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19 abril 2009

Absueltos dos sindicalistas de CGT y SOC-SAT a los que se pedían dos años de cárcel por robar unos carritos de un supermercado

En el juicio celebrado el pasado viernes Nicolás Sguiglia (CGT) y Javier Toret (SOC-SAT) han salido absueltos de la acusación de robo con intimidación por lasque les pedían 2 años de cárcel, después de que el fiscal haya retirado los cargos ante la evidencia de que los sindicalistas participaban como mediadores en una acción simbólica contra la precariedad en supermercados de la cadena Plus. Un centenar de personas se concentraron ante el juzgado en solidaridad con Nico y Toret y celebraron su absolución a la salida de los acusados.
La ación tuvo lugar en 2006 y en ella se "expropiaron" tres carros de la compra. El motivo de la protesta era el despido improcedente de una trabajadora que pedía un horario fijo para compatibilizar su vida laboral y familiar. El 29 de Abril de 2006 más de un centenar de precarios irrumpieron con disfraces en el Supermercado Plus de la calle Arroyo de Sevilla. Junto a ellos se presentó la Virgen de la Precariedad.
Durante casi una hora, los precarios bloquearon de forma festiva las cajas del supermercado, cantaron consignas, reivindicaron derechos laborales y sociales para todos y finalmente expropiaron los tres carros de la compra cargados con productos básicos. La protesta tuvo un alto carácter simbólico y transcurrió de forma pacífica con una buena carga de ironía y siempre respetando a los trabajadores del supermercado y los clientes del mismo que de hecho se sumaron a la protesta.
La acción se enmarcaba dentro del programa de actividades de la convocatoria del MayDay: 1º de Mayo de los precarios que movilizó a figuras del trabajo precario y sin derechos: migrantes, trabajadores temporales, con contratos atípicos o sin contrato, etc.
Nicolás Sguiglia y Javier Toret ejercieron sus funciones como representantes sindicales (de CGT y SOC-SAT respectivamente) y mediaron ante la empresa intentando en todo momento llegar a un acuerdo y remarcando el carácter pacífico de la protesta.
El encargado del supermercado los señaló ante la Policía como responsables de la acción y la Fiscalía solicitó 2 años de prisión por un delito de robo con intimidación, acusación que ahora ha sido retirada. Distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas habían puesto en marcha una campaña pidiendo la absolución de estas dos personas y denunciando la creciente criminalización de la acción social y sindical.

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