Publicamos un comunicado difundido hoy por la Fiscalía General del Estado en relación con la actuación del Ministerio Público en la huelga salvaje de los controladores aéreos:
La Fiscalía General del Estado desea mostrar públicamente su satisfacción por el papel desempeñado por el Ministerio Fiscal en la adopción de medidas urgentes para la resolución de la situación planteada a partir del pasado 3 de diciembre, como consecuencia del abandono colectivo y presuntamente concertado de sus puestos de trabajo por parte de un importante número de controladores aéreo.
En primer lugar, hay que destacar la celeridad con que la Fiscalia de Madrid, la misma noche del 3 de diciembre, procedió de oficio a la incoación de diligencias de investigación por un presunto delito contra el tráfico aéreo, practicando de inmediato las primeras diligencias para aclarar los hechos e identificar a los presuntos responsables, incoación que se generalizó en el conjunto de Fiscalias Superiores la mañana siguiente.
Asimismo ha de señalarse la incorporación del Fiscal General del Estado al Consejo de Ministros Extraordinario del pasado sábado día 4, a petición del Presidente del Gobierno. Como es sabido, la participación del Fiscal General en dicho órgano está expresamente prevista en el artículo 9 2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, precisamente para que en situaciones excepcionales, como la producida en este caso, el Ministerio Público pueda ejercer en tiempo real, y con carácter previo a la adopción de cualesquiera medidas extraordinarias, su función de informar en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta tarea de aportación de un criterio estrictamente jurídico, basado en la misión constitucional de interpretar la ley con imparcialidad y en atención al interés general, con absoluta autonomía de las decisiones políticas que pueda adoptar el Ejecutivo, pone en valor la posición del Ministerio Fiscal como órgano constitucionalmente relevante, del mismo modo que de ordinario ocurre con el ejercicio de su función de informar los proyectos de disposiciones legales o reglamentarias que afectan a su función (art. 14.i. j del mismo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Sin que ello, como es obvio, suponga injerencia alguna ni por parte del Gobierno en las decisiones del Fiscal en su ámbito funcional, ni del Fiscal en el legítimo ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye al Gobierno democráticamente elegido por los españoles.
Es evidente asimismo que, con independencia de toda intoxicación informativa o de cualesquiera interpretaciones partidistas o corporativistas políticamente orientadas a desmerecer la acción institucional del Ministerio Público, ignorantes de su función constitucional o reticentes a su desempeño, la acción coordinada, inmediata y eficaz de las Fiscalías territorialmente competentes para conocer de los hechos, y en particular el papel relevante de los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, han permitido en este caso una perfecta y eficiente aplicación del principio de unidad de actuación con imparcial sujeción a la legalidad. De manera que, una vez determinada con plena autonomía de criterio la ley aplicable, y concretadas mediante un concienzudo debate jurídico en el seno de los órganos competentes de este Ministerio las pautas de intervención del Fiscal, unánimemente confirmadas y asumidas en la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas que tuvo lugar en Zaragoza el pasado jueves día 9, a fecha de hoy el Ministerio Público español está en condiciones de concretar el objeto y los sujetos de investigación en una treintena de diligencias, que se siguen en las Fiscalías de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.
La Fiscalía General del Estado desea, en consecuencia:
1) Hacer partícipes a todos los ciudadanos del compromiso de esta institución, basado en una rigurosa e imparcial aplicación de la Constitución y la Ley, con los derechos de los afectados y las garantías legales y procesales de los implicados en los acontecimientos producidos con ocasión del abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos, los pasados días 3 y 4 de diciembre.
2) Agradecer y reconocer expresamente su trabajo a los Fiscales que en esas fechas se mantuvieron activos para hacer posible esa reacción eficaz, dirigida a preservar y recuperar en lo posible el derecho de sus conciudadanos al normal funcionamiento del servicio público de la navegación aérea en unas fechas tan significativas.
3) Reiterar, en fin, públicamente, una inequívoca y firme expresión de satisfacción por el papel relevante de interpretación y aplicación de la legalidad que, en el estricto ejercicio de su misión constitucional y en tan singulares circunstancias, ha correspondido al Ministerio Público en relación con las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno de la Nación, expresamente apoyadas por el Consejo General del Poder Judicial y posteriormente confirmadas por una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados.
Búsqueda personalizada
13 diciembre 2010
17 noviembre 2010
Un abogado que denuncia a Buenafuente por un vídeo en el que se ridiculiza a la iglesia
Un abogado de Lebrija ha presentado una denuncia contra la cadena La Sexta por la emisión en el programa de Andreu Buenafuente de un vídeo en el que se parodia la reciente visita del Papa a España y que el letrado considera que puede ser constitutiva de delitos contra los derechos fundamentales y los sentimientos religiosos.
El abogado José Antonio Barragán explicó ayer que después de ver el vídeo que fue emitido el pasado 4 de noviembre consideró que debía poner los hechos en conocimiento de la Justicia porque cree que hay indicios de delito. "Soy católico como cualquiera y como católico me he sentido ofendido por el vídeo, porque hace una parodia de la Eucaristía y tiene palabras ofensivas para el Papa", aseveró José Antonio Barragán. El letrado asegura que denunció los hechos como ciudadano y no como abogado, aunque precisó que "la ley está para poner coto" y evitar que se "ridiculice" al Santo Padre y a los sacramentos.
La denuncia, que ha sido remitida por los juzgados de Sevilla al decanato de Alcobendas (Madrid), donde tiene su domicilio social La Sexta, recoge que en el vídeo tituladoConozcamos a la Iglesia católica, se ridiculiza a la propia Iglesia, al papa Benedicto XVI y el sacramento de la Eucaristía.
"Los productores del vídeo se burlan de Jesucristo cuando dicen que 'la figura principal del cristianismo es un hombre sabio, de gran barba, y que tiene la finalidad de llevar la felicidad a todo el mundo... Papá Noel", recoge el texto de la denuncia, que añade que el Vaticano tiene tres funciones básicas: "Disimular cuando la ciencia pasa cerca, repartir hostias y pedir perdón por las hostias repartidas en el pasado". El vídeo se refiere a la Guardia Suiza como los cantantes del grupo Locomía y añade que "el jefe supremo del Vaticano es el Papa, situado justo por encima de Dios... y por debajo de Chuck Norris". Y añade: "La Iglesia católica es la segunda institución que existe después del programa de Jordi Hurtado". El vídeo se refiere a la visita del Papa como un "desfile de faldas y sombreros llamativos" y concluye: "Iglesia católica, sin escándalos sexuales desde junio".
José Antonio Barragán es consciente de que la denuncia puede ser archivada si la Justicia considera que no hay indicios de delito y se entiende que el vídeo se enmarca en un contexto humorístico.
08 noviembre 2010
La cosa está muy mal, también para los abogados
La crisis económica pasa factura a todos. Y si no, basta observar la fotografía en la que un abogado -cuyo teléfono se ha omitido- se anuncia en las farolas, debajo de otros anuncios de personas que buscan trabajo....
Una nueva forma de buscar clientes. Lo que no sabemos es si es rentable o no. En el anuncio se ofrece consulta gratuita y se abarcan "todos los asuntos". No falta un buen "Llame sin compromisos" para los más indecisos....
05 noviembre 2010
El cambio de criterio de la Fiscalía: ahora apoya recusar a la juez Alaya en la causa por el delito societario en Mercasevilla
La decisión de la Fiscalía de apoyar la recusación de la juez ha causado gran sorpresa en los foros jurídicos de Sevilla. Por varios motivos. Para empezar, porque hace tan sólo dos semanas, al ser preguntada por la misma cuestión, la fiscal jefe, María José Segarra, anunció que "no veía motivos" para esta recusación. ¿Qué ha cambiado en estas dos semanas? Nada. No se ha aportado ningún argumento nuevo, pero el criterio de la fiscal ha variado. ¿Se equivocó antes cuando anunció que no había motivos para recusar a la juez o lo hace ahora?
El argumento con el que la fiscal justifica ahora la recusación tampoco tiene una gran fortaleza. Dice que como el marido de la juez estuvo auditando Mercasevilla hasta junio de 2002 y a pesar de que la juez ha dicho que va a investigar desde septiembre de 2002 -cuando Fernando Mellet fue nombrado gerente del mercado central-, la Fiscalía entiende que según los criterios contables no es posible analizar un periodo tan específico, por lo que tendrá que revisarse todo el año 2002 y entonces sí que se verá afectada su imparcialidad por el trabajo de su esposo como auditor de la sociedad.
Pero hay elementos que contradicen este argumento: Uno, la empresa Deloitte realizó una auditoría de sólo cuatro meses, con lo que es posible analizar un periodo inferior a un año. Y lo que es más importante, según algunos expertos auditores si el marido de la juez estuvo trabajando hasta junio de 2002, su trabajo consistiría en auditar las cuentas de 2001, con lo que no habría lugar a que la investigación de la juez se solapara con el trabajo de su marido en la empresa mixta.
La Audiencia tendrá que resolver la cuestión en breve.
02 noviembre 2010
Foro Judicial apoya a la juez Alaya ante el "acoso" que está sufriendo
El Foro Judicial Independiente ha emitido un comunicado de apoyo a la juez Mercedes Alaya ante el "acoso" que está sufriendo y tras las declaraciones del consejero deportivo del Betis, Luis Oliver, en las que la comparó con una "nazi" y la calificó de "loca".
El comunicado de la asociación dice lo siguiente:
"Con ocasión de las inaceptables descalificaciones vertidas por el imputado Luis Oliver contra la Ilma. Sra. magistrada D.ª Mercedes Alaya, instructora de un presunto delito societario contra el ex dirigente bético Manuel Ruiz de Lopera, la sección territorial en Andalucía, de la asociación de jueces y magistrados Foro Judicial Independiente, emite el siguiente comunicado:
1. En un Estado de Derecho no son los insultos groseros ni las calumnias los medios que los ciudadanos tienen a su alcance para criticar y rebatir las actuaciones jurisdiccionales, sino los recursos.
2. Manifestamos nuestra satisfacción por el hecho de que la Fiscalía de Sevilla haya actuado con rapidez, iniciando inmediatamente diligencias de investigación contra Luis Oliver por un presunto delito de injurias a la autoridad.
3. Mostramos nuestro enérgico y total rechazo al acoso que está sufriendo la magistrada instructora con ocasión del ejercicio de su actividad jurisdiccional. Su independencia y profesionalidad está fuera de toda duda.
4. El abandono y menosprecio que el Poder Judicial sufre a manos de los otros dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, estimula desgraciados comportamientos como el que nos ocupa, cuya finalidad última es deteriorar la serenidad y sosiego que ha de presidir la actuación judicial".
El comunicado de la asociación dice lo siguiente:
"Con ocasión de las inaceptables descalificaciones vertidas por el imputado Luis Oliver contra la Ilma. Sra. magistrada D.ª Mercedes Alaya, instructora de un presunto delito societario contra el ex dirigente bético Manuel Ruiz de Lopera, la sección territorial en Andalucía, de la asociación de jueces y magistrados Foro Judicial Independiente, emite el siguiente comunicado:
1. En un Estado de Derecho no son los insultos groseros ni las calumnias los medios que los ciudadanos tienen a su alcance para criticar y rebatir las actuaciones jurisdiccionales, sino los recursos.
2. Manifestamos nuestra satisfacción por el hecho de que la Fiscalía de Sevilla haya actuado con rapidez, iniciando inmediatamente diligencias de investigación contra Luis Oliver por un presunto delito de injurias a la autoridad.
