La huelga de los jueces sevillanos será de 24 horas

La asamblea de jueces de la provincia de Sevilla ratificó ayer la convocatoria de huelga el 18 de febrero y decidió que el paro tendrá una duración de 24 horas, tiempo que consideran "justo" y que tendrá una mayor repercusión que un paro de dos o tres horas, como habían planteado otros magistrados.A la reunión asistieron 61 de los 130 titulares de los juzgados que hay en la provincia de Sevilla, de los cuales 43 votaron a favor de la huelga, 14 en contra, y tres se abstuvieron. Los jueces de Sevilla emitieron al término del encuentro un comunicado en el que indicaron que, tras la reunión celebrada el pasado lunes entre el Ministerio de Justicia y la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) que integran las cuatro asociaciones profesionales de la carrera judicial, "no ha existido resultado alguno".
Para los jueces de Sevilla, la postura del titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, es "completamente desesperanzadora", sin que haya ofrecido "soluciones serias y concretas a los añejos problemas que afectan al servicio de Justicia" que quieren ofrecer a los ciudadanos.La reunión de jueces sirvió además para la creación de un comité de huelga, que estará integrado por cinco jueces y magistrados: tres de la capital (los titulares del juzgado de Instrucción número 18, de lo Contencioso-Administrativo 10 y de lo Penal 8) y dos de la provincia (Marchena 2 y Sanlúcar la Mayor 3).El portavoz del comité de huelga, el juez Óscar Sainz, explicó a los periodistas que, a partir de ahora, tendrán que dar el preaviso de huelga, en este caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismos que podrán fijar unos servicios mínimos para el día 18 de febrero.
Preguntado sobre el seguimiento que puede esperarse de una huelga que, en principio, sólo apoyan 43 magistrados de los 130 que hay en la provincia (los magistrados de la Audiencia sólo realizarán un paro simbólico de diez minutos, como proponen las asociaciones profesionales), el portavoz de los huelguistas indicó "hay que aceptar el resultado democrático de las asambleas", aunque los jueces no tienen "piquetes informativos y todos los magistrados son libres de adoptar su postura".En cualquier caso, la huelga amenaza con paralizar la Administración de Justicia y suspender centenares de juicios y actuaciones judiciales, al igual que ocurrió en octubre pasado con el paro de tres horas convocado por los secretarios judiciales en protesta por la sanción de dos años de suspensión a la secretaria Juana Gálvez por el retraso en la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle.El éxito de la huelga dependerá de que se consiga un respaldo mayoritario de los jueces, un aspecto en el que puede influir el posible cambio de postura que hoy mismo pueden decidir dos de las asociaciones de la carrera (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), que están replanteándose su postura tras el fracaso de las negociaciones con el Ministerio.El juez Óscar Sainz señaló, sobre el impacto en la opinión pública de la movilización de los jueces, que las personas que han tenido contacto con la Justicia "siempre la han entendido y diariamente están satisfechos con ella, porque comprenden los problemas que tiene".
El portavoz del comité de huelga de los magistrados sevillanos añadió que los problemas de la Justicia existen, "al igual que los hay en la Educación y la Sanidad, tres áreas que el Gobierno ha dejado de lado y en las que no realiza ninguna inversión significativa".A la reunión provincial de jueces de Sevilla no asistió Rafael Tirado, cuya sanción por el caso Mari Luz motivó el inicio de las reivindicaciones de los jueces, ni tampoco el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, que votó en contra de la huelga y que en principio se adhirió a las movilizaciones planteadas por la Comisión Interasociativa para realizar un paro simbólico el 18 de febrero y postergar la huelga al 26 de junio si no se producen avances en la modernización de la Justicia.

La Fiscalía archiva la investigación por los tumores del centro de especialidades de María Auxiliadora

La Fiscalía de Sevilla ha archivado la investigación por los más de 30 casos de cáncer detectados en los últimos años entre los trabajadores del centro de especialidades de María Auxiliadora, al considerar que los hechos denunciados por el sindicato CSI-CSIF no constituyen ninguna infracción penal.La Fiscalía considera que tras la investigación realizada "no ha quedado acreditado el mal funcionamiento o la protección inadecuada para evitar radiaciones perjudiciales para la salud" de los aparatos de radiaciones ionizantes instalados en el servicio de Radiodiagnósticos del centro de especialidades médicas. Para el Ministerio Público, tampoco se ha verificado que "alguno de los actuales trabajadores de dicho centro hayan sufrido o hayan estado expuestos a radiaciones ionizantes fuera de los límites permitidos".El fiscal del caso recuerda que tras abrir la investigación, el Ministerio Público requirió informes tanto a la Inspección de Trabajo, al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Inspección de Trabajo señaló que en 2004 no recibió ninguna denuncia del sindicato UGT sobre la existencia de un número elevado de tumoraciones cancerígenas en los trabajadores del centro.El Consejo de Seguridad Nuclear, por su parte, remitió el informe sobre la inspección realizada en las instalaciones el 23 de septiembre de 2008 y en la que se examinaron las dosis acumuladas de radiaciones ionizantes de todos los trabajadores expuestos a ellas en el momento de la inspección, comprobándose los dosímetros correspondientes.
El CSN concluyó que "en ninguna" de las dependencias analizadas del centro de especialidades existía una situación de inseguridad o de riesgo radiológico que tuviesen su origen en las instalaciones de radiodiagnóstico y en las dependencias colindantes a éstas.El Servicio Andaluz de Salud puso de manifiesto que las medidas de radiación ambiental están "muy por debajo de las dosis consideradas como máximas permisibles". En cuanto al funcionamiento y control de calidad de los equipos de rayos X, su estado es calificado de correcto, al igual que los blindajes de la sala.El fiscal hace hincapié en el informe del jefe de la unidad de prevención de Riesgos Laborales del Hospital Virgen Macarena, que explicó que aun dando por bueno el número de tumores denunciados, estos casos "no estarían por encima de los esperados en una población general" si se tiene en cuenta el número de trabajadores que han pasado por el área de atención especializada. Asimismo, el jefe de la unidad de prevención añade que en los "exámenes de salud a los trabajadores del centro de especialidades no se han detectado patologías sospechosas de ser producidas por radiaciones ionizantes".El análisis de todos estos informes ha llevado al departamento que dirige la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, a considerar que los hechos denunciados no pueden enmarcarse dentro de un delito contra los derechos de los trabajadores.

