La Fiscalía de Sevilla ha reclamado una condena de 18 meses de cárcel para el padre que en julio del pasado año olvidó durante más de dos horas a su hijo de 2 años dentro del coche, lo que provocó que el pequeño falleciera varios días después como consecuencia de un golpe de calor.El Ministerio Público ha presentado en el juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, que investiga el caso, su escrito de conclusiones provisionales, en el que atribuye al padre un delito de homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal, que castiga con penas de entre uno y cuatro años a los que causen una muerte por una imprudencia grave.
La instrucción de la causa está finalizada, aunque la defensa del padre, que trabaja como profesor del I.E.S. Camas de esta localidad, ha presentado un recurso contra el auto de procesamiento en el que solicita el archivo de las actuaciones, al entender que la muerte del pequeño se debió a un accidente fortuito. El abogado de la familia alegó un caso similar que ocurrió en Olot (Gerona), donde falleció un bebé tras quedar encerrado en un maletero por olvido. En aquel supuesto, el juez determinó que el accidente fue fortuito.El suceso tuvo lugar el 18 de julio de 2008, cuando a primera hora de la mañana el padre acudió con el niño, de sólo 23 meses y que de forma habitual dejaban en la guardería, a realizar unas gestiones de apenas unos minutos en el Instituto donde trabaja. Las gestiones se retrasaron más de lo esperado y cuando regresó al coche, sobre las 12:00, se percató de que había dejado al niño dentro del vehículo, sometido a las altas temperaturas propias de la fecha.
El padre trasladó al pequeño en un primer momento hasta el centro de salud de Camas, donde entró con fuertes convulsiones y una temperatura corporal de 43 grados. Una ambulancia del 061 evacuó al niño hasta el Hospital Infantil, donde tras pasar cinco días en situación de coma, falleció el 22 de julio debido a los daños irreversibles que había sufrido. Los padres, que están muy afectados por lo ocurrido, donaron los órganos del menor.
El 30 de julio del pasado año, el padre compareció en el juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, donde declaró en calidad de imputado y reconoció ante el juez que olvidó a su hijo dentro del coche mientras acudía a realizar unas gestiones en el I.E.S. Camas.La autopsia y los informes del Instituto Nacional de Toxicología confirmaron que el fallecimiento del bebé se produjo debido a un golpe de calor, ya que carecía de otras patologías.
Algunos expertos en la materia aseguran que un bebé encerrado en un coche aparcado al sol y sin ventilación puede morir en el plazo de entre 30 y 60 minutos por un colapso vascular, dado que en el interior de un vehículo en estas condiciones pueden alcanzarse temperaturas de 70 a 80 grados. Cuando el cuerpo alcanza una temperatura de 42 grados, se produce la muerte celular, con lesión irreversible de órganos y sistemas vitales, y el consiguiente shock cardiorrespiratorio y coma.El día del suceso fue muy caluroso y la temperatura máxima alcanzó los 40 grados, lo que explica los síntomas del golpe de calor que presentaba el pequeño cuando fue atendido por los servicios sanitarios.
Búsqueda personalizada
25 febrero 2009
23 febrero 2009
La dimisión del Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
La cacería de Bermejo y Garzón se ha cobrado la pieza del primero.....
Francisco Caamaño, hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha sido nombrado por el presidente de Gobierno nuevo ministro de Justicia y jurará o prometerá hoy su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela a las 10.30 horas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió este mediodía a Zarzuela para comunicar a Don Juan Carlos el cese de Mariano Fernández Bermejo al frente del departamento de Justicia y su sustitución por el hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Hombre de confianza de María Teresa Fernández de la Vega, desde 2004 es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y llevó buena parte del peso de la negociación del Estatuto catalán cuando este fue remitido en 2005 a las Cortes para su tramitación.
Caamaño nació el 8 de enero de 1963 en la villa coruñesa de Cee y se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde entonces, su trayectoria profesional ha estado vinculada al Derecho Constitucional, materia de la que fue Profesor Titular en la citada Universidad.En 1993 fue designado Letrado del Tribunal Constitucional y en 2002 obtuvo la plaza de Catedrático en la Universidad de Valencia. Ha sido director de la Fundación Democracia y Gobierno Local y codirector de la Revista Cuadernos de Derecho Local.
Francisco Caamaño, hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha sido nombrado por el presidente de Gobierno nuevo ministro de Justicia y jurará o prometerá hoy su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela a las 10.30 horas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió este mediodía a Zarzuela para comunicar a Don Juan Carlos el cese de Mariano Fernández Bermejo al frente del departamento de Justicia y su sustitución por el hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Hombre de confianza de María Teresa Fernández de la Vega, desde 2004 es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y llevó buena parte del peso de la negociación del Estatuto catalán cuando este fue remitido en 2005 a las Cortes para su tramitación.
Caamaño nació el 8 de enero de 1963 en la villa coruñesa de Cee y se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde entonces, su trayectoria profesional ha estado vinculada al Derecho Constitucional, materia de la que fue Profesor Titular en la citada Universidad.En 1993 fue designado Letrado del Tribunal Constitucional y en 2002 obtuvo la plaza de Catedrático en la Universidad de Valencia. Ha sido director de la Fundación Democracia y Gobierno Local y codirector de la Revista Cuadernos de Derecho Local.
21 febrero 2009
La huelga de los jueces y el ministro que no tenía licencia para cazar
Dos noticias han sacudido esta semana la actualidad judicial del país. De un lado, está la histórica huelga de jueces, que ha sido todo un éxito a pesar de que, en Andalucía, el TSJA haya intentado maquillar los datos de participación al no incluir como jueces en huelga a quienes a pesar de asegurar que secundaban el paro se hallaban en sus despachos.
De otro lado, la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente informativo "de oficio" para aclarar si el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cometió alguna infracción al cazar el 7 y 8 de febrero en una finca de Torres (Jaén) sin el correspondiente permiso.
El expediente está siendo incoado por la delegación provincial de esta Consejería en Jaén y comenzará con la toma de declaraciones y la recogida de información sobre las cuestiones que se consideren relevantes. Bermejo ha reconocido durante una entrevista en televisión que carece de la licencia necesaria para cazar en Jaén. La Ley de Flora y Fauna de Andalucía tipifica como "sanción grave" la práctica de la caza sin poseer la licencia requerida.
De otro lado, la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente informativo "de oficio" para aclarar si el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cometió alguna infracción al cazar el 7 y 8 de febrero en una finca de Torres (Jaén) sin el correspondiente permiso.
El expediente está siendo incoado por la delegación provincial de esta Consejería en Jaén y comenzará con la toma de declaraciones y la recogida de información sobre las cuestiones que se consideren relevantes. Bermejo ha reconocido durante una entrevista en televisión que carece de la licencia necesaria para cazar en Jaén. La Ley de Flora y Fauna de Andalucía tipifica como "sanción grave" la práctica de la caza sin poseer la licencia requerida.
El asesino de Marta del Castillo ofreció la prueba decisiva para la Policía por su empeño en deshacerse del cenicero con el que la golpeó
Todo el empeño que Miguel Carcaño Delgado puso para desprenderse del cenicero de cristal con el que golpeó a Marta del Castillo fue lo que aportó a la Policía la prueba decisiva sobre la autoría del crimen. El joven se guardó el objeto dentro de su cazadora para arrojarlo al río junto al cadáver y esa acción permitió una "transferencia" de la sangre de la víctima al forro de la prenda del imputado.La explicación de este error que cometió el asesino la ofreció ayer el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra, quien compareció en una multitudinaria rueda de prensa para informar sobre la investigación policial una vez que se ha levantado el secreto de sumario.
No fue el único rastro de sangre que halló la Policía, puesto que se han localizado hasta cinco restos de sangre que coinciden con el perfil de ADN de Marta del Castillo. Estas pruebas científicas del delito se encontraron en la colcha de la cama donde Miguel Carcaño, de 19 años, depositó el cenicero de cristal con el que golpeó a Marta, así como en la silla y una mesa de ordenador que hay en el dormitorio donde se produjo el crimen, y en el salón de la vivienda de la calle León XIII donde fue envuelto el cadáver en una manta antes de introducirlo en un coche para llevarlo al río.Álvarez Riestra realizó un relato cronológico y contrastado a través de la investigación policial sobre los hechos que ocurrieron la tarde del pasado 24 de enero, desde que la joven salió de su casa en el barrio de Tartessos en torno a las cinco y media de la tarde hasta que se produjo su asesinato y fue arrojada al Guadalquivir. La investigación ha puesto de manifiesto que Marta estaba "chateando" con una amiga cuando Miguel Carcaño, el joven de 19 años con el que tuvo una relación informal de un mes, llamó al portero electrónico de su casa. Ambos estuvieron con varios amigos en distintos puntos de la ciudad y sobre las ocho y cinco de la tarde conversaron en Triana con otro joven que realiza bordados de Semana Santa. Desde ahí se trasladaron al domicilio de Miguel, en el número 78 de la calle León XIII, para recoger unos CD, aunque el jefe policial no quiso entrar a valorar el móvil del crimen que ha ofrecido el asesino confeso en sus declaraciones y en las que atribuye lo ocurrido a motivos sentimentales. Riestra sólo apuntó que Marta quería "aclarar unos rumores que Miguel estaba difundiendo sobre ella", lo que derivó en una discusión en la que Miguel asestó, en principio y a falta de recuperar el cadáver, un único golpe a Marta. El jefe superior indicó que desconoce si le propinó más golpes o si con un solo es posible que le causara la muerte.La agresión se produjo cuando ambos estaban de pie, uno frente al otro, y el golpe alcanzó a la menor en la región parietal izquierda. Marta se desplomó en el suelo, quedando inerte y en estado inconsciente, sin que los investigadores ni el juez hayan podido determinar si estaba aún con vida, según subraya el auto del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que el pasado lunes decretó el ingreso en prisión de Miguel Carcaño. La Policía cree que el crimen se perpetró antes de las 20:45, según se desprende del registro de las 17 llamadas perdidas que se realizaron al teléfono móvil de Marta del Castillo y de las que con posterioridad realizaron el asesino y su hermano mayor. Una amiga llamó a las 20:03 a Marta, pero ésta ya no contestó al teléfono, y a las 20:35 y 20:45 le envió dos mensajes de texto.
Fue entonces cuando Miguel Carcaño cogió el teléfono y lo guardó entre las prendas de Marta. A continuación, telefoneó a otro de los imputados, Samuel Benítez Pérez, desde una cabina ubicada cerca de su casa, y este joven se presentó en su domicilio poco después, acompañado del menor de 15 años que también está imputado por un delito de encubrimiento.En este instante de la secuencia temporal del crimen descrita por Álvarez Riestra es cuando coinciden los cuatro implicados con el cadáver de Marta del Castillo en la vivienda de la calle León XIII, donde también se encontraba Javier Delgado Moreno, hermano de Miguel y cuarto implicado que ha sido privado de libertad como cómplice del delito. Samuel y el menor observan a su llegada cómo Miguel está acabando de envolver el cuerpo en una manta, en presencia de su hermano Javier, quien posteriormente, según ha determinado la investigación, se quedaría en la vivienda limpiando los restos y huellas del asesinato de Marta.Samuel y el menor llevaron a hombros el cuerpo hasta un Volkswagen Polo de color blanco -propiedad de la madre del adolescente-, mientras que Miguel les seguía apagando las luces de la vivienda. Acto seguido dejaron el cuerpo en los asientos traseros del vehículo y se marcharon en dirección a la antigua pasarela de Camas, frente al Charco de la Pava. Miguel Carcaño les seguía en su ciclomotor.El cuerpo fue arrojado al río Guadalquivir sobre las 22:30 del 24 de enero, en una maniobra en la que Miguel cogió a Marta por los brazos y Samuel por las piernas. Después tiró también el cenicero al río con la intención de deshacerse del arma homicida, pero no se dio cuenta de que, por la forma en la que ocultó el objeto, hubo una transferencia que ha resultado fundamental en la investigación. El teléfono móvil, que Miguel colocó en la ropa de la víctima, también desapareció en el Guadalquivir.
