La huelga de los jueces sevillanos será de 24 horas

La asamblea de jueces de la provincia de Sevilla ratificó ayer la convocatoria de huelga el 18 de febrero y decidió que el paro tendrá una duración de 24 horas, tiempo que consideran "justo" y que tendrá una mayor repercusión que un paro de dos o tres horas, como habían planteado otros magistrados.A la reunión asistieron 61 de los 130 titulares de los juzgados que hay en la provincia de Sevilla, de los cuales 43 votaron a favor de la huelga, 14 en contra, y tres se abstuvieron. Los jueces de Sevilla emitieron al término del encuentro un comunicado en el que indicaron que, tras la reunión celebrada el pasado lunes entre el Ministerio de Justicia y la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) que integran las cuatro asociaciones profesionales de la carrera judicial, "no ha existido resultado alguno".
Para los jueces de Sevilla, la postura del titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, es "completamente desesperanzadora", sin que haya ofrecido "soluciones serias y concretas a los añejos problemas que afectan al servicio de Justicia" que quieren ofrecer a los ciudadanos.La reunión de jueces sirvió además para la creación de un comité de huelga, que estará integrado por cinco jueces y magistrados: tres de la capital (los titulares del juzgado de Instrucción número 18, de lo Contencioso-Administrativo 10 y de lo Penal 8) y dos de la provincia (Marchena 2 y Sanlúcar la Mayor 3).El portavoz del comité de huelga, el juez Óscar Sainz, explicó a los periodistas que, a partir de ahora, tendrán que dar el preaviso de huelga, en este caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismos que podrán fijar unos servicios mínimos para el día 18 de febrero.
Preguntado sobre el seguimiento que puede esperarse de una huelga que, en principio, sólo apoyan 43 magistrados de los 130 que hay en la provincia (los magistrados de la Audiencia sólo realizarán un paro simbólico de diez minutos, como proponen las asociaciones profesionales), el portavoz de los huelguistas indicó "hay que aceptar el resultado democrático de las asambleas", aunque los jueces no tienen "piquetes informativos y todos los magistrados son libres de adoptar su postura".En cualquier caso, la huelga amenaza con paralizar la Administración de Justicia y suspender centenares de juicios y actuaciones judiciales, al igual que ocurrió en octubre pasado con el paro de tres horas convocado por los secretarios judiciales en protesta por la sanción de dos años de suspensión a la secretaria Juana Gálvez por el retraso en la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle.El éxito de la huelga dependerá de que se consiga un respaldo mayoritario de los jueces, un aspecto en el que puede influir el posible cambio de postura que hoy mismo pueden decidir dos de las asociaciones de la carrera (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), que están replanteándose su postura tras el fracaso de las negociaciones con el Ministerio.El juez Óscar Sainz señaló, sobre el impacto en la opinión pública de la movilización de los jueces, que las personas que han tenido contacto con la Justicia "siempre la han entendido y diariamente están satisfechos con ella, porque comprenden los problemas que tiene".
El portavoz del comité de huelga de los magistrados sevillanos añadió que los problemas de la Justicia existen, "al igual que los hay en la Educación y la Sanidad, tres áreas que el Gobierno ha dejado de lado y en las que no realiza ninguna inversión significativa".A la reunión provincial de jueces de Sevilla no asistió Rafael Tirado, cuya sanción por el caso Mari Luz motivó el inicio de las reivindicaciones de los jueces, ni tampoco el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, que votó en contra de la huelga y que en principio se adhirió a las movilizaciones planteadas por la Comisión Interasociativa para realizar un paro simbólico el 18 de febrero y postergar la huelga al 26 de junio si no se producen avances en la modernización de la Justicia.