El sindicato CSI-CSIF, que presentó la denuncia, está estudiando acudir directamente a los juzgados, al considerar que la decisión de la Fiscalía no representa más que "una opinión" del Ministerio Público. El sindicato se pregunta si se ha investigado cuando se plomaron las paredes, el techo y el suelo de las instalaciones de radiodiagnóstico....

Sevilla se vuelca en la búsqueda de Marta del Castillo

Sevilla se vuelca para buscar a una menor que desapareció el día 24-1-09. Se llama
MARTA DEL CASTILLO y estos son sus datos:
- 17 Años
- Mide 1,65 m
- Ojos verdes
- Rubia
- Vestía pantalón vaquero

- Cazadora negra de pana

Un juez rechaza la suspensión cautelar de la sanción a la secretaria del juzgado de Rafael Tirado

El juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha denegado suspender cautelarmente la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a Juana Gálvez, la secretaria judicial del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, sancionada por el retraso en la ejecución de la condena impuesta al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz. Gálvez reclamó que se dejara en suspenso dicha sanción hasta que la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional emitiera una sentencia sobre su recurso contra la sanción que le impuso el Ministerio de Justicia, para evitar "perjuicios añadidos". Justicia impuso el pasado 3 de octubre la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria judicial por su actuación en un caso relacionado con el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés. La sanción le fue impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija a Santiago del Valle, luego detenido por la muerte de Mari Luz.

El ministro de Justicia no convence a las asociaciones, que mantienen las protestas del 18-F

Las asociaciones judiciales mantienen las protestas del 18 de febrero y la posible convocatoria de una huelga el 26 de junio tras una reunión con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en la que éste ha anunciado que se destinarán este año otros 20 millones de euros a la modernización tecnológica. Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han reprochado el bajo "nivel de compromiso" mostrado por el ministro.
Bermejo se mostró de acuerdo con la supresión de traslado forzoso por ascenso y añadió que ya está previsto arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales y que se reduzca el número de funcionarios interinos en los juzgados "y existan funcionarios titulares bien preparados".
Las asociaciones, sin embargo, han considerado insuficiente el nivel de compromiso mostrado por el ministro respecto a la devolución a los jueces de la facultad de señalar las vistas y al incremento de la planta judicial. Fuera del debate han quedado las reivindicaciones salariales.

Los jueces de Sevilla convocan una nueva reunión el día 29 para constituir su comité de huelga

Los jueces de Sevilla se reunirán el jueves, día 29, en el salón de bodas del Registro Civil, para designar a los miembros que compondrán su comité de huelga en el movilización convocada para el próximo 18 de febrero. La asamblea, a la que están convocados los 130 jueces de la provincia, así como los magistrados de la Audiencia Provincial y de las salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), había sido anunciada inicialmente para el día 27, pero finalmente se ha trasladado al jueves por motivos de operatividad y para dar tiempo a comunicar la reunión a todos lo jueces y magistrados.La nueva reunión de los titulares de órganos judiciales de Sevilla tiene por objeto concretar cómo será la movilización del 18-F, así como la constitución del comité de huelga, que deberán conformar cinco magistrados, según explicó a este periódico uno de los jueces que están promoviendo el encuentro.
Uno de los aspectos que centrará la histórica asamblea de magistrados -en la historia de la judicatura española los magistrados nunca habían planteado una huelga- es precisamente el tiempo que durará el paro del 18 de febrero. Algunos magistrados son partidarios de que la huelga sea de dos o tres horas, similar al paro que realizaron los secretarios judiciales el 21 de octubre de 2008 y que paralizó la Justicia, con la suspensión sólo en Sevilla de más de 300 juicios y otras actuaciones procesales, como la toma de declaraciones y otras comparecencias. Otros jueces son partidarios, en cambio, de que la huelga se extienda a toda la jornada laboral, con lo que ese día la suspensión de procedimientos y la paralización podría tener una mayor repercusión, dependiendo del seguimiento que tenga el paro. La convocatoria de la asamblea de jueces del próximo jueves debe ser solicitada por, al menos, el 33% de los jueces de la provincia de Sevilla, una cifra que no resultará difícil alcanzar si se tiene en cuenta el amplio respaldo que logró la convocatoria de huelga. A la reunión del pasado día 21 asistieron 84 de los 130 jueces que hay en Sevilla y el 63% votó a favor de la huelga, que salió adelante con el voto favorable de 53 jueces, la oposición de 19 jueces y la abstención de otros 12.Mientras los jueces siguen preparando su protesta, las cuatro asociaciones profesionales que hay en la carrera -que retrasan la huelga al mes de junio- volverán a reunirse mañana con los representantes del Ministerio de Justicia para continuar las negociaciones.Los jueces de Sevilla han incorporado a sus reivindicaciones el aumento de la ratio de jueces a la media europea, que es de 19,8 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los diez que hay en España.

