Los jueces de lo Penal de Sevilla reclamaron a la Consejería de Justicia de la Junta, al menos, en cinco ocasiones en el último lustro, que creara nuevos juzgados penales y aumentara las plantillas de funcionarios para hacer frente al incremento desaforado del trabajo relacionado con la ejecución de las sentencias, fase en la que se encontraba el proceso seguido contra Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por haber abusado sexualmente de su propia hija.
La Consejería de Justicia ha decidido no abrir ningún expediente a los funcionarios del juzgado de lo Penal número 1 por los errores del caso Mari Luz, en un informe en el que pone de manifiesto que el titular del juzgado contaba con la misma plantilla de funcionarios que el resto de órganos y argumenta que Tirado no solicitó en los últimos tres años ninguna medida de refuerzo ni de horas extraordinarias. El informe de la Consejería, que ha sido elaborado tras tomar declaración a los funcionarios y sin ni siquiera pedir el expediente con las vicisitudes de la causa ejecutoria de Santiago del Valle, olvida las reiteradas peticiones que los jueces sevillanos han trasladado en los últimos años al departamento que ahora dirige Evangelina Naranjo.
Una de las primeras ocasiones en las que la junta de jueces penales se pronunció sobre el problema de las causas ejecutorias se planteó con motivo de un reunión que mantuvieron el 2 de diciembre de 2003, cuando solicitaron la creación de tres nuevos juzgados de lo Penal "con dedicación exclusiva a la ejecución penal", puesto que el elevado número de estos procedimientos hacían "inviable la compatibilidad entre el número de señalamientos de juicio y de sentencias y la debida atención a las ejecutorias penales", según refleja el acta de la junta de jueces de aquella fecha.
En febrero de 2005, los jueces solicitaron la creación de un nuevo juzgado de lo Penal, con competencia exclusiva en materia de Violencia de Género, y advirtieron que este nuevo órgano -que nunca se creó- debía carecer de archivo de ejecutorias porque, en caso contrario, "atendiendo al número de ejecutorias de cada juzgado (a razón de 600 al año), la especialización sería de todo punto ilusoria, llegándose al colapso del órgano".
Pero la reclamación más contundente es la que se realiza tras una junta de jueces celebrada el 2 de noviembre de 2005, cuando la Audiencia de Sevilla aún no había confirmado la condena de dos años y nueve meses impuesta al pederasta Santiago del Valle. En aquella reunión, como refleja el acta que ilustra esta información, los jueces de Sevilla solicitaron al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia "el aumento de la plantilla de funcionarios para la tramitación" de las ejecutorias, una solicitud que se efectuaba ante el "aumento de las ejecuciones penales" a causa del número de sentencias de conformidad que se dictaban en los juzgados de Instrucción de la provincia tras la reforma legal de 2003 que potenció la celebración de juicios rápidos.
En ese mismo cónclave, los jueces pusieron de manifiesto otra de los graves problemas a los que se enfrentan: el retraso de la Administración autonómica a la hora de cubrir las bajas laborales de los funcionarios. En este sentido, los jueces solicitaron ya entonces a la delegación provincial de la Consejería de Justicia "que las bajas por enfermedad de los funcionarios sean inmediatamente cubiertas y que no se proceda al cese de los mismos hasta tanto se reincorpore el titular, pues lo contrario perjudica muy gravemente el servicio público". Dos años después, en febrero de 2007, los jueces pidieron la creación de dos nuevos órganos penales ante el "notable aumento del número de ejecutorias" y trasladaron a la Junta las quejas sobre funcionarios interinos "no cualificados".
En noviembre de ese mismo año, la junta de jueces reiteró la necesidad de poner en marcha dos juzgados y alertó de nuevo del incremento de ejecutorias procedentes de las 1.943 sentencias de conformidad dictadas por los juzgados de Instrucción en un año, con una media de 149 ejecutorias por cada órgano.
El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, reconoció ayer que aunque puede ser cierto que el magistrado Rafael Tirado no pidió personalmente ningún refuerzo, "han sido múltiples las ocasiones en las que la junta de jueces -en la que está integrado Tirado- ha solicitado el aumento del número de órganos judiciales y las plantillas de funcionarios a fin de poder llevar un mayor control de los procedimientos encomendados". En cuanto al retraso en la cobertura de las bajas laborales, uno de los argumentos que esgrimió Rafael Tirado para tratar de justificar la demora en la causa ejecutoria de Santiago del Valle, el juez decano aseveró que "los problemas que hubo de cobertura de las vacantes en el juzgado de lo Penal número 1 eran conocidos porque existían peticiones por parte del juzgado para que se cubrieran, pero no fueron atendidas puntualmente".
Federico Jiménez Ballester también pidió tanto al ministro de Justicia como a la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, que "respeten" la decisión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ en cuanto a la sanción impuesta al juez Tirado. "Porque no les haya satisfecho la resolución, no se puede decir que la resolución es injusta o que la Justicia no es igual para todos", sentenció Ballester, que añadió que en muchas ocasiones el error judicial "puede producirse por la acumulación de la carga de trabajo, la falta de medios materiales y personales, y los defectos legales del sistema procesal español", concluyó.
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