No habrá ralentización de la Justicia en Sevilla. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha prohibido a los jueces de lo Penal y de Instrucción de Sevilla que retrasen la celebración de más de un millar de juicios, una medida que los magistrados adoptaron tras la sanción al juez Rafael Tirado por los errores del caso Mari Luz y que tenían previsto poner en marcha a lo largo de este año. La finalidad que buscaban los jueces no era otra que controlar mejor los asuntos que se tramitan en sus respectivos juzgados.Los acuerdos de ambas juntas de jueces, celebradas en noviembre del año pasado, fueron elevados a la sala de gobierno del TSJA, que ahora ha decidido no autorizar el aplazamiento de las vistas, con el argumento de todos los juzgados tienen que continuar el calendario normal al tratarse de meses hábiles "a todos los efectos", según expresa una de las resoluciones del Alto Tribunal andaluz.
En la Administración de Justicia, sólo el mes de agosto se considera inhábil para las actuaciones que no sean urgentes, y la propuesta de los jueces de lo Penal consistía en no celebrar juicios en los meses de junio y diciembre, lo que en la práctica se traducía en el retraso de más de 550 juicios al año. Por su parte, la junta de jueces de Instrucción había decidido que la última semana de los meses de mayo y noviembre no efectuarían señalamientos de diligencias de instrucción, a excepción de las urgentes, ni celebrarían juicios de faltas. Con esta medida, los jueces estaban planteando la posibilidad de retrasar más de 600 juicios de faltas el año próximo, dado el elevado volumen de ingresos de este tipo de procedimientos que tan sólo el año pasado superaron los 23.000 casos.La sala de gobierno del TSJA ha rechazado ahora los acuerdos de las juntas de jueces de lo Penal y de Instrucción de Sevilla, que también solicitaron a las Administraciones competentes -el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia- la creación de nuevos órganos en estas jurisdicciones para luchar contra la situación de sobrecarga de asuntos.
Los jueces de lo Penal piden la creación de seis nuevos juzgados, de los cuales tres tendrían competencia exclusiva para la ejecución de las sentencias. Los magistrados señalan que las últimas reformas legales relacionadas con la violencia doméstica o el endurecimiento de los delitos en materia de seguridad vial han sobrecargado unos órganos que ya acumulaban una gran cantidad de asuntos. Las estadísticas avalan la denuncia de los jueces: en los seis primeros meses de aplicación de la reforma de tráfico han sido condenados a penas de hasta seis meses de prisión un total de 911 conductores por circular sin carné. Aunque estas sentencias han sido dictadas por el juzgado de guardia, los órganos de lo Penal son los encargados de ejecutar las resoluciones. La entrada en vigor de esta reforma explica el elevado incremento de las causas ejecutorias pendientes de ejecutar, que se sitúan ya en 7.899, según las últimas cifras del CGPJ.
Los jueces de Instrucción, por su parte, reclaman la creación de dos nuevos órganos judiciales, dada la carga de trabajo y el hecho de que la planta judicial no ha crecido desde 1992.El acuerdo para retrasar juicios en Sevilla recuerda a las medidas planteadas recientemente en Córdoba y Granada para reducir a la mitad los juicios en 2009 porque, de lo contrario, el sistema iba a "reventar", lo que ha generado acusaciones de "rebelión" a los mandatos constitucionales desde la Consejería de Justicia.La sala de gobierno del TSJA también se ha pronunciado sobre peticiones similares a la de Sevilla realizadas desde otras provincias, que también han sido rechazadas, según fuentes del Alto Tribunal andaluz.
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