El TSJA alerta de la saturación de los juzgados y pide que se creen 28 nuevos órganos judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alertó ayer de la saturación de los juzgados de Sevilla por el aumento de casos derivado de la crisis económica y reclamó la creación de 28 nuevos órganos judiciales para tratar de adecuar la carga de trabajo de los juzgados a los módulos de trabajo que el Poder Judicial estima como adecuados por magistrado y año.
La memoria de actividades y funcionamiento del Alto Tribunal andaluz correspondiente a 2008 señala que la situación de los juzgados de Primera Instancia, encargados entre otros asuntos de los procedimientos de ejecución de títulos hipotecarios por el impago de los créditos concedidos para la adquisición de viviendas, "ha llegado a un punto alarmante, ya que con motivo de la actual crisis económica en el último año ha aumentado la litigiosidad enormemente" hasta saturar estos órganos judiciales. El año pasado, estos juzgados ingresaron 33.280 asuntos, la cifra más alta de toda Andalucía -sólo se le acerca Málaga, con 24.605 casos- y que representa que cada juez tramitó 1.513 asuntos, lo que supone duplicar con creces los 720 asuntos por juzgado y año que establece el módulo del CGPJ. La memoria del TSJA concluye que es necesario crear, al menos, otros ocho nuevos juzgados de Primera Instancia en Sevilla.Con respecto a la jurisdicción Social, que dirime entre otros asuntos los pleitos por despido de trabajadores, recibió el pasado año 12.975 asuntos y resolvió 10.552, con lo que el volumen de asuntos pendientes experimentó un crecimiento del 79,96% y pasó de los 3.030 asuntos que no estaban resueltos a principios de año a los 5.453 que se registraban sin resolver a finales de 2008. La memoria del TSJA reclama la creación de otros tres nuevos juzgados de lo Social en Sevilla, con el objetivo de adecuar el volumen de asuntos que ingresan estos órganos al módulo establecido.
El tribunal que preside Augusto Méndez de Lugo considera que, en conjunto, es necesario crear 28 nuevos órganos judiciales en Sevilla. A los ocho nuevos de Primera Instancia y a los tres de lo Social, el TSJA señala que habría que añadir otros ocho nuevos juzgados de Instrucción, cinco de Primera Instancia e Instrucción en la provincia -en Coria del Río, Dos Hermanas, Sanlúcar y Utrera-, dos de lo Mercantil, uno de lo Penal y el segundo juzgado de Vigilancia Penitenciaria. De manera inmediata, el TSJA subraya que hay que poner en marcha dos juzgados de Primera Instancia, uno de Instrucción, el tercero de lo Mercantil y el segundo juzgado de Vigilancia Penitenciaria.Las estadísticas del TSJA ponen de manifiesto, de otro lado, el elevado número de asuntos de malos tratos que están pendientes de resolver en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla. A principios de año los casos pendientes ascendían a 2.934, una cifra que se incrementó en un 24,77%, hasta situarse en 3.661 asuntos a finales de 2008.
La memoria señala que a lo largo del año se registraron 10.511 nuevos asuntos en estos juzgados, pero se resolvieron 10.070, con lo que volvió a crecer el número de casos pendientes de resolver.Por último, la Audiencia de Sevilla registró en 2008 un total de 5.962 asuntos penales -un 15% más que el año anterior- y 3.335 de carácter civil, con un incremento del 6% de asuntos penales pendientes mientras que el volumen de casos civiles sin resolver se mantiene en los mismos niveles que el año anterior.

Dívar pide a los jueces que eviten las filtraciones

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, criticó hoy que determinadas resoluciones judiciales y deliberaciones del órgano de gobierno de los jueces que son secretas "sean publicadas a todos los vientos" y conminó a los operadores judiciales a hacer frente a esta situación con "valores éticos y morales". "Si queremos prestigiar la Administración de Justicia debemos empezar por nosotros mismos", afirmó.
Dívar hizo estas manifestaciones durante su discurso oficial en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes Peces.
Si bien no citó ningún asunto en particular, el presidente del Consejo se refería así a las filtraciones del sumario del 'caso Gürtel' sobre la trama corrupta del empresario Franciso Correa y a la publicación de las deliberaciones del CGPJ relativas a la designación del nuevo presidente de la Audiencia Nacional.
El presidente del Consejo subrayó que "en modo alguno" hacía alusión con sus palabras "a ningún juez en particular y a ninguna oficina", pues es consciente de que los asuntos judiciales pasan por las manos de "pluralidad de personas" durante su tramitación. No obstante, insistió en que "los valores éticos y morales son los únicos que pueden hacer frente a esta situación, que no está reñida con la transparencia" de los órganos judiciales.
Agregó que "en determinados momentos", se debe guardar el secreto de las deliberaciones y resoluciones judiciales porque "la Justicia tiene un tiempo y un momento para el éxito".