3. Mostramos nuestro enérgico y total rechazo al acoso que está sufriendo la magistrada instructora con ocasión del ejercicio de su actividad jurisdiccional. Su independencia y profesionalidad está fuera de toda duda.
4. El abandono y menosprecio que el Poder Judicial sufre a manos de los otros dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, estimula desgraciados comportamientos como el que nos ocupa, cuya finalidad última es deteriorar la serenidad y sosiego que ha de presidir la actuación judicial".
La Fiscalía apoya al PP en su recurso por el caso Unidad
La Fiscalía de Sevilla ha enviado un escrito al juez de Instrucción número 14 de Sevilla, en el que apoya el recurso del PP contra el auto que puso fin a la investigación de las facturas falsas de Unidad. En una nota, la Fiscalía asegura que "tras el análisis de las contradicciones puestas de manifiesto por la acusación particular en el recurso de reforma interpuesto contra el auto de 6 de septiembre de 2010 en relación con la documentación existente en la causa, pese a su informe precedente, ha considerado oportuno apoyar parcialmente la realización de ciertas diligencias interesadas por via del recurso".
La Fiscalía añade que las diligencias se refierente "concretamente las tendentes a verificar de forma exhaustiva si alguna de las facturas de Copyur cuestionadas en el recurso se encuentran en algún expediente de cuentas justificativas de las subvenciones concedidas a la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad en los años 2001,2002,2003 y 2004 y que se realice una prueba pericial consistente en el cotejo de la documentación contable aportada por Copyur, en relación con determinadas facturas, de forma que se pueda determinar si se corresponden con entregas reales de materiales y pagos realizados por Unidad a la empresa Copyur".
La Fiscalía añade que las diligencias se refierente "concretamente las tendentes a verificar de forma exhaustiva si alguna de las facturas de Copyur cuestionadas en el recurso se encuentran en algún expediente de cuentas justificativas de las subvenciones concedidas a la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad en los años 2001,2002,2003 y 2004 y que se realice una prueba pericial consistente en el cotejo de la documentación contable aportada por Copyur, en relación con determinadas facturas, de forma que se pueda determinar si se corresponden con entregas reales de materiales y pagos realizados por Unidad a la empresa Copyur".
28 septiembre 2010
La huelga del 29-S
El lema de la pancarta de estos policías nacionales en Huelva no tiene desperdicio..... A ver quién trabaja y con qué... con estos argumentos...27 septiembre 2010
Una encuesta sobre la que reflexionar: el 48% de los españoles cree que la Justicia funciona mal o muy mal
Según el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, cerca del 70% de los españoles considera que la Justicia es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia.
Según el 48% de los españoles, la Administración de Justicia funciona mal o muy mal y sólo un 10% de la población considera que la Justicia funciona bien. Además, el 30% considera que funciona peor que hace dos o tres años. Estos son algunos de los resultados reflejados en el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, realizado junto a Metroscopia .
En general, los resultados no son buenos y la valoración de la Justicia por los ciudadanos está en uno de los momentos más bajos de los últimos veinte años. Actualmente, la Administración de Justicia tiene una valoración similar a la del Gobierno de España, ya que obtienen un 4,2 y un 4,1 respectivamente, en una escala de 0 al 10.
El Barómetro pone de manifiesto un empeoramiento general de la imagen de la Justicia para los ciudadanos. Los españoles cada vez son más críticos con el funcionamiento de la Justicia y no están percibiendo las mejoras organizativas que se han acometido, afirma Rosalina Díaz, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer.
Anticuada, lenta y poco eficaz
Otro de los factores que dificultan una mejor percepción de la Justicia lo indica el dato de que seis de cada diez ciudadanos considera que la Justica está anticuada; siete de cada diez consideran que es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia, y un 49% de la ciudadanía no cree que los Tribunales sean imparciales en su actuación.
Es obvio que la ciudadanía está percibiendo una imagen muy distorsionada del quehacer diario de nuestros Jueces y Tribunales, los procesos de reformas organizativas pasan inadvertidos ante la polémica mediática que se produce alrededor de unos pocos casos, asegura Rosalina Díaz.
La opinión sobre los magistrados
En cuanto a los jueces, el 54% de los españoles creen que, a la hora de enjuiciar un caso y dictar sentencia, los jueces no suelen actuar con total independencia. Aún así, en el caso de ser acusado en un juicio criminal, el 52% de los españoles prefiere ser juzgado por un juez antes que por un jurado compuesto por personas elegidas por sorteo. De hecho, el 60% considera que los jueces están bien preparados y son competentes.
En general, la puntuación media para los jueces es de 5,2, frente al 7,1 que reciben la policía y los guardias civiles o el 5,6 de los fiscales.
Por otra parte, según el estudio, los ciudadanos creen que los tribunales actúan dejándose influenciar por los intereses del Gobierno (el 60%), las presiones de grupos económicos o sociales (59%) e incluso los medios de comunicación (52%). Incluso el 65% considera que los jueces tienden, en su forma de actuar, a favorecer o perjudicar a los miembros de alguno de los principales partidos políticos.
En general, los ciudadanos suspenden el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, la Administración, las Cortes, los Gobiernos Autonómicos, los Ayuntamientos y el Gobierno central. Leído en La Ley.es
Según el 48% de los españoles, la Administración de Justicia funciona mal o muy mal y sólo un 10% de la población considera que la Justicia funciona bien. Además, el 30% considera que funciona peor que hace dos o tres años. Estos son algunos de los resultados reflejados en el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, realizado junto a Metroscopia .
En general, los resultados no son buenos y la valoración de la Justicia por los ciudadanos está en uno de los momentos más bajos de los últimos veinte años. Actualmente, la Administración de Justicia tiene una valoración similar a la del Gobierno de España, ya que obtienen un 4,2 y un 4,1 respectivamente, en una escala de 0 al 10.
El Barómetro pone de manifiesto un empeoramiento general de la imagen de la Justicia para los ciudadanos. Los españoles cada vez son más críticos con el funcionamiento de la Justicia y no están percibiendo las mejoras organizativas que se han acometido, afirma Rosalina Díaz, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer.
Anticuada, lenta y poco eficaz
Otro de los factores que dificultan una mejor percepción de la Justicia lo indica el dato de que seis de cada diez ciudadanos considera que la Justica está anticuada; siete de cada diez consideran que es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia, y un 49% de la ciudadanía no cree que los Tribunales sean imparciales en su actuación.
Es obvio que la ciudadanía está percibiendo una imagen muy distorsionada del quehacer diario de nuestros Jueces y Tribunales, los procesos de reformas organizativas pasan inadvertidos ante la polémica mediática que se produce alrededor de unos pocos casos, asegura Rosalina Díaz.
La opinión sobre los magistrados
En cuanto a los jueces, el 54% de los españoles creen que, a la hora de enjuiciar un caso y dictar sentencia, los jueces no suelen actuar con total independencia. Aún así, en el caso de ser acusado en un juicio criminal, el 52% de los españoles prefiere ser juzgado por un juez antes que por un jurado compuesto por personas elegidas por sorteo. De hecho, el 60% considera que los jueces están bien preparados y son competentes.
En general, la puntuación media para los jueces es de 5,2, frente al 7,1 que reciben la policía y los guardias civiles o el 5,6 de los fiscales.
Por otra parte, según el estudio, los ciudadanos creen que los tribunales actúan dejándose influenciar por los intereses del Gobierno (el 60%), las presiones de grupos económicos o sociales (59%) e incluso los medios de comunicación (52%). Incluso el 65% considera que los jueces tienden, en su forma de actuar, a favorecer o perjudicar a los miembros de alguno de los principales partidos políticos.
En general, los ciudadanos suspenden el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, la Administración, las Cortes, los Gobiernos Autonómicos, los Ayuntamientos y el Gobierno central. Leído en La Ley.es
24 julio 2010
Crean una página en facebook en apoyo a la juez Mercedes Alaya
La juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga un delito societario en relación con el Betis y otros escándalos como el de Mercasevilla, cuenta desde esta semana con una página de apoyo en Facebook.
Debajo de la una foto de la juez, puede leerse lo siguiente:
"Se lleva por delante al que haga falta, da igual que sea Lopera, los de Mercasevilla, caiga quien caiga", y también un halago a su labor: "Porque nos está devolviendo el Betis, porque está haciendo justicia, porque va a hacer que nos devuelvan hasta el último euro que el Lete nos robó y porque hay que seguir animándola para que llegue hasta el final, caiga quien caiga, le creamos ésta página en su honor.Que Grande es usted !!! Dios salve a Mercedes Alaya !!!!"
Los comentarios que dejan los usuarios de esta red no tiene desperdicios, podéis consultar la página en el siguiente link http://www.facebook.com/pages/Jueza-Mercedes-Alaya/111266902258096?ref=ts#!
Debajo de la una foto de la juez, puede leerse lo siguiente:
"Se lleva por delante al que haga falta, da igual que sea Lopera, los de Mercasevilla, caiga quien caiga", y también un halago a su labor: "Porque nos está devolviendo el Betis, porque está haciendo justicia, porque va a hacer que nos devuelvan hasta el último euro que el Lete nos robó y porque hay que seguir animándola para que llegue hasta el final, caiga quien caiga, le creamos ésta página en su honor.Que Grande es usted !!! Dios salve a Mercedes Alaya !!!!"
Los comentarios que dejan los usuarios de esta red no tiene desperdicios, podéis consultar la página en el siguiente link http://www.facebook.com/pages/Jueza-Mercedes-Alaya/111266902258096?ref=ts#!
24 mayo 2010
La Junta potencia el uso de la videoconferencia en la Justicia
Estado, Junta de Andalucía, TSJA y la Fiscalía Superior de Andalucía han acordado potenciar el uso de las videoconferencias en la Administración de Justicia en la comunidad autónoma, una herramienta que permitirá agilizar la actividad judicial y también importantes ahorros de tiempo y económicos. Asimismo, un protocolo sobre autopsias, conservación e inhumación de cadáveres no identificados tiene por objetivo acelerar los trámites en este ámbito.
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha suscrito sendos acuerdos junto al secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, y la Fiscalía Superior de Andalucía, representada por su teniente fiscal, Guillermo Sena.
Pizarro ha subrayado que ambos convenios son una muestra más de la cooperación entre administraciones y con el sector judicial con el objetivo de avanzar en lograr un sistema de justicia ágil, eficiente y de calidad.
En cuanto a las videoconferencias, en Andalucía existen 237 equipos, con lo que este sistema está disponible en casi todos los edificios judiciales de Andalucía. El incremento en el uso de esta tecnología hará posible una mejor organización del trabajo en los órganos judiciales, evitando demoras en los señalamientos debido a la distancia y realizando actuaciones judiciales en distintos puntos que, de otra forma, se dilatarían.
Así, la videoconferencia permite la reducción de desplazamientos de peritos, testigos y partes que residan fuera del partido judicial donde se celebre la causa, ahorrando además en el pago de dietas a los técnicos. También es posible optimizar la presencia del fiscal el mismo día en varios lugares.
Además, cuando esté justificado puede utilizarse para la declaración de reclusos, presos preventivos o menores con medidas de internamiento. Las nuevas tecnologías también son un medio para preservar la intimidad de los menores en sus comparecencias judiciales, especialmente como testigos; y dan la posibilidad de proteger la libre declaración de testigos, víctimas y peritos en aquellos procesos cuyas circunstancias puedan suponerles una especial presión o en causas criminales en las que haya peligro grave para la persona o sus bienes.
