El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer la posibilidad de que los jueces puedan hacer huelga, al entender que no hay "cobertura legal" para el ejercicio de este derecho, por lo que ha dado por no anunciada la convocatoria de paro para el próximo día 18 y se ha negado a fijar servicios mínimos.
En un acuerdo adoptado por unanimidad y leído por la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, el CGPJ ha rechazado las peticiones de veintiuna asambleas de jueces y de las asociaciones Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.
"El CGPJ rechaza el ejercicio del derecho de huelga de los jueces en este país porque no hay base normativa para el desarrollo de este ejercicio", señaló Bravo.
El acuerdo establece que para el CGPJ "no hay cobertura legal para el ejercicio del derecho a huelga de los jueces" y, en consecuencia, entiende "no tener por anunciada la convocatoria de huelga". La portavoz del órgano de gobierno de los jueces recalcó que la convocatoria de huelga "no tiene efectos jurídicos" y añadió que "el 18 de febrero los jueces y magistrados tienen que estar en su puestos de trabajo".
Las asociaciones convocantes han considerado una "solemne estupidez" los argumentos del órgano de gobierno de los jueces y han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo para reclamar un pronunciamiento sobre el asunto. La huelga del 18-F sigue, por tanto, en el aire...
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REBELIÓN E IMPUNIDAD JUDICIAL. Esta demostración de fuerza por parte de algunos jueces constituye un intento desesperado para impedir lo inevitable. Todos los sectores sociales coinciden en la necesidad de hacer a los jueces responsables de sus actos, poniendo fin a la actual situación de impunidad. Por tanto, el Parlamento debe legislar la posibilidad de suspender la inamovilidad cuando venga justificado por razones de orden público o interés social, y depurar a los Jueces y Magistrados que pretendan situarse por encima de la ley.
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