La Fiscalía ordenó imputar al delegado de Empleo en el caso Mercasevilla

La Fiscalía de Sevilla ordenó a la Policía Judicial que tomara declaración en calidad de imputado al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, en el curso de la investigación abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla.La Policía también tomó declaración como testigo al concejal Alfonso Mir, en su calidad de consejero delegado de Mercasevilla, y recibió una "comunicación escrita" del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, el 25 de febrero, en la que informaba sobre su "toma de conocimiento de los hechos y la solicitud de cese de los señores Mellet y Ponce por él dirigida a la junta general de Mercasevilla", precisa un decreto firmado el pasado viernes por la fiscal jefe, María José Segarra.
En ese decreto, la Fiscalía cierra la investigación de forma "precipitada", ante la denuncia presentada en el juzgado de guardia por el PP y PA, después de que la propia fiscal jefe tomara declaración la semana pasada a los dos ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y a la empleada de la misma empresa Regla Pereira.La fiscal jefe no llamó a declarar de nuevo a Antonio Rivas porque, según explicaron fuentes del Ministerio Público, no lo consideró oportuno en ese momento. El caso ha correspondido al juzgado de Instrucción número 6, al que la fiscal ha remitido todas las actuaciones practicadas hasta ahora.
Del atestado policial, el Ministerio Público entiende que se "desprende presuntamente la implicación directa de Ponce y Mellet en la solicitud de una comisión a cambio de la participación en la gestión de la subvención otorgada para la gestión de la escuela de Hostelería" y precisa que en la actualidad se hallaba en investigación "el destino y destinatario final del dinero exigido: 450.000 euros".
El decreto de la fiscal jefe subraya que la averiguación de estos extremos eran "necesarios para la formulación de la oportuna denuncia o querella ante los tribunales, en orden a una precisa calificación y determinación de los hechos y responsables". La Fiscalía entiende que los hechos denunciados por los empresarios del grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, a los que tenía previsto tomar declaración la próxima semana, pueden ser constitutivos de un delito de cohecho, fraude de funcionario público, prevaricación, además de otros que no especifica.La fiscal María José Segarra también había acordado ampliar la investigación de la Policía Judicial a las subvenciones otorgadas en los últimos cuatro años a la Fundación Mercasevilla por la Consejería de Empleo, a través de la delegación provincial que dirige Antonio Rivas, así como al resto de ayudas recibidas por la mencionada entidad.Desde el año 2007, Mercasevilla recibió 1.352.000 euros en subvenciones, de las cuales la más importante fue precisamente el proyecto de escuela de hostelería que desveló el posible caso de corrupción. Esta ayuda tenía un importe de 900.000 euros y fue concedida por la Junta en diciembre de 2008. El importe estaba concedido pero aún no había sido abonado cuando se destapó el escándalo por el cobro de comisiones ilegales.
Mercasevilla había recibido con anterioridad otras dos ayudas procedentes de Empleo. La primera es del 7 de marzo de 2007 y estaba dotada con 378.696,96 euros para construir una escuela taller dedicada al mantenimiento de los edificios. La otra subvención es del 14 de febrero de 2008 y su importe de 47.511,75 euros, y estaba dirigida al desarrollo de programas de formación profesional ocupacional.El Ayuntamiento de Sevilla concedió otros 5.363 euros para un programa de inserción laboral y social de vendedores ambulantes, y 21.000 euros la obra social de la Caixa para impulsar un programa de mediación social para la resolución pacífica de conflictos.

Zoido denuncia en los juzgados el caso Mercasevilla

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, cumplió ayer su promesa de denunciar en el juzgado el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla y lo hizo presentando una denuncia contra ocho personas, entre las que se incluyen, además de los dos ex directivos de la empresa salpicados directamente por el escándalo, el propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, el primer teniente de alcalde y socio de gobierno, Antonio Rodrigo Torrijos, y el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas.

El portavoz de los populares, que atribuye a los denunciados hasta siete delitos -coacciones, cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y encubrimiento-, considera que todas estas personas "tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo" en Mercasevilla y de que la petición de comisiones era algo "habitual" en la empresa.

Zoido consideró que hubiese sido "deseable" que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, fuese el que llevara el caso a los tribunales, pero explicó que han pasado casi tres meses desde que el regidor conocía las graves acusaciones y a pesar de ello "se ha escondido y no ha querido asumir sus responsabilidades como alcalde y presidente de Mercasevilla".

Con respecto a la intervención en el caso del alcalde, la denuncia precisa que "de no ser autor o cómplice de los hechos principales es evidente que no sólo ha desatendido la obligación que le impone el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de delito y de los que tuviera conocimiento por razón de su cargo, sino que ha desplegado toda la actividad posible para el encubrimiento de los hechos, ayudando a los presuntos autores de un delito a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes y obrando con abuso de las funciones públicas que ostenta", una actuación que, según el PP, puede constituir un delito de encubrimiento. Zoido afirmó que Alfredo Sánchez Monteseirín fue advertido por la Consejería de Empleo el 4 de febrero de la gravedad de las conversaciones grabadas a los ex directivos de Mercasevilla, en las que presuntamente exigieron el pago de 450.000 euros a dos hosteleros para desarrollar un proyecto de escuela de hostelería que ya había subvencionado la Junta con 900.000 euros, pero el gobierno municipal "con Monteseirín a la cabeza ocultó y encubrió lo sucedido" y no tomó "medidas drásticas o algún tipo de decisión para esclarecer los hechos".

El dirigente del PP lamentó la falta de información por parte del regidor hispalense. "Me temo que haya sido capaz de mentir y si lo ha hecho con un suceso tan grave debe ir pensando seriamente que su tiempo como alcalde ha terminado", aseveró Zoido.

La denuncia presentada en el juzgado por el PP, que se fundamenta en las informaciones publicadas en los medios de comunicación, obligará a la Fiscalía de Sevilla a cerrar la investigación preliminar que abrió una vez que la Consejería de Empleo puso en su conocimiento los hechos y la grabación de conversación que mantuvieron los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce con los responsables del grupo hostelero La Raza.

Los dos principales denunciados por el presunto cohecho ya han declarado ante la fiscal jefe, María José Segarra, a pesar de que sus comparecencias fueron suspendidas a principios de esta semana porque uno de los abogados defensores no había tenido tiempo para consultar la causa. Los dos ex directivos acudieron a la Fiscalía en un horario fuera del habitual de atención al público, para pasar desapercibidos y evitar ser fotografiados. En su declaración ante la representante del Ministerio Público, tanto Fernando Mellet como Daniel Ponce han asegurado que las propuestas que en su día realizaron a los hosteleros "estaban dentro de la legalidad", según dijeron ayer a este periódico fuentes del caso.