Por lo que respecta a las diligencias que es posible practicar, en los órdenes Civil, Social y Contencioso-Administrativo la videoconferencia se usa en las declaraciones durante el juicio, mientras que en los procedimientos penales se puede recurrir a este sistema para hacer interrogatorios y obtener testimonios durante la fase de instrucción.
Otra posibilidad de uso es que los jueces y fiscales de Vigilancia Penitenciara realicen las entrevistas con los reclusos; e incluso y también la realización de auxilios judiciales nacionales e internacionales o la celebración de ruedas de reconocimiento siempre que sea materialmente imposible la presencia del sospechoso o del testigo. Por su parte, los fiscales o jueces de menores tienen la posibilidad de realizar interrogatorios y entrevistas o a menores internados o con medida de convivencia en grupo educativo.
Inhumación de cadáveres
En cuanto al protocolo de coordinación sobre autopsias, conservación e inhumación de cadáveres no identificados, ambas partes se comprometen a estrechar la colaboración y se constituirá una comisión de seguimiento con el fin de hacer más ágil, eficaz y eficiente la tramitación del destino final de los cadáveres sin identificar que se encuentren en instalaciones gestionadas por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta tras la realización de las autopsias y el informe forense.
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha suscrito sendos acuerdos junto al secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, y la Fiscalía Superior de Andalucía, representada por su teniente fiscal, Guillermo Sena.
Pizarro ha subrayado que ambos convenios son una muestra más de la cooperación entre administraciones y con el sector judicial con el objetivo de avanzar en lograr un sistema de justicia ágil, eficiente y de calidad.
En cuanto a las videoconferencias, en Andalucía existen 237 equipos, con lo que este sistema está disponible en casi todos los edificios judiciales de Andalucía. El incremento en el uso de esta tecnología hará posible una mejor organización del trabajo en los órganos judiciales, evitando demoras en los señalamientos debido a la distancia y realizando actuaciones judiciales en distintos puntos que, de otra forma, se dilatarían.
Así, la videoconferencia permite la reducción de desplazamientos de peritos, testigos y partes que residan fuera del partido judicial donde se celebre la causa, ahorrando además en el pago de dietas a los técnicos. También es posible optimizar la presencia del fiscal el mismo día en varios lugares.
Además, cuando esté justificado puede utilizarse para la declaración de reclusos, presos preventivos o menores con medidas de internamiento. Las nuevas tecnologías también son un medio para preservar la intimidad de los menores en sus comparecencias judiciales, especialmente como testigos; y dan la posibilidad de proteger la libre declaración de testigos, víctimas y peritos en aquellos procesos cuyas circunstancias puedan suponerles una especial presión o en causas criminales en las que haya peligro grave para la persona o sus bienes.
Por lo que respecta a las diligencias que es posible practicar, en los órdenes Civil, Social y Contencioso-Administrativo la videoconferencia se usa en las declaraciones durante el juicio, mientras que en los procedimientos penales se puede recurrir a este sistema para hacer interrogatorios y obtener testimonios durante la fase de instrucción.
Otra posibilidad de uso es que los jueces y fiscales de Vigilancia Penitenciara realicen las entrevistas con los reclusos; e incluso y también la realización de auxilios judiciales nacionales e internacionales o la celebración de ruedas de reconocimiento siempre que sea materialmente imposible la presencia del sospechoso o del testigo. Por su parte, los fiscales o jueces de menores tienen la posibilidad de realizar interrogatorios y entrevistas o a menores internados o con medida de convivencia en grupo educativo.
Inhumación de cadáveres
En cuanto al protocolo de coordinación sobre autopsias, conservación e inhumación de cadáveres no identificados, ambas partes se comprometen a estrechar la colaboración y se constituirá una comisión de seguimiento con el fin de hacer más ágil, eficaz y eficiente la tramitación del destino final de los cadáveres sin identificar que se encuentren en instalaciones gestionadas por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta tras la realización de las autopsias y el informe forense.
03 mayo 2010
Las injusticias....
No sé si la causa de los manifestantes es justa o injusta -piden que se revise una condena por violación porque dicen que la denuncia es falsa-, pero lo que está claro es que deberían haber revisado el texto de sus pancartas. La foto no es muy buena, pero en el altavoz que colocaron hoy en los juzgados podía leerse lo siguiente: "No des la espalda. El próximo puede ser tu. Apolla nuestra causa ante la injusticia" (sic). Con estos apoyos es difícil saber si será bueno o malo para el acusado...20 marzo 2010
Tres de los cuatro abogados del caso Marta apoyan la iniciativa de la recompensa del millón de euros por una pista fiable que conduzca al cuerpo
Tres de los cuatro abogados defensores personados en la causa por el asesinato y desaparición de Marta del Castillo mostraron hoy su apoyo a la iniciativa de un ciudadano anónimo que ofrece un millón de euros a cualquier persona que pueda dar una pista que conduzca al paradero del cuerpo de la joven sevillana.
Después de que el padre de Marta, Antonio del Castillo, calificara ayer en una carta remitida a los medios que es "vergonzoso" que los abogados hayan intentando "ensuciar" esta buena obra hablando de que se podía imputar un delito de encubrimiento por facilitar información, los letrados José Manuel Carrión, José Antonio Salazar y Manuel Caballero -que representan a Javier Delgado, María García y Samuel Benítez, respectivamente- han suscrito un comunicado en el que señalan que "el carácter altruista de la medida adoptada debe de suponer un acicate para el esclarecimiento de la verdad, que es lo que interesa a estas partes".
Los letrados aseguran que, "en ningún instante" se han manifestado en contra de la recompensa y con respecto a la posibilidad de que la persona que dé pistas incurra en un posible encubrimiento o sobre la legalidad o no de la compensación económica, sostienen que "carecen de objeto en este instante, pues la motivación de la finalidad se encuentra en un nivel superior al cuestionamiento legal de tales actuaciones".
La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa al asesino confeso, Miguel Carcaño, explicó que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre la recompensa ofrecida por el ciudadano anónimo.
Después de que el padre de Marta, Antonio del Castillo, calificara ayer en una carta remitida a los medios que es "vergonzoso" que los abogados hayan intentando "ensuciar" esta buena obra hablando de que se podía imputar un delito de encubrimiento por facilitar información, los letrados José Manuel Carrión, José Antonio Salazar y Manuel Caballero -que representan a Javier Delgado, María García y Samuel Benítez, respectivamente- han suscrito un comunicado en el que señalan que "el carácter altruista de la medida adoptada debe de suponer un acicate para el esclarecimiento de la verdad, que es lo que interesa a estas partes".
Los letrados aseguran que, "en ningún instante" se han manifestado en contra de la recompensa y con respecto a la posibilidad de que la persona que dé pistas incurra en un posible encubrimiento o sobre la legalidad o no de la compensación económica, sostienen que "carecen de objeto en este instante, pues la motivación de la finalidad se encuentra en un nivel superior al cuestionamiento legal de tales actuaciones".
La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa al asesino confeso, Miguel Carcaño, explicó que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre la recompensa ofrecida por el ciudadano anónimo.
El edificio Noga ya se ha quedado pequeño: no podrá albergar al juzgado de lo Penal número 15, que se crea este año
Dos meses después de su estreno y ya se ha quedado pequeño. La nueva sede judicial del edificio Noga, la solución puente mientras se construye la Ciudad de la Justicia, no tiene espacio para albergar ningún nuevo órgano judicial. Ésta es la conclusión a la que han llegado el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, y el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, quienes recorrieron ayer la nueva sede judicial de la avenida de la Buhaira.
Aunque oficialmente el inmueble fue inaugurado el 1 de abril de 2009, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del juzgado de lo Mercantil número 2, lo cierto es que no ha se ha puesto a pleno rendimiento hasta el pasado mes de enero, cuando se completó el traslado de los jugados de lo Penal -13 órganos más uno que se creó ya en la nueva sede en el mes de diciembre- y de los once juzgados de lo Social.
El decano y el presidente de la Audiencia de Sevilla pretendían con su visita de ayer a esta sede judicial contemplar por sí mismos las diversas quejas que los jueces y abogados están elevando a sus respectivos órganos de gobierno desde que se completó el traslado de los juzgados a la sede de la Buhaira. La falta de espacio del nuevo enclave judicial es una de las principales conclusiones a las que han llegado ambos magistrados tras recorrer, una a una, las siete plantas del inmueble. El juez decano recordó que en noviembre de 2006, cuando la Consejería de Justicia -por entonces dirigida por María José López- presentó la propuesta del edificio puente, el proyecto contemplaba el traslado a esta sede de la Buhaira, que en ese momento se hallaba aún en construcción, de los 20 juzgados de Instrucción que están en el Prado de San Sebastián, así como los dos juzgados de Guardia (detenidos e Incidencias), el decanato, los servicios comunes de notificaciones y embargos, y algunas dependencias de la Fiscalía.
Dos años después, en febrero de 2009, la nueva consejera del ramo, Evangelina Naranjo, presentó un proyecto de reorganización de las sedes judiciales que ya fijaba el emplazamiento de los juzgados de lo Penal y de lo Social en el edificio Noga.La actual consejera de Justicia, Begoña Álvarez, mantuvo este proyecto y después de unos meses de adaptación, completó el traslado de los 25 órganos penales y sociales, a los que se suman los dos órganos de lo Mercantil. "Es un edificio pequeño, que se preparó para acoger 20 juzgados de Instrucción y ahora tiene 28", aseguró el decano de los jueces, que insistió en que ya no hay sitio para la creación prevista este año del juzgado de lo Penal número 15 y del tercer juzgado de lo Mercantil.El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, indicó que hay "muchos aspectos mejorables" en la sede del Noga y consideró que la implantación del servicio común de ejecutorias resulta "inaplazable". El decano de los jueces coincidió en que es necesario crear ese servicio porque, según dijo, actualmente los distintos juzgados penales están separados en diferentes dependencias y la "funcionalidad es mínima".
Una de las principales quejas de los abogados y jueces guarda relación con un angosto pasillo que se ha habilitado junto a las siete salas de vista de los juzgados penales donde, al concentrarse muchas personas para asistir a juicio, se ha generado un constante "mal olor" por la falta de ventilación.Para tratar de solucionar este problema, Federico Jiménez Ballester apuesta por habilitar una sala de espera provista con pantallas en la planta de baja del edificio, de tal forma que el público aguarde su turno en esta zona. La dinámica sería que, mientras se celebra un juicio, las personas del siguiente proceso esperen arriba, en la zona próxima al estrecho pasillo, y el resto en la planta baja.La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía eludió ayer pronunciarse sobre la falta de espacio de la nueva sede judicial.
14 marzo 2010
Carcaño insiste en que no sabe dónde está el cuerpo de Marta
Como en todas y cada una de sus comparecencias, el juez de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, se dirigió a Miguel Carcaño. "Sólo voy a hacerle una pregunta: ¿dónde está el cuerpo de Marta del Castillo?" El asesino confeso de la joven de 17 años desaparecida el 24 de enero de 2009 se encogió de hombros y respondió: "No lo sé". Así concluyó anoche la audiencia preliminar con la que finaliza la instrucción del caso Marta del Castillo, a falta del auto de apertura de juicio oral, en una sesión que se prolongó en los juzgados de Sevilla durante catorce horas.