HUELGA, HUELGA,HUELGA EN LA JUSTICIA PARA EL 18-F

Los jueces de Sevilla decidieron ayer por una amplia mayoría adelantar la histórica huelga planteada en la judicatura española para el próximo 18 de febrero, fecha en la que hasta ahora sólo se había propuesto la realización de una concentración simbólica a las puertas de los órganos judiciales.La convocatoria de la huelga fue acordada por el 63% de los jueces en el transcurso de una una reunión provincial a la que asistieron 84 de los 130 responsables de los órganos unipersonales que hay en Sevilla.
De los 84 jueces que asistieron a la asamblea, 53 votaron a favor de celebrar la huelga, 19 en contra y otros 12 se abstuvieron. La decisión de los jueces de base, los que están al frente de órganos unipersonales, contrasta con la resolución adoptada por los magistrados de la Audiencia de Sevilla, que únicamente han aceptado hacer una concentración de diez minutos el 18 de febrero y ni siquiera se plantearon la posibilidad de la huelga que las asociaciones profesionales quieren fijar para el 26 de junio en el caso de que no haya avances significativos en el proceso de modernación de la Justicia.El juez Manuel Ignacio Centeno Campoy, que había convocado la reunión al tratarse del titular del órgano judicial de Sevilla con más tiempo en el cargo, explicó que todavía no se ha decidido cómo se celebrará la huelga, dado que caben varias opciones: adherirse a una convocatoria de huelga realizada, por ejemplo, a nivel nacional, o bien convocar una propia en Sevilla. El juez precisó que la convocatoria está sujeta, no obstante, a la "evolución de la situación" y de las negociaciones que en los próximos días seguirán manteniéndose con los responsables del Ministerio de Justicia. En caso de que se alcanzara un acuerdo, la movilización podría ser desconvocada. En cualquier caso, el preaviso de huelga deberá efectuarse con diez días de antelación, según aclaró el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester.La reunión de los jueces sevillanos se prolongó por espacio de varias horas y concluyó con un aplauso de los asistentes. El juez Manuel Ignacio Centeno Campoy destacó que la reunión se desarrolló con normalidad, aunque no quiso pronunciarse sobre el debate que se suscitó porque las deliberaciones de las reuniones de jueces "son secretas".
Al término del cónclave, un grupo de jueces convocó una nueva reunión para el próximo martes, en el salón donde se celebran las bodas civiles en el edificio Viapol, al objeto de constituirse en una verdadera asamblea de trabajadores y avanzar en la forma en la que se llevará a cabo la huelga convocada para el 18 de febrero. Según explicó uno de los jueces que promueve esta nueva reunión, a la misma se va a invitar, mediante el correo electrónico, a todos los jueces y magistrados de Sevilla, así como de la Audiencia Provincial y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La idea de estos jueces parte de que si el Ministerio de Justicia está intentando tratar a los jueces como funcionarios, entonces están legitimados para realizar una convocatoria de huelga, como el resto de trabajadores de la Administración de Justicia, entre los que se incluyen los secretarios judiciales -que ya realizaron un paro el 21 de octubre en protesta por la sanción de dos años impuesta a su compañera Juana Gálvez por el retraso en la tramitación de la condena impuesta al presunto asesino de Mari Luz- y el resto de funcionarios.Algunos juristas destacados, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, se han mostrado recientemente en contra de la posibilidad de que los jueces puedan convocar una huelga, al tratarse de un Poder del Estado que tiene limitados determinados derechos como el de sindicación o afiliación a los partidos políticos. El presidente del Alto Tribunal andaluz indicó respecto a la legalidad o ilegalidad de una movilización en el seno de la judicatura que esta cuestión tendrá que resolverse en los tribunales de Justicia. Y es que la convocatoria de una huelga en la Justicia española tendrá que dirimirse, llegado el caso, en los órganos de lo Contencioso-Administrativo, dado que actualmente no existe ninguna ley que regule o ampare el derecho a la juelga de los jueces y magistrados. Otros juristas que han analizado la cuestión, como el decano de los jueces de Barcelona, José Manuel Regadera, han llegado a la conclusión de que "no existe un mandato legal" expreso que impida a los jueces realizar paros para reivindicar mejoras laborales. Este razonamiento argumenta que, mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sea un órgano verdaderamente eficaz e independiente, con la suficiente autonomía presupuestaria, la dependencia del Ministerio de Justicia y del Poder Ejecutivo es real, por lo que no se vulneraría ninguna ley por ejercer el derecho a la huelga.La convocatoria de las movilizaciones para el 18 de febrero ha dividido a la Justicia de base y a las asociaciones profesionales, que representan al 50% de los más de 4.000 jueces y magistrados que hay en España.

