El instructor del expediente disciplinario abierto a la secretaria del juzgado Penal 1 de Sevilla -Juana Gálvez Muñoz-, ya en poder del Ministerio de Justicia, ha propuesto que se le castigue con una sanción leve, pareja a la que el CGPJ ha impuesto al juez Rafael Tirado. La propuesta considera que la secretaria ha podido incurrir en una falta grave por su intervención profesional en la tramitación de la causa ejecutoria de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, y propone que se le suspenda durante seis meses de empleo y sueldo.
La secretaria judicial, Juana Gálvez, puntualizó ayer que el régimen estatutario de los secretarios judiciales "no permite el establecimiento de la sanción de multa" económica. De hecho, el artículo 538 de la ley orgánica del Poder Judicial fija que las sanciones que se pueden imponer a estos funcionarios consisten en el apercibimiento, la suspensión de empleo y sueldo, el traslado forzoso fuera del municipio y la separación del servicio.
Tras analizar la intervención de la secretaria, el instructor ha tipificado los hechos como una falta grave y dentro de las posibilidades de sanción, ha elegido la más leve, dado que las faltas graves pueden castigarse con suspensión de entre un día y tres años o el traslado forzoso.
El instructor del expediente a la secretaria judicial está actuando de la misma forma en que lo hizo el magistrado que analizó la conducta del juez Rafael Tirado, a quien propuso como sanción una multa de 1.500 euros. La distancia que hay entre la multa económica del juez y la suspensión por seis meses propuesta para la secretaria es la que establece precisamente la ley del Poder Judicial en cuanto al régimen disciplinario de ambos.
En el caso del juez Tirado, el instructor realizó además una interpretación favorable de la ley, ya que la multa podría haber alcanzado los 6.000 euros, como ha ocurrido esta misma semana con un juez de Talavera de la Reina.
El presidente del colegio nacional de secretarios judiciales y próximo vocal del CGPJ, Antonio Dorado Picón, confirmó ayer que a los secretarios judiciales, "al tener la condición de funcionarios públicos", no se les puede pedir una multa. Dorado explicó que, aunque no conoce el expediente del caso Mari Luz, lo ocurrido pone de manifiesto que "el sistema no funciona".
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