La Policía está convencida de que los inculpados han confesado el punto exacto desde donde se arrojó el cuerpo, puesto que la zona fue descrita por separado por los tres sospechosos que estuvieron en la zona aquella noche. Después de arrojar el cadáver, Miguel Carcaño se dirigió a la vivienda de Camas donde estaba residiendo con su actual novia, de 14 años, a donde llegó sobre las 22:50. El jefe superior de Policía confirmó que el caso aún no está cerrado, puesto que los investigadores aún tienen que realizar un "ingente trabajo de análisis operativo, de pesquisas, de procesamiento de prueba e incluso de nuevas declaraciones si fuera preciso". Riestra explicó que durante el tiempo que ha durado la actuación policial, que calificó como una "investigación de libro", se han tomado ya más de 100 declaraciones relacionadas con el caso.El jefe de Policía restó trascendencia a las amenazas de muerte que Miguel Carcaño había realizado a Marta cinco meses antes del crimen, a través de un mensaje que dejó en la red social tuenti, al entender que forma parte de la manera de hablar y comunicarse entre los jóvenes, pero que no guarda relación con la causa judicial abierta.En esta página también dejó uno de los implicados, Samuel Benítez Pérez, algunos mensajes pidiendo a Marta que volviera, unos comentarios que la Policía considera que tenían la finalidad de "despistar" a los investigadores. Álvarez Riestra indicó que, a la vista de la intervención de los jóvenes implicados en la desaparición de Marta del Castillo, lo que ha quedado suficientemente claro es que "eran más amigos de Miguel que de Marta", en alusión a la conducta de colaboración y encubrimiento que mantuvieron desde que tuvo lugar el crimen y en las tres semanas siguientes al desenlace del caso.La defensa de tres de los jóvenes implicados consideró ayer que los hechos no están tan claros como los expuso ayer la Policía y argumentó que se han producido muchos testimonios falsos o interesados.
No fue el único rastro de sangre que halló la Policía, puesto que se han localizado hasta cinco restos de sangre que coinciden con el perfil de ADN de Marta del Castillo. Estas pruebas científicas del delito se encontraron en la colcha de la cama donde Miguel Carcaño, de 19 años, depositó el cenicero de cristal con el que golpeó a Marta, así como en la silla y una mesa de ordenador que hay en el dormitorio donde se produjo el crimen, y en el salón de la vivienda de la calle León XIII donde fue envuelto el cadáver en una manta antes de introducirlo en un coche para llevarlo al río.Álvarez Riestra realizó un relato cronológico y contrastado a través de la investigación policial sobre los hechos que ocurrieron la tarde del pasado 24 de enero, desde que la joven salió de su casa en el barrio de Tartessos en torno a las cinco y media de la tarde hasta que se produjo su asesinato y fue arrojada al Guadalquivir. La investigación ha puesto de manifiesto que Marta estaba "chateando" con una amiga cuando Miguel Carcaño, el joven de 19 años con el que tuvo una relación informal de un mes, llamó al portero electrónico de su casa. Ambos estuvieron con varios amigos en distintos puntos de la ciudad y sobre las ocho y cinco de la tarde conversaron en Triana con otro joven que realiza bordados de Semana Santa. Desde ahí se trasladaron al domicilio de Miguel, en el número 78 de la calle León XIII, para recoger unos CD, aunque el jefe policial no quiso entrar a valorar el móvil del crimen que ha ofrecido el asesino confeso en sus declaraciones y en las que atribuye lo ocurrido a motivos sentimentales. Riestra sólo apuntó que Marta quería "aclarar unos rumores que Miguel estaba difundiendo sobre ella", lo que derivó en una discusión en la que Miguel asestó, en principio y a falta de recuperar el cadáver, un único golpe a Marta. El jefe superior indicó que desconoce si le propinó más golpes o si con un solo es posible que le causara la muerte.La agresión se produjo cuando ambos estaban de pie, uno frente al otro, y el golpe alcanzó a la menor en la región parietal izquierda. Marta se desplomó en el suelo, quedando inerte y en estado inconsciente, sin que los investigadores ni el juez hayan podido determinar si estaba aún con vida, según subraya el auto del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que el pasado lunes decretó el ingreso en prisión de Miguel Carcaño. La Policía cree que el crimen se perpetró antes de las 20:45, según se desprende del registro de las 17 llamadas perdidas que se realizaron al teléfono móvil de Marta del Castillo y de las que con posterioridad realizaron el asesino y su hermano mayor. Una amiga llamó a las 20:03 a Marta, pero ésta ya no contestó al teléfono, y a las 20:35 y 20:45 le envió dos mensajes de texto.
Fue entonces cuando Miguel Carcaño cogió el teléfono y lo guardó entre las prendas de Marta. A continuación, telefoneó a otro de los imputados, Samuel Benítez Pérez, desde una cabina ubicada cerca de su casa, y este joven se presentó en su domicilio poco después, acompañado del menor de 15 años que también está imputado por un delito de encubrimiento.En este instante de la secuencia temporal del crimen descrita por Álvarez Riestra es cuando coinciden los cuatro implicados con el cadáver de Marta del Castillo en la vivienda de la calle León XIII, donde también se encontraba Javier Delgado Moreno, hermano de Miguel y cuarto implicado que ha sido privado de libertad como cómplice del delito. Samuel y el menor observan a su llegada cómo Miguel está acabando de envolver el cuerpo en una manta, en presencia de su hermano Javier, quien posteriormente, según ha determinado la investigación, se quedaría en la vivienda limpiando los restos y huellas del asesinato de Marta.Samuel y el menor llevaron a hombros el cuerpo hasta un Volkswagen Polo de color blanco -propiedad de la madre del adolescente-, mientras que Miguel les seguía apagando las luces de la vivienda. Acto seguido dejaron el cuerpo en los asientos traseros del vehículo y se marcharon en dirección a la antigua pasarela de Camas, frente al Charco de la Pava. Miguel Carcaño les seguía en su ciclomotor.El cuerpo fue arrojado al río Guadalquivir sobre las 22:30 del 24 de enero, en una maniobra en la que Miguel cogió a Marta por los brazos y Samuel por las piernas. Después tiró también el cenicero al río con la intención de deshacerse del arma homicida, pero no se dio cuenta de que, por la forma en la que ocultó el objeto, hubo una transferencia que ha resultado fundamental en la investigación. El teléfono móvil, que Miguel colocó en la ropa de la víctima, también desapareció en el Guadalquivir.
La Policía está convencida de que los inculpados han confesado el punto exacto desde donde se arrojó el cuerpo, puesto que la zona fue descrita por separado por los tres sospechosos que estuvieron en la zona aquella noche. Después de arrojar el cadáver, Miguel Carcaño se dirigió a la vivienda de Camas donde estaba residiendo con su actual novia, de 14 años, a donde llegó sobre las 22:50. El jefe superior de Policía confirmó que el caso aún no está cerrado, puesto que los investigadores aún tienen que realizar un "ingente trabajo de análisis operativo, de pesquisas, de procesamiento de prueba e incluso de nuevas declaraciones si fuera preciso". Riestra explicó que durante el tiempo que ha durado la actuación policial, que calificó como una "investigación de libro", se han tomado ya más de 100 declaraciones relacionadas con el caso.El jefe de Policía restó trascendencia a las amenazas de muerte que Miguel Carcaño había realizado a Marta cinco meses antes del crimen, a través de un mensaje que dejó en la red social tuenti, al entender que forma parte de la manera de hablar y comunicarse entre los jóvenes, pero que no guarda relación con la causa judicial abierta.En esta página también dejó uno de los implicados, Samuel Benítez Pérez, algunos mensajes pidiendo a Marta que volviera, unos comentarios que la Policía considera que tenían la finalidad de "despistar" a los investigadores. Álvarez Riestra indicó que, a la vista de la intervención de los jóvenes implicados en la desaparición de Marta del Castillo, lo que ha quedado suficientemente claro es que "eran más amigos de Miguel que de Marta", en alusión a la conducta de colaboración y encubrimiento que mantuvieron desde que tuvo lugar el crimen y en las tres semanas siguientes al desenlace del caso.La defensa de tres de los jóvenes implicados consideró ayer que los hechos no están tan claros como los expuso ayer la Policía y argumentó que se han producido muchos testimonios falsos o interesados.
12 febrero 2009
Francisco de Vitoria y Foro Judicial animan a los jueces a secundar la huelga del 18-F a pesar del acuerdo del CGPJ
A continuación, adjuntamos el comunicado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente a toda la carrera judicial:
Estimados compañeros:
En primer lugar, no debemos dejarnos amedrentar por el contenido del acuerdo del CGPJ del pasado día 9 de febrero, ni muchos menos por las lamentables declaraciones de la Portavoz de dicho organismo.
Todos nosotros somos juristas, todos nosotros hemos leído atentamente dicho acuerdo, y sabemos de sobra que en modo alguno en el citado acuerdo se dice que la convocatoria de huelga pueda ser ilegal o que los jueces no tenemos derecho de huelga, tal y como han tenido ocasión de aclarar de forma expresa los propios vocales del CGPJ.
Así, un grupo de los que fueron en su momento propuestos por la APM han remitido una nota a dicha asociación, cuyas palabras literales repetimos porque no se puede explicar mejor: el ”Consejo no ha entrado a valorar ni a resolver en ningún momento sobre la existencia o inexistencia, legalidad o ilegalidad, de un hipotético derecho de huelga de Jueces y Magistrados, sino que se ha limitado a constatar la ausencia de un específico marco legal regulador del ejercicio de tal derecho y, en consecuencia, la imposibilidad de acceder, por la falta de la necesaria cobertura normativa, a las pretensiones formuladas, es decir, a fijar servicios mínimos y tener por tales los señalados por quienes suscribieron los escritos recibidos. Ni en el Acuerdo adoptado por el Pleno, ni en la declaración institucional, se recoge la más mínima referencia a la existencia o no del supuesto derecho de huelga, ni a las consecuencias de su supuesto ejercicio, ni, mucho menos, a medidas disciplinarias de ninguna clase”.
Por su parte, el grupo de los propuestos por JpD han emitido otra en el siguiente sentido: “En línea con nuestro compromiso respecto a las compañeras y compañeros de nuestra Asociación, y para despejar algunas dudas que se han manifestado en algunos correos remitidos a la lista general de JpD, queremos poneros de manifiesto que en el Acuerdo tomado por el Pleno Extraordinario de 9 de Febrero, en ningún caso –como es obvio- se hace referencia a la adopción de medidas disciplinarias de clase alguna. El pronunciamiento adoptado dio respuesta a las peticiones formuladas a este Consejo, y se limitó a analizar el marco normativo del ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados”.
En demostración pública de nuestra convicción de legalidad de la convocatoria de la huelga, os anunciamos que AJFV y FJI están estudiando la eventual interposición, en su momento y si así se considera conveniente, de recurso contra el acuerdo del CGPJ de 9 de febrero, ya que el plazo de que disponemos así lo permite y no constituye una buena estrategia elaborar un recurso con precipitación cuando no es imprescindible hacerlo.
Con independencia de los matices que nos puedan diferenciar, al margen de que seamos o no asociados, de una u otra asociación, lo importante a partir de hoy y hasta el día 18, es que todos juntos empujemos en el mismo sentido para lograr la máxima participación en la huelga. Aparquemos las pequeñas diferencias que puedan separarnos y concentremos nuestros esfuerzos en conseguir que la huelga sea verdaderamente una demostración de la situación de hartazgo en que se encuentra la carrera judicial, que obligue al Ministerio de Justicia y al resto de los gobernantes a tomarse de una vez en serio los problemas de la administración de justicia y a poner en marcha los planes y programas de inversiones necesarios. Nos jugamos mucho y no podemos ahora dispersar nuestras fuerzas en discusiones o polémicas estériles que no contribuyen al éxito de la convocatoria, de lo que va a depender nuestra capacidad de negociar posteriormente con el Ministerio de Justicia.