Se entrega en prisión el narcotraficante excarcelado tras un error judicial

El narcotraficante Pedro Ramos Gómez, que se fugó aprovechando que había sido puesto en libertad por un nuevo error judicial, se entregó ayer voluntariamente en la prisión de Sevilla tras haber permanecido 86 días en paradero desconocido. La entrada en la cárcel tuvo lugar sobre las 16:00, después de que su abogada le persuadiera para que no complicara más su situación ni la del tribunal que enjuició su caso.Fuentes del caso indicaron que la fuga del reo pudo deberse a que sus padres, bastante mayores, se encuentran enfermos y el acusado quería pasar con ellos la que podría ser sus últimas fiestas de Navidad juntos. Estas fuentes explicaron que el acusado está arrepentido, que "no tenía intención de fugarse" y que ha decidido volver a prisión al percartase de la repercusión negativa de su conducta, un hecho por el que "no quiere que nadie pague".Pedro Ramos Gómez, de 40 años, fue condenado el 25 de octubre de 2007 a diez años de prisión por su participación en un alijo de 30 kilos de heroína que la Policía Nacional intervino en una parcela de Coria del Río. El reo ingresó en prisión el 9 de febrero de 2006 y fue puesto en libertad a finales de abril de 2008, una vez que el Tribunal Supremo -ante el que había presentado un recurso contra su condena- se percató de que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que tardó casi tres años en confirmar la condena a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés, no había prorrogado la prisión preventiva pese a que se había cumplido el plazo legal de dos años. La consecuencia directa del error fue la puesta en libertad del narcotraficante, a quien el tribunal impuso la obligación de comparecer todos los lunes y viernes de cada semana.El acusado estuvo compareciendo sin ninguna incidencia hasta que a mediados de octubre pasado el Tribunal Supremo rechazó su recurso y confirmó la condena de diez años impuesta, momento en que Pedro Ramos se dio a la fuga. La Audiencia de Sevilla dictó con fecha 23 de octubre una providencia en la que acordó la busca y captura del narcotraficante, que ahora se han entregado de forma voluntaria.La excarcelación del reo llevó a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrir un expediente por una presunta falta muy grave a la magistrada de la Sección Séptima Esperanza Jiménez Mantecón, a la que se atribuye una desatención por no haber prorrogado la prisión provisional del individuo.De forma paralela, el servicio de Inspección de la Fiscalía General del Estado ha abierto unas diligencias de investigación para tratar de esclarecer si se ha producido alguna negligencia por parte del Ministerio Público en este caso. La Fiscalía General ha solicitado a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que remita un informe con todos los detalles de lo ocurrido y, en concreto, que relate la actuación del fiscal encargado de este caso.La investigación del Ministerio Público se produce después de que la Fiscalía hispalense admitiera que no había controlado ni solicitado la prórroga de la prisión preventiva de Pedro Ramos. Según la Fiscalía, la petición para que el condenado siguiera en la cárcel "no era una condición indispensable" para la Audiencia dictara la resolución.

¿Ciudad de la Justicia para 2013?

La solución provisional para la falta de espacio en los juzgados de Sevilla, a través del alquiler de un edificio puente, se prolongará durante cuatro años y tendrá un coste en alquileres para la Junta de Andalucía de entre siete y casi diez millones de euros.La Consejería de Justicia y Administración Pública ha publicado la oferta para el alquiler de la nueva sede que, según las estimaciones de la Administración autonómica, debe contar con una superficie de entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados sobre rasante, y un mínimo de 1.500 metros cuadrados bajo rasante. El contrato inicial es por cuatro años y el precio del arrendamiento estará comprendido entre 16 y 18 euros por metro cuadrado y mes, incluidos el IVA y los gastos de comunidad. De acuerdo con estas especificaciones y en función de los precios ofertados, el coste de los alquileres durante los cuatro años del contrato oscilará entre una horquilla que va de 7.296.000 euros, el alquiler mínimo (9.500 metros) y al precio más bajo, y de 9.936.000 euros en el caso de que se arrendaran 11.500 metros cuadrados al precio máximo. A estas cifras habría que añadir además la correspondiente actualización anual del IPC. El anuncio publicado por la Consejería de Justicia señala que el edificio que debe albergar provisionalmente los juzgados debe estar lo más cercano a las sedes de El Prado y Viapol, contar "con buena comunicación con el resto de la ciudad y con servicio cercano de transporte público". La Junta valorará especialmente "las condiciones de iluminación y ventilación naturales". El plazo de presentación de solicitudes es de diez días y, en función de las necesidades de la Junta, el edificio Noga, de inmobiliaria Osuna y que se ubica en la avenida de la Buhaira, es el que se perfila como la posible solución.Este inmueble fue precisamente la opción que eligió la anterior consejera de Justicia, María José López, que sacó a concurso el alquiler a un precio de 8.208.000 euros por un período de tres años, pero que finalmente descartó este proyecto después de que el concurso quedara desierto, al no haber concurrido ni siquiera la propia inmobiliaria Osuna.

Premio universitario de derecho de Familia

Zarraluqui abogados de Familia ha convocado el primer premio universitario de Derecho de Familia. El premio consistirá en la realización gratuita del Período de Formación Zarraluqui (antiguo master en Derecho de Familia) durante el curso 2009/2010, que en su XIIIª edición está valorado en 15.000 euros. El Premio está dirigido a los alumnos de último curso de la Licenciatura de Derecho y se concederá al mejor trabajo de Derecho de Familia.

Participarán alumnos de las siguientes Universidades Españolas:
Universidad de A Coruña Universidad de Extremadura
Universidad de Alicante Universidad de Málaga
Universidad de Baleares Universidad de Sevilla
Universidad de Cádiz Universidad Pablo Olavide (Sevilla)
Universidad de Córdoba Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad Complutense (Madrid) Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Deusto (Bilbao) Universidad de Valencia
El Premio constará de dos fases. En la primera, se seleccionará el mejor trabajo de los alumnos de cada universidad participante. En la segunda fase, de todos los trabajos seleccionados en la fase anterior se escogerá uno, que será premiado con la realización, de forma gratuita, del Período de Formación Zarraluqui (antiguo Master en Derecho de Familia) durante el período 2009/2010, premio valorado en 15.000 euros.
La decisión, inapelable, corresponderá a la dirección de ZARRALUQUI ABOGADOS DE FAMILIA.
El Premio se entregará en el despacho que ZARRALUQUI ABOGADOS DE FAMILIA tiene en Madrid junto con los diplomas del Período de Formación Zarraluqui 2008/2009, que se celebrará en el mes de junio.
Mas información sobre el Periodo de Formación Zarraluqui en www.zarraluqui.net.

Farruquito obtiene la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena por el atropello

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, que fue condenado a tres años de cárcel por el atropello mortal de Benjamín Olalla, ha logrado la libertad condicional. El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla acordó en un auto dictado el pasado martes, día 13, conceder este beneficio al artista tras haber cumplido dos tercios de la condena que en su día le impuso la Audiencia de Sevilla.