Ambos han negado igualmente que atribuyeran ningún delito al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, de quien habrían afirmado que recibieron las instrucciones para pedir las comisiones. Rivas, que declaró ante la Policía Judicial, anunció una querella por calumnias contra Mellet.

La Fiscalía de Sevilla deberá pronunciarse en los próximos días sobre qué hace con la investigación, una vez que el caso ya ha sido elevado a los juzgados.

Begoña Álvarez Civantos, nueva consejera de Justicia y Administración Pública en sustitución de Evangelina Naranjo

El nuevo presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha nombrado a Begoña Álvarez Civantos como consejera de Justicia y Administración Pública, en sustitución de Evangelina Naranjo. La nueva titular de Justicia nació hace 41 años en Granada, está casada y con tres hijos. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, el último año lo cursó en Siena (1ª promoción de Beca Erasmus de la Comunidad Europea realizado en Italia), se siente muy unida sentimentalmente a este país, por todo lo que le aportó de experiencia personal, donde conserva aún grandes amistades.
Terminada la carrera, aprobó las oposiciones de Letrado de la Diputación Provincial de Granada y pasados cuatro años y mediante concurso de méritos accedió a una plaza de Letrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, allí colaboró con el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en materia de Relaciones Internacionales. Fue la letrada más joven, con 29 años, perteneciente a este alto tribunal.
Cinco años después, fue nombrada Jefe de Sección de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial. Participó en la elaboración de diversos convenios de Cooperación Internacional en materia de Justicia con países de América Latina, África y Europa del Este. Ha sido directora técnica de misión de identificación de necesidades de Reforma de la Justicia en Mozambique, Bosnia-Herzegovina y Bolivia. Fue representante del Consejo General del Poder Judicial en el Kick off meeting del Programa TACIS-Rusia de la Unión Europea. Donde colaboró en la formación de jueces en Rusia. Ponente en Seminarios de Ética Judicial y Gerente Territorial en España del programa entre el Banco Mundial y el CGPJ sobre Reforma Judicial en América Latina y Caribe. Esta fue una muy gratificante etapa política por lo que implica de transformación y cooperación.
Durante estos años en Madrid, trabajó como profesora de Derecho Internacional Económico en la Universidad Carlos III de Madrid. Experta en Negociación por la ENS Internacional.
A final de 2004 fue nombrada Delegada Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Granada.
Ha realizado el Programa de Alta Dirección AD-1del Instituto Internacional de San Telmo (2008-2009)
Es militante del Partido Socialista Obrero Español desde hace 12 años, llegó al partido por convencimiento personal y coherencia. Firmaron su ficha de entrada Manuel Pezzi e Ignacio Henares, estuvo en la agrupación de La Chana hasta que se fue a trabajar a Madrid.

Miguel Carcaño informaba a su hermano sobre cómo avanzaba la investigación policial

Los pinchazos telefónicos practicados tras la desaparición de la joven Marta del Castillo revelan que el principal imputado, Miguel Carcaño, fue informando a su hermano, Javier Delgado Moreno, que también está en prisión en relación con la desaparición de la menor, de los avances de la investigación policial.La intervención de los teléfonos de los sospechosos fue acordada por el juez pocos días después de la desaparición de Marta del Castillo, una vez que surgieron los primeros indicios que centraron la investigación policial sobre Miguel Carcaño, la última persona que había tenido contacto con la adolescente.
Las escuchas revelan el conocimiento que Javier Delgado tenía sobre los hechos, según ha puesto de manifiesto la Audiencia de Sevilla en el auto que ha denegado la puesta en libertad del hermano del principal implicado. La resolución de la Sección Primera precisa que en las conversaciones que mantienen ambos hermanos, Miguel va informando a Javier sobre los pasos que va dando la Policía en "extremos de vital importancia, como la recogida de las prendas que al parecer llevaba Miguel el día de los hechos y en las que se han observado restos biológicos de Marta o el empleo de la silla de ruedas".
Los jueces añaden que en esas conversaciones Javier Delgado "parece darle indicaciones a su hermano menor sobre cómo comportarse ante el avance de las pesquisas policiales" y todo ello con las cautelas que las circunstancias les recomendaban a ambos, pues "sospechaban la observación de las comunicaciones".Uno de los pinchazos resulta, para los investigadores, bastante esclarecedor, por cuanto Javier le dijo a su hermano: "No digas nada, que la Policía no tiene nada", frase a la que la defensa resta trascendencia, al estimar de que se trata de un comentario o frase hecha.
El auto de la Sección Primera también lega a la conclusión de que, en el estado actual de la investigación y dado que aún no ha aparecido el cuerpo de Marta del Castillo, no puede acreditarse que la menor estuviese muerta cuando fue retirada del piso de la calle León XIII. Se trata de la misma postura que ha mantenido la Fiscalía desde el inicio de la investigación y que se pone en el peor de los supuestos al no haber aparecido el cuerpo: que la adolescente estuviera aún con vida, lo que implicaría que los hechos podrían calificarse de asesinato.
El auto de la Audiencia considera que hay "suficientes y sobrados motivos" para concluir no sólo que Javier Delgado estuvo en el piso de León XIII, sino que también tuvo una "intervención" en los hechos, por lo que ha ordenado que siga en prisión provisional. En este sentido, la sala recuerda que además de la implicación expresa que realizó el menor de 15 años -que posteriormente se retractó-, quien dijo que el hermano de Miguel contribuyó a preparar el cuerpo, envolviéndolo en una manta "cuando aún podía estar con vida" e incluso le amenazó si contaba lo que había visto, Samuel también le situó en el piso tras el crimen.