Estamos firmemente convencidos de que todos, absolutamente todos, coincidimos en lo esencial en el conjunto de reivindicaciones que la carrera judicial está planteando. Nos atrevemos a decir que incluso los que no tienen pensado participar en la huelga del 18 de febrero comparten también todas nuestras peticiones.
Alejemos entonces cualquier posible legítima discrepancia que pueda haber entre nosotros, no olvidemos que los compañeros no son nuestros enemigos y centremos nuestras energías en conseguir el máximo seguimiento de la convocatoria. El día 18 de febrero no tenemos que mirar a nadie sino a nosotros mismos y obrar en conciencia. Si queremos que se produzca un cambio tenemos que ser cada uno de nosotros los que lo provoquemos con nuestro compromiso personal.
Queremos informaros a continuación de lo siguiente:
Primero: La convocatoria de huelga para el día 18 de febrero ha sido debidamente anunciada al CGPJ y al Ministerio de Justicia el pasado 6 de febrero, cumple con todos los requisitos formales de legalidad y se trata del ejercicio de un derecho fundamental del que no estamos privados.
Las dos asociaciones judiciales convocantes nos comprometemos, en cualquier caso, a dar todo el asesoramiento, apoyo y defensa jurídica que necesite cualquier compañero, asociado o no asociado, que pudiera verse afectado disciplinariamente por el hecho de haber ejercitado su legítimo derecho a participar en la huelga.
Segundo: En el anuncio de la huelga se ha solicitado al CGPJ y al Ministerio de Justicia el establecimiento de los servicios mínimos.
La fijación de servicios mínimos es una facultad de la autoridad gubernativa que, conforme a la ley, podrá determinar los servicios que considere necesario mantener en beneficio de los ciudadanos usuarios del servicio público afectado por la huelga.
El CGPJ ha declinado la posibilidad de establecer servicios mínimos, no ha querido ejercitar esta facultad y bajo su exclusiva responsabilidad quedan las consecuencias de esta decisión.
Desde las asociaciones convocantes reiteramos en este momento nuestra solicitud de que se establezcan los servicios mínimos, y si el CGPJ sigue sin haberlos fijado a 48 horas de la huelga, haremos pública una recomendación para que se respeten como servicios mínimos aquellas actuaciones judiciales imprescindibles y urgentes por razón de su especial naturaleza.
No nos corresponde a las convocantes de la huelga la fijación de los servicios mínimos, pero debemos mantener una actitud responsable frente a los ciudadanos a los que nos debemos, y por este motivo os pedimos a todos los que vayáis a secundar la huelga que se respeten escrupulosamente esos servicios mínimos que nos pudiéramos ver obligados a recomendar en caso de que no los acabe señalando finalmente el CGPJ.
Tercero: El Comité de Huelga convoca una reunión el próximo sábado 14 de febrero a las 12´00 horas, en el Salón de Actos del Edificio de los Juzgados en Plaza de Castilla (Madrid), a la que invitamos a asistir a una representación de cada uno de los comités de huelga territoriales, con independencia de que hayan delegado o no en el comité de huelga nacional, así como a los Decanos de toda España que deseen acudir a la misma. Dicha reunión tiene la finalidad de coordinar y organizar la jornada de huelga del día 18 de febrero y, entre otras cuestiones, el establecimiento de un mecanismo fiable para cuantificar el seguimiento de la convocatoria.
Cuarto: Una vez convocada por las dos asociaciones judiciales la huelga de ámbito nacional para el 18 de febrero, cualquier Juez o Magistrado puede ir a la huelga ese día, con absoluta independencia de que hubiere sido o no convocada a nivel territorial en su demarcación, y al margen de su asistencia y del sentido del voto que hubiere podido emitir en las Juntas, Reuniones y Asambleas de Jueces.
Quinto: Todo aquel Juez o Magistrado que decida secundar la huelga y no esté afectado por los servicios mínimos, debe ejercer su derecho no compareciendo en su puesto de trabajo el día 18 de febrero. La huelga justamente ha de consistir en que se dejen de realizar ese día todos aquellos actos judiciales en los que es preceptiva la intervención del juez y que no estén comprendidos en los servicios mínimos.
Sexto.- Por último, queremos recordaros que las funciones del Comité de Huelga Nacional finalizan al terminar el día 18 de febrero.
En Madrid, a 12 de febrero de 2009
Estimados compañeros:
En primer lugar, no debemos dejarnos amedrentar por el contenido del acuerdo del CGPJ del pasado día 9 de febrero, ni muchos menos por las lamentables declaraciones de la Portavoz de dicho organismo.
Todos nosotros somos juristas, todos nosotros hemos leído atentamente dicho acuerdo, y sabemos de sobra que en modo alguno en el citado acuerdo se dice que la convocatoria de huelga pueda ser ilegal o que los jueces no tenemos derecho de huelga, tal y como han tenido ocasión de aclarar de forma expresa los propios vocales del CGPJ.
Así, un grupo de los que fueron en su momento propuestos por la APM han remitido una nota a dicha asociación, cuyas palabras literales repetimos porque no se puede explicar mejor: el ”Consejo no ha entrado a valorar ni a resolver en ningún momento sobre la existencia o inexistencia, legalidad o ilegalidad, de un hipotético derecho de huelga de Jueces y Magistrados, sino que se ha limitado a constatar la ausencia de un específico marco legal regulador del ejercicio de tal derecho y, en consecuencia, la imposibilidad de acceder, por la falta de la necesaria cobertura normativa, a las pretensiones formuladas, es decir, a fijar servicios mínimos y tener por tales los señalados por quienes suscribieron los escritos recibidos. Ni en el Acuerdo adoptado por el Pleno, ni en la declaración institucional, se recoge la más mínima referencia a la existencia o no del supuesto derecho de huelga, ni a las consecuencias de su supuesto ejercicio, ni, mucho menos, a medidas disciplinarias de ninguna clase”.
Por su parte, el grupo de los propuestos por JpD han emitido otra en el siguiente sentido: “En línea con nuestro compromiso respecto a las compañeras y compañeros de nuestra Asociación, y para despejar algunas dudas que se han manifestado en algunos correos remitidos a la lista general de JpD, queremos poneros de manifiesto que en el Acuerdo tomado por el Pleno Extraordinario de 9 de Febrero, en ningún caso –como es obvio- se hace referencia a la adopción de medidas disciplinarias de clase alguna. El pronunciamiento adoptado dio respuesta a las peticiones formuladas a este Consejo, y se limitó a analizar el marco normativo del ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados”.
En demostración pública de nuestra convicción de legalidad de la convocatoria de la huelga, os anunciamos que AJFV y FJI están estudiando la eventual interposición, en su momento y si así se considera conveniente, de recurso contra el acuerdo del CGPJ de 9 de febrero, ya que el plazo de que disponemos así lo permite y no constituye una buena estrategia elaborar un recurso con precipitación cuando no es imprescindible hacerlo.
Con independencia de los matices que nos puedan diferenciar, al margen de que seamos o no asociados, de una u otra asociación, lo importante a partir de hoy y hasta el día 18, es que todos juntos empujemos en el mismo sentido para lograr la máxima participación en la huelga. Aparquemos las pequeñas diferencias que puedan separarnos y concentremos nuestros esfuerzos en conseguir que la huelga sea verdaderamente una demostración de la situación de hartazgo en que se encuentra la carrera judicial, que obligue al Ministerio de Justicia y al resto de los gobernantes a tomarse de una vez en serio los problemas de la administración de justicia y a poner en marcha los planes y programas de inversiones necesarios. Nos jugamos mucho y no podemos ahora dispersar nuestras fuerzas en discusiones o polémicas estériles que no contribuyen al éxito de la convocatoria, de lo que va a depender nuestra capacidad de negociar posteriormente con el Ministerio de Justicia.
Estamos firmemente convencidos de que todos, absolutamente todos, coincidimos en lo esencial en el conjunto de reivindicaciones que la carrera judicial está planteando. Nos atrevemos a decir que incluso los que no tienen pensado participar en la huelga del 18 de febrero comparten también todas nuestras peticiones.
Alejemos entonces cualquier posible legítima discrepancia que pueda haber entre nosotros, no olvidemos que los compañeros no son nuestros enemigos y centremos nuestras energías en conseguir el máximo seguimiento de la convocatoria. El día 18 de febrero no tenemos que mirar a nadie sino a nosotros mismos y obrar en conciencia. Si queremos que se produzca un cambio tenemos que ser cada uno de nosotros los que lo provoquemos con nuestro compromiso personal.
Queremos informaros a continuación de lo siguiente:
Primero: La convocatoria de huelga para el día 18 de febrero ha sido debidamente anunciada al CGPJ y al Ministerio de Justicia el pasado 6 de febrero, cumple con todos los requisitos formales de legalidad y se trata del ejercicio de un derecho fundamental del que no estamos privados.
Las dos asociaciones judiciales convocantes nos comprometemos, en cualquier caso, a dar todo el asesoramiento, apoyo y defensa jurídica que necesite cualquier compañero, asociado o no asociado, que pudiera verse afectado disciplinariamente por el hecho de haber ejercitado su legítimo derecho a participar en la huelga.
Segundo: En el anuncio de la huelga se ha solicitado al CGPJ y al Ministerio de Justicia el establecimiento de los servicios mínimos.
La fijación de servicios mínimos es una facultad de la autoridad gubernativa que, conforme a la ley, podrá determinar los servicios que considere necesario mantener en beneficio de los ciudadanos usuarios del servicio público afectado por la huelga.
El CGPJ ha declinado la posibilidad de establecer servicios mínimos, no ha querido ejercitar esta facultad y bajo su exclusiva responsabilidad quedan las consecuencias de esta decisión.
Desde las asociaciones convocantes reiteramos en este momento nuestra solicitud de que se establezcan los servicios mínimos, y si el CGPJ sigue sin haberlos fijado a 48 horas de la huelga, haremos pública una recomendación para que se respeten como servicios mínimos aquellas actuaciones judiciales imprescindibles y urgentes por razón de su especial naturaleza.
No nos corresponde a las convocantes de la huelga la fijación de los servicios mínimos, pero debemos mantener una actitud responsable frente a los ciudadanos a los que nos debemos, y por este motivo os pedimos a todos los que vayáis a secundar la huelga que se respeten escrupulosamente esos servicios mínimos que nos pudiéramos ver obligados a recomendar en caso de que no los acabe señalando finalmente el CGPJ.
Tercero: El Comité de Huelga convoca una reunión el próximo sábado 14 de febrero a las 12´00 horas, en el Salón de Actos del Edificio de los Juzgados en Plaza de Castilla (Madrid), a la que invitamos a asistir a una representación de cada uno de los comités de huelga territoriales, con independencia de que hayan delegado o no en el comité de huelga nacional, así como a los Decanos de toda España que deseen acudir a la misma. Dicha reunión tiene la finalidad de coordinar y organizar la jornada de huelga del día 18 de febrero y, entre otras cuestiones, el establecimiento de un mecanismo fiable para cuantificar el seguimiento de la convocatoria.
Cuarto: Una vez convocada por las dos asociaciones judiciales la huelga de ámbito nacional para el 18 de febrero, cualquier Juez o Magistrado puede ir a la huelga ese día, con absoluta independencia de que hubiere sido o no convocada a nivel territorial en su demarcación, y al margen de su asistencia y del sentido del voto que hubiere podido emitir en las Juntas, Reuniones y Asambleas de Jueces.