La libertad de Farruquito, que ya estaba en tercer grado penitenciario y desde julio pasado ni siquiera acudía a dormir a prisión gracias a una pulsera telemática, ha contado con el apoyo de la Fiscalía de Sevilla y con el pronóstico de reinserción favorable elaborado por la junta de tratamiento de la prisión. Para la adopción de este beneficio, la junta de tratamiento ha valorado el "comportamiento impecable" que durante estos dos años ha mantenido Farruquito.Las reglas de conducta que la juez ha fijado para el bailaor hasta que finalice el tiempo de condena establecen la obligación de residir en Sevilla y comparecer cuando sea requerido por el juzgado o los servicios sociales penitenciarios.El juzgado ha autorizado a Farruquito para desplazarse por el territorio nacional por motivos laborales, aunque deberá solicitar un permiso cuando tenga que actuar en el extranjero. De momento, ya le ha sido autorizada una salida a Italia.

Un testigo precoz

No todos los errores judiciales tienen consecuencias trágicas. Algunos son tan absurdos e incluyen situaciones tan rocambolescas que pasan directamente a engrosar los anecdotarios más divertidos de la Justicia española. El desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación para la modernización de la Administración de Justicia, una cuestión tan reclamada en los últimos meses por los jueces, entraña no obstante algunos peligros si no se manejan con cierta destreza las herramientas informáticas. El extendido uso de la función "cortar y pegar" y la utilización de plantillas estandarizadas en los formularios judiciales -que tanto están ayudando a agilizar el trabajo en los órganos judiciales- ha llevado paradójicamente a la Fiscalía de Sevilla a cometer uno de estos errores, al haber solicitado a un juez que tome declaración a un bebé de sólo dos meses y un día en el juicio por el divorcio de sus padres.La historia de esta insólita petición de la Fiscalía hispalense, que seguro que no tiene parangón en la larga trayectoria del Ministerio Público, comienza con una demanda de divorcio que presentó la madre de un bebé que había nacido en Sevilla el 23 de febrero de 2008.Como quiera que los progenitores no habían alcanzado ningún acuerdo para materializar la ruptura del matrimonio, el caso llegó a un juzgado de Primera Instancia de los que se ubican en el edificio Viapol. Al tratarse de un divorcio de una pareja con un hijos menor de edad, la Fiscalía se personó en el procedimiento para velar por el interés del niño, como ocurre en los divorcios contenciosos en los que hay pequeños en medio.En el escrito que remitió el Ministerio Público para solicitar al juez su consideración como una parte más del proceso es donde se produjo el error. Tras argumentar la legitimación del Ministerio Fiscal para intervenir en el procedimiento de divorcio, la fiscal encargada del caso realizaba una primera petición al juez que no tiene desperdicio. La representante del Ministerio Público pidió en el documento, que está fechado el 24 de abril -cuando el niño tenía exactamente dos meses y un día-, que "se proceda, con carácter anticipado a la vista, a la realización de la exploración judicial de los menores" (sic). Primer fallo: la Fiscalía solicita que la exploración o declaración de "los menores" cuando en realidad la pareja sólo había tenido un hijo fruto de su relación.Pero lo más divertido es la argumentación que acompaña el documento para justificar la comparecencia del niño ante el juez. La fiscal señalaba que "debido a su edad [del menor] se considera de interés conocer sus manifestaciones, debiendo ser recogidas fuera del acto formal de la vista a fin de preservar su intimidad y alejarle en la medida de lo posible de la formalidad del procedimiento judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor".Para valorar la repercusión de la petición de la Fiscalía basta con hacer un pequeño ejercicio mental para imaginar la escena que se desarrollaría durante la declaración del niño en el juzgado. El juez recibe a la madre con el menor, un bebé que debido precisamente a su corta edad no habla, más allá de algunos sonidos sin sentido, y lo máximo que puede hacer para mostrar su descontento ante la situación es emitir un ruidoso llanto. Pocas respuestas para el juez y cara de asombro entre la fiscal, que ha pedido la práctica de la prueba, los abogados y los cónyuges que están divorciándose.Afortunadamente esta escena nunca llegó a producirse porque, al final, la pareja llegó a un acuerdo que evitó la celebración del juicio. Tampoco fue necesaria la comparecencia del niño. Y la fiscal no tuvo que explicar al juez por qué había solicitado una declaración que consideraba de tanto interés y que estaba condenada a ser rechazada. A buen seguro que desde aquel día examina dos veces sus escritos del juzgado antes de darle trámite. Lo que no se sabe es qué habría contestado el juez llegado el momento de denegar la prueba.

La Fiscalía General del Estado investigará los errores en la excarcelación de un narcotraficante fugado

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para tratar de averiguar si se ha producido alguna negligencia por parte del Ministerio Fiscal en el caso del narcotraficante que se ha dado a la fuga al no haberse prorrogado el plazo legal de prisión preventiva.El servicio de Inspección de la Fiscalía General del Estado ha incoado unas diligencias para determinar qué ocurrió en la excarcelación del narcotraficante Pedro Ramos Gómez, condenado a diez años de prisión por participar en un alijo de 30 kilos de heroína y que permanece fugado desde octubre pasado, cuando conoció que el Tribunal Supremo había confirmado su condena.La Fiscalía de Sevilla reconoció que no controló ni solicitó la prórroga de la prisión preventiva del acusado, que tuvo que ser puesto en libertad en abril de 2008 después de que el Tribunal Supremo se percatase de que la Audiencia de Sevilla no había acordado la prórroga de prisión tras haber cumplido dos años en la cárcel.La Fiscalía hispalense admitió que no tienen constancia de que el Ministerio Público pidiera a la Sección Séptima de la Audiencia que ampliara la prisión del reo, aunque consideró que esta petición "no era una condición indispensable" para que se resolviera sobre su continuidad en la cárcel.Fuentes de la Fiscalía General del Estado explicaron ayer que la Inspección se dirigirá ahora a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, para que remita un informe con todos los detalles del caso y, en concreto, que realice un relato de la actuación del fiscal encargado del caso a los efectos de averiguar si éste ha podido incurrir en algún tipo de responsabilidad disciplinaria.El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal recoge en su artículo 3 que una de las funciones de los fiscales es "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes".Por estos hechos, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente por falta muy grave de desatención a la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Esperanza Jiménez Mantecón.