La Audiencia absuelve por falta de pruebas a un marido que fue condenado por obligar a su esposa a hacer dieta y adelgazar

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a un marido que fue condenado a un año y nueve meses de prisión, como autor de un delito de malos tratos, por haber agredido a su esposa y haberla obligado a adelgazar para mantener la figura que el acusado, monitor de educación física, estimaba como adecuada.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia entiende que la conducta del procesado no puede enmarcarse dentro del concepto de violencia psíquica que tipifica el Código Penal, por cuanto subraya que, a pesar del carácter "rígido, dominante y un punto obsesivo del acusado, que sin duda hacía harto difícil la convivencia conyugal", no se desprende de tal descripción "el panorama característico de la violencia habitual en el ámbito familiar".
Los magistrados sí admiten que el acusado manifiesta una "preocupación casi obsesiva por el peso y estado físico de su esposa" e incluso en el juicio se aportó un dibujo que había realizado sobre las proporciones que debía mantener su mujer, pero concluyen que su conducta no describe el tipo patológico de relación en el que "la víctima vive en un estado de agresión permanente".
Frente a este fallo de la Audiencia, el juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla sí que consideró probado que el marido, E. M. D., había maltratado a su esposa, J. G. G., y lo condenó a un año y nueve meses de prisión, además de prohibirle acercarse a menos de 300 metros durante cinco años. La juez de lo Penal declaró como hechos probados que desde 1999 el acusado sometió a su mujer a constantes humillaciones, consistentes en "obligarla a adelgazar, ducharse y dormir con la puerta abierta", además de mantener las relaciones íntimas como él quería.
El fallo recogía que la mujer fue objeto de "empujones, bofetones y patadas" pero se centraba en lo que la juez entendió que constituía un maltrato psíquico: la exigencia de no superar los 60 kilos de peso con la amenaza de que se divorciaría si los ganaba, "dibujándola cómo debía estar físicamente" y obligándola durante varios meses a hacer unos 20 kilómetros al día en bicicleta y con una bolsa de plástico. En cuanto a la obsesión del marido por el peso de su esposa, la juez mantuvo en el fallo que "a ninguna mujer se le debe decir por ninguna persona y menos por un hombre, aunque sea su marido, las medidas ideales que debe tener en cintura, brazos o piernas, pues es un verdadero insulto".
La repetición de esa conducta, según la juez, "puede llevar a mermar su autoestima y su aprecio personal" porque "el deporte, por muy sano que pueda ser, no debe ser impuesto a ningún miembro, pues para quien no lo practica, como es el caso de la mujer, puede resultar una imposición".La sentencia que ahora ha sido revocada incluye además que cuando a la mujer se le agotaba el dinero -en su cuenta estaban domiciliados todos los recibos domésticos-, el marido "no le dejaba ni daba nada y la llamaba gastosa".
El fallo añade que el reo "se convirtió en una persona dominante, que imponía sus costumbres" y afectó de forma "grave a su estado de ánimo, siendo el acusado la persona única y causante de un ambiente de violencia familiar que hizo insostenible la paz familiar".
La Fiscalía de Sevilla pidió en el juicio una condena de dos años y seis meses de cárcel para el marido por un delito de maltrato habitual y defendió su postura ante la Audiencia de Sevilla, al considerar que existían pruebas de cargo "más que suficientes" para desvirtuar la presunción de inocencia. El escrito remitido por el Ministerio Público en el que solicitó que se confirmara la condena al acusado ponía de manifiesto que en el juicio quedó patente que la víctima "vivía en un estado de agresión permanente", en una situación que no duda en calificar de "temor y angustia continua".

Absueltos dos sindicalistas de CGT y SOC-SAT a los que se pedían dos años de cárcel por robar unos carritos de un supermercado

En el juicio celebrado el pasado viernes Nicolás Sguiglia (CGT) y Javier Toret (SOC-SAT) han salido absueltos de la acusación de robo con intimidación por lasque les pedían 2 años de cárcel, después de que el fiscal haya retirado los cargos ante la evidencia de que los sindicalistas participaban como mediadores en una acción simbólica contra la precariedad en supermercados de la cadena Plus. Un centenar de personas se concentraron ante el juzgado en solidaridad con Nico y Toret y celebraron su absolución a la salida de los acusados.
La ación tuvo lugar en 2006 y en ella se "expropiaron" tres carros de la compra. El motivo de la protesta era el despido improcedente de una trabajadora que pedía un horario fijo para compatibilizar su vida laboral y familiar. El 29 de Abril de 2006 más de un centenar de precarios irrumpieron con disfraces en el Supermercado Plus de la calle Arroyo de Sevilla. Junto a ellos se presentó la Virgen de la Precariedad.
Durante casi una hora, los precarios bloquearon de forma festiva las cajas del supermercado, cantaron consignas, reivindicaron derechos laborales y sociales para todos y finalmente expropiaron los tres carros de la compra cargados con productos básicos. La protesta tuvo un alto carácter simbólico y transcurrió de forma pacífica con una buena carga de ironía y siempre respetando a los trabajadores del supermercado y los clientes del mismo que de hecho se sumaron a la protesta.
La acción se enmarcaba dentro del programa de actividades de la convocatoria del MayDay: 1º de Mayo de los precarios que movilizó a figuras del trabajo precario y sin derechos: migrantes, trabajadores temporales, con contratos atípicos o sin contrato, etc.
Nicolás Sguiglia y Javier Toret ejercieron sus funciones como representantes sindicales (de CGT y SOC-SAT respectivamente) y mediaron ante la empresa intentando en todo momento llegar a un acuerdo y remarcando el carácter pacífico de la protesta.
El encargado del supermercado los señaló ante la Policía como responsables de la acción y la Fiscalía solicitó 2 años de prisión por un delito de robo con intimidación, acusación que ahora ha sido retirada. Distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas habían puesto en marcha una campaña pidiendo la absolución de estas dos personas y denunciando la creciente criminalización de la acción social y sindical.