Quinto: Todo aquel Juez o Magistrado que decida secundar la huelga y no esté afectado por los servicios mínimos, debe ejercer su derecho no compareciendo en su puesto de trabajo el día 18 de febrero. La huelga justamente ha de consistir en que se dejen de realizar ese día todos aquellos actos judiciales en los que es preceptiva la intervención del juez y que no estén comprendidos en los servicios mínimos.
Sexto.- Por último, queremos recordaros que las funciones del Comité de Huelga Nacional finalizan al terminar el día 18 de febrero.
En Madrid, a 12 de febrero de 2009
El ministro de Justicia estará el próximo lunes, día 16, en Sevilla
Confirmado. Una semana después de la fecha prevista inicialmente, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, estará en Sevilla el próximo lunes, día 16.
Inicialmente, la agenda de la visita del titular de Justicia incluía una visita a los juzgados para inaugurar el registro de medidas cautelares y sentencias no firmes, pero a fecha de hoy la visita sigue en el aire. Aunque el ministro prometió en octubre pasado que la inauguración tendría lugar en el juzgado de lo Penal número 1, cuyo titular es Rafael Tirado, lo cierto es que donde se le espera es en el juzgado de Instrucción número 4 y en el Penal 7, donde ya se está cambiando el mobiliario de oficina y los ordenadores ante la célebre visita. De todas formas, decimos que la visita sigue en el aire porque el registro, a fecha de hoy, sigue sin funcionar, por lo que no tendría sentido que el ministro viniera a inaugurar una herramienta informática que no funciona...
En cualquier caso, Bermejo sí ha confirmado que asistirá, a partir de las 14.00 horas, a un almuerzo organizado por El Correo de Andalucía. La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, que el pasado viernes decía que no le constaba la visita del ministro -según dijo en rueda de prensa-, ya tendrá conocimiento de la misma, puesto que la responsable autonómica será la encargada de presentar a Bermejo en dicho almuerzo....
11 febrero 2009
El registro de medidas cautelares no estará completo en el plazo fijado de tres meses
El registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, que el Ministerio de Justicia ha implantado para tratar de corregir algunos de los errores producidos en el caso Mari Luz, no podrá estar a pleno rendimiento en los próximos tres meses, tal y como establece el Real Decreto que regula el sistema de registro administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
El Real Decreto, publicado en el BOE del pasado día 7 y que entró en vigor este lunes, establece en su disposición transitoria segunda que la inscripción de las medidas cautelares de carácter personal, las requisitorias -como las órdenes de busca y captura o de detención- y las sentencias no firmes dictadas con anterioridad a esta fecha deberán inscribirse en el registro central de medidas cautelares en el plazo de "tres meses" desde la entrada en vigor de la norma.La carga de trabajo que pesa sobre los juzgados de lo Penal, a los que afectará principalmente el nuevo registro, y las miles de causas que están pendientes de tramitar en estos órganos, hará imposible que el registro esté al completo el próximo 9 de mayo, fecha límite fijada por el Ministerio de Justicia.
Fuentes jurídicas confirmaron ayer que el problema no radica tanto en la introducción en el registro de los datos de las sentencias no firmes y las medidas cautelares que se dicten a partir de ahora, sino en los datos históricos, los que son anteriores a la fecha del Real Decreto, sobre los que no se precisa además cuánto tiempo atrás habrá que remontarse. El decreto precisa que deberán introducirse todas aquellas causas que estén actualmente en vigor.Las mismas fuentes explicaron que el registro no estará completo a menos que pueda realizarse un volcado de los datos existentes en el sistema informático Adriano, implantado por la Junta, lo que actualmente no es factible por la incompatibilidad con el sistema que utiliza el Ministerio.Desde el sindicato CSI-CSIF de Justicia, aseguraron ayer que aunque la nueva herramienta informática es positiva vuelven a producirse los mismos errores: "Más trabajo para los mismos funcionarios, que son los que tienen que introducir los datos". Con las plantillas que tienen actualmente los juzgados de lo Penal de Sevilla, los datos "no estarán introducidos en tres meses", aseguran el sindicato, que añade que en los cursos que se están ofreciendo a los funcionarios se ha empleado unos "45 minutos" en introducir todos los datos correspondientes a una sola causa judicial.De hecho, el decreto especifica que por cada causa o procedimiento que se inscriba en el registro hay que introducir una decena de datos personales, entre ellos nombre, y apellidos, órgano que acuerda la resolución, fecha y clase de procedimiento, así como los datos personales de la víctima y la condición de menor de edad de ésta cuando se trata de delitos contra la libertad sexual, las sentencias no firmes, órdenes de busca y las de protección.
El nuevo registro pretende contribuir a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales, de ahí que una de las novedades esté en que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas.CSI-CSIF afirma que la entrada en funcionamiento del registro, que ayer seguía sin estar operativo en Sevilla, tenía que ir acompañada de otras medidas como la creación "de más juzgados y la ampliación de las plantillas de funcionarios. Que en el futuro este registro servirá no lo negamos, pero al programa hay que alimentarlo primero con todos los datos y eso no es posible en tres meses" sin desatender el resto de los asuntos que se tramitan en unos órganos judiciales ya de por sí saturados de trabajo.
El Real Decreto, publicado en el BOE del pasado día 7 y que entró en vigor este lunes, establece en su disposición transitoria segunda que la inscripción de las medidas cautelares de carácter personal, las requisitorias -como las órdenes de busca y captura o de detención- y las sentencias no firmes dictadas con anterioridad a esta fecha deberán inscribirse en el registro central de medidas cautelares en el plazo de "tres meses" desde la entrada en vigor de la norma.La carga de trabajo que pesa sobre los juzgados de lo Penal, a los que afectará principalmente el nuevo registro, y las miles de causas que están pendientes de tramitar en estos órganos, hará imposible que el registro esté al completo el próximo 9 de mayo, fecha límite fijada por el Ministerio de Justicia.
Fuentes jurídicas confirmaron ayer que el problema no radica tanto en la introducción en el registro de los datos de las sentencias no firmes y las medidas cautelares que se dicten a partir de ahora, sino en los datos históricos, los que son anteriores a la fecha del Real Decreto, sobre los que no se precisa además cuánto tiempo atrás habrá que remontarse. El decreto precisa que deberán introducirse todas aquellas causas que estén actualmente en vigor.Las mismas fuentes explicaron que el registro no estará completo a menos que pueda realizarse un volcado de los datos existentes en el sistema informático Adriano, implantado por la Junta, lo que actualmente no es factible por la incompatibilidad con el sistema que utiliza el Ministerio.Desde el sindicato CSI-CSIF de Justicia, aseguraron ayer que aunque la nueva herramienta informática es positiva vuelven a producirse los mismos errores: "Más trabajo para los mismos funcionarios, que son los que tienen que introducir los datos". Con las plantillas que tienen actualmente los juzgados de lo Penal de Sevilla, los datos "no estarán introducidos en tres meses", aseguran el sindicato, que añade que en los cursos que se están ofreciendo a los funcionarios se ha empleado unos "45 minutos" en introducir todos los datos correspondientes a una sola causa judicial.De hecho, el decreto especifica que por cada causa o procedimiento que se inscriba en el registro hay que introducir una decena de datos personales, entre ellos nombre, y apellidos, órgano que acuerda la resolución, fecha y clase de procedimiento, así como los datos personales de la víctima y la condición de menor de edad de ésta cuando se trata de delitos contra la libertad sexual, las sentencias no firmes, órdenes de busca y las de protección.
El nuevo registro pretende contribuir a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales, de ahí que una de las novedades esté en que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas.CSI-CSIF afirma que la entrada en funcionamiento del registro, que ayer seguía sin estar operativo en Sevilla, tenía que ir acompañada de otras medidas como la creación "de más juzgados y la ampliación de las plantillas de funcionarios. Que en el futuro este registro servirá no lo negamos, pero al programa hay que alimentarlo primero con todos los datos y eso no es posible en tres meses" sin desatender el resto de los asuntos que se tramitan en unos órganos judiciales ya de por sí saturados de trabajo.
10 febrero 2009
La resolución del CGPJ sobre la huelga de los jueces
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL C.G.P.J. EN SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2009
Primero.- Vistas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su
reunión extraordinaria del día de la fecha, las peticiones y comunicaciones recibidas con
relación al seguimiento de una jornada de huelga para el día 18 de febrero, y en atención
a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
En el Registro General del Consejo General del Poder Judicial han tenido
entrada, mediante fax, correo ordinario y por presentación directa, las comunicaciones y
peticiones emitidas por:
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Almería.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de Huelva.
- Convocatoria de la Reunión de Jueces y Magistrados de la provincia de Málaga.
- Asamblea de Magistrados de Teruel.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Las Palmas.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Alicante.
- Asamblea de Magistrados de Castilla-La Mancha.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de Ciudad Real.
- El Juez de 1ª Instancia de Instrucción Único de Solsona (Lleida)
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de A Coruña.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Pontevedra.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de Ibiza.
- Asamblea autonómica de Jueces y Magistrados de Murcia.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de Castilla-La Mancha
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Ciudad Real.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Cuenca.
- La Junta provincial de Jueces de Girona.
- Jueces/as y Magistrados/as de la provincia de Tarragona.
- La Asamblea de Jueces y Magistrados de Extremadura
- Asamblea de Jueces del Partido Judicial de Majadahonda.
- Las Asociaciones Judiciales “Francisco de Vitoria” y “Foro Judicial
Independiente”.
2
A los que resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A la vista de las comunicaciones y peticiones que se dirigen al Consejo, en el
sentido de que se fijen por este órgano los servicios mínimos imprescindibles para
atender debidamente a los ciudadanos durante el día de la huelga, y que se tenga por
convocada, en forma y plazo legal ésta, resulta necesario realizar las siguientes
consideraciones:
1.- El Consejo General del Poder Judicial, como establece el artículo 122.2 de la
Constitución, es el órgano de gobierno del mismo, y en cuanto tal, ejerce y ejercerá las
competencias que le son legalmente atribuidas.
2.- Con independencia de las cuestiones que pudieran suscitarse en relación al
reconocimiento del derecho de huelga de jueces y magistrados, lo cierto es que el
ejercicio de ese posible derecho carece, en el momento actual, de soporte normativo.
Ninguno de los escritos presentados contiene una referencia al marco regulador del
referido ejercicio, limitándose a una simple mención a los artículos 3 y 4 del Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de Marzo, cuya posible aplicación a las peticiones que se
efectúan, aparece huérfana de cualquier motivación.
Esta norma se refiere a un tipo distinto de relaciones jurídicas, sin que por tanto puedan
encuadrarse en ella las medidas que se pretenden.
3.- La conclusión obligada de lo expuesto, se traduce en que el CGPJ no puede acceder
a las peticiones que se le formulan y consiguientemente, no puede proceder a la fijación de servicios mínimos, ni a tener por tales aquellos que pudieran señalar quienes suscriben los escritos.
4.- El Consejo, en el cumplimiento de sus funciones, velará siempre para que mediante
el ejercicio de la función jurisdiccional, se garantice el derecho a la tutela judicial de los
ciudadanos.
Por las razones expuestas, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
ACUERDA
3 No haber lugar a las pretensiones formuladas, y por ello resuelve que
NO PROCEDE:
A) Tener por anunciada la convocatoria de huelga.
B) Fijar servicios mínimos ni tener por tales los que pudieran señalar los que
suscriben los diferentes escritos.
Notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que cabe interponer contra este acuerdo Recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, y, en su caso el de diez días contemplado en el artículo 115.1 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Madrid, nueve de febrero de dos mil nueve.
Segundo.- Aprobar la siguiente Declaración Institucional:
Los jueces trabajan con un grado de dedicación y esfuerzo personal encomiable
y digno de todo respeto y de que, en muchas ocasiones, su labor se realiza en
condiciones humanas y materiales que no responden a las necesidades exigibles para el
ejercicio de un poder del Estado.
