La Fiscalía ordenó imputar al delegado de Empleo en el caso Mercasevilla

La Fiscalía de Sevilla ordenó a la Policía Judicial que tomara declaración en calidad de imputado al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, en el curso de la investigación abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla.La Policía también tomó declaración como testigo al concejal Alfonso Mir, en su calidad de consejero delegado de Mercasevilla, y recibió una "comunicación escrita" del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, el 25 de febrero, en la que informaba sobre su "toma de conocimiento de los hechos y la solicitud de cese de los señores Mellet y Ponce por él dirigida a la junta general de Mercasevilla", precisa un decreto firmado el pasado viernes por la fiscal jefe, María José Segarra.
En ese decreto, la Fiscalía cierra la investigación de forma "precipitada", ante la denuncia presentada en el juzgado de guardia por el PP y PA, después de que la propia fiscal jefe tomara declaración la semana pasada a los dos ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y a la empleada de la misma empresa Regla Pereira.La fiscal jefe no llamó a declarar de nuevo a Antonio Rivas porque, según explicaron fuentes del Ministerio Público, no lo consideró oportuno en ese momento. El caso ha correspondido al juzgado de Instrucción número 6, al que la fiscal ha remitido todas las actuaciones practicadas hasta ahora.
Del atestado policial, el Ministerio Público entiende que se "desprende presuntamente la implicación directa de Ponce y Mellet en la solicitud de una comisión a cambio de la participación en la gestión de la subvención otorgada para la gestión de la escuela de Hostelería" y precisa que en la actualidad se hallaba en investigación "el destino y destinatario final del dinero exigido: 450.000 euros".
El decreto de la fiscal jefe subraya que la averiguación de estos extremos eran "necesarios para la formulación de la oportuna denuncia o querella ante los tribunales, en orden a una precisa calificación y determinación de los hechos y responsables". La Fiscalía entiende que los hechos denunciados por los empresarios del grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, a los que tenía previsto tomar declaración la próxima semana, pueden ser constitutivos de un delito de cohecho, fraude de funcionario público, prevaricación, además de otros que no especifica.La fiscal María José Segarra también había acordado ampliar la investigación de la Policía Judicial a las subvenciones otorgadas en los últimos cuatro años a la Fundación Mercasevilla por la Consejería de Empleo, a través de la delegación provincial que dirige Antonio Rivas, así como al resto de ayudas recibidas por la mencionada entidad.Desde el año 2007, Mercasevilla recibió 1.352.000 euros en subvenciones, de las cuales la más importante fue precisamente el proyecto de escuela de hostelería que desveló el posible caso de corrupción. Esta ayuda tenía un importe de 900.000 euros y fue concedida por la Junta en diciembre de 2008. El importe estaba concedido pero aún no había sido abonado cuando se destapó el escándalo por el cobro de comisiones ilegales.
Mercasevilla había recibido con anterioridad otras dos ayudas procedentes de Empleo. La primera es del 7 de marzo de 2007 y estaba dotada con 378.696,96 euros para construir una escuela taller dedicada al mantenimiento de los edificios. La otra subvención es del 14 de febrero de 2008 y su importe de 47.511,75 euros, y estaba dirigida al desarrollo de programas de formación profesional ocupacional.El Ayuntamiento de Sevilla concedió otros 5.363 euros para un programa de inserción laboral y social de vendedores ambulantes, y 21.000 euros la obra social de la Caixa para impulsar un programa de mediación social para la resolución pacífica de conflictos.