La Fiscalía de Sevilla admite que no pidió la prórroga para el narcotraficante fugado

Un día después de que se conociera que un narcotraficante se ha fugado tras un nuevo error judicial en Sevilla, la Fiscalía hispalense admitió ayer que no controló ni solicitó la prórroga de la prisión preventiva del acusado, que tuvo que ser puesto en libertad el límite de dos años.Fuentes del departamento que dirige María José Segarra, la fiscal jefe de Sevilla, reconocieron que en sus archivos no hay "constancia" de haber solicitado a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla la prórroga de la prisión preventiva de Pedro Ramos Gómez. La Fiscalía hispalense quiso aclarar que la solicitud de la prórroga por parte del Ministerio Público "no era una condición indispensable" para haberla acordado, ya que el tribunal podía haberlo decidido sin contar con el informe del fiscal.
En cualquier caso, el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal recoge que, entre las funciones que competen a los fiscales, está la de "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes", así como la de proteger el cumplimiento de las resoluciones "que afectan al interés público y social".El control de la Fiscalía de la petición de prorrogar la prisión correspondía a varios fiscales, de acuerdo con la distribución interna del trabajo, pero hasta la fecha no se ha iniciado una investigación interna para depurar una posible responsabilidad en lo ocurrido porque, según comentaron las mismas fuentes, la competencia para la determinación de responsabilidades corresponde a la Fiscalía General del Estado.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, enmarcó ayer lo ocurrido en el ámbito exclusivamente jurisdiccional. "El juez es responsable de lo que es responsable y tendrá que responder de esa responsabilidad", precisó Méndez de Lugo, que recordó que si la Constitución encomienda a los jueces la función de "juzgar, dictar sentencias y hacer ejecutar lo juzgado", también corresponde a los jueces el control de las resoluciones y del cumplimiento de los trámites.La junta de jueces de Sevilla ya había advertido, tras destaparse el escándalo por los errores judiciales del caso Mari Luz, que existía el "riesgo cierto" de que se produjeran nuevas deficiencias si no se dotaba a la Justicia de los medios materiales y personales necesarios.
El presidente del TSJA desvinculó ayer las reclamaciones de los jueces de este nuevo error judiciales porque, según dijo, en este caso no se trata de que "haya o no un ordenador, o que haya un funcionario. No tenemos que darle más vueltas", sentenció Méndez de Lugo, que recordó que será ahora la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la que deba pronunciarse sobre el expediente abierto a la magistrada de la Audiencia sevillana.La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, que ayer suscribió con el presidente del TSJA un convenio para mejorar el intercambio de información en materia de drogadicción, eludió pronunciarse sobre el nuevo error judicial, al precisar que se trata de un asunto sobre el que debe pronunciarse el máximo órgano de gobierno de los jueces.El responsable del sector de Justicia del sindicato CSI-CSIF, Miguel Ángel Ramos, consideró que este error judicial "viene a confirmar que ha fallado nuevamente el sistema".
El representante sindical precisó que, con absoluto respeto al expediente abierto por el CGPJ a la magistrada de la Audiencia Esperanza Jiménez, este error "es uno más de los que se van teniendo, aunque la consecuencia no es tan trágica como la muerte de una niña".Miguel Ángel Ramos advirtió que, "mientras no se cambie la forma de aplicar la Justicia en España, seguirán saliendo casos tan llamativos como los que se están conociendo", porque el volumen de trabajo es tan importante que "resulta casi imposible tener controlados todos los asuntos".El dirigente sindical señaló que este tipo de situaciones podrían "evitarse" con la implantación de un sistema informático que "emitiera un aviso cada vez que se acerca una fecha" destacada para la tramitación de un proceso judicial.El Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario por una falta muy grave de desatención a la magistrada Esperanza Jiménez, una decisión que contrasta con la adoptada en el caso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien se ha considerado sólo como falta leve no haber prorrogado la prisión de dos narcotraficantes.

Se fuga un narcotraficante que fue puesto en libertad tras un nuevo error judicial

Un hombre condenado a diez años de prisión por narcotráfico se ha fugado aprovechando que se hallaba en libertad por un nuevo error judicial, al no haberse controlado el plazo de prisión preventiva. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha abierto un expediente a la magistrada de la Audiencia de Sevilla encargada del caso, a la que se atribuye en principio una falta muy grave de desatención.El reo fugado, Pedro Ramos Gómez, fue condenado junto a otros dos individuos como integrantes de una red a la que fueron intervenidos 30 kilos de heroína en una parcela situada en el término municipal de Coria del Río, aunque muy próxima al casco urbano de Dos Hermanas. El acusado llevaba en prisión preventiva desde el 16 de febrero de 2006 y la sentencia condenatoria fue dictada en octubre de 2007, pero presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al no estar conforme con la pena impuesta.

Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla -la misma sala que tardó casi tres años en confirmar la condena al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz- no se percataron de que tenían que prorrogar la situación de prisión preventiva -que cumplía a los dos años- hasta que el Tribunal Supremo les remitió un oficio pidiendo información sobre la fecha de finalización de la prisión provisional.

