El registro de medidas cautelares no estará completo en el plazo fijado de tres meses

El registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, que el Ministerio de Justicia ha implantado para tratar de corregir algunos de los errores producidos en el caso Mari Luz, no podrá estar a pleno rendimiento en los próximos tres meses, tal y como establece el Real Decreto que regula el sistema de registro administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
El Real Decreto, publicado en el BOE del pasado día 7 y que entró en vigor este lunes, establece en su disposición transitoria segunda que la inscripción de las medidas cautelares de carácter personal, las requisitorias -como las órdenes de busca y captura o de detención- y las sentencias no firmes dictadas con anterioridad a esta fecha deberán inscribirse en el registro central de medidas cautelares en el plazo de "tres meses" desde la entrada en vigor de la norma.La carga de trabajo que pesa sobre los juzgados de lo Penal, a los que afectará principalmente el nuevo registro, y las miles de causas que están pendientes de tramitar en estos órganos, hará imposible que el registro esté al completo el próximo 9 de mayo, fecha límite fijada por el Ministerio de Justicia.
Fuentes jurídicas confirmaron ayer que el problema no radica tanto en la introducción en el registro de los datos de las sentencias no firmes y las medidas cautelares que se dicten a partir de ahora, sino en los datos históricos, los que son anteriores a la fecha del Real Decreto, sobre los que no se precisa además cuánto tiempo atrás habrá que remontarse. El decreto precisa que deberán introducirse todas aquellas causas que estén actualmente en vigor.Las mismas fuentes explicaron que el registro no estará completo a menos que pueda realizarse un volcado de los datos existentes en el sistema informático Adriano, implantado por la Junta, lo que actualmente no es factible por la incompatibilidad con el sistema que utiliza el Ministerio.Desde el sindicato CSI-CSIF de Justicia, aseguraron ayer que aunque la nueva herramienta informática es positiva vuelven a producirse los mismos errores: "Más trabajo para los mismos funcionarios, que son los que tienen que introducir los datos". Con las plantillas que tienen actualmente los juzgados de lo Penal de Sevilla, los datos "no estarán introducidos en tres meses", aseguran el sindicato, que añade que en los cursos que se están ofreciendo a los funcionarios se ha empleado unos "45 minutos" en introducir todos los datos correspondientes a una sola causa judicial.De hecho, el decreto especifica que por cada causa o procedimiento que se inscriba en el registro hay que introducir una decena de datos personales, entre ellos nombre, y apellidos, órgano que acuerda la resolución, fecha y clase de procedimiento, así como los datos personales de la víctima y la condición de menor de edad de ésta cuando se trata de delitos contra la libertad sexual, las sentencias no firmes, órdenes de busca y las de protección.
El nuevo registro pretende contribuir a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales, de ahí que una de las novedades esté en que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas.CSI-CSIF afirma que la entrada en funcionamiento del registro, que ayer seguía sin estar operativo en Sevilla, tenía que ir acompañada de otras medidas como la creación "de más juzgados y la ampliación de las plantillas de funcionarios. Que en el futuro este registro servirá no lo negamos, pero al programa hay que alimentarlo primero con todos los datos y eso no es posible en tres meses" sin desatender el resto de los asuntos que se tramitan en unos órganos judiciales ya de por sí saturados de trabajo.