La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ha tardado tres meses en cubrir las bajas de dos funcionarios destinados en los juzgados de Sevilla. Una de las plazas vacantes fue cubierta recientemente, después de tres meses, en el juzgado de lo Penal número 4, que pertenece a una de las jurisdicciones que actualmente se encuentran más saturadas de trabajo y cuya situación se hizo más patente tras el escándalo por los errores judiciales en el caso Mari Luz.
El responsable de Justicia del sindicato CSI-CSIF en Sevilla, Miguel Ángel Ramos, señaló a este periódico que la plaza que ha estado tres meses sin cubrirse corresponde a un funcionario del cuerpo de Tramitación que se encarga de las ejecuciones de sentencias. Estas causas son precisamente las que están llevando a los juzgados penales al colapso, debido sobre todo a las últimas reformas legales en materia de seguridad vial que han incrementado el número de ejecutorias por encima de las 700 por cada órgano de esta jurisdicción, según las últimas estadísticas disponibles.
El otro juzgado afectado por la baja por enfermedad de una funcionaria durante tres meses -y que aún no se ha cubierto- es el juzgado de lo Mercantil, según confirmaron fuentes de este órgano judicial. La vacante sigue sin cubrirse a pesar de que, desde este órgano, se ha solicitado hasta en tres ocasiones a la Delegación provincial de la Consejería de Justicia que proceda a nombrar un funcionario interino.
El representante del CSI-CSIF, Miguel Ángel Ramos, volvió a insistir ayer en que la Consejería de Justicia deja sin cubrir "por norma" las bajas de funcionarios con una duración inferior a un mes. El dirigente sindical señaló que esta es una práctica habitual de la Junta, que "se escuda para no cubrir las bajas en que muchas de estas vacantes se producen por pocos días y cuando se incorpora el funcionario titular para el que se designó un interino, se genera un trasiego de trámites administrativos". Ante esta situación, continuó Miguel Ángel Ramos, "decidieron que antes de un mes no nombrarían a ningún interino como norma". El representante del CSI-CSIF destacó que esta práctica en materia de sustituciones de funcionarios se ha puesto de manifiesto en varias reuniones de la Comisión Paritaria de Interinos, en la que se reúnen periódicamente -en principio cada 15 días- la Administración autonómica y los sindicatos, que reciben información sobre las vacantes que hay en los juzgados y cómo se van a cubrir.
A los retrasos a la hora de cubrir las bajas, se suma el hecho de que, desde hace más de un año, todos interinos que son nombrados para los juzgados proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al haberse agotado la bolsa de interinos de Justicia, y carecen de una formación específica en la materia. Además, desconocen en la mayoría de los casos el sistema informático Adriano, mediante el que se gestionan los órganos judiciales, y no saben distinguir entre lo que es una providencia y un auto. Estas carencias fueron expuestas en forma de queja en una carta que una magistrada de un juzgado de Violencia sobre la Mujer envió hace unos meses a la delegación de Justicia, en la que solicitaba el nombramiento de funcionarios de refuerzo. La juez tildó de "resabiados" y "desmotivados" a los funcionarios que prestaban servicio en su juzgado, lo que motivó incluso una reprobación de la Junta a los comentarios de la magistrada.
Los sindicatos no son los únicos que han denunciado la demora de la Consejería de Justicia a la hora de cubrir las bajas en los juzgados, ya que este asunto fue objeto de diversas juntas de jueces celebradas en los últimos años. La última ocasión en la que los jueces expusieron sus quejas sobre la cuestión fue con motivo de la reunión que tuvo lugar el pasado 2 de abril, después del escándalo del caso Mari Luz. En aquella ocasión, los jueces de lo Penal de Sevilla advirtieron que existía la posibilidad "cierta" de que los errores volvieran a repetirse debido a la sobrecarga de trabajo que padecen y la sustitución de las bajas de forma "irregular, tardía y por personal no cualificado, circunstancia que incrementa notablemente el riesgo".
El problema derivado de los retrasos en la cobertura de las bajas ha llegado incluso a ser tratado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quien ha ordenado la realización de un estudio sobre las necesidades de personal y plantilla de todos los órganos jurisdiccionales que hay en Andalucía. En ese estudio, los jueces del Alto Tribunal analizan el sistema de cobertura de las vacantes y la respuesta que está dispensando la Junta.
1 comentario:
Ciertamente la gestión de los políticos en esto de la justicia no tienen nombre. Un ejemplo al hilo de la anterior noticia: a los aprobados de las oposiciones, bien sea del turno libre o de promoción interna, se les da un curso de tres meses y a los interinos que vienen del paro los ponen al frente de negociados sin tener en cuenta si tienen la preparación o conocimietos necesarios. En fin, nos encontramos con Tramitadores que llevan diez, doce o catorce años trabajando a los que en la convocatoria de oposiciones se les ha reconocido y valorado su experiencia pero que el proceso selectivo les lleva a un curso de tres meses a pesar de haber demostrado su experiencia y labor día día durante años y, a los que llegan del paro no se les indica siquiera que Adriano además de emperador romano es el nombre del sistema informático de justicia en Andalucía. Será que Dª Evangelina sigue estudiando.
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