Por ello, el CGPJ reitera, una vez más, que comparte y apoya las peticiones de
los jueces relativas a la modernización de la justicia, a las condiciones en que se
administra y a la mejora del estatuto orgánico, en el convencimiento de que se trata de
propuestas cuya consecución es necesaria para la justicia rápida y de calidad que
demandan y se merecen los ciudadanos.
El CGPJ constata que la respuesta efectiva a tales peticiones no se inscribe en el
ámbito de sus medios propios, ya que la cobertura presupuestaria de las medidas a
adoptar está en manos del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas a las
que se ha transferido la competencia en esta materia.
Ello no obstante, el CGPJ estima que el correcto funcionamiento de la
Administración de Justicia y el debido respeto al derecho a la tutela judicial efectiva
exigen una decidida toma de posición por parte de todos e imponen al CGPJ la
obligación de liderar este proceso de modernización y velar por su buen fin.
Desde ese convencimiento, el CGPJ ha impulsado diversas actuaciones de
choque, así como el diseño y desarrollo de un plan integral de modernización y el
análisis de reformas legales urgentes, todo lo cual se ha traducido en compromisos y
4 medidas concretas por parte de las administraciones competentes y que, aunque todavía
no suficientes, se orientan a la obtención de una Justicia mejor.
El CGPJ entiende que ese objetivo común de prestar el mejor servicio posible a
los ciudadanos sólo puede lograrse con una voluntad real de buscar puntos de
encuentro, mediante el diálogo y la negociación sinceras y efectivas, por lo que llama a
todos los jueces a apoyar este diálogo y a colaborar con una actitud crítica, pero
responsable y constructiva, para que continúe con éxito.
Ante las convocatorias de paro anunciadas para el próximo día 18 de febrero, el
CGPJ considera que dichas medidas, por su gravedad y efectos en la prestación de un
servicio público fundamental, resultan difícilmente conciliables con los objetivos que
persiguen y carecen de justificación cuando está abierta la vía del diálogo con el
Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas y se aprecia una voluntad clara de
profundizar en el proceso.
El CGPJ como órgano de gobierno del Poder Judicial, por tanto, no comparte
medidas de presión que perjudiquen el derecho de los ciudadanos a obtener la tutela
judicial efectiva y cuyo ejercicio no tiene una específica cobertura legal.
El CGPJ confía en el constatado sentido de la responsabilidad y del
cumplimiento del deber de los jueces y continuará trabajando para la inaplazable
solución de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia.
Tercero.- Proceder a la remisión al Excmo. Sr. Ministro de Justicia, de la
documentación procedente del mismo y recibida en este Consejo General, con
certificación del presente acuerdo.
Primero.- Vistas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su
reunión extraordinaria del día de la fecha, las peticiones y comunicaciones recibidas con
relación al seguimiento de una jornada de huelga para el día 18 de febrero, y en atención
a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
En el Registro General del Consejo General del Poder Judicial han tenido
entrada, mediante fax, correo ordinario y por presentación directa, las comunicaciones y
peticiones emitidas por:
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Almería.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de Huelva.
- Convocatoria de la Reunión de Jueces y Magistrados de la provincia de Málaga.
- Asamblea de Magistrados de Teruel.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Las Palmas.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Alicante.
- Asamblea de Magistrados de Castilla-La Mancha.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de Ciudad Real.
- El Juez de 1ª Instancia de Instrucción Único de Solsona (Lleida)
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de A Coruña.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Pontevedra.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de Ibiza.
- Asamblea autonómica de Jueces y Magistrados de Murcia.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de Castilla-La Mancha
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Ciudad Real.
- Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Cuenca.
- La Junta provincial de Jueces de Girona.
- Jueces/as y Magistrados/as de la provincia de Tarragona.
- La Asamblea de Jueces y Magistrados de Extremadura
- Asamblea de Jueces del Partido Judicial de Majadahonda.
- Las Asociaciones Judiciales “Francisco de Vitoria” y “Foro Judicial
Independiente”.
2
A los que resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A la vista de las comunicaciones y peticiones que se dirigen al Consejo, en el
sentido de que se fijen por este órgano los servicios mínimos imprescindibles para
atender debidamente a los ciudadanos durante el día de la huelga, y que se tenga por
convocada, en forma y plazo legal ésta, resulta necesario realizar las siguientes
consideraciones:
1.- El Consejo General del Poder Judicial, como establece el artículo 122.2 de la
Constitución, es el órgano de gobierno del mismo, y en cuanto tal, ejerce y ejercerá las
competencias que le son legalmente atribuidas.
2.- Con independencia de las cuestiones que pudieran suscitarse en relación al
reconocimiento del derecho de huelga de jueces y magistrados, lo cierto es que el
ejercicio de ese posible derecho carece, en el momento actual, de soporte normativo.
Ninguno de los escritos presentados contiene una referencia al marco regulador del
referido ejercicio, limitándose a una simple mención a los artículos 3 y 4 del Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de Marzo, cuya posible aplicación a las peticiones que se
efectúan, aparece huérfana de cualquier motivación.
Esta norma se refiere a un tipo distinto de relaciones jurídicas, sin que por tanto puedan
encuadrarse en ella las medidas que se pretenden.
3.- La conclusión obligada de lo expuesto, se traduce en que el CGPJ no puede acceder
a las peticiones que se le formulan y consiguientemente, no puede proceder a la fijación de servicios mínimos, ni a tener por tales aquellos que pudieran señalar quienes suscriben los escritos.
4.- El Consejo, en el cumplimiento de sus funciones, velará siempre para que mediante
el ejercicio de la función jurisdiccional, se garantice el derecho a la tutela judicial de los
ciudadanos.
Por las razones expuestas, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
ACUERDA
3 No haber lugar a las pretensiones formuladas, y por ello resuelve que
NO PROCEDE:
A) Tener por anunciada la convocatoria de huelga.
B) Fijar servicios mínimos ni tener por tales los que pudieran señalar los que
suscriben los diferentes escritos.
Notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que cabe interponer contra este acuerdo Recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, y, en su caso el de diez días contemplado en el artículo 115.1 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Madrid, nueve de febrero de dos mil nueve.
Segundo.- Aprobar la siguiente Declaración Institucional:
Los jueces trabajan con un grado de dedicación y esfuerzo personal encomiable
y digno de todo respeto y de que, en muchas ocasiones, su labor se realiza en
condiciones humanas y materiales que no responden a las necesidades exigibles para el
ejercicio de un poder del Estado.
Por ello, el CGPJ reitera, una vez más, que comparte y apoya las peticiones de
los jueces relativas a la modernización de la justicia, a las condiciones en que se
administra y a la mejora del estatuto orgánico, en el convencimiento de que se trata de
propuestas cuya consecución es necesaria para la justicia rápida y de calidad que
demandan y se merecen los ciudadanos.
El CGPJ constata que la respuesta efectiva a tales peticiones no se inscribe en el
ámbito de sus medios propios, ya que la cobertura presupuestaria de las medidas a
adoptar está en manos del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas a las
que se ha transferido la competencia en esta materia.
Ello no obstante, el CGPJ estima que el correcto funcionamiento de la
Administración de Justicia y el debido respeto al derecho a la tutela judicial efectiva
exigen una decidida toma de posición por parte de todos e imponen al CGPJ la
obligación de liderar este proceso de modernización y velar por su buen fin.
Desde ese convencimiento, el CGPJ ha impulsado diversas actuaciones de
choque, así como el diseño y desarrollo de un plan integral de modernización y el
análisis de reformas legales urgentes, todo lo cual se ha traducido en compromisos y
4 medidas concretas por parte de las administraciones competentes y que, aunque todavía
no suficientes, se orientan a la obtención de una Justicia mejor.
El CGPJ entiende que ese objetivo común de prestar el mejor servicio posible a
los ciudadanos sólo puede lograrse con una voluntad real de buscar puntos de
encuentro, mediante el diálogo y la negociación sinceras y efectivas, por lo que llama a
todos los jueces a apoyar este diálogo y a colaborar con una actitud crítica, pero
responsable y constructiva, para que continúe con éxito.
Ante las convocatorias de paro anunciadas para el próximo día 18 de febrero, el
CGPJ considera que dichas medidas, por su gravedad y efectos en la prestación de un
servicio público fundamental, resultan difícilmente conciliables con los objetivos que
persiguen y carecen de justificación cuando está abierta la vía del diálogo con el
Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas y se aprecia una voluntad clara de
profundizar en el proceso.
El CGPJ como órgano de gobierno del Poder Judicial, por tanto, no comparte
medidas de presión que perjudiquen el derecho de los ciudadanos a obtener la tutela
judicial efectiva y cuyo ejercicio no tiene una específica cobertura legal.
El CGPJ confía en el constatado sentido de la responsabilidad y del
cumplimiento del deber de los jueces y continuará trabajando para la inaplazable
solución de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia.
Tercero.- Proceder a la remisión al Excmo. Sr. Ministro de Justicia, de la
documentación procedente del mismo y recibida en este Consejo General, con
certificación del presente acuerdo.
El CGPJ rechaza la huelga de los jueces por falta de "cobertura lega" y deja el asunto en manos del Tribunal Supremo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer la posibilidad de que los jueces puedan hacer huelga, al entender que no hay "cobertura legal" para el ejercicio de este derecho, por lo que ha dado por no anunciada la convocatoria de paro para el próximo día 18 y se ha negado a fijar servicios mínimos.
En un acuerdo adoptado por unanimidad y leído por la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, el CGPJ ha rechazado las peticiones de veintiuna asambleas de jueces y de las asociaciones Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.
"El CGPJ rechaza el ejercicio del derecho de huelga de los jueces en este país porque no hay base normativa para el desarrollo de este ejercicio", señaló Bravo.
El acuerdo establece que para el CGPJ "no hay cobertura legal para el ejercicio del derecho a huelga de los jueces" y, en consecuencia, entiende "no tener por anunciada la convocatoria de huelga". La portavoz del órgano de gobierno de los jueces recalcó que la convocatoria de huelga "no tiene efectos jurídicos" y añadió que "el 18 de febrero los jueces y magistrados tienen que estar en su puestos de trabajo".
Las asociaciones convocantes han considerado una "solemne estupidez" los argumentos del órgano de gobierno de los jueces y han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo para reclamar un pronunciamiento sobre el asunto. La huelga del 18-F sigue, por tanto, en el aire...
En un acuerdo adoptado por unanimidad y leído por la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, el CGPJ ha rechazado las peticiones de veintiuna asambleas de jueces y de las asociaciones Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.
"El CGPJ rechaza el ejercicio del derecho de huelga de los jueces en este país porque no hay base normativa para el desarrollo de este ejercicio", señaló Bravo.
El acuerdo establece que para el CGPJ "no hay cobertura legal para el ejercicio del derecho a huelga de los jueces" y, en consecuencia, entiende "no tener por anunciada la convocatoria de huelga". La portavoz del órgano de gobierno de los jueces recalcó que la convocatoria de huelga "no tiene efectos jurídicos" y añadió que "el 18 de febrero los jueces y magistrados tienen que estar en su puestos de trabajo".
Las asociaciones convocantes han considerado una "solemne estupidez" los argumentos del órgano de gobierno de los jueces y han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo para reclamar un pronunciamiento sobre el asunto. La huelga del 18-F sigue, por tanto, en el aire...
La Fiscalía de Sevilla investiga el anónimo enviado al juez Tirado
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha abierto unas diligencias de investigación para tratar de esclarecer la autoría de la carta anónima enviada al magistrado Rafael Tirado, al que se amenazaba de muerte si no presentaba su dimisión tras el escándalo del caso Mari Luz. La fiscal jefe confirmó que ha enviado la carta original a la unidad de Policía Científica, con la finalidad de que busquen posibles huellas dactilares en la misiva y traten de averiguar al responsable de estas amenazas, que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía por el propio titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.