El Supremo absuelve al ex concejal de Urbanismo de Gines, Patricio Jiménez

El Tribunal Supremo ha declarado inocente de todos los cargos que le imputaban al ex concejal de Urbanismo de Gines, Patricio Jiménez, quien según informa el PSOE nunca estuvo expedientado o expulsado, ya que desde el primer momento puso la totalidad de la documentación del caso a disposición del Partido, que siempre creyó en su inocencia.
Las acusaciones sufridas por Patricio Jiménez derivan de la esfera privada y nada tiene que ver con sus responsabilidades políticas como concejal, en las que "siempre ha dado muestras de su honestidad, honradez y transparencia, pese al tiempo transcurrido hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo que le ha declarado libre de las acusaciones que le fueron formuladas", asegura el PSOE en un comunicado. En todo momento, Patricio Jiménez ha estado a disposición del PSOE y trabajando por el proyecto socialista en Gines.
Desde el punto de vista jurídico la Sentencia ahora dictada por el Tribunal Supremo resulta "impecable", añade la nota, "desmontando punto por punto cuantos argumentos se emplearon para acusar a Patricio Jiménez, sin olvidar que la parte acusadora no aportó ni una sola prueba de sus acusaciones: el juicio celebrado en Sevilla fue la crónica de una inocencia anunciada y pone en evidencia jurídica el incorrecto proceder de la Audiencia Provincial de Sevilla".
Una vez más el PSOE., con el ejemplo vivido y sufrido por Patricio Jiménez, "ha dado muestras de la higiene democrática que practica en su seno y de la responsabilidad de sus militantes: la dimisión presentada por nuestro Concejal no fue más que un paréntesis en su labor política y una prueba de la confianza que todos teníamos en que el Tribunal Supremo hiciera Justicia, como ahora ha hecho con la declaración de inocencia de Patricio Jiménez".
El PSOE se "congratula de que finalmente se haya hecho Justicia con una persona honesta y honrada y, sin perjuicio de las acciones que pueda llevar a cabo en la defensa de su Honor, de su Imagen y de su Persona, le prestará todo su apoyo hasta lograr que se le restituya su Fama y su Honor, porque en Política no todo vale, que es la sucia táctica que emplea el PP con los demás y no se aplica a sí mismo", concluye la nota.

El padre de Marta critica que la Fiscalía pida una indemnización para la ex novia de Miguel "por mentir"

El padre de Marta del Castillo criticó ayer la indemnización de 100.000 euros que la Fiscalía hispalense ha reclamado para la ex novia del principal imputado por el asesinato, Miguel Carcaño, al considerar que "parece un premio por haber mentido", en alusión al cambio de versión que realizó esta menor de 14 años un mes y medio después de la desaparición y en la que reconoció que el joven le confesó el crimen al día siguiente.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha reclamado esa indemnización para la ex novia de Carcaño, al entender que su aparición en un programa de Telecinco, a pesar de estar acompañada con su madre, supuso una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y a la propia imagen de la menor.

Antonio del Castillo consideró que la Fiscalía tendría que haber investigado a Miguel Carcaño por los supuestos "contactos con niñas de 12 o 13 años que, según se comentó en aquel programa, había tenido y acusarle de pederastia".

En su opinión, los padres de estas menores o sus tutores legales "firmaron un documento" autorizando la presencia de los menores en televisión, algo que según la ley de Protección Jurídica del Menor no tiene ninguna validez, porque se considera una vulneración de su derecho a la intimidad "cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales".Para Del Castillo, si hay que dar dinero a alguien debe ser "a los buzos y a los agentes de la Guardia Civil que han participado en la búsqueda del cuerpo en el río Guadalquivir". En cualquier caso, el padre de Marta cree que las cantidades solicitadas por la Fiscalía -100.000 euros para la ex novia de Miguel Carcaño y 30.000 euros para una de las amigas de su hija- son "desorbitadas e incongruentes".

El principal imputado por el asesinato de Marta mantiene que arrojó el cadáver a un contenedor próximo a su casa de León XIII