Carcaño se acogió a su derecho de no declarar después de que el abogado de su hermano, José Manuel Carrión, solicitara su comparecencia para explicar por qué había enviado una carta desde la cárcel a su hermano en la que se definía como "cabeza de turco". Carcaño sólo admitió que la carta era suya, pero no quiso explicar el contenido de la misma. Tanto su abogada, Paloma Pérez, como el resto de letrados defensores solicitaron que el caso sea enjuiciado por un tribunal profesional y no por un jurado popular. El abogado de Javier Delgado, hermano de Carcaño, también pidió el sobreseimiento de la causa contra su cliente.
Ayer comparecieron ante el juez 16 testigos y cuatro imputados. Quien pasó más tiempo declarando fue la ex novia de Miguel Carcaño, la menor de 15 años que lo acogió en su casa de Camas. La adolescente admitió con desparpajo haber mentido a la Policía en sus declaraciones. "Como usted comprenderá, si le miento a la Policía, le miento a cualquiera", respondió la menor a la pregunta de uno de los abogados sobre sus continuos cambios de declaración y, en concreto, sobre si había mentido también a una amiga suya a la que comentó que no sabía nada.
La frase, a la que el abogado de la menor, Francisco de Asís Molinos, no da mayor trascendencia, fue pronunciada en el transcurso de la comparecencia de la joven, que duró casi dos horas. En ella, la menor ratificó su última declaración ante la Policía -realizada el 13 de septiembre de 2009-, según la cual Carcaño le confesó la madrugada del 25 de enero el crimen y le dijo que habían enterrado a Marta en una arboleda próxima a su vivienda de Camas. La niña explicó al juez que indicó a la Policía en dos ocasiones el lugar que le mostró el propio Carcaño, que no es donde la Policía ha buscado el cadáver dos veces sin éxito, sino que está a unos 800 metros, en la zona que rastreó la semana pasada el abuelo de Marta con la ayuda de un zahorí. La menor se mostró incluso dispuesta a volver a señalar el punto donde supuestamente el asesino confeso dijo que fue enterrada Marta.
En esa declaración, la niña manifiesta que Miguel salió de su casa en torno a la 1:20 o 1:30 de la madrugada del 25 de enero con la intención de eliminar pruebas, "un charco de sangre", que habría quedado después de que Miguel y su hermano Javier Delgado propinasen "patadas y puñetazos" a Marta. La adolescente ratificó igualmente las supuestas amenazas que habría recibido de Javier Delgado, que el pasado jueves presentó una querella por calumnias y falso testimonio contra ella.
La menor indicó que cuando Carcaño abandonó el domicilio de madrugada se dejó el teléfono móvil en la casa, lo que algunas fuentes interpretan como una quiebra de la coartada del asesino confeso respecto a que habría permanecido en el lugar. Sin embargo, otras fuentes restan importancia a esta cuestión, puesto que en la causa está acreditado que Miguel Carcaño mantuvo dos conversaciones telefónicas con la madre de Marta a las 1:04 y 1:37 de la madrugada del 25 de enero, y en ese momento se encontraba en Camas, según los repetidores de antenas, mientras que la niña dijo que se fue de casa sobre la 1:20 ó 1:30.
La menor prestó declaración protegida con una mampara para no ver a los acusados, pero cuando fue a firmar el acta su mirada se cruzó con la de Miguel Carcaño. Esto provocó que la niña sufriera una crisis de ansiedad y saliera de la sala llorando y gritando "hijo de puta, hijo de puta", en alusión a su ex compañero. Instantes antes, el juez le había comunicado que la volvía a citar a declarar el próximo martes 16 de marzo para que declare en relación a las amenazas supuestamente proferidas por Javier Delgado.
También testificó la madre de esta menor, Soledad Gómez, que también explicó que visitó a Miguel en la cárcel porque se lo pidió la propia Policía. "Sé que mi hija no miente esta vez por la mirada", dijo Soledad. Otros miembros de la familia también declararon, como la abuela, una mujer de 70 años que acudió al juzgado en silla de ruedas y que declaró que lavó la ropa que Carcaño llevaba el día del crimen porque ella hacía la colada habitualmente y que no distinguió mancha alguna porque no ve bien.
Otros dos testigos corroboraron que habían quedado al día siguiente para estudiar con María García, la novia del hermano de Carcaño, en el piso de León XIII. "Lo único que tengo en esa casa es un cepillo de dientes", dijo María García en su declaración. Su novio escuchó la grabación de dos conversaciones mantenidas con Carcaño en la que aquel dice la frase "a veces me da coraje ser tan listo", algo que tanto él como su novia aseguran que es sólo una coletilla.
Carcaño se acogió a su derecho de no declarar después de que el abogado de su hermano, José Manuel Carrión, solicitara su comparecencia para explicar por qué había enviado una carta desde la cárcel a su hermano en la que se definía como "cabeza de turco". Carcaño sólo admitió que la carta era suya, pero no quiso explicar el contenido de la misma. Tanto su abogada, Paloma Pérez, como el resto de letrados defensores solicitaron que el caso sea enjuiciado por un tribunal profesional y no por un jurado popular. El abogado de Javier Delgado, hermano de Carcaño, también pidió el sobreseimiento de la causa contra su cliente.
Ayer comparecieron ante el juez 16 testigos y cuatro imputados. Quien pasó más tiempo declarando fue la ex novia de Miguel Carcaño, la menor de 15 años que lo acogió en su casa de Camas. La adolescente admitió con desparpajo haber mentido a la Policía en sus declaraciones. "Como usted comprenderá, si le miento a la Policía, le miento a cualquiera", respondió la menor a la pregunta de uno de los abogados sobre sus continuos cambios de declaración y, en concreto, sobre si había mentido también a una amiga suya a la que comentó que no sabía nada.
La frase, a la que el abogado de la menor, Francisco de Asís Molinos, no da mayor trascendencia, fue pronunciada en el transcurso de la comparecencia de la joven, que duró casi dos horas. En ella, la menor ratificó su última declaración ante la Policía -realizada el 13 de septiembre de 2009-, según la cual Carcaño le confesó la madrugada del 25 de enero el crimen y le dijo que habían enterrado a Marta en una arboleda próxima a su vivienda de Camas. La niña explicó al juez que indicó a la Policía en dos ocasiones el lugar que le mostró el propio Carcaño, que no es donde la Policía ha buscado el cadáver dos veces sin éxito, sino que está a unos 800 metros, en la zona que rastreó la semana pasada el abuelo de Marta con la ayuda de un zahorí. La menor se mostró incluso dispuesta a volver a señalar el punto donde supuestamente el asesino confeso dijo que fue enterrada Marta.
En esa declaración, la niña manifiesta que Miguel salió de su casa en torno a la 1:20 o 1:30 de la madrugada del 25 de enero con la intención de eliminar pruebas, "un charco de sangre", que habría quedado después de que Miguel y su hermano Javier Delgado propinasen "patadas y puñetazos" a Marta. La adolescente ratificó igualmente las supuestas amenazas que habría recibido de Javier Delgado, que el pasado jueves presentó una querella por calumnias y falso testimonio contra ella.
La menor indicó que cuando Carcaño abandonó el domicilio de madrugada se dejó el teléfono móvil en la casa, lo que algunas fuentes interpretan como una quiebra de la coartada del asesino confeso respecto a que habría permanecido en el lugar. Sin embargo, otras fuentes restan importancia a esta cuestión, puesto que en la causa está acreditado que Miguel Carcaño mantuvo dos conversaciones telefónicas con la madre de Marta a las 1:04 y 1:37 de la madrugada del 25 de enero, y en ese momento se encontraba en Camas, según los repetidores de antenas, mientras que la niña dijo que se fue de casa sobre la 1:20 ó 1:30.
La menor prestó declaración protegida con una mampara para no ver a los acusados, pero cuando fue a firmar el acta su mirada se cruzó con la de Miguel Carcaño. Esto provocó que la niña sufriera una crisis de ansiedad y saliera de la sala llorando y gritando "hijo de puta, hijo de puta", en alusión a su ex compañero. Instantes antes, el juez le había comunicado que la volvía a citar a declarar el próximo martes 16 de marzo para que declare en relación a las amenazas supuestamente proferidas por Javier Delgado.
También testificó la madre de esta menor, Soledad Gómez, que también explicó que visitó a Miguel en la cárcel porque se lo pidió la propia Policía. "Sé que mi hija no miente esta vez por la mirada", dijo Soledad. Otros miembros de la familia también declararon, como la abuela, una mujer de 70 años que acudió al juzgado en silla de ruedas y que declaró que lavó la ropa que Carcaño llevaba el día del crimen porque ella hacía la colada habitualmente y que no distinguió mancha alguna porque no ve bien.
Otros dos testigos corroboraron que habían quedado al día siguiente para estudiar con María García, la novia del hermano de Carcaño, en el piso de León XIII. "Lo único que tengo en esa casa es un cepillo de dientes", dijo María García en su declaración. Su novio escuchó la grabación de dos conversaciones mantenidas con Carcaño en la que aquel dice la frase "a veces me da coraje ser tan listo", algo que tanto él como su novia aseguran que es sólo una coletilla.
27 febrero 2010
Habrá una cuarta búsqueda de Marta, la segunda que se realiza en Camas
La Audiencia de Sevilla ordenó ayer que se vuelva a buscar el cuerpo de Marta del Castillo en Camas, una decisión que se produce tres meses después de que el juez instructor del caso rechazara esta posibilidad tras haber solicitado un informe a la Policía.Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla han resuelto a favor de la familia el recurso de apelación que presentaron contra la negativa del instructor a que se volviese a buscar el cadáver en una zona próxima a la vivienda de Camas donde residía la ex novia del asesino confeso, la menor de 14 años que aseguró en septiembre pasado a la Policía que Miguel Carcaño le había confesado que habían enterrado el cuerpo en dicho lugar.El padre de Marta, Antonio del Castillo, mostró ayer su satisfacción por la decisión del tribunal, que revoca la resolución acordada en su día por el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla. "Por fin tenemos algo positivo en este camino de espinas. Tengo que agradecer a la Audiencia esta decisión", afirmó Del Castillo, cuya familia no ha cejado en el empeño de que se agotara también esta posibilidad de recuperar el cuerpo de la joven.La desesperación de la familia se había hecho patente el pasado 10 de febrero, día en el que el abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, acompañado de unos 15 vecinos de Camas, se echaron al campo provistos con palas para buscar el cuerpo en la zona en la que, hasta este mismo momento, la Justicia se había negado a ordenar un nuevo rastreo.
Tras la última declaración de la ex novia de Miguel Carcaño, la Policía examinó el 29 de septiembre una zanja en la que, según la menor, podría haber sido enterrado el cuerpo. La nueva zona de búsqueda se encuentra en un lugar de difícil acceso, entre el arroyo Caño Ronco y unos olivares, y se encuentra a unos 800 metros del punto que se inspeccionó en primer lugar.La Fiscalía se había opuesto a que se volviera a buscar en Camas, avalando la decisión del instructor de la causa, Francisco de Asís Molina, quien en noviembre pasado descartó que el cuerpo de Marta estuviera enterrado en este paraje de la localidad camera.
El magistrado argumentó entonces que la zanja que se había abierto para introducir una tubería estaba "totalmente cerrada" como mínimo nueve días antes de que se produjera el asesinato de Marta, la noche del 24 de enero de 2009. El juez basó su decisión en las fotografías aportadas por el capataz de las obras y el vídeo realizado el 16 de enero por un vecino de una casa próxima y en el que se observaba que la zanja estaba cerrada.
