Un día después de que se conociera que un narcotraficante se ha fugado tras un nuevo error judicial en Sevilla, la Fiscalía hispalense admitió ayer que no controló ni solicitó la prórroga de la prisión preventiva del acusado, que tuvo que ser puesto en libertad el límite de dos años.Fuentes del departamento que dirige María José Segarra, la fiscal jefe de Sevilla, reconocieron que en sus archivos no hay "constancia" de haber solicitado a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla la prórroga de la prisión preventiva de Pedro Ramos Gómez. La Fiscalía hispalense quiso aclarar que la solicitud de la prórroga por parte del Ministerio Público "no era una condición indispensable" para haberla acordado, ya que el tribunal podía haberlo decidido sin contar con el informe del fiscal.
En cualquier caso, el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal recoge que, entre las funciones que competen a los fiscales, está la de "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes", así como la de proteger el cumplimiento de las resoluciones "que afectan al interés público y social".El control de la Fiscalía de la petición de prorrogar la prisión correspondía a varios fiscales, de acuerdo con la distribución interna del trabajo, pero hasta la fecha no se ha iniciado una investigación interna para depurar una posible responsabilidad en lo ocurrido porque, según comentaron las mismas fuentes, la competencia para la determinación de responsabilidades corresponde a la Fiscalía General del Estado.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, enmarcó ayer lo ocurrido en el ámbito exclusivamente jurisdiccional. "El juez es responsable de lo que es responsable y tendrá que responder de esa responsabilidad", precisó Méndez de Lugo, que recordó que si la Constitución encomienda a los jueces la función de "juzgar, dictar sentencias y hacer ejecutar lo juzgado", también corresponde a los jueces el control de las resoluciones y del cumplimiento de los trámites.La junta de jueces de Sevilla ya había advertido, tras destaparse el escándalo por los errores judiciales del caso Mari Luz, que existía el "riesgo cierto" de que se produjeran nuevas deficiencias si no se dotaba a la Justicia de los medios materiales y personales necesarios.
El presidente del TSJA desvinculó ayer las reclamaciones de los jueces de este nuevo error judiciales porque, según dijo, en este caso no se trata de que "haya o no un ordenador, o que haya un funcionario. No tenemos que darle más vueltas", sentenció Méndez de Lugo, que recordó que será ahora la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la que deba pronunciarse sobre el expediente abierto a la magistrada de la Audiencia sevillana.La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, que ayer suscribió con el presidente del TSJA un convenio para mejorar el intercambio de información en materia de drogadicción, eludió pronunciarse sobre el nuevo error judicial, al precisar que se trata de un asunto sobre el que debe pronunciarse el máximo órgano de gobierno de los jueces.El responsable del sector de Justicia del sindicato CSI-CSIF, Miguel Ángel Ramos, consideró que este error judicial "viene a confirmar que ha fallado nuevamente el sistema".
El representante sindical precisó que, con absoluto respeto al expediente abierto por el CGPJ a la magistrada de la Audiencia Esperanza Jiménez, este error "es uno más de los que se van teniendo, aunque la consecuencia no es tan trágica como la muerte de una niña".Miguel Ángel Ramos advirtió que, "mientras no se cambie la forma de aplicar la Justicia en España, seguirán saliendo casos tan llamativos como los que se están conociendo", porque el volumen de trabajo es tan importante que "resulta casi imposible tener controlados todos los asuntos".El dirigente sindical señaló que este tipo de situaciones podrían "evitarse" con la implantación de un sistema informático que "emitiera un aviso cada vez que se acerca una fecha" destacada para la tramitación de un proceso judicial.El Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario por una falta muy grave de desatención a la magistrada Esperanza Jiménez, una decisión que contrasta con la adoptada en el caso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien se ha considerado sólo como falta leve no haber prorrogado la prisión de dos narcotraficantes.
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