El tribunal ordenó entonces la libertad de Pedro Ramos, al que no obstante se impuso la obligación de comparecer todos los lunes y viernes de cada semana.La puesta en libertad se produjo después de que la Audiencia de Sevilla negara su liberación hasta en cinco ocasiones anteriores desde su arresto, y en esta ocasión la excarcelación tuvo lugar sin que lo solicitara su abogado y sin un pronunciamiento al respecto de la Fiscalía hispalense.El reo cumplió con estas comparecencias hasta hace varias semanas, por lo que la Sección Séptima dictó el viernes 9 de enero una orden de busca y captura contra el narcotraficante. Mientras tanto, el Tribunal Supremo había confirmado íntegramente la condena, al rechazar hace varios meses el recurso que presentó el acusado.

La salida de la cárcel del narcotraficante era obligatoria, al no haberse prorrogado la situación de prisión preventiva, que podría haberse mantenido hasta alcanzar un máximo de cinco años, es decir, a la mitad de la condena que le había impuesto la Audiencia de Sevilla.El caso de este narcotraficante fue abordado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en una reunión celebrada el pasado 18 de diciembre, acordó abrir un expediente disciplinario a la magistrada de la Sección Séptima Esperanza Jiménez Mantecón.

La Comisión Disciplinaria entiende que su conducta puede constituir una falta "muy grave" de desatención, una sanción superior a la que se impuso en su día al juez Rafael Tirado por el retraso en la ejecutoria de Santiago del Valle. El artículo 417.9 de la ley orgánica del Poder Judicial, por el que se ha abierto expediente a la magistrada, sanciona precisamente con la suspensión, el traslado forzoso e incluso la expulsión de la carrera judicial la comisión de faltas muy graves debido a "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales". El CGPJ nombrará ahora a un instructor del expediente disciplinario abierto a la juez y, tras investigar lo ocurrido, emitirá una propuesta de sanción que deberá resolver la propia Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.

El condenado que permanece fugado fue detenido en la llamada operación Tixe de la Policía Nacional, una de las actuaciones más importantes llevadas a cabo en la provincia de Sevilla en los últimos dos años y que se saldó con la incautación de 30 kilos de heroína, valorados en más de dos millones de euros, y la detención de cuatro narcotraficantes. En el domicilio de uno de ellos, la Policía intervino además seis armas de fuego, siete armas blancas, un silenciador y tres cargadores de fusil. También fueron incautados cinco vehículos de gran cilindrada, en uno de los cuales los traficantes habían construido un zulo en la guantera con capacidad para albergar cuatro kilos de droga.

El TSJA prohíbe a los jueces sevillanos que retrasen un millar de juicios este año

No habrá ralentización de la Justicia en Sevilla. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha prohibido a los jueces de lo Penal y de Instrucción de Sevilla que retrasen la celebración de más de un millar de juicios, una medida que los magistrados adoptaron tras la sanción al juez Rafael Tirado por los errores del caso Mari Luz y que tenían previsto poner en marcha a lo largo de este año. La finalidad que buscaban los jueces no era otra que controlar mejor los asuntos que se tramitan en sus respectivos juzgados.Los acuerdos de ambas juntas de jueces, celebradas en noviembre del año pasado, fueron elevados a la sala de gobierno del TSJA, que ahora ha decidido no autorizar el aplazamiento de las vistas, con el argumento de todos los juzgados tienen que continuar el calendario normal al tratarse de meses hábiles "a todos los efectos", según expresa una de las resoluciones del Alto Tribunal andaluz.
En la Administración de Justicia, sólo el mes de agosto se considera inhábil para las actuaciones que no sean urgentes, y la propuesta de los jueces de lo Penal consistía en no celebrar juicios en los meses de junio y diciembre, lo que en la práctica se traducía en el retraso de más de 550 juicios al año. Por su parte, la junta de jueces de Instrucción había decidido que la última semana de los meses de mayo y noviembre no efectuarían señalamientos de diligencias de instrucción, a excepción de las urgentes, ni celebrarían juicios de faltas. Con esta medida, los jueces estaban planteando la posibilidad de retrasar más de 600 juicios de faltas el año próximo, dado el elevado volumen de ingresos de este tipo de procedimientos que tan sólo el año pasado superaron los 23.000 casos.La sala de gobierno del TSJA ha rechazado ahora los acuerdos de las juntas de jueces de lo Penal y de Instrucción de Sevilla, que también solicitaron a las Administraciones competentes -el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia- la creación de nuevos órganos en estas jurisdicciones para luchar contra la situación de sobrecarga de asuntos.
Los jueces de lo Penal piden la creación de seis nuevos juzgados, de los cuales tres tendrían competencia exclusiva para la ejecución de las sentencias. Los magistrados señalan que las últimas reformas legales relacionadas con la violencia doméstica o el endurecimiento de los delitos en materia de seguridad vial han sobrecargado unos órganos que ya acumulaban una gran cantidad de asuntos. Las estadísticas avalan la denuncia de los jueces: en los seis primeros meses de aplicación de la reforma de tráfico han sido condenados a penas de hasta seis meses de prisión un total de 911 conductores por circular sin carné. Aunque estas sentencias han sido dictadas por el juzgado de guardia, los órganos de lo Penal son los encargados de ejecutar las resoluciones. La entrada en vigor de esta reforma explica el elevado incremento de las causas ejecutorias pendientes de ejecutar, que se sitúan ya en 7.899, según las últimas cifras del CGPJ.
Los jueces de Instrucción, por su parte, reclaman la creación de dos nuevos órganos judiciales, dada la carga de trabajo y el hecho de que la planta judicial no ha crecido desde 1992.El acuerdo para retrasar juicios en Sevilla recuerda a las medidas planteadas recientemente en Córdoba y Granada para reducir a la mitad los juicios en 2009 porque, de lo contrario, el sistema iba a "reventar", lo que ha generado acusaciones de "rebelión" a los mandatos constitucionales desde la Consejería de Justicia.La sala de gobierno del TSJA también se ha pronunciado sobre peticiones similares a la de Sevilla realizadas desde otras provincias, que también han sido rechazadas, según fuentes del Alto Tribunal andaluz.