La fiscal jefe, María José Segarra, se ha hecho cargo personalmente de estas diligencias, que se han abierto después de que el juez recibiera en su juzgado la carta el pasado 5 de febrero. El anónimo reclamaba al juez que dimitiera y no solicitara una rebaja de los 1.500 euros de sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una falta grave, por el retraso en la ejecución de una condena impuesta por abusos sexuales al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés.
El anónimo amenazaba al juez diciéndole que "si no quiere afrontar la realidad, súbase a la Giralda y tírese de ella, y si no al Guadalquivir, no tiene usted derecho a vivir". La carta concluía con la siguiente advertencia: "No lo olvide, dimita o la Giralda, haber si lo publica la prensa que ya no existe" (sic). La falta de ortografía que aparece en esta frase no era la única que contenía la carta, ya que en otro apartado de la misma el autor se preguntaba qué estuvo haciendo el magistrado durante los dos años en que se demoró la ejecución de la sentencia, y a esta cuestión respondía diciendo que quizás estuvo de "guaquete", por guateque, "de comidas, de trabajo o tal vez de putas".
La carta fue abierta por un funcionario del juzgado de lo Penal número 1, que pensó que se trataba de alguna petición de un preso dirigida al juez, como es habitual, pero al abrirla comprobó que se trataba de un anónimo con insultos y amenazas, por lo que se la entregó a la secretaria, que a su vez levantó acta de lo ocurrido.
La Policía Científica examinará ahora minuciosamente la misiva para tratar de localizar algunas huellas que conduzcan al autor de las amenazas, aunque en estos casos la investigación científica encuentra muchas dificultades, sobre todo si, como ocurre en este caso, el documento ha sido ya manipulado por algunas personas del juzgado, lo que puede hacer que resulte imposible sacar una huella eficaz del escrito.
La fiscal jefe, María José Segarra, se ha hecho cargo personalmente de estas diligencias, que se han abierto después de que el juez recibiera en su juzgado la carta el pasado 5 de febrero. El anónimo reclamaba al juez que dimitiera y no solicitara una rebaja de los 1.500 euros de sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una falta grave, por el retraso en la ejecución de una condena impuesta por abusos sexuales al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés.
El anónimo amenazaba al juez diciéndole que "si no quiere afrontar la realidad, súbase a la Giralda y tírese de ella, y si no al Guadalquivir, no tiene usted derecho a vivir". La carta concluía con la siguiente advertencia: "No lo olvide, dimita o la Giralda, haber si lo publica la prensa que ya no existe" (sic). La falta de ortografía que aparece en esta frase no era la única que contenía la carta, ya que en otro apartado de la misma el autor se preguntaba qué estuvo haciendo el magistrado durante los dos años en que se demoró la ejecución de la sentencia, y a esta cuestión respondía diciendo que quizás estuvo de "guaquete", por guateque, "de comidas, de trabajo o tal vez de putas".
La carta fue abierta por un funcionario del juzgado de lo Penal número 1, que pensó que se trataba de alguna petición de un preso dirigida al juez, como es habitual, pero al abrirla comprobó que se trataba de un anónimo con insultos y amenazas, por lo que se la entregó a la secretaria, que a su vez levantó acta de lo ocurrido.
La Policía Científica examinará ahora minuciosamente la misiva para tratar de localizar algunas huellas que conduzcan al autor de las amenazas, aunque en estos casos la investigación científica encuentra muchas dificultades, sobre todo si, como ocurre en este caso, el documento ha sido ya manipulado por algunas personas del juzgado, lo que puede hacer que resulte imposible sacar una huella eficaz del escrito.
07 febrero 2009
El juez Rafael Tirado recibe amenazas de muerte
El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, ha denunciado en la Fiscalía que ha recibido una carta anónima en la que se le amenaza de muerte si no presenta su dimisión, tras el escándalo del caso Mari Luz, según publica hoy el Diario de Sevilla.
La carta, que tiene matasellos de Madrid, errores ortográficos y está dirigida al juzgado de Primera Instancia número 6 de Sevilla, fue recibida a media mañana del pasado jueves. Un agente del juzgado la abrió al considerar que se trataba de alguna petición de un preso, pero al comprobar el contenido la entregó al magistrado.
El anónimo comienza cuestionando qué hizo el juez durante los dos años en que se demoró la ejecución de la sentencia que condenó a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, y pregunta al magistrado si estuvo “de guaquete” (sic), por guateque, “de comidas, de trabajo o tal vez de putas”.
A continuación, le plantea qué haría el magistrado si las víctimas fueran sus hijos, y le pide que “dimita” porque “es una vergüenza para todos los jueces de España”. El contenido de la carta, de apenas dos folios, se va endureciendo conforme avanza la lectura, reclamando al juez que “no pida una rebaja de los 1.500 euros” que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso por una falta grave de desatención, y lanzándole calificativos de “desgraciado”, “juez comprado” porque “ha cobrado prebendas de todos los que ahora le defienden”, o “irresponsable” .
Casi al final de la misiva, el autor se pregunta “cuántos favores” ha hecho el juez Tirado y le amenaza con que “si no quiere afrontar la realidad, súbase a la Giralda y tírese de ella, y si no al Guadalquivir, no tiene usted derecho a vivir”. La carta concluye con la siguiente advertencia: “No lo olvide, dimita o la Giralda, haber si lo publica la prensa que ya no existe” (sic).
Después de recibir esta carta, el juez Rafael Tirado presentó una denuncia ante la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, a la que hizo entrega del escrito, con el sobre, y al que acompaña un acta que levantó la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla una vez que se recibió la carta.
El juez Rafael Tirado fue sometido a protección policial una vez que se produjo la detención de Santiago del Valle como presunto asesino de la pequeña Mari Luz y de se hiciera público que el pederasta se hallaba en libertad a pesar de que había una sentencia firme que le condenaba a dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de su propia hija. Esta sentencia fue dictada por el juez Tirado pero el fallo no se había ejecutado, según el magistrado, al no haber sido localizado el acusado.
La carta, que tiene matasellos de Madrid, errores ortográficos y está dirigida al juzgado de Primera Instancia número 6 de Sevilla, fue recibida a media mañana del pasado jueves. Un agente del juzgado la abrió al considerar que se trataba de alguna petición de un preso, pero al comprobar el contenido la entregó al magistrado.
El anónimo comienza cuestionando qué hizo el juez durante los dos años en que se demoró la ejecución de la sentencia que condenó a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, y pregunta al magistrado si estuvo “de guaquete” (sic), por guateque, “de comidas, de trabajo o tal vez de putas”.
A continuación, le plantea qué haría el magistrado si las víctimas fueran sus hijos, y le pide que “dimita” porque “es una vergüenza para todos los jueces de España”. El contenido de la carta, de apenas dos folios, se va endureciendo conforme avanza la lectura, reclamando al juez que “no pida una rebaja de los 1.500 euros” que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso por una falta grave de desatención, y lanzándole calificativos de “desgraciado”, “juez comprado” porque “ha cobrado prebendas de todos los que ahora le defienden”, o “irresponsable” .
Casi al final de la misiva, el autor se pregunta “cuántos favores” ha hecho el juez Tirado y le amenaza con que “si no quiere afrontar la realidad, súbase a la Giralda y tírese de ella, y si no al Guadalquivir, no tiene usted derecho a vivir”. La carta concluye con la siguiente advertencia: “No lo olvide, dimita o la Giralda, haber si lo publica la prensa que ya no existe” (sic).
Después de recibir esta carta, el juez Rafael Tirado presentó una denuncia ante la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, a la que hizo entrega del escrito, con el sobre, y al que acompaña un acta que levantó la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla una vez que se recibió la carta.
El juez Rafael Tirado fue sometido a protección policial una vez que se produjo la detención de Santiago del Valle como presunto asesino de la pequeña Mari Luz y de se hiciera público que el pederasta se hallaba en libertad a pesar de que había una sentencia firme que le condenaba a dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de su propia hija. Esta sentencia fue dictada por el juez Tirado pero el fallo no se había ejecutado, según el magistrado, al no haber sido localizado el acusado.
Más información en http://www.diariodesevilla.es
06 febrero 2009
La Junta vuelve a la solución puente para los juzgados con el edificio Noga, de Osuna,
La consejería de Justicia ha decidido usar como solución puente para los juzgados de Sevilla el edificio Noga, que la inmobiliaria Osuna ha construido en la avenida de la Buhaira. La solución es la misma que se dio en 2006, con la anterior consejera.
El proyecto, al igual que entonces, forma parte de una reorganización de los juzgados, con la vista puesta en la futura Ciudad de la Justicia.
Los datos aportados por la Junta son los siguientes:
LOS JUZGADOS DE SEVILLA SE REORGANIZARÁN POR JURISDICCIONES CON LA INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA SEDE
Los dos juzgados de lo Mercantil, el existente y el de nueva creación, se ubicarán en el nuevo edificio en la primavera
La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ha anunciado que su departamento reorganizará los juzgados de Sevilla por jurisdicciones para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y facilitar el trabajo diario de los operadores jurídicos. En este sentido, la consejera ha detallado que todos los órganos judiciales de la ciudad se ubicarán en el entorno Viapol-Prado-Buhaira, y que los primeros traslados se realizarán en primavera al edificio puente.
En respuesta al anuncio publicado los días 20 y 21 de enero en los medios de comunicación, la Consejería de Justicia y Administración Pública ha recibido tres ofertas para el alquiler de un local que albergue a los juzgados de la capital. La entrada en funcionamiento de este edificio permitirá reorganizar los juzgados de Sevilla por órdenes jurisdiccionales. El edificio puente albergará a los dos juzgados de lo Mercantil (incluyendo el número 2 que entrará en funcionamiento el 1 de abril), además de los 13 juzgados de lo Penal, los 11 de lo Social, y 13 salas de vistas, así como los servicios comúnes. También permitirá reservar espacio para los juzgados de nueva creación.
El programa de reorganización de los órganos judiciales de Sevilla es fruto de varias reuniones que se han venido manteniendo entre la Consejería de Justicia y Administración Pública, los operadores jurídicos de la ciudad y las organizaciones sindicales.
El edificio del Prado albergará, de forma conjunta, a todos los órganos de primera actuación y que pueden necesitar la intervención de un medico forense. Así, aquí se reubicarán los 20 Juzgados de Instrucción, los 4 de Violencia contra la Mujer, el de Vigilancia Penitenciaria, todos los servicios de los Juzgados de Guardia y los servicios de clínica forense que abandonarán su ubicación actual para situarse en unas dependencias remodeladas, con más capacidad y más accesibles para los ciudadanos. La liberación de espacios en este edificio permitirá disponer de más capacidad para los archivos y zonas libres para albergar futuros órganos.
Los 27 juzgados de Primera Instancia estarán todos juntos en la sede de Viapol, en donde también se ubicarán los 12 de lo Contencioso-Administrativo. En la Buhaira número 29 se situarán los 3 Juzgados de Menores y en la Buhaira 31 se ubicarán dependencias de Fiscalía, sindicatos y otras entidades e instituciones que ahora se encuentran repartidos por las distintas sedes judiciales de la ciudad.
Este modelo de organización permitirá que la administración de Justicia disponga de mejores instalaciones mientras se pone en marcha la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Además, contempla zonas libres para la creación de nuevos órganos en los próximos años. El traslado de los órganos judiciales hasta su nueva ubicación se hará de forma progresiva; el objetivo es, además, no interferir en la actividad diaria de los juzgados.
