Cinco juzgados de la jurisdicción Penal de Sevilla están desde el pasado viernes sin juez, después de que sus respectivos titulares hayan promocionado a la Audiencia Provincial o solicitado el traslado a otra provincia. La situación, que se produce por una falta de previsión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tenía que haber sacado a concurso las plazas, tardará en resolverse como mínimo entre mes y medio y dos meses, según los plazos y trámites que requiere el nombramiento de una plaza de juez.
Mientras tanto, otros jueces tendrán que duplicar su trabajo y asumir la dirección de estos órganos, dado que en la actualidad los 17 jueces sustitutos que hay en Sevilla están destinados en algún juzgado. En la práctica, la falta de cobertura de las plazas provocará la suspensión de juicios, por las difunciones que pueden producirse en los señalamientos de las vistas orales con jueces que tienen que atender a dos juzgados a la vez, y sobrecargará aún más una jurisdicción cuyos magistrados ya denunciaron que estaban al borde del colapso a raíz de los errores del caso Mari Luz y la apertura del expediente disciplinario al juez Rafael Tirado.
El principal responsable de la falta de previsión es el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que tenía que haber sacado ya a concurso estas plazas. Es frecuente que cuando se produce un ascenso o un traslado de un juez se produzca una demora en la incorporación del nuevo titular, que mientras es reemplazado por los mecanismos de sustitución interna. En esta ocasión, el CGPJ no ha tenido en cuenta la incidencia que tendría la ampliación a cuatro magistrados de las distintas secciones penales de la Audiencia de Sevilla, lo que ha desembocado en la coincidencia de las plazas vacantes en estos cinco juzgados.
Los jueces que han promocionado a la Audiencia de Sevilla son Carlos Lledó González, María Auxiliadora Echavarri, y María Dolores Sánchez, hasta ahora titulares de los juzgados de Instrucción números 3, 13 y 18, respectivamente, y el titular del juzgado de lo Penal número 12, Juan Antonio Calle. El quinto órgano que está desde el pasado viernes sin titular es el juzgado de lo Penal número 11, cuya responsable, Guadalupe Cordero, ha pedido el traslado a Huelva.
Entre los nuevos magistrados que a partir de ahora formarán parte de las distintas secciones penales de la Audiencia están la juez María Auxiliadora Echavarri, que investigó el caso Arny sobre corrupción de menores detectado en varios clubes de ambiente homosexual de Sevilla, y Carlos Lledó, que instruyó el caso por el asesinato del delincuente conocido como "Niño Kiko", en el que un funcionario del grupo de Atracos de la Policía Nacional fue juzgado y absuelto de un crimen por el que la Fiscalía pidió para él una condena de 28 años de cárcel.
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