De otro lado, la Audiencia también ha decidido que continúe investigándose en un proceso aparte las presuntas amenazas de Javier Delgado a la ex novia de Miguel, tal y como acordó en su día el instructor de la causa. El tribunal rechaza, de esta forma, la petición que había planteado la familia de Marta para que estas amenazas se investigasen en el mismo procedimiento que la desaparición y asesinato de la joven.
Tras la última declaración de la ex novia de Miguel Carcaño, la Policía examinó el 29 de septiembre una zanja en la que, según la menor, podría haber sido enterrado el cuerpo. La nueva zona de búsqueda se encuentra en un lugar de difícil acceso, entre el arroyo Caño Ronco y unos olivares, y se encuentra a unos 800 metros del punto que se inspeccionó en primer lugar.La Fiscalía se había opuesto a que se volviera a buscar en Camas, avalando la decisión del instructor de la causa, Francisco de Asís Molina, quien en noviembre pasado descartó que el cuerpo de Marta estuviera enterrado en este paraje de la localidad camera.
El magistrado argumentó entonces que la zanja que se había abierto para introducir una tubería estaba "totalmente cerrada" como mínimo nueve días antes de que se produjera el asesinato de Marta, la noche del 24 de enero de 2009. El juez basó su decisión en las fotografías aportadas por el capataz de las obras y el vídeo realizado el 16 de enero por un vecino de una casa próxima y en el que se observaba que la zanja estaba cerrada.
De otro lado, la Audiencia también ha decidido que continúe investigándose en un proceso aparte las presuntas amenazas de Javier Delgado a la ex novia de Miguel, tal y como acordó en su día el instructor de la causa. El tribunal rechaza, de esta forma, la petición que había planteado la familia de Marta para que estas amenazas se investigasen en el mismo procedimiento que la desaparición y asesinato de la joven.
19 febrero 2010
La defensa de Miguel Carcaño pide una condena de tres años por un delito de homicidio imprudente
La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa al asesino confeso de Marta del Castillo, ha solicitado una condena de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia en su escrito de calificación provisional presentado hoy en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, en el que rechaza haber violado a Marta y asume ser el único autor de la muerte. El comunicado remitido por su abogada es el siguiente:
"La defensa representada por la letrada Paloma Pérez Sendino ha evacuado el trámite procesal del escrito de defensa calificando los hechos como homicidio imprudente y solicitando la pena de tres años de prision así como indemnización de 160.000 euros para los familiares de la joven fallecida Marta del Castillo Casanueva siendo autor de dicha muerte nuestro represenado Miguel Carcaño Delgado,no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,siendo este acusado unico autor de dicho ilicito penal ,y solicitando igualmente la absolución del mismo por los delitos de agresión sexual ,delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres que venia acusado por la representación de la acusacion publica y la particular que defiende los intereses de la familia de la joven DªMarta del Castillo Casanueva.-
Igualmente se ha vuelto en dicho escrito ,ya que es momento procesal para hacer tal manifestación ,a incidir en la falta de adecuacion del presente procedimiento a las normas del T: del Jurado después de la publicación del Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ,y tambien haciendo uso de la norma que lo autoriza se ha pedido la convocatoria de la audiencia preliminar para en ella decidir acerca de el cauce procedimental por el que debe seguir la tramitación de la causa que según esta defensa no es otro que el de enjuiciamiento por tribunal profesional ,asi mismo se ha solicitado prueba para realizar en dicha audiencia preliminar para asi apoyar la tesis de la defensa de que mi defendido desconoce el paradero del cadáver de la joven".
"La defensa representada por la letrada Paloma Pérez Sendino ha evacuado el trámite procesal del escrito de defensa calificando los hechos como homicidio imprudente y solicitando la pena de tres años de prision así como indemnización de 160.000 euros para los familiares de la joven fallecida Marta del Castillo Casanueva siendo autor de dicha muerte nuestro represenado Miguel Carcaño Delgado,no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,siendo este acusado unico autor de dicho ilicito penal ,y solicitando igualmente la absolución del mismo por los delitos de agresión sexual ,delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres que venia acusado por la representación de la acusacion publica y la particular que defiende los intereses de la familia de la joven DªMarta del Castillo Casanueva.-
Igualmente se ha vuelto en dicho escrito ,ya que es momento procesal para hacer tal manifestación ,a incidir en la falta de adecuacion del presente procedimiento a las normas del T: del Jurado después de la publicación del Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ,y tambien haciendo uso de la norma que lo autoriza se ha pedido la convocatoria de la audiencia preliminar para en ella decidir acerca de el cauce procedimental por el que debe seguir la tramitación de la causa que según esta defensa no es otro que el de enjuiciamiento por tribunal profesional ,asi mismo se ha solicitado prueba para realizar en dicha audiencia preliminar para asi apoyar la tesis de la defensa de que mi defendido desconoce el paradero del cadáver de la joven".
10 febrero 2010
La Fiscalia pide que se valore el daño psicológico de los padres de Marta
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juez que investiga el asesinato de Marta del Castillo que acuerde un examen psiquiátrico sobre las "repercusiones psíquicas" que la desaparición y muerte de la joven sevillana han podido ocasionar a sus padres, Eva Casanueva y Antonio del Castillo, así como por la imposibilidad de que hayan podido dar sepultura al cuerpo por no haber sido recuperado.
La petición de la Fiscalía, que imputa a Miguel Carcaño y a los otros tres implicados un delito contra la integridad moral por el sufrimiento causado a la familia al no revelar el destino del cadáver, se produce en el escrito de acusación provisional de los hechos presentado en el juzgado de Instrucción número 4.
La Fiscalía solicita que el informe sobre el daño psicológico causado se presente y ratifique en el transcurso de una audiencia preliminar que prevé la ley del jurado y cuya convocatoria han pedido ya tanto el fiscal como la acusación particular que ejercen los padres de Marta.
En esa audiencia, las partes podrán proponer la práctica de nuevas pruebas y al término solicitar la apertura de juicio oral, lo que supone el último paso antes de enviar el caso a la Audiencia de Sevilla para la celebración de la vista oral. En ese momento, las defensas podrán solicitar que el cambio de procedimiento para que el caso no sea enjuiciado por un jurado sino ante un tribunal profesional, en aplicación del reciente acuerdo de los magistrados del Tribunal Supremo.
El escrito de calificación provisional del Ministerio Público contempla, de cara al futuro juicio, la declaración de un total de 54 testigos, de los cuales 19 son policías. Entre los testigos se hallan, además de los padres de Marta, un grupo de amigos de la joven sevillana y varios miembros de la familia de Camas con la que vivía el asesino confeso: su ex novia, la madre de ésta y la abuela.
La Fiscalía también propone la declaración de, al menos, seis peritos, entre policías, forenses y psicólogos, para que ratifiquen los informes que han realizado a lo largo de la instrucción. Así, está previsto que declaren, entre otros, los agentes de la Policía Científica que elaboraron el informe sobre los restos de sangre –los únicos existentes– de Marta hallados en el chaquetón de Carcaño y los restos biológicos en la sábana de la habitación, además de los agentes que analizaron la cobertura de las antenas de telefonía móvil en relación al posicionamiento de los teléfonos de los inculpados y las llamadas que efectuaron o recibieron.
El Ministerio Público también anuncia las piezas de convicción que deberán llevarse a la vista oral, entre las que destacan el chaquetón que vestía Miguel Carcaño la noche del 24 de enero, la colcha de la cama, la silla de ruedas en la que fue sacado el cuerpo de Marta del piso de León XIII, la navaja de tipo mariposa que fue recuperada de una alcantarilla –con la que supuestamente Miguel y el Cuco intimidaron a la joven para violarla–, el tensiómetro con que comprobaron que había fallecido y los restos de cinta adhesiva y esparadrapos que el fiscal cree que pudieron ser empleados para envolver el cadáver.
La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de 52 años de cárcel para Miguel Carcaño, ocho para su hermano Javier Delgado, y cinco para los otros dos implicados, María García, novia del hermano, y Samuel Benítez.
La petición de la Fiscalía, que imputa a Miguel Carcaño y a los otros tres implicados un delito contra la integridad moral por el sufrimiento causado a la familia al no revelar el destino del cadáver, se produce en el escrito de acusación provisional de los hechos presentado en el juzgado de Instrucción número 4.
La Fiscalía solicita que el informe sobre el daño psicológico causado se presente y ratifique en el transcurso de una audiencia preliminar que prevé la ley del jurado y cuya convocatoria han pedido ya tanto el fiscal como la acusación particular que ejercen los padres de Marta.
En esa audiencia, las partes podrán proponer la práctica de nuevas pruebas y al término solicitar la apertura de juicio oral, lo que supone el último paso antes de enviar el caso a la Audiencia de Sevilla para la celebración de la vista oral. En ese momento, las defensas podrán solicitar que el cambio de procedimiento para que el caso no sea enjuiciado por un jurado sino ante un tribunal profesional, en aplicación del reciente acuerdo de los magistrados del Tribunal Supremo.
El escrito de calificación provisional del Ministerio Público contempla, de cara al futuro juicio, la declaración de un total de 54 testigos, de los cuales 19 son policías. Entre los testigos se hallan, además de los padres de Marta, un grupo de amigos de la joven sevillana y varios miembros de la familia de Camas con la que vivía el asesino confeso: su ex novia, la madre de ésta y la abuela.
La Fiscalía también propone la declaración de, al menos, seis peritos, entre policías, forenses y psicólogos, para que ratifiquen los informes que han realizado a lo largo de la instrucción. Así, está previsto que declaren, entre otros, los agentes de la Policía Científica que elaboraron el informe sobre los restos de sangre –los únicos existentes– de Marta hallados en el chaquetón de Carcaño y los restos biológicos en la sábana de la habitación, además de los agentes que analizaron la cobertura de las antenas de telefonía móvil en relación al posicionamiento de los teléfonos de los inculpados y las llamadas que efectuaron o recibieron.
El Ministerio Público también anuncia las piezas de convicción que deberán llevarse a la vista oral, entre las que destacan el chaquetón que vestía Miguel Carcaño la noche del 24 de enero, la colcha de la cama, la silla de ruedas en la que fue sacado el cuerpo de Marta del piso de León XIII, la navaja de tipo mariposa que fue recuperada de una alcantarilla –con la que supuestamente Miguel y el Cuco intimidaron a la joven para violarla–, el tensiómetro con que comprobaron que había fallecido y los restos de cinta adhesiva y esparadrapos que el fiscal cree que pudieron ser empleados para envolver el cadáver.
La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de 52 años de cárcel para Miguel Carcaño, ocho para su hermano Javier Delgado, y cinco para los otros dos implicados, María García, novia del hermano, y Samuel Benítez.
03 febrero 2010
El acuerdo del Supremo disparará los juicios con jurado al extender las competencias
El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, expresó ayer su a los delitos conexos, dado que, en su opinión, esta jurisprudencia puede disparar las vistas por este procedimiento en la Audiencia y"desbordar" a la oficina del jurado.
El magistrado señaló que el criterio extensivo que han marcado los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un pleno no jurisdiccional puede provocar que de una docena de juicios con jurado que se celebran en estos momentos en la Audiencia de Sevilla se pase a tener que enjuiciar "40, 50 ó 60 casos". Esta doctrina incrementaría por tanto el número de juicios con jurado que debe presidir cada magistrado de la Audiencia, que pasarían a tener "uno o dos jurados al mes", explicó Álvarez, que añadió que ese aumento de los procesos provocaría que la oficina del Jurado se viera "desbordada" ante la avalancha de asuntos.