Tres ofertas
Naranjo ha explicado que su departamento procederá, próximamente, a la firma del contrato de arrendamiento del edificio que albergará a los juzgados y que se adjudicará entre las tres ofertas que se han presentado. Así, la empresa Abengoa, S.A. ha ofertado un edificio de 8.319,88 metros cuadrados sobre rasante y 7.139,48 metros cuadrados bajo rasante, situado en la Avenida de la Buhaira, 2, y con un precio medio de 14,30 euros por metro cuadrado y mes, estando disponible a partir del 31 de diciembre de 2009.
La empresa Inonsa, S.L.U., ha ofertado un edificio de 9.317,76 metros cuadrados sobre rasante y 2.992,15 metros cuadrados bajo rasante, situado en la Avenida de la Buhaira s/n y con un precio de 17 euros por metro cuadrado y mes, y bajo rasante de 6,40 metros cuadrado y mes, y con una disponibilidad a partir de la concesión de la licencia de primera ocupación, ya solicitada.
La tercera oferta presentada ha sido la de la empresa Quivir, S.A., que oferta una nave industrial con 4.800 metros cuadrados de superficie de nave, y 3.200 metros cuadrados de superficie de entreplantas, careciendo de sotano. Está situada en el kilómetro 5 de la autovía SE-MA en el término municipal de Alcalá de Guadaíra y a un precio de 16 euros el metro cuadrado al mes.
El proyecto, al igual que entonces, forma parte de una reorganización de los juzgados, con la vista puesta en la futura Ciudad de la Justicia.
Los datos aportados por la Junta son los siguientes:
LOS JUZGADOS DE SEVILLA SE REORGANIZARÁN POR JURISDICCIONES CON LA INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA SEDE
Los dos juzgados de lo Mercantil, el existente y el de nueva creación, se ubicarán en el nuevo edificio en la primavera
La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ha anunciado que su departamento reorganizará los juzgados de Sevilla por jurisdicciones para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y facilitar el trabajo diario de los operadores jurídicos. En este sentido, la consejera ha detallado que todos los órganos judiciales de la ciudad se ubicarán en el entorno Viapol-Prado-Buhaira, y que los primeros traslados se realizarán en primavera al edificio puente.
En respuesta al anuncio publicado los días 20 y 21 de enero en los medios de comunicación, la Consejería de Justicia y Administración Pública ha recibido tres ofertas para el alquiler de un local que albergue a los juzgados de la capital. La entrada en funcionamiento de este edificio permitirá reorganizar los juzgados de Sevilla por órdenes jurisdiccionales. El edificio puente albergará a los dos juzgados de lo Mercantil (incluyendo el número 2 que entrará en funcionamiento el 1 de abril), además de los 13 juzgados de lo Penal, los 11 de lo Social, y 13 salas de vistas, así como los servicios comúnes. También permitirá reservar espacio para los juzgados de nueva creación.
El programa de reorganización de los órganos judiciales de Sevilla es fruto de varias reuniones que se han venido manteniendo entre la Consejería de Justicia y Administración Pública, los operadores jurídicos de la ciudad y las organizaciones sindicales.
El edificio del Prado albergará, de forma conjunta, a todos los órganos de primera actuación y que pueden necesitar la intervención de un medico forense. Así, aquí se reubicarán los 20 Juzgados de Instrucción, los 4 de Violencia contra la Mujer, el de Vigilancia Penitenciaria, todos los servicios de los Juzgados de Guardia y los servicios de clínica forense que abandonarán su ubicación actual para situarse en unas dependencias remodeladas, con más capacidad y más accesibles para los ciudadanos. La liberación de espacios en este edificio permitirá disponer de más capacidad para los archivos y zonas libres para albergar futuros órganos.
Los 27 juzgados de Primera Instancia estarán todos juntos en la sede de Viapol, en donde también se ubicarán los 12 de lo Contencioso-Administrativo. En la Buhaira número 29 se situarán los 3 Juzgados de Menores y en la Buhaira 31 se ubicarán dependencias de Fiscalía, sindicatos y otras entidades e instituciones que ahora se encuentran repartidos por las distintas sedes judiciales de la ciudad.
Este modelo de organización permitirá que la administración de Justicia disponga de mejores instalaciones mientras se pone en marcha la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Además, contempla zonas libres para la creación de nuevos órganos en los próximos años. El traslado de los órganos judiciales hasta su nueva ubicación se hará de forma progresiva; el objetivo es, además, no interferir en la actividad diaria de los juzgados.
Tres ofertas
Naranjo ha explicado que su departamento procederá, próximamente, a la firma del contrato de arrendamiento del edificio que albergará a los juzgados y que se adjudicará entre las tres ofertas que se han presentado. Así, la empresa Abengoa, S.A. ha ofertado un edificio de 8.319,88 metros cuadrados sobre rasante y 7.139,48 metros cuadrados bajo rasante, situado en la Avenida de la Buhaira, 2, y con un precio medio de 14,30 euros por metro cuadrado y mes, estando disponible a partir del 31 de diciembre de 2009.
La empresa Inonsa, S.L.U., ha ofertado un edificio de 9.317,76 metros cuadrados sobre rasante y 2.992,15 metros cuadrados bajo rasante, situado en la Avenida de la Buhaira s/n y con un precio de 17 euros por metro cuadrado y mes, y bajo rasante de 6,40 metros cuadrado y mes, y con una disponibilidad a partir de la concesión de la licencia de primera ocupación, ya solicitada.
La tercera oferta presentada ha sido la de la empresa Quivir, S.A., que oferta una nave industrial con 4.800 metros cuadrados de superficie de nave, y 3.200 metros cuadrados de superficie de entreplantas, careciendo de sotano. Está situada en el kilómetro 5 de la autovía SE-MA en el término municipal de Alcalá de Guadaíra y a un precio de 16 euros el metro cuadrado al mes.
02 febrero 2009
Ciudad de la Justicia con 220.000 metros cuadrados y 423 órganos judiciales
Publicamos la nota de prensa hecha pública por la consejería de Justicia hoy sobre la Ciudad de la Justicia de Sevilla...
El concurso público del proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico del complejo se abre en abril y se adjudicará en septiembre.
El concurso público del proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico del complejo se abre en abril y se adjudicará en septiembre.
La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ha anunciado hoy que la Ciudad de la Justicia de Sevilla tendrá capacidad para albergar 423 órganos judiciales cuando esté totalmente construida, lo que supone tres veces más de los que existen actualmente. El complejo judicial de Sevilla se construirá en los Gordales, en la parcela SUO-DR-01, de 39.900 metros cuadrados y con una edificabilidad de 137.850 metros sobre rasante, y 83.060 metros cuadrados bajo rasante, lo que supone una edificabilidad total de 220.910 metros cuadrados.
La dimensión de la Ciudad de la Justicia de Sevilla se ha calculado a partir de un estudio funcional realizado por la Consejería siguiendo los diseños más ajustados a las expectativas de futuro. Estos cálculos suponen que el complejo judicial que ahora se inicia dará servicio a la ciudad, al menos, hasta el año 2060. Este estudio funcional se ha llevado a cabo teniendo en cuenta varios parámetros objetivos como son la evolución de la población, el número de asuntos de entrada por jurisdicción, así como la evolución de la creación de órganos judiciales entre los años 1995 y 2008 y el supuesto de mantenimiento constante de dichos crecimientos.
Para la realización de la Ciudad de la Justicia, la Consejería de Justicia y Administración Pública va a convocar un concurso público para la redacción del proyecto de ordenación y el proyecto ejecutivo básico de la nueva infraestructura. Dicho concurso se convocará en el mes de abril, una vez que se hayan publicado los pliegos de condiciones técnicas y administrativas en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y se adjudicará en el mes de septiembre. El plazo para la redacción de dicho proyecto está estimado en 22 meses desde el momento de la adjudicación, según establece el pliego de condiciones.
El presupuesto para la redacción del proyecto de ordenación y el proyecto ejecutivo básico asciende a 9.005.828,90 euros, IVA incluido, una cantidad calculada siguiendo el baremo orientativo de honorarios del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, y en base a los metros cuadrados construidos. Este importe se dividirá en tres anualidades diferentes estando previsto para 2009 el importe de 53.360,0 euros; 2010, una cantidad de 959.193,10 euros; y para 2011, la cantidad de 7.993.275,80 euros.
El concurso convocado por la Consejería de Justicia y Administración Pública contempla también el proyecto de ordenación de la parcela de Los Gordales correspondiente a este equipamiento, lo que significa que los proyectos que se presenten deberán dar solución a un planteamiento de conjunto que definirá la ubicación de los distintos edificios. En este sentido, tendrán que diseñar los edificios que albergarán las distintas jurisdicciones y sus respectivos órganos, además de las salas de vistas; el Registro Civil y las salas de boda; los servicios comunes y anexos; así como el Instituto de Medicina Legal y los locales que albergarán las instalaciones necesarias para el mantenimiento del complejo judicial. Igualmente, deberán plantear las conexiones entre dichos edificios y el acceso a los mismos, diferenciando entre las zonas de acceso público, las de acceso controlado, las de acceso restringido, y las de acceso prohibido.
El proyecto también deberá contemplar la conexión de dichos edificios con las tramas urbanas de comunicación y la red de transporte público, así como con las zonas destinadas a otro tipo de vehículos, como motos y bicicletas, y las zonas peatonales. La Ciudad de la Justicia también contará con una zona de aparcamiento público y su diseño respetará lo establecido en el Plan Parcial urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla respecto a alturas, alineaciones, espacios libres…
Tipo de concurso
La Consejería de Justicia y Administración Pública abrirá un Procedimiento Restringido para el proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Se trata de una fórmula administrativa recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, ley 30/2007, de 30 de octubre, y que consiste básicamente en que los interesados en presentarse al concurso tendrán que acreditar su solvencia técnica y profesional, y una comisión técnica de baremación invitará a un número no inferior a 5 empresas a que presenten sus proyectos ya desarrollados y detallados para la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
En las próximas semanas, la consejería publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio previo a la convocatoria del concurso. Dicho anuncio servirá para que los estudios interesados vayan preparando sus propuestas para el diseño del futuro complejo judicial de Sevilla, además de para acortar los plazos de presentación de ofertas. Una vez cumplidos estos trámites, en el mes de abril se abrirá el concurso propiamente dicho que se adjudicará en el mes de septiembre de 2009.
La dimensión de la Ciudad de la Justicia de Sevilla se ha calculado a partir de un estudio funcional realizado por la Consejería siguiendo los diseños más ajustados a las expectativas de futuro. Estos cálculos suponen que el complejo judicial que ahora se inicia dará servicio a la ciudad, al menos, hasta el año 2060. Este estudio funcional se ha llevado a cabo teniendo en cuenta varios parámetros objetivos como son la evolución de la población, el número de asuntos de entrada por jurisdicción, así como la evolución de la creación de órganos judiciales entre los años 1995 y 2008 y el supuesto de mantenimiento constante de dichos crecimientos.
Para la realización de la Ciudad de la Justicia, la Consejería de Justicia y Administración Pública va a convocar un concurso público para la redacción del proyecto de ordenación y el proyecto ejecutivo básico de la nueva infraestructura. Dicho concurso se convocará en el mes de abril, una vez que se hayan publicado los pliegos de condiciones técnicas y administrativas en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y se adjudicará en el mes de septiembre. El plazo para la redacción de dicho proyecto está estimado en 22 meses desde el momento de la adjudicación, según establece el pliego de condiciones.
El presupuesto para la redacción del proyecto de ordenación y el proyecto ejecutivo básico asciende a 9.005.828,90 euros, IVA incluido, una cantidad calculada siguiendo el baremo orientativo de honorarios del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, y en base a los metros cuadrados construidos. Este importe se dividirá en tres anualidades diferentes estando previsto para 2009 el importe de 53.360,0 euros; 2010, una cantidad de 959.193,10 euros; y para 2011, la cantidad de 7.993.275,80 euros.