Un mes después del último giro importante en la investigación por el asesinato de Marta del Castillo, el principal imputado en el caso, Miguel Carcaño Delgado, volvió ayer a los juzgados de Sevilla. No lo hizo para prestar una nueva declaración ante el juez Francisco de Asís Molina Crespo, sino para que el magistrado le entregase, después de analizarla, la correspondencia que ha recibido y enviado desde que fue ingresado en la cárcel de Morón de la Frontera.
El juez instructor, que citó a esta nueva diligencia a todos los abogados personados, fue abriendo y leyendo para sí mismo cada una de las 15 misivas -tres de ellas enviadas por Miguel Carcaño y el resto, recibidas-, al objeto de comprobar si éstas tenían alguna relevancia para la investigación. El contenido de las cartas era de índole estrictamente personal y sin interés para la causa, por lo que el juez acordó entregárselas al principal imputado. La lectura de la correspondencia se prolongó por espacio de casi una hora y, al término del acto, cuando Miguel Carcaño se disponía a firmar el acta, el juez Francisco de Asís Molina se dirigió a él para exponerle que "el cuerpo de Marta sigue sin aparecer" después de 24 días de búsqueda en el vertedero de Alcalá de Guadaíra.En ese momento, Miguel Carcaño, que durante todo el acto se había mantenido tranquilo y mirando al juez, agachó la cabeza y aseguró que no sabía "nada más", una expresión que apenas pudo ser escuchada por la mayoría de los letrados que habían asistido a la práctica de esta diligencia.La abogada del principal imputado, Paloma Pérez Sendino, comentó entonces al juez que Miguel Carcaño no había acudido ayer al juzgado para prestar una nueva declaración en relación con la desaparición de Marta del Castillo, según comentaron ayer fuentes del caso consultadas por este periódico.Antes de finalizar el acto, la defensa de Javier Delgado Moreno, hermano de Miguel, presentó un escrito solicitando la práctica de nuevas pruebas encaminadas a tratar de demostrar su inocencia. El abogado José Manuel Carrión ha pedido en concreto al juez de Instrucción 4 de Sevilla que acuerde que el hermano de Carcaño se someta a la prueba del polígrafo, con la finalidad de acreditar que está diciendo la verdad respecto a que no tiene ninguna relación con el crimen ni con la ocultación del mismo, y que se celebre un nuevo careo.
La defensa de Javier Delgado quiere que en ese careo intervengan su hermano Miguel -que siempre ha negado su participación en los hechos- y el menor de 15 años que inicialmente le implicó en el asesinato, al asegurar que estaba limpiando los restos de sangre en el domicilio de la calle León XIII y que posteriormente se retracto de las imputaciones. Javier Delgado pidió a su abogado que solicitara estas diligencias porque estaba dispuesto a someterse a cualquier prueba para tratar de demostrar su inocencia, incluso llegó a comentarle que no tendría ningún inconveniente en prestarse a una sesión de "hipnosis regresiva" para volver a la noche del 24 de enero, cuando tuvo lugar el asesinato de la adolescente, según dijeron fuentes del caso.La prueba del polígrafo puede ser admisible en los tribunales españoles, pero su valor como prueba está limitado. Javier Delgado Moreno, que continúa en la prisión de Sevilla-I, ha mantenido desde que fue detenido a mediados de febrero pasado que no participó en el asesinato de Marta del Castillo, ya que ni siquiera vio a la menor aquella tarde, una coartada que ha sido corroborada por su ex mujer y por su actual compañera, María García. Esta última joven fue detenida el martes por orden del juez y quedó en libertad con cargos tras ser imputada en la desaparición de Marta.El abogado José Antonio Salazar, que se ha hecho cargo de su defensa, afirmó ayer que está estudiando plantear al juez que concrete la imputación contra su cliente y añadió que no descarta que solicite el archivo de las actuaciones contra la joven.

Naranjo presenta al ministro de Justicia su propuesta de creación del servicio común de ejecución para los juzgados penales de Sevilla

La consejera de Justicia y Administración Pública en funciones, Evangelina Naranjo, ha presentado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el proyecto de su departamento de crear un servicio común de Ejecución, Apoyo y Vistas en los juzgados de lo Penal de Sevilla, una iniciativa que se pondrá en marcha en el nuevo Complejo Judicial Buhaira y que estará funcionando a finales de este año, cuando culmine el traslado de los 14 órganos de lo Penal (los 13 existentes más el previsto para finales de 2009).
Este propuesta pretende reorganizar los recursos humanos existentes en los juzgados de lo Penal para agilizar la gestión y tramitación de los asuntos en la medida de lo posible, avanzando así en el nuevo modelo de oficina judicial pero siempre dentro de las competencias de la Junta de Andalucía. Naranjo ha presentado esta iniciativa al ministro en el convencimiento de la colaboración y la cooperación necesaria entre ambas administraciones para así poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
En este marco se ha celebrado el primer encuentro institucional entre la consejera andaluza y el ministro de Justicia, en donde también se han analizado otros asuntos que competen a las dos administraciones. Así, Evangelina Naranjo también se ha referido a la necesidad de aumentar las competencias de las comunidades autónomas en la gestión y reorganización de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia.

La consejera andaluza ha explicado al Ministro las dificultades actuales con las que se encuentra para reorganizar el personal que trabaja en los juzgados así como la mejora en la gestión que supondría que las comunidades autónomas pudiesen, manteniendo criterios iguales en todo el territorio nacional, convocar oposiciones, elaborar la Relación de Puestos de Trabajo, así como reestructurar las plantillas de los órganos judiciales.

El juez deja en libertad a la novia del hermano de Javier Delgado, aunque está imputada por la desaparición de Marta del Castillo