Todo ello conllevaría un retraso en el enjuiciamiento de estos procedimientos que, según el magistrado, provocaría además otras situaciones como la posible al cumplirse los plazos previstos para la prisión preventiva sin que se haya celebrado el juicio.
El presidente de la Audiencia señaló gráficamente que, al extenderse el criterio sobre la competencia del tribunal del jurado popular, habría "listas de espera o colas" para celebrar los juicios por estos delitos.
El magistrado no ha querido pronunciarse sobre cómo puede afectar esta doctrina al caso Marta del Castillo, aunque sí se pronunció sobre la petición que le ha realizado el abogado de los padres para que el juicio a los adultos y al menor de 16 años se celebraran de forma simultánea. Damián Álvarez consideró que sería "deseable" que ambos juicios coincidieran, pero ha afirmado que "no encuentra la fórmula legal para que puedan coincidir", dado que cada procedimiento tiene su tramitación y, por tanto, la posible coincidencia sólo dependería del azar.
El magistrado señaló que el criterio extensivo que han marcado los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un pleno no jurisdiccional puede provocar que de una docena de juicios con jurado que se celebran en estos momentos en la Audiencia de Sevilla se pase a tener que enjuiciar "40, 50 ó 60 casos". Esta doctrina incrementaría por tanto el número de juicios con jurado que debe presidir cada magistrado de la Audiencia, que pasarían a tener "uno o dos jurados al mes", explicó Álvarez, que añadió que ese aumento de los procesos provocaría que la oficina del Jurado se viera "desbordada" ante la avalancha de asuntos.
Todo ello conllevaría un retraso en el enjuiciamiento de estos procedimientos que, según el magistrado, provocaría además otras situaciones como la posible al cumplirse los plazos previstos para la prisión preventiva sin que se haya celebrado el juicio.
El presidente de la Audiencia señaló gráficamente que, al extenderse el criterio sobre la competencia del tribunal del jurado popular, habría "listas de espera o colas" para celebrar los juicios por estos delitos.
El magistrado no ha querido pronunciarse sobre cómo puede afectar esta doctrina al caso Marta del Castillo, aunque sí se pronunció sobre la petición que le ha realizado el abogado de los padres para que el juicio a los adultos y al menor de 16 años se celebraran de forma simultánea. Damián Álvarez consideró que sería "deseable" que ambos juicios coincidieran, pero ha afirmado que "no encuentra la fórmula legal para que puedan coincidir", dado que cada procedimiento tiene su tramitación y, por tanto, la posible coincidencia sólo dependería del azar.
Un juez ordena unos padres que respeten el derecho de sus hijos a salir de nazareno
El divorcio de unos padres no puede influir en los sentimientos religiosos de los hijos. Un juez de Sevilla ha ordenado a una pareja que se acaba de divorciar que respeten el derecho de sus dos hijos menores a salir de nazarenos.
La pionera resolución ha sido dictada por un juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha sido el encargado de dirimir el proceso de divorcio al existir una denuncia previa por malos tratos. El abogado defensor del padre, Joaquín Moeckel, señaló que la representación jurídica de la madre hizo constar en su denuncia que los hijos del matrimonio habían sufrido malos tratos, lo que llevó al juez a explorar a ambos menores, de 5 y 11 años. De esa exploración se constató que, no sólo los hijos no eran objeto de malos tratos, sino que el fiscal coincidió con el letrado en que si no se permitía el régimen de visitas con el padre -como había solicitado la progenitora, que se había opuesto a que los hijos siguieran viéndole- se estaría "traumatizando" a los menores.
Como continuación del proceso, el juez ha dictado ahora un auto en el que establece el régimen de visitas para ambos ex cónyuges y en el que, de forma pionera, el magistrado ordena a los padres que garanticen el derecho de los hijos a que puedan salir en estación de penitencia.
El problema se produce porque, al atribuir de forma alternativa a cada padre el disfrute de una parte del período vacacional, el acuerdo también afecta a la Semana Santa, que queda dividida en dos mitades -desde el Viernes de Dolores al Miércoles Santo, y desde este día hasta el Domingo de Resurrección-. Y como los hijos son hermanos de cofradías de días distintos en los que el régimen se atribuye a cada uno de los padres, el juez adopta el acuerdo que aparece redactado de la siguiente forma en el auto: "Ambos progenitores respetarán el deseo de los hijos de tomar parte en las estaciones de penitencia de las hermandades a las que pertenecen".
El abogado Joaquín Moeckel consideró ayer que se ha llegado a tal nivel de "abuso de las denuncias infundadas de malos tratos y de enmerdar un procedimiento de familia, de carácter civil, en la órbita del derecho penal, que se está entorpeciendo la Justicia, generando un alto nivel de conflictividad en el seno familiar que provoca que los juzgados de Violencia tengan que empeñar su tiempo en cuestiones que perjudican a las verdaderas víctimas de malos tratos". El letrado añadió que, si a esto se suma que la mujer se pone "poco colaboradora cuando pone una denuncia infundada", al final en los procesos de divorcio se está pidiendo a los padres que elijan las vacaciones en años pares o impares, "las horas de recogida como si los hijos fuesen un paquete de mensajero; decir qué periodos hay para hablar con el móvil; y hasta pedirle al juez que dé la orden para que respeten la decisión de los hijos de salir en una hermandad".
La pionera resolución ha sido dictada por un juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha sido el encargado de dirimir el proceso de divorcio al existir una denuncia previa por malos tratos. El abogado defensor del padre, Joaquín Moeckel, señaló que la representación jurídica de la madre hizo constar en su denuncia que los hijos del matrimonio habían sufrido malos tratos, lo que llevó al juez a explorar a ambos menores, de 5 y 11 años. De esa exploración se constató que, no sólo los hijos no eran objeto de malos tratos, sino que el fiscal coincidió con el letrado en que si no se permitía el régimen de visitas con el padre -como había solicitado la progenitora, que se había opuesto a que los hijos siguieran viéndole- se estaría "traumatizando" a los menores.
Como continuación del proceso, el juez ha dictado ahora un auto en el que establece el régimen de visitas para ambos ex cónyuges y en el que, de forma pionera, el magistrado ordena a los padres que garanticen el derecho de los hijos a que puedan salir en estación de penitencia.
El problema se produce porque, al atribuir de forma alternativa a cada padre el disfrute de una parte del período vacacional, el acuerdo también afecta a la Semana Santa, que queda dividida en dos mitades -desde el Viernes de Dolores al Miércoles Santo, y desde este día hasta el Domingo de Resurrección-. Y como los hijos son hermanos de cofradías de días distintos en los que el régimen se atribuye a cada uno de los padres, el juez adopta el acuerdo que aparece redactado de la siguiente forma en el auto: "Ambos progenitores respetarán el deseo de los hijos de tomar parte en las estaciones de penitencia de las hermandades a las que pertenecen".
El abogado Joaquín Moeckel consideró ayer que se ha llegado a tal nivel de "abuso de las denuncias infundadas de malos tratos y de enmerdar un procedimiento de familia, de carácter civil, en la órbita del derecho penal, que se está entorpeciendo la Justicia, generando un alto nivel de conflictividad en el seno familiar que provoca que los juzgados de Violencia tengan que empeñar su tiempo en cuestiones que perjudican a las verdaderas víctimas de malos tratos". El letrado añadió que, si a esto se suma que la mujer se pone "poco colaboradora cuando pone una denuncia infundada", al final en los procesos de divorcio se está pidiendo a los padres que elijan las vacaciones en años pares o impares, "las horas de recogida como si los hijos fuesen un paquete de mensajero; decir qué periodos hay para hablar con el móvil; y hasta pedirle al juez que dé la orden para que respeten la decisión de los hijos de salir en una hermandad".
29 enero 2010
Ultíma hora: La Fiscalía eleva a 52 años la petición de cárcel para Miguel Carcaño por el asesinato y violación de Marta
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 52 años de prisión para Miguel Carcaño por el asesinato y violación de Marta del Castillo mientras que para los otros imputados han pedido una condena de 8 años, en el caso de Javier Delgado, y 5 años para el amigo del asesino confeso, Samuel Benítez, y la novia del hermanastro de Miguel, María García Mendaro.
La calificación que ha presentado la Fiscalía de Sevilla en el Juzgado de Instrucción nº 4 incluye la petición de indemnización al Ministerio del Interior por valor de 616.319,27 euros, cifra a la que asciende el gasto realizado por las diversas búsquedas de la joven tanto en el río Guadalquivir, como en el vertedero de Alcalá y, finalmente en la zanja de la localidad de Camas.
La novedad de la calificación provisional que ha realizado el Ministerio Público consiste en que atribuye a los cuatro imputados un delito contra la integridad moral, al entender que no han querido facilitar donde estaba el cuerpo. "Los imputados de forma continuada se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo de Marta, llegando incluso a ofrecer distintas versiones, todas ellas erráticas a sabiendas que de esta forma los familiares no podrían dar sepultura a su cuerpo y que con ello le iba a cesar un estado de desasosiego, inquietud, ansiedad, profundo dolor ultrajando sus más íntimos sentimientos y convicciones", recoge literalmente el escrito de Ministerio Público.
La Fiscalía ha pedido además una indemnización de 160.000 euros para los padres de Marta y 60.000 euros para las dos hermanas de la joven por el daño moral derivado de la muerte y por el "incremento del dolor y el ultraje a sus más íntimos sentimientos", insiste la acusación pública.
La Fiscalía en su relato de los hechos no fija con exactitud la hora de la muerte puesto que el extremo no está demasiado claro y lo que mantiene como hechos que ocurrieron consiste en la tercera declaración del asesino confeso de la joven, Miguel Carcaño.
La calificación que ha presentado la Fiscalía de Sevilla en el Juzgado de Instrucción nº 4 incluye la petición de indemnización al Ministerio del Interior por valor de 616.319,27 euros, cifra a la que asciende el gasto realizado por las diversas búsquedas de la joven tanto en el río Guadalquivir, como en el vertedero de Alcalá y, finalmente en la zanja de la localidad de Camas.
La novedad de la calificación provisional que ha realizado el Ministerio Público consiste en que atribuye a los cuatro imputados un delito contra la integridad moral, al entender que no han querido facilitar donde estaba el cuerpo. "Los imputados de forma continuada se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo de Marta, llegando incluso a ofrecer distintas versiones, todas ellas erráticas a sabiendas que de esta forma los familiares no podrían dar sepultura a su cuerpo y que con ello le iba a cesar un estado de desasosiego, inquietud, ansiedad, profundo dolor ultrajando sus más íntimos sentimientos y convicciones", recoge literalmente el escrito de Ministerio Público.
La Fiscalía ha pedido además una indemnización de 160.000 euros para los padres de Marta y 60.000 euros para las dos hermanas de la joven por el daño moral derivado de la muerte y por el "incremento del dolor y el ultraje a sus más íntimos sentimientos", insiste la acusación pública.
La Fiscalía en su relato de los hechos no fija con exactitud la hora de la muerte puesto que el extremo no está demasiado claro y lo que mantiene como hechos que ocurrieron consiste en la tercera declaración del asesino confeso de la joven, Miguel Carcaño.
