados de Instrucción, de lo Penal y el de Vigilancia Penitencia, que estarían junto al Instituto de Medicina Legal y Anatomía Patológica.
Los juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo, así como el de lo Mercantil, se situarán, según los planes del Gobierno autonómico, en un segundo núcleo dentro de la parcela. Los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los de Menores y los especializados en cuestiones de Familia ocuparán otro de los núcleos, al igual que las sedes de la Audiencia Provincial de Sevilla, que tiene ocho secciones, y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El proyecto se completa con un edificio que la Consejería denomina de Relación con el Administrado, donde se ubicarán no sólo las salas de vista para los juicios, sino aquellos órganos que tienen una relación estrecha entre los ciudadanos y la Justicia (por ejemplo el Registro Civil), o entre ésta y los profesionales del sector jurídico.
La Consejería de Justicia de la Junta recoge en el estudio algunos de los argumentos que a juicio de la Administración autonómica justifican el cambio de sede, desde la zona del cordel de los gordales en los Remedios hasta los terrenos del puerto de Sevilla, y que se centran principalmente en la mayor edificabilidad de la nueva ubicación, que permite reservar espacios para los nuevos órganos judiciales que puedan ir creándose en los próximos años. El documento también asegura que las obras se iniciarán mucho antes en esta zona, que constituye una alternativa "mejor y más rápida", así como bien comunicada, puesto que además de la SE-30 la Junta se ha comprometido a llevar una ramal del Metro hasta la Ciudad de la Justicia.
El cambio de sede del complejo judicial coincidió con el abandono del edificio puente, un inmueble en construcción al que iban a ser trasladados los juzgados de Sevilla mientras se construía el nuevo complejo. El avance del proyecto de la Consejería destaca como otra de las ventajas el "ahorro de costes" que conlleva descartar el alquiler de cualquier otra sede, con lo que se evita además el doble traslado de los órganos judiciales en el supuesto de que se hubiera optado por la solución puente.
Por último, el proyecto hace hincapié en que la nueva ubicación en el puerto es más segura, pues cuenta con una continua vigilancia de la Guardia Civil, con lo que el campus gozará de una "doble seguridad" para incrementar la tranquilidad de los ciudadanos y profesionales que trabajan en la Administración de Justicia.
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