La Fiscalía de Sevilla cambia el control de las ejecutorias tras el escándalo del caso Mari Luz

La Fiscalía de Sevilla ha reestructurado su organigrama para incrementar el control de las ejecutorias de las sentencias, una decisión de la fiscal jefe, María José Segarra, que llega tras el escándalo relacionado con el caso Mari Luz y el hecho de que el presunto asesino, Santiago del Valle, continuara en libertad a pesar de haber sido condenado por abusar sexualmente de su propia hija.En su momento, la Fiscalía hispalense llegó a la conclusión de que no tenía ninguna responsabilidad en que Santiago del Valle no hubiese ingresado en prisión, dado que el Ministerio Fiscal sólo podía controlar el estado de la causa ejecutoria cuando el juzgado de lo Penal le remitía las actuaciones interesando algún posicionamiento, como cuando se solicita al fiscal por el juez si procede acordar el encarcelamiento de una reo que ha sido condenado.El instructor del expediente disciplinario abierto al juez Rafael Tirado ya criticó, en su propuesta de sanción, la "pasividad" de la Junta de Andalucía y del propio Ministerio Público, al recordar que entre las funciones que recoge el estatuto orgánico de la Fiscalía se encuentran las de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.Varios meses después de que la Fiscalía sostuviera que no cometió ninguna negligencia, una postura avalada por la Fiscalía General del Estado, la fiscal jefe de Sevilla ha cambiado el modelo que empleaba para controlar las ejecutorias. Hasta ahora, el control de la ejecución de una sentencia correspondía a los fiscales que conocían los casos al inicio de que se investigaran por el juzgado de Instrucción, es decir, que el resultado final volvía al fiscal que conoció primero del caso y formuló el escrito de acusación, aunque puede que no fuera él mismo quien acudiera al juicio.El cambio de modelo, que entró en funcionamiento el pasado lunes, consiste en atribuir el control de las ejecutorias a los fiscales que se encargan del visado de las sentencias que dictan los juzgados de lo Penal y las secciones penales de la Audiencia de Sevilla. A partir de este momento, serán varios fiscales, los que están asignados a cada uno de estos juzgados y secciones de la Audiencia, los que velarán por que se ejecuten las más de 7.000 sentencias que actualmente tramitan estos órganos. Este sistema, paradójicamente, es el que venía empleándose en la Fiscalía sevillana tradicionalmente hasta la llegada de María José López a la jefatura.De forma paralela a la reorganización del sistema de control de las ejecutorias, la Fiscalía hispalense ha recordado a los más de 70 fiscales los criterios que deben seguir a la hora de mostrar su apoyo o rechazo a la suspensión de una condena, con la finalidad de unificar la respuesta. Además de los requisitos legales, entre los que se incluyen que la pena sea inferior a los dos años de cárcel o que carezcan de antecedentes, la Fiscalía recuerda que el criterio general consiste en rechazar la suspensión de una condena en aquellos casos relacionados con menores de edad, como la pornografía o abusos infantiles, y en delitos violentos, como los robos con fuerza o en casa habitada.También se tendrá muy en cuenta para solicitar la concesión del beneficio de la suspensión de condena que el reo haya procedido a reparar el daño causado a la víctima, que haya satisfecho la indemnización impuesta en la sentencia. Si la indemnización no se abona, los fiscales se opondrán de forma rotunda. Este criterio será de especial aplicación en los delitos de índole económica, como las estafas o las apropiaciones indebidas, en los que el Ministerio Público no se mostrará a favor de la suspensión de la condena si antes no se ha procedido a devolver la cantidad total de la estafa a la víctima del delito.