28 enero 2010
La familia de Marta pide 50 años para Miguel Carcaño, que sólo podrá cumplir la mitad por los límites máximos de cumplimiento de las penas
La familia de Marta del Castillo ha solicitado una condena de 50 años y cinco meses de prisión para Miguel Carcaño por el asesinato y violación de su hija, aunque el asesino confeso no podrá cumplir más de 25 años, el límite máximo legal de cumplimiento. El abogado José María Calero, que ejerce la acusación particular en representación de los padres y las hermanas de Marta, presentó ayer en el juzgado de Instrucción número 4 su escrito de calificación, en el que atribuye a Miguel Carcaño los delitos de asesinato, agresión sexual y profanación de cadáveres, por los que reclama la máxima condena que establece el Código Penal: 50 años y cinco meses de cárcel. A su hermano Javier Delgado, la familia le considera presunto autor de sendos delitos de encubrimiento, profanación y amenazas al Cuco, por los que pide ocho años.
La acusación de los padres de Marta se completa con los tres años que ha pedido por encubrimiento y profanación para los otros dos imputados: María García, la novia de Javier, y Samuel Benítez, el íntimo amigo de Carcaño.La acusación reclama una indemnización para la familia de 780.000 euros, de los que la mayor parte -480.000 euros- responsabiliza a Carcaño, mientras que a los otros tres implicados pide 100.000 euros a cada uno.Para solicitar estas penas, el abogado de la familia de Marta ha considerado como buena la tercera versión de los hechos que ofreció en su día Miguel Carcaño, en la que confesó la violación y culpó al Cuco de ser el autor de la muerte de Marta, a la que habría asfixiado con un cable de una alargadera.
La acusación particular en este caso, que lleva a cabo el bufete Montero-Aramburu, relata que en un período que sitúa entre las ocho de la tarde del 24 de enero de 2009 y las 00:00 del día siguiente, Miguel Carcaño y el menor de 16 años conocido como el Cuco agredieron a Marta en el piso de León XIII, por causas "no determinadas" y después de haber tomado alcohol y fumado algún porro. La víctima, que se hallaba "indefensa y confiada" por la relación de amistad previa que tenía con estos dos jóvenes, recibió "golpes, puñetazos y patadas".
A continuación la llevaron al dormitorio de Miguel, donde la "amordazaron para ahogar su gritos", persistiendo los golpes y violándola cada uno. Para amedrentar a Marta, los dos jóvenes esgrimieron una navaja tipo mariposa que posteriormente fue recuperada por la Policía en una alcantarilla próxima al domicilio del asesino. Después de la agresión , el menor la asfixió con el cable, aunque el propósito de matarla era común a ambos, que comprobaron que Marta no tenía pulso con un tensiómetro.
A partir de aquí es cuando, según el relato de la acusación particular, entran en escena los otros tres implicados, para ayudar a "limpiar los vestigios que pudieran haber quedado en el lugar y deshacerse del cadáver". Esta estrategia para ocultar la "brutal agresión física y sexual" de Marta estaría "dirigida" por Javier Delgado, una persona con más edad que los anteriores y, sobre todo, "con experiencia en situaciones límite por su condición profesional". La acusación considera que, además de "asegurar un pacto de silencio" entre todos los implicados, el hermano de Miguel amenazó esa misma noche al Cuco, a quien según la declaración de este menor -de la que después se retractó- le habría asegurado que "le iba a pasar algo muy grave a su familia" si contaba lo que había sucedido en el piso de León XIII.
Los padres de Marta también pretenden imputar en este mismo procedimiento -la cuestión está pendiente de un recurso en la Audiencia- otro delito de amenazas al hermano de Miguel Carcaño en relación con la ex novia de éste, la menor de 14 años con la que vivía en Camas hasta su arresto. "Si dices algo de lo que sabes a tu madre te rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", aseguró la menor que Javier Delgado le dijo en una conversación telefónica en los días siguientes al crimen.A pesar de la petición de 50 años, Carcaño sólo podrá permanecer 25 años encarcelado, ya que ése es el límite legal fijado cuando una persona es condenada por dos o más delitos y uno de ellos está castigado con penas de hasta 20 años, como ocurre con el asesinato.
La acusación de los padres de Marta se completa con los tres años que ha pedido por encubrimiento y profanación para los otros dos imputados: María García, la novia de Javier, y Samuel Benítez, el íntimo amigo de Carcaño.La acusación reclama una indemnización para la familia de 780.000 euros, de los que la mayor parte -480.000 euros- responsabiliza a Carcaño, mientras que a los otros tres implicados pide 100.000 euros a cada uno.Para solicitar estas penas, el abogado de la familia de Marta ha considerado como buena la tercera versión de los hechos que ofreció en su día Miguel Carcaño, en la que confesó la violación y culpó al Cuco de ser el autor de la muerte de Marta, a la que habría asfixiado con un cable de una alargadera.
La acusación particular en este caso, que lleva a cabo el bufete Montero-Aramburu, relata que en un período que sitúa entre las ocho de la tarde del 24 de enero de 2009 y las 00:00 del día siguiente, Miguel Carcaño y el menor de 16 años conocido como el Cuco agredieron a Marta en el piso de León XIII, por causas "no determinadas" y después de haber tomado alcohol y fumado algún porro. La víctima, que se hallaba "indefensa y confiada" por la relación de amistad previa que tenía con estos dos jóvenes, recibió "golpes, puñetazos y patadas".
A continuación la llevaron al dormitorio de Miguel, donde la "amordazaron para ahogar su gritos", persistiendo los golpes y violándola cada uno. Para amedrentar a Marta, los dos jóvenes esgrimieron una navaja tipo mariposa que posteriormente fue recuperada por la Policía en una alcantarilla próxima al domicilio del asesino. Después de la agresión , el menor la asfixió con el cable, aunque el propósito de matarla era común a ambos, que comprobaron que Marta no tenía pulso con un tensiómetro.
A partir de aquí es cuando, según el relato de la acusación particular, entran en escena los otros tres implicados, para ayudar a "limpiar los vestigios que pudieran haber quedado en el lugar y deshacerse del cadáver". Esta estrategia para ocultar la "brutal agresión física y sexual" de Marta estaría "dirigida" por Javier Delgado, una persona con más edad que los anteriores y, sobre todo, "con experiencia en situaciones límite por su condición profesional". La acusación considera que, además de "asegurar un pacto de silencio" entre todos los implicados, el hermano de Miguel amenazó esa misma noche al Cuco, a quien según la declaración de este menor -de la que después se retractó- le habría asegurado que "le iba a pasar algo muy grave a su familia" si contaba lo que había sucedido en el piso de León XIII.
Los padres de Marta también pretenden imputar en este mismo procedimiento -la cuestión está pendiente de un recurso en la Audiencia- otro delito de amenazas al hermano de Miguel Carcaño en relación con la ex novia de éste, la menor de 14 años con la que vivía en Camas hasta su arresto. "Si dices algo de lo que sabes a tu madre te rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", aseguró la menor que Javier Delgado le dijo en una conversación telefónica en los días siguientes al crimen.A pesar de la petición de 50 años, Carcaño sólo podrá permanecer 25 años encarcelado, ya que ése es el límite legal fijado cuando una persona es condenada por dos o más delitos y uno de ellos está castigado con penas de hasta 20 años, como ocurre con el asesinato.
26 enero 2010
Alianza entre los bufetes Montero-Aramburu y Fernández Palacios
Comunicado.-- Montero-Aramburu y Fernández Palacios se alían para colaborar profesionalmente
Han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar el área de Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías en las zonas de Andalucía y Canarias
Las firmas de abogados Montero Aramburu y Fernández Palacios firmaron la pasada semana un acuerdo con el que se inicia una línea de colaboración entre ambos despachos andaluces con la que fortalecen y redoblan su presencia en el mercado jurídico andaluz y canario, abarcando prácticamente la totalidad de las disciplinas jurídicas.
El acuerdo, que garantiza la independencia de ambas firmas, tiene como objetivo compartir los recursos existentes en ambas organizaciones para potenciar el desarrollo del área de Propiedad Industrial en las zonas de Andalucía y Canarias
Con este nuevo paso MONTERO ARAMBURU pretende absorber la demanda de servicios de asesoramiento en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías de diferentes empresas andaluzas y canarias en el que FERNÁNDEZ PALACIOS ABOGADOS se precia de ser el primer bufete de Andalucía especializado en esta materia; a su vez, FERNÁNDEZ PALACIOS consolidará su asesoramiento jurídico marcario con aquellas otras disciplinas jurídicas que se suelen ver afectadas por ésta.
MONTERO ARAMBURU tiene una plantilla que supera los 80 letrados en sus diferentes oficinas y es la única firma jurídica de estas características con capital netamente andaluz en nuestra Comunidad. Fundado en 1971 y con más de 35 años de experiencia, MONTERO ARAMBURU destaca por ser una de los despachos más antiguos de Andalucía que cuenta con especialistas en todas las ramas del Derecho. Su sede principal está en Sevilla y cuenta además con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, FERNÁNDEZ PALACIOS es una firma de abogados líder en Propiedad Industrial e Intelectual y derechos afines en Andalucía; ubicada en Sevilla, fue fundada por D. Luis Javier Fernández-Palacios (q.e.p.d) con el objetivo de crear un referente en la materia para los empresarios de Andalucía, y cuenta con una plantilla de 7 letrados y una red de corresponsales extranjeros que abarca la totalidad de países existentes para la protección de Patentes y Marcas, con lo que en la actualidad destaca por ser un despacho andaluz altamente especializado en temas marcarios con proyección internacional.
Han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar el área de Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías en las zonas de Andalucía y Canarias
Las firmas de abogados Montero Aramburu y Fernández Palacios firmaron la pasada semana un acuerdo con el que se inicia una línea de colaboración entre ambos despachos andaluces con la que fortalecen y redoblan su presencia en el mercado jurídico andaluz y canario, abarcando prácticamente la totalidad de las disciplinas jurídicas.
El acuerdo, que garantiza la independencia de ambas firmas, tiene como objetivo compartir los recursos existentes en ambas organizaciones para potenciar el desarrollo del área de Propiedad Industrial en las zonas de Andalucía y Canarias
Con este nuevo paso MONTERO ARAMBURU pretende absorber la demanda de servicios de asesoramiento en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías de diferentes empresas andaluzas y canarias en el que FERNÁNDEZ PALACIOS ABOGADOS se precia de ser el primer bufete de Andalucía especializado en esta materia; a su vez, FERNÁNDEZ PALACIOS consolidará su asesoramiento jurídico marcario con aquellas otras disciplinas jurídicas que se suelen ver afectadas por ésta.
MONTERO ARAMBURU tiene una plantilla que supera los 80 letrados en sus diferentes oficinas y es la única firma jurídica de estas características con capital netamente andaluz en nuestra Comunidad. Fundado en 1971 y con más de 35 años de experiencia, MONTERO ARAMBURU destaca por ser una de los despachos más antiguos de Andalucía que cuenta con especialistas en todas las ramas del Derecho. Su sede principal está en Sevilla y cuenta además con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, FERNÁNDEZ PALACIOS es una firma de abogados líder en Propiedad Industrial e Intelectual y derechos afines en Andalucía; ubicada en Sevilla, fue fundada por D. Luis Javier Fernández-Palacios (q.e.p.d) con el objetivo de crear un referente en la materia para los empresarios de Andalucía, y cuenta con una plantilla de 7 letrados y una red de corresponsales extranjeros que abarca la totalidad de países existentes para la protección de Patentes y Marcas, con lo que en la actualidad destaca por ser un despacho andaluz altamente especializado en temas marcarios con proyección internacional.
