Los jueces de Sevilla decidieron ayer por una amplia mayoría adelantar la histórica huelga planteada en la judicatura española para el próximo 18 de febrero, fecha en la que hasta ahora sólo se había propuesto la realización de una concentración simbólica a las puertas de los órganos judiciales.La convocatoria de la huelga fue acordada por el 63% de los jueces en el transcurso de una una reunión provincial a la que asistieron 84 de los 130 responsables de los órganos unipersonales que hay en Sevilla.
De los 84 jueces que asistieron a la asamblea, 53 votaron a favor de celebrar la huelga, 19 en contra y otros 12 se abstuvieron. La decisión de los jueces de base, los que están al frente de órganos unipersonales, contrasta con la resolución adoptada por los magistrados de la Audiencia de Sevilla, que únicamente han aceptado hacer una concentración de diez minutos el 18 de febrero y ni siquiera se plantearon la posibilidad de la huelga que las asociaciones profesionales quieren fijar para el 26 de junio en el caso de que no haya avances significativos en el proceso de modernación de la Justicia.El juez Manuel Ignacio Centeno Campoy, que había convocado la reunión al tratarse del titular del órgano judicial de Sevilla con más tiempo en el cargo, explicó que todavía no se ha decidido cómo se celebrará la huelga, dado que caben varias opciones: adherirse a una convocatoria de huelga realizada, por ejemplo, a nivel nacional, o bien convocar una propia en Sevilla. El juez precisó que la convocatoria está sujeta, no obstante, a la "evolución de la situación" y de las negociaciones que en los próximos días seguirán manteniéndose con los responsables del Ministerio de Justicia. En caso de que se alcanzara un acuerdo, la movilización podría ser desconvocada. En cualquier caso, el preaviso de huelga deberá efectuarse con diez días de antelación, según aclaró el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester.La reunión de los jueces sevillanos se prolongó por espacio de varias horas y concluyó con un aplauso de los asistentes. El juez Manuel Ignacio Centeno Campoy destacó que la reunión se desarrolló con normalidad, aunque no quiso pronunciarse sobre el debate que se suscitó porque las deliberaciones de las reuniones de jueces "son secretas".
Al término del cónclave, un grupo de jueces convocó una nueva reunión para el próximo martes, en el salón donde se celebran las bodas civiles en el edificio Viapol, al objeto de constituirse en una verdadera asamblea de trabajadores y avanzar en la forma en la que se llevará a cabo la huelga convocada para el 18 de febrero. Según explicó uno de los jueces que promueve esta nueva reunión, a la misma se va a invitar, mediante el correo electrónico, a todos los jueces y magistrados de Sevilla, así como de la Audiencia Provincial y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La idea de estos jueces parte de que si el Ministerio de Justicia está intentando tratar a los jueces como funcionarios, entonces están legitimados para realizar una convocatoria de huelga, como el resto de trabajadores de la Administración de Justicia, entre los que se incluyen los secretarios judiciales -que ya realizaron un paro el 21 de octubre en protesta por la sanción de dos años impuesta a su compañera Juana Gálvez por el retraso en la tramitación de la condena impuesta al presunto asesino de Mari Luz- y el resto de funcionarios.Algunos juristas destacados, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, se han mostrado recientemente en contra de la posibilidad de que los jueces puedan convocar una huelga, al tratarse de un Poder del Estado que tiene limitados determinados derechos como el de sindicación o afiliación a los partidos políticos. El presidente del Alto Tribunal andaluz indicó respecto a la legalidad o ilegalidad de una movilización en el seno de la judicatura que esta cuestión tendrá que resolverse en los tribunales de Justicia. Y es que la convocatoria de una huelga en la Justicia española tendrá que dirimirse, llegado el caso, en los órganos de lo Contencioso-Administrativo, dado que actualmente no existe ninguna ley que regule o ampare el derecho a la juelga de los jueces y magistrados. Otros juristas que han analizado la cuestión, como el decano de los jueces de Barcelona, José Manuel Regadera, han llegado a la conclusión de que "no existe un mandato legal" expreso que impida a los jueces realizar paros para reivindicar mejoras laborales. Este razonamiento argumenta que, mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sea un órgano verdaderamente eficaz e independiente, con la suficiente autonomía presupuestaria, la dependencia del Ministerio de Justicia y del Poder Ejecutivo es real, por lo que no se vulneraría ninguna ley por ejercer el derecho a la huelga.La convocatoria de las movilizaciones para el 18 de febrero ha dividido a la Justicia de base y a las asociaciones profesionales, que representan al 50% de los más de 4.000 jueces y magistrados que hay en España.
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