El concurso convocado por la Consejería de Justicia y Administración Pública contempla también el proyecto de ordenación de la parcela de Los Gordales correspondiente a este equipamiento, lo que significa que los proyectos que se presenten deberán dar solución a un planteamiento de conjunto que definirá la ubicación de los distintos edificios. En este sentido, tendrán que diseñar los edificios que albergarán las distintas jurisdicciones y sus respectivos órganos, además de las salas de vistas; el Registro Civil y las salas de boda; los servicios comunes y anexos; así como el Instituto de Medicina Legal y los locales que albergarán las instalaciones necesarias para el mantenimiento del complejo judicial. Igualmente, deberán plantear las conexiones entre dichos edificios y el acceso a los mismos, diferenciando entre las zonas de acceso público, las de acceso controlado, las de acceso restringido, y las de acceso prohibido.
El proyecto también deberá contemplar la conexión de dichos edificios con las tramas urbanas de comunicación y la red de transporte público, así como con las zonas destinadas a otro tipo de vehículos, como motos y bicicletas, y las zonas peatonales. La Ciudad de la Justicia también contará con una zona de aparcamiento público y su diseño respetará lo establecido en el Plan Parcial urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla respecto a alturas, alineaciones, espacios libres…
Tipo de concurso
La Consejería de Justicia y Administración Pública abrirá un Procedimiento Restringido para el proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Se trata de una fórmula administrativa recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, ley 30/2007, de 30 de octubre, y que consiste básicamente en que los interesados en presentarse al concurso tendrán que acreditar su solvencia técnica y profesional, y una comisión técnica de baremación invitará a un número no inferior a 5 empresas a que presenten sus proyectos ya desarrollados y detallados para la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
En las próximas semanas, la consejería publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio previo a la convocatoria del concurso. Dicho anuncio servirá para que los estudios interesados vayan preparando sus propuestas para el diseño del futuro complejo judicial de Sevilla, además de para acortar los plazos de presentación de ofertas. Una vez cumplidos estos trámites, en el mes de abril se abrirá el concurso propiamente dicho que se adjudicará en el mes de septiembre de 2009.
Un juez de la provincia percibe 32 céntimos por una hora de guardia...
Un juez de la provincia cobra exactamente 32 céntimos de euros a la hora por un servicio de guardia que supone su completa disponibilidad durante 24 horas, una cantidad que contrasta con los algo más de nueve euros que perciben por el mismo concepto sus compañeros destinados en la capital. En concreto, la retribución complementaria que se contempla por una guardia de disponibilidad en localidades con un único juzgado -como ocurre en Cazalla de la Sierra- es de 55,20 euros por la guardia de disponibilidad de una semana, lo que implica que el juez puede ser requerido en cualquier momento del día o de la madrugada.Si en la localidad hay dos o tres juzgados, supuesto en el que se encuentran un buen número de poblaciones de la provincia como Écija, Carmona, Osuna o Morón de la Frontera, por ejemplo, la cantidad se incrementa hasta los 135,30 euros por una guardia de disponibilidad de ocho días, incluida la retribución por la celebración de los juicios de faltas inmediatos. Esto supone unos 19,44 euros al día, con lo cual la hora de trabajo no llega ni al euro (81 céntimos exactos), una cifra que según las asociaciones profesionales resulta ridícula si se compara con el precio con el que se retribuye la hora de guardia en otros colectivos de trabajadores.En el caso de localidades que tienen entre cuatro y siete juzgados , como Alcalá de Guadaíra o Dos Hermanas, la guardia se compensa con 297,67 euros (1,8 euros a la hora), aunque en este caso el importe incluye la celebración de juicios de falta inmediatos.El problema no sólo se produce en los juzgados de las provincias, sino que se traslada hasta las más altas instancias de la judicatura. Así, un titular de un juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que dirime casos de notoria importancia, tiene fijada una retribución por guardia de permanencia semanal de 242 euros, lo que representa tan sólo 1,4 euros a la hora.Algunas asociaciones profesionales como el Foro Judicial Independiente llevan denunciando desde hace tiempo que este tipo de retribuciones por un servicio de guardia son absolutamente insuficientes, máxime si se tiene en cuenta que en la cuestión de las guardias tanto los jueces como los funcionarios, a pesar de su distinto nivel de responsabilidad, perciben la misma cuantía.La diferencia de retribución de las guardias y la falta de medios materiales y personales, que se hace más patente en los órganos judiciales de la provincia, podría explicar el hecho de que la huelga del 18 de febrero haya sido convocada con el apoyo principalmente de la Justicia de base frente a la postura que mantienen las asociaciones profesionales, que son partidarias de aplazar al mes de junio el paro si no se producen avances significativos en el proceso de modernización de la Justicia. Dos de las asociaciones, Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), se han desmarcado de este planteamiento y se han sumado a la histórica huelga de febrero.
Jueces y fiscales ganan hasta 4.000 euros netos al mes
La convocatoria de huelga de los jueces, en demanda de mejores medios para la Justicia, ha vuelto a centrar la polémica sobre el salario de los jueces y magistrados. La tabla reivindicativa planteada por las asociaciones profesionales incluye entre otras mejoras laborales la actualización de las retribuciones de la carrera judicial. Este punto, que algunos sectores judiciales consideran que nunca debió incluirse, ha sido ahora apartado y "aparcado" de las negociaciones con el Ministerio de Justicia. El debate de fondo plantea si los miembros de la carrera judicial están o no bien pagados, de acuerdo con la elevada función que tienen encomendada y el trabajo que realizan en la Administración de Justicia.
El sueldo de los jueces está recogido en la ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, y en las actualizaciones de las retribuciones que cada año se producen de acuerdo con la ley de Presupuestos Generales del Estado. El salario mensual está integrado por las cantidades fijas, más otros conceptos como la antigüedad, el complemento por razón de destino y un complemento especial. En este último se incluyen el desempeño de los servicios de guardia, otros de carácter extraordinario y los correspondientes a las sustituciones.De esta forma, el salario mensual de un juez o magistrado de Sevilla oscila entre los 3.897 y los 5.999 euros brutos que percibe el presidente de la Audiencia Provincial, que tiene contemplado además un complemento derivado de la responsabilidad de su cargo.
La antigüedad supone asimismo un incremento del cinco por ciento del sueldo base por cada trienio de trabajo en la Administración de Justicia. La última modificación establece que por este concepto los jueces percibirán este año la cantidad de 82,73 euros por cada trienio, lo que implica que un magistrado con 21 años de experiencia recibe una compensación de 579,11 euros que se suman al sueldo base y los otros complementos.De acuerdo con estos parámetros, un magistrado de la Audiencia de Sevilla con esta experiencia percibe unos 4.000 euros netos al mes, una cifra que paradójicamente supera un magistrado que sea titular de un juzgado de Instrucción de la capital, que ganaría 5.932,10 euros brutos, prácticamente la misma cantidad que el presidente de la Audiencia o la fiscal jefe y más que el juez decano. En esta cantidad se incluyen 806,76 euros correspondientes a cuatro servicios de guardia que desempeña al mes: tres guardias de 24 horas (detenidos e incidencias) y otra de juicios inmediatos de faltas. El sueldo neto que le quedaría a este magistrado de Instrucción alcanzaría más 4.000 euros.Un juez destinado en un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la provincia, en cambio, cobraría menos que sus compañeros de la capital y no llegaría a los 3.000 euros netos, debido a la cuantía inferior que le corresponden por los complementos y, sobre todo, por las guardias.Junto a los jueces y magistrados, los miembros del Ministerio Fiscal son los que cuentan con los mejores sueldos en la carrera.
Un fiscal que realiza, al igual que el juez, cuatro guardias mensuales en la capital, gana 5.932,11 euros más los trienios que les corresponda, lo que una vez descontadas las deducciones y retenciones, le dejaría un suelto neto de poco más de 4.000 euros.Los secretarios judiciales, en función de la categoría que ostentan -se consigue por los años en la carrera-, reciben un salario bruto de más de 3.000 euros, cantidad a la que hay que sumar los trienios y, otros 806,76 euros de las guardias, en el caso de los secretarios adscritos a los juzgados de Instrucción de la capital hispalense.Por último, los funcionarios de Justicia, que se distribuyen en tres cuerpos (gestión, tramitación, y auxilio judicial) tienen unos sueldos que oscilan entre los 1.580,48 y 2.096,95 euros, a los que igualmente habría que añadirles la compensación por trienio y los servicios de guardia. Como ejemplo, un funcionario del cuerpo de gestión -el más alto- que trabaja en un juzgado de Instrucción de Sevilla y al que, por tanto, corresponden cuatro guardias mensuales, cobraría unos 2.200 euros netos, una vez descontadas las deducciones y los impuestos oportunos.
El sueldo de los jueces está recogido en la ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, y en las actualizaciones de las retribuciones que cada año se producen de acuerdo con la ley de Presupuestos Generales del Estado. El salario mensual está integrado por las cantidades fijas, más otros conceptos como la antigüedad, el complemento por razón de destino y un complemento especial. En este último se incluyen el desempeño de los servicios de guardia, otros de carácter extraordinario y los correspondientes a las sustituciones.De esta forma, el salario mensual de un juez o magistrado de Sevilla oscila entre los 3.897 y los 5.999 euros brutos que percibe el presidente de la Audiencia Provincial, que tiene contemplado además un complemento derivado de la responsabilidad de su cargo.
La antigüedad supone asimismo un incremento del cinco por ciento del sueldo base por cada trienio de trabajo en la Administración de Justicia. La última modificación establece que por este concepto los jueces percibirán este año la cantidad de 82,73 euros por cada trienio, lo que implica que un magistrado con 21 años de experiencia recibe una compensación de 579,11 euros que se suman al sueldo base y los otros complementos.De acuerdo con estos parámetros, un magistrado de la Audiencia de Sevilla con esta experiencia percibe unos 4.000 euros netos al mes, una cifra que paradójicamente supera un magistrado que sea titular de un juzgado de Instrucción de la capital, que ganaría 5.932,10 euros brutos, prácticamente la misma cantidad que el presidente de la Audiencia o la fiscal jefe y más que el juez decano. En esta cantidad se incluyen 806,76 euros correspondientes a cuatro servicios de guardia que desempeña al mes: tres guardias de 24 horas (detenidos e incidencias) y otra de juicios inmediatos de faltas. El sueldo neto que le quedaría a este magistrado de Instrucción alcanzaría más 4.000 euros.Un juez destinado en un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la provincia, en cambio, cobraría menos que sus compañeros de la capital y no llegaría a los 3.000 euros netos, debido a la cuantía inferior que le corresponden por los complementos y, sobre todo, por las guardias.Junto a los jueces y magistrados, los miembros del Ministerio Fiscal son los que cuentan con los mejores sueldos en la carrera.
Un fiscal que realiza, al igual que el juez, cuatro guardias mensuales en la capital, gana 5.932,11 euros más los trienios que les corresponda, lo que una vez descontadas las deducciones y retenciones, le dejaría un suelto neto de poco más de 4.000 euros.Los secretarios judiciales, en función de la categoría que ostentan -se consigue por los años en la carrera-, reciben un salario bruto de más de 3.000 euros, cantidad a la que hay que sumar los trienios y, otros 806,76 euros de las guardias, en el caso de los secretarios adscritos a los juzgados de Instrucción de la capital hispalense.Por último, los funcionarios de Justicia, que se distribuyen en tres cuerpos (gestión, tramitación, y auxilio judicial) tienen unos sueldos que oscilan entre los 1.580,48 y 2.096,95 euros, a los que igualmente habría que añadirles la compensación por trienio y los servicios de guardia. Como ejemplo, un funcionario del cuerpo de gestión -el más alto- que trabaja en un juzgado de Instrucción de Sevilla y al que, por tanto, corresponden cuatro guardias mensuales, cobraría unos 2.200 euros netos, una vez descontadas las deducciones y los impuestos oportunos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)