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina Crespo, dejó ayer en libertad provisional y sin fianza a María García Mendaro, novia del hermano del principal imputado por el asesinato de Marta del Castillo, tras haber ordenado su detención por su presunta participación en la desaparición de la menor, aunque en un grado aún no concretado. La imputación de la joven deriva de su propias manifestaciones realizadas con anterioridad ante el propio juez, en las que aseguró que estuvo en la vivienda de la calle León XIII la noche en la que se produjo el crimen y no vio nada extraño, lo que entra en contradicción con las declaraciones de otros testigos.La detención de esta joven, que ya había declarado como testigo ante el juez el pasado 3 de marzo y que ahora deberá comparecer cada 15 días en el juzgado, fue ordenada ayer mismo por el instructor de la causa, que requirió a los agentes de la Policía Judicial para que practicaran esa misma mañana el arresto.
En su nueva declaración, esta vez asistida por un letrado, la joven ratificó durante alrededor de hora y media por completo su anterior testimonio, en el que había ofrecido una coartada a su compañero sentimental, Javier Delgado Moreno, que sigue en prisión imputado por haber limpiado supuestamente los restos del crimen en el piso de la calle León XIII. María García reiteró que la noche del 24 de enero, cuando se produjo la desaparición de la adolescente Marta del Castillo, su novio la dejó en el domicilio de León XIII, donde estuvo estudiando aproximadamente desde las 00:30 hasta las dos de la madrugada -ya del domingo, día 25 de enero-, cuando se acostó, y se despertó en torno a las cinco cuando se personaron en la vivienda varios familiares de Marta del Castillo, aunque según la joven éstos no llegaron a verla.
La nueva implicada en el caso sitúa el regreso de Javier Delgado al piso de León XIII en torno a las cuatro de la madrugada, tras acabar su jornada laboral en el pub que regenta en el barrio de Nervión.El juez decidió su puesta en libertad sin fianza una vez que la Fiscalía no pidió que se celebrase la comparecencia que prevé la ley en caso de que se vaya a solicitar una medida cautelar, como por ejemplo la prisión provisional. De momento, no hay ninguna imputación formal de un delito contra María García, algo que deberá producirse cuando finalice la fase de instrucción y que abarcaría presuntamente un amplio abanico de posibilidades que podría oscilar desde el archivo de las actuaciones contra la joven a la atribución de un delito de encubrimiento o la complicidad en los hechos, en función del grado de participación final que pudiera atribuírsele. En el auto que decretó su libertad provisional sólo consta que está imputada en las diligencias abiertas por la desaparición de Marta del Castillo y que debe comparecer en el juzgado cada 15 días.El instructor del caso también volvió ayer a tomar declaración a Javier Delgado Moreno, hermano de Miguel Carcaño, quien ratificó la versión de los hechos que ha venido manteniendo desde que fue detenido, a mediados de febrero pasado: que no tiene ninguna participación en los hechos. Javier Delgado insistió en que la tarde del 24 de enero ni siquiera vio a Marta del Castillo en su vivienda de León XIII y negó igualmente que hubiese estado limpiando "restos y huellas" del crimen mientras su hermano y los otros implicados se deshacían del cadáver, como sostienen la Policía y el juez.La detención de la novia del hermano de Miguel Carcaño y las nuevas declaraciones fueron ordenadas por el juez ayer mismo y comunicadas a los abogados con sólo una hora de antelación con el fin de evitar filtraciones que pudieran perjudicar a la práctica de estas nuevas diligencias, según dijeron fuentes del caso. La instrucción de la causa continuará en los próximos días con la práctica de nuevas diligencias de prueba.

Un segundo 'narco' se fuga aprovechando el robo de los 100 kilos de cocaína en la Jefatura de Blas Infante

El robo de los 100 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante sigue afectando a diversas causas judiciales relacionadas con los alijos de estas sustancias que han sido intervenidos en el último año y que ya ha permitido la puesta en libertad provisional de siete presuntos narcotraficantes.
La última repercusión negativa se produjo ayer, cuando un segundo acusado de tráfico de drogas se fugó, aprovechándose precisamente de que el tribunal se había visto obligado a dejarle en libertad en diciembre pasado, una vez que el contraanálisis de la droga que le fue incautada resultó negativo.
El sospechoso, Rafael H. F., de 19 años, fue detenido en el aeropuerto de Sevilla el 27 de febrero de 2008, acusado de traficar con cinco kilos de cocaína. La droga fue hallada oculta en tres máquinas metálicas de amasar, dentro de dos maletas que el joven reclamó como extraviadas y cuyo destino ya estaba siendo investigado por la Policía, a la que un juez autorizó la entrega vigilada de la droga.El caso de este joven fue precisamente lo que permitió descubrir que se había producido un robo a gran escala en la Jefatura de Blas Infante y motivó una investigación de la Unidad de Asuntos Internos que, más de nueve meses después, todavía no ha concluido con el arresto de ningún agente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), ya que desde un principio la Policía consideró que el robo se había producido por un miembro de este grupo.El robo de la droga llevó a la Fiscalía a solicitar a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla un nuevo análisis de las muestras tomadas de la droga que fue aprehendida en el momento de la detención de Rafael H. F., por lo que el tribunal le dejó en libertad provisional a la espera de la práctica de esa prueba y citándole de nuevo para el juicio, que debía celebrarse ayer.
Ese nuevo análisis arrojó un resultado "imposible" y sugiere que esta droga fue cambiada por otras sustancias, dado que en un primer análisis había arrojado una pureza de entre el 69% y 72%, mientras que el último contraanálisis sitúa el contenido de cocaína en un 37,5%, una reducción que no puede atribuirse a la degradación de estas sustancias por el paso del tiempo (que oscila entre el 5% y 10%).El joven, que hasta principios de marzo cumplió con su obligación de comparecer en un juzgado de Palma de Mallorca, donde residía con su madre, no se presentó finalmente ayer a la vista oral. Su abogado, Pedro Mancera, trató de excusar la conducta de su cliente, al afirmar ayer ante el tribunal que debían de existir "causas racionales y de fuerza mayor" que provocaron la incomparecencia del acusado en la vista oral. La Fiscalía pidió al tribunal que decretara una orden de busca y captura contra el joven, a lo que se opuso la defensa por las razones alegadas. La Sección Tercera de la Audiencia ordenó finalmente la detención del presunto traficante, como única opción posible para garantizar su presencia y la celebración del juicio.