Sevilla necesita 20 nuevos juzgados pero este año sólo entrarán en funcionamiento tres

La distancia entre las carencias que denuncian los jueces y los medios que aportan la Junta y el Ministerio de Justicia sigue siendo insalvable, a pesar del escándalo por los errores que destapó el caso Mari Luz. El informe anual elaborado por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, reclama la creación de, al menos, 20 nuevos órganos judiciales en la capital, pero la realidad es que este año sólo se crearán tres nuevos juzgados.
La propuesta del decano, que ha sido elaborada a partir de las estadísticas sobre los asuntos que durante el año recibieron los juzgados de Sevilla y los módulos de ingreso que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apuesta principalmente por potenciar la jurisdicción penal. De los 20 juzgados, el informe llega a la conclusión de que es necesario crear cuatro nuevos órganos de instrucción, dos de lo Penal, nueve de Primera Instancia, así como uno más en cada uno de los siguientes ámbitos: Familia, jurisdicción Contencioso-Administrativo, Social, Vigilancia Penitenciaria y Mercantil.
Frente a esta petición, la Junta y el Ministerio tienen previsto poner en funcionamiento el juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla, el segundo juzgado de lo Mercantil, y el número 13 de lo Contencioso-Administrativo.
La memoria anual del decanato hispalense expone que los juzgados de Instrucción de Sevilla tramitaron el pasado año 175.611 diligencias previas y 23.755 juicios de faltas, lo que representa una variación del 46% y 70%, respectivamente, con respecto a los módulos que el CGPJ estima como adecuados.
La situación también es especialmente delicada en los juzgados de lo Penal, sobre todo por lo que se refiere al incremento de las causas ejecutorias procedentes de los juzgados de Instrucción, tras las reformas legales que han agravado y calificado como delictivas determinadas conductas relacionadas con la seguridad vial, como la conducción sin carné, que ahora se castiga con hasta penas de seis meses de cárcel. Los 13 juzgados penales de Sevilla conocieron el año pasado 469 asuntos, un 16,22% por encima del módulo, y recibieron para su ejecución otras 4.522 sentencias dictadas por los órganos de instrucción. Ante estas cifras, Federico Jiménez Ballester solicita la creación de dos nuevos órganos y de un servicio común de ejecutorias, tal y como se ha instaurado en la Audiencia Nacional. "De descartarse esta solución, deberían crearse al menos cuatro nuevos juzgados de lo Penal", advierte el magistrado.
El estudio del decano fija las jurisdicción civil y de lo social como otra de las prioridades para este año, y considera que deberían adoptarse "medidas temporales de refuerzo" mientras continúe la situación de crisis económica y financiera, que ha disparado tanto las reclamaciones por impago de hipotecas y otras deudas como los pleitos de carácter laboral derivados de los despidos de trabajadores. Junto a este refuerzo, el juez decano estima que habría que poner en marcha en Sevilla otros nueve juzgados de Primera Instancia y uno de lo Social.
Durante 2008, los juzgados de Primera Instancia recibieron 29.655 asuntos, lo que supone que cada juez tramitó 1.348 casos -un 87% por encima del módulo recomendado-, un notorio incremento que el decano atribuye sin duda a las consecuencias derivadas de la crisis económica.
En cuanto al juzgado de lo Mercantil, el decano considera que además del segundo juzgado cuya creación ha sido anunciada por la Junta, sería imprescindible aumentar de forma temporal la plantilla de funcionarios mientras persista la coyuntura económica desfavorable. De los 813 asuntos que tramitó este juzgado en 2007 se ha pasado en 2008 a 1.272, de los cuales 154 han sido procedimientos concursales, que requieren una tramitación más compleja.

Acaba la huelga en los juzgados de Violencia sobre la Mujer

Los funcionarios destinados en los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer que hay en Sevilla decidieron el pasado viernes suspender la huelga indefinida que mantenían desde el 27 de noviembre de 2007, a pesar de que la Junta no ha accedido a sus reivindicaciones para ampliar a toda la plantilla el servicio de guardias que entraron en funcionamiento a principios de este mes.

La decisión de suspender la huelga fue aprobada por la mayoría de los funcionarios de estos juzgados en el transcurso de una asamblea celebrada ayer. La desconvocatoria, según han informado los sindicatos que convocaron las movilizaciones, tiene como finalidad "hacer posible un clima de serenidad para que sea factible" llegar a un acercamiento con la Consejería de Justicia y fomentar "los medios de diálogo y negociación para abordar la nueva realidad de la prestación del servicio de guardia en los juzgados de Violencia sobre la Mujer". El interés de los funcionarios consiste en que, "sin menoscabar las condiciones de trabajo de los propios trabajadores, se preste el mejor servicio público posible que demandan los ciudadanos".

La huelga en los juzgados de Violencia sobre la Mujer generó hace varias semanas una guerra de cifras entre la Consejería de Justicia y los funcionarios. La Junta entiende que, dado el número de mujeres que son atendidas diariamente en estos órganos especializados, no era necesaria la incorporación de la totalidad de la plantilla a los servicios de guardia. Los sindicatos aseguran que cada día se atienden a unas siete mujeres, el triple de lo que afirmó la Consejería.