STAJ denuncia la grave situación actual de la jurisdicción Penal

COMUNICADO DEL SINDICATO STAJ SOBRE LA GRAVE SITUACIÓN ACTUAL DE LA JURISDICCIÓN PENAL
"Desde hace tiempo, el sindicato STAJ ha venido reclamando insistentemente al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias, la dotación de más medios personales y materiales para la Administración de Justicia si se quiere ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad, garantizándoles una justicia más rápida y eficaz.
Al considerable aumento en cifras absolutas de los procedimientos que se encuentran en tramitación en estos órganos judiciales hay que añadir el aumento de la complejidad en la tramitación procesal de los mismos, y sobre todo, los continuos cambios que se van produciendo en la legislación penal con la penalización de nuevos delitos, como los delitos contra la seguridad del tráfico, los de violencia de género o contra la propiedad intelectual e industrial, lo que está llevando a éstos órganos a una situación de colapso crónico.Actualmente, los juzgados y tribunales de toda España atraviesan una situación gravísima: los funcionarios se encuentran desbordados ante el incremento masivo y continuo de asuntos, así como por la asunción de nuevas competencias y funciones a causa de las últimas reformas del Código Penal, cuyo último exponente ha sido la puesta en marcha de la nueva aplicación del Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes, el pasado 16 de febrero (Real Decreto 95/2009 de 6 de febrero, y circular 3/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia).La reciente creación de este nuevo Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes, implica una nueva carga de trabajo para los juzgados penales, de instrucción, secciones penales de las audiencias provinciales y juzgados de violencia contra la mujer, lo que supone una saturación insoportable a una situación ya desbordada.En este sentido, al respecto de este nuevo Registro General, debemos denunciar lo siguiente:Resulta lamentable que este Registro se haya puesto en funcionamiento sin haber dado formación alguna a los funcionarios sobre su funcionamiento o sobre cómo y con qué pautas se deben introducir los datos, sobre todo, teniendo en cuenta que un solo error puede ser muy grave para la persona que lo padezca, ya que en muchos casos estamos hablando de medidas privativas de derechos fundamentales, como puede ser la libertad.
Los únicos que han recibido formación, improvisada e insuficiente, han sido los Secretarios judiciales, cuando quienes introducen de facto los datos son los funcionarios.Falta de conexión con otros Registros, como el Registro Central de Penados y Rebeldes, lo que genera duplicidad, complejidad y pérdida de tiempo. Lo mismo sucede con el Registro de Delitos de Violencia de Género.Fallos en la aplicación informática, con problemas de des/conexión habituales, y complejidad al tener que rellenar multitud de campos, muchos de los cuales deben rellenarse con puntos, comas, etc. para poder avanzar.Inadecuación e insuficiencia de los Centros de Atención al Usuario (CAU), encargados de resolver las incidencias informáticas.Incompatibilidad de los sistemas informáticos de las diferentes CCAA, pese a tratarse de la misma Administración, las mismas leyes y los mismos procedimientos.Imposibilidad de cumplir los plazos previstos en el RD de 5 días para la anotación en el Registro Central de Penados de las sentencias condenatorias o absolutorias, a partir de su firmeza, que impongan penas o medidas de seguridad.Imposibilidad de anotar en el plazo de tres meses previsto en el RD, a contar desde el 16 de febrero/09, las medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, adoptadas y dictadas con anterioridad al Real Decreto.
Queremos poner de manifiesto que tal carga de trabajo añadida resulta manifiestamente inviable, salvo que los funcionarios se dediquen exclusivamente a ella, abandonando otras tareas de tramitación y ejecución que están agravando el retraso de los asuntos ordinarios, y originando quizás mayores males de los que se intentan evitar con la implantación de éste nuevo Registro, provocando el colapso total y absoluto de algunos órganos judiciales como los penales.Por todo lo hasta ahora expuesto, el STAJ ha solicitado· Con carácter general para toda la jurisdicción penal, que el Ministerio de Justicia, a la vista del problema estructural y no coyuntural, suspenda provisionalmente el Real Decreto 95/2009, en tanto no se implanten los medios técnicos y personales suficientes para llevar con éxito a cabo la puesta en funcionamiento del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, o amplíe los plazos establecidos, garantizando la formación adecuada.·
La negociación de las prolongaciones de jornada voluntarias que sean necesarias para afrontar este nuevo incremento de cargas de trabajo que supone el funcionamiento y la cumplimentación de datos de este nuevo Registro.
De forma particular, tratándose de una situación especialmente grave la que actualmente padecen los Juzgados Penales, una parte muy importante de cuyo trabajo tiene que ver con la ejecución de la sentencias, tanto las propias como de las que cada vez llegan en mayor número desde los juzgados de instrucción a través de las conformidades, con la complejidad que supone la multitud de trámites que se han de realizar (penas de prisión, violencias domésticas, impagos de pensiones, privaciones de permisos de conducir, indemnizaciones a perjudicados por el delito, etc.) lo que hace que estas se alarguen en el tiempo de forma desmesurada, exigiendo constantes revisiones de los expedientes, el STAJ ha instado:· la aprobación de medidas de refuerzo consistentes en la dotación de los funcionarios que sean necesarios al objeto de actualizar el señalamiento de los juicios pendientes y la ejecución de todas las sentencias que una vez firmes están a la espera de iniciar la fase de ejecución, como medidas provisionales previas al necesario incremento de la plantilla de los juzgados de lo Penal y a la creación de nuevos juzgados especializados de Ejecutorias, cuyo exceso de cargas de trabajo sobre los módulos de asuntos marcados por el propio CGPJ así lo justifican.
Desde esta organización sindical no nos oponemos a la creación de nuevos instrumentos de control judicial y medidas de modernización y transparencia de la Administración de Justicia, que consideramos necesarias, pero para que estas medidas sean realmente eficaces deben de estar dotadas de la suficiente previsión de medios personales como materiales, entre los que deben incluirse una formación apropiada y los medios técnicos e informáticos adecuados a los tiempos en que vivimos, que permitan alcanzar los objetivos que con ellas se pretenden sin poner en entredicho el trabajo ordinario que se realiza en los juzgados y tribunales."