24 enero 2010
Un año sin Marta: cinco imputados, un juicio por delante y un cadáver que sigue sin aparecer
Después de un año de intensa investigación policial y judicial sigue sin conocerse lo más importante: el paradero de los restos de su hija. El caso de su hija se ha convertido en un auténtico puzle que sigue sin resolverse y en el que, con el paso del tiempo, cada una de las piezas se han enrocado sobre sí mismas hasta el punto de que el hallazgo del cadáver se presenta como una hipótesis cada vez más incierta. A estas alturas nadie duda de que la Policía y el juez no han escatimado esfuerzos para localizar el cuerpo, pero ya sea por los obstáculos que han ido poniendo los imputados, con sus continuos cambios de declaración, o porque los investigadores no han podido llegar hasta el final, el puzle ha quedado incompleto. A las cuatro versiones de los hechos facilitadas por Miguel Carcaño, el asesino confeso, se suman los tres escenarios de búsqueda principal del cuerpo de Marta –el río Guadalquivir, el vertedero de Alcalá y la zanja de Camas– y las tres declaraciones que a lo largo de estos doce meses ha prestado la ex novia de Miguel Carcaño. Esta adolescente de sólo 14 años ha pasado de asegurar a la Policía en los primeros momentos que ignoraba que Miguel fuese el presunto asesino a relatar con toda clase de detalles como supuestamente el asesino le confesó un día después que había acabado con la vida de Marta y que después, con la ayuda de sus amigos, se deshicieron del cuerpo en el río. En su última declaración, la menor llegó a afirmar que Miguel salió de la casa de Camas sobre la 01:30 horas porque tenía que ocultar pruebas, en concreto, “un charco de sangre” que, según la menor, se habría producido después de que Miguel y su hermano Javier propinaran “patadas y puñetazos” a Marta. Este testimonio ha contribuido a enmarañar más el caso en un momento en que la instrucción llegaba a su fin sin ningún nuevo giro en la investigación.
12 enero 2010
Farruquito salda su deuda con la Justicia
Desde hoy es un hombre completamente libre. Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, que fue condenado a tres años de prisión por el atropello mortal de Benjamín Olalla, acaba hoy el cumplimiento de esta condena, aunque el bailaor disfrutaba de libertad desde marzo de 2008, cuando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado penitenciario tras haber pasado 14 meses encarcelado.
Ese beneficio penitenciario, que permitía al artista salir de la cárcel de Sevilla durante el día y regresar a dormir al recinto penitenciario, fue ampliado unos meses después -en verano de 2008-, cuando se le impuso el control telemático mediante una pulsera, con lo que ya no resultaba necesaria su vuelta a la prisión por las noches. En enero de 2009, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla le concedió finalmente la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de la condena que le impuso la Audiencia de Sevilla. Y ahora, Juan Manuel Fernández Montoya cierra esta etapa de su vida, al haber quedado liquidada la pena de prisión que debía cumplir, aunque deberá esperar todavía algunos meses más para poder volver a conducir vehículos, dado que aunque se sacó el carné antes de ser enjuiciado, la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia le condenó a una pena de tres años y seis meses de retirada del permiso de conducir vehículos de motor y ciclomotores, según fijó la sentencia dictada en septiembre de 2006.
Farruquito fue condenado por el atropello mortal de Benjamín Olalla, un joven de 35 años que murió atropellado en un paso de peatones de la calle Doctor Laffón Soto, cuando salía del polideportivo de San Pablo. Juan Manuel Fernández Montoya conducía el BMW 530 D que atropelló a la víctima y lo hacía sin carné ni seguro.
El juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla condenó inicialmente al bailaor a 16 meses de cárcel por los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro, pero la Fiscalía y la viuda de Benjamín Olalla, María Ángeles Madero, recurrieron la sentencia y la Audiencia elevó la condena hasta los tres años de cárcel, lo que hacía inevitable el ingreso en prisión de Farruquito. El artista recurrió e intentó cambiar la condena por multas o trabajos en beneficio de la comunidad, pero al final decidió ingresar voluntariamente en prisión para cumplir la condena. Farruquito se convirtió en el primer conductor que cumplía una condena de prisión por un delito de estas características. Su caso supuso un antes y un después. En la actualidad, los jueces no dudan en enviar a la cárcel a personas condenadas por delitos graves contra la seguridad vial.
09 enero 2010
Condenados por una estafa inmobiliaria por la "venta doble" de una vivienda
El Tribunal Supremo ha condenado a tres promotores inmobiliarios sevillanos a penas de seis meses y un año de prisión, como autores de un delito de estafa, por la "venta doble" de una vivienda. La sentencia, que revoca la absolución que había decretado la Audiencia de Sevilla, impone a los acusados el pago de una indemnización de 6.000 euros a la víctima, por el daño moral causado.
La compradora del inmueble, que está ubicado en la calle Eduardo Rivas, adquirió una vivienda, un garaje y un trastero en construcción a una promotora propiedad de dos de los acusados, J. M. R. y C. M. O., a los que abonó 24.000 euros como señal y parte del precio.
El contrato establecía que la escritura pública de la venta se otorgaría una vez que la obra estuviese acabada, algo que estaba previsto inicialmente para abril de 2003, pero los problemas económicos de la promotora impidieron la finalización de la construcción.
Los dos acusados procedieron entonces a la venta de la finca entera y otra promoción ubicada en la localidad de Benacazón a una segunda promotora, representada por el tercer imputado, M. M. M. Esta segunda promotora, ante el incremento de los costes de construcción, invitó a la compradora a renegociar el precio y a pactar un nuevo plazo de entrega, so pena de dar por resuelto el contrato. Como la compradora no quiso negociar con esta segunda promotora, se vio obligada a demandar a la primera sociedad que le vendió la finca.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que enjuició a los tres promotores inmobiliarios, les absolvió del delito de estafa que se les imputaba, al entender que faltaba acreditar que los procesados hubiesen actuado con "engaño", por cuanto los magistrados consideraban que los hechos denunciados constituían una serie de "incumplimientos contractuales insuficientes para configurar el engaño penal".
Los magistrados del Supremo consideran, en cambio, que este caso se enmarca en el supuesto de "doble venta" que ya ha castigado en otros supuestos la jurisprudencia del Alto Tribunal. La sentencia señala que la posterior venta de la finca a otra sociedad inmobiliaria produce un "indudable perjuicio" al comprador que se encuadra dentro del delito de estafa del artículo 251.2 del Código Penal, que castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión a quien "dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero".
La compradora del inmueble, que está ubicado en la calle Eduardo Rivas, adquirió una vivienda, un garaje y un trastero en construcción a una promotora propiedad de dos de los acusados, J. M. R. y C. M. O., a los que abonó 24.000 euros como señal y parte del precio.
El contrato establecía que la escritura pública de la venta se otorgaría una vez que la obra estuviese acabada, algo que estaba previsto inicialmente para abril de 2003, pero los problemas económicos de la promotora impidieron la finalización de la construcción.
Los dos acusados procedieron entonces a la venta de la finca entera y otra promoción ubicada en la localidad de Benacazón a una segunda promotora, representada por el tercer imputado, M. M. M. Esta segunda promotora, ante el incremento de los costes de construcción, invitó a la compradora a renegociar el precio y a pactar un nuevo plazo de entrega, so pena de dar por resuelto el contrato. Como la compradora no quiso negociar con esta segunda promotora, se vio obligada a demandar a la primera sociedad que le vendió la finca.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que enjuició a los tres promotores inmobiliarios, les absolvió del delito de estafa que se les imputaba, al entender que faltaba acreditar que los procesados hubiesen actuado con "engaño", por cuanto los magistrados consideraban que los hechos denunciados constituían una serie de "incumplimientos contractuales insuficientes para configurar el engaño penal".
Los magistrados del Supremo consideran, en cambio, que este caso se enmarca en el supuesto de "doble venta" que ya ha castigado en otros supuestos la jurisprudencia del Alto Tribunal. La sentencia señala que la posterior venta de la finca a otra sociedad inmobiliaria produce un "indudable perjuicio" al comprador que se encuadra dentro del delito de estafa del artículo 251.2 del Código Penal, que castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión a quien "dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero".
Sin acuerdo para poner en marcha el servicio común de ejecutorias
De momento no habrá servicio común de ejecución de sentencias penales para evitar que se repitan los errores del caso Mari Luz. La Consejería de Justicia ha retrasado la puesta en marcha de este servicio, prevista para enero, ante la falta de acuerdo con los sindicatos judiciales, que le han remitido un escrito -suscrito por todos los que tienen representación en Justicia: CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ- en el que plantean la apertura de un proceso de negociación que contemple una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en este servicio común y en todos los órganos judiciales.Los sindicatos también pretenden que se estudie la posibilidad de fijar un complemento económico específico para los funcionarios que pasen a formar parte de este servicio común -al igual que se hizo con los funcionarios destinados a los juzgados de Violencia sobre la Mujer-, que debe encargarse de la ejecución de las sentencias penales para agilizar el proceso y permitir un mayor control de las resoluciones. El secretario general de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública, Pedro Izquierdo, reconoció ayer que en la actualidad no se puede dar una fecha concreta para la puesta en funcionamiento del servicio común de ejecutorias porque, según dijo, para que este proyecto piloto salga adelante es "necesario el consenso de todos los operadores jurídicos", entre ellos los jueces, secretarios y organizaciones sindicales.Pedro Izquierdo añadió que el interés de la Consejería por este nuevo servicio es "enorme", ya que puede ser la solución para muchos de los problemas de los juzgados de lo Penal y contribuir a racionalizar el trabajo en estos órganos judiciales.
La Consejería ha puesto "todo su empeño" en esta experiencia piloto y quiere que ponerla en marcha cuanto antes mejor, explicó Pedro Izquierdo, que insistió en que el departamento que dirige Begoña Álvarez ya ha realizado los trabajos previos para que el sistema entre en funcionamiento: se ha creado el juzgado de lo Penal número 14, la ubicación del servicio -que irá emplazado en la nueva sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira- y se han hecho los estudios previos.Por su parte, el representante del CSIF, Miguel Ángel Ramos, dijo que los sindicatos acogieron positivamente el nuevo servicio común de ejecutorias penales porque era una buena manera de "templar los ánimos en los juzgados de lo Penal" tras el caso Mari Luz y la sobrecarga de trabajo que ha hecho que estos órganos tengan pendientes de ejecutar actualmente más de 11.000 sentencias. Ramos consideró que el nuevo servicio podía contribuir a "aliviar" la situación, pero comenzaron a ponerle pegas al proyecto cuando comprendieron que no iba a suponer un incremento de la plantilla de funcionarios.
El representante sindical señaló que el servicio "no va a funcionar con un número tan reducido de funcionarios" -la Junta ha fijado a priori una plantilla de 65 funcionarios, que saldrían de los 14 juzgados de lo Penal- y consideró que, como mínimo, harán falta entre 15 y 20 funcionarios más.El portavoz del CSIF también considera "escaso" el número de funcionarios que quedarán en las nuevas Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad) -los antiguos juzgados de lo Penal-, que estarán integrados por el juez y tres funcionario (uno del cuerpo de Gestión Procesal y dos de Tramitación). El proyecto también contempla que un secretario por cada dos Upad, mientras que en el servicio común de ejecución de sentencias penales habrá siete secretarios, de los cuales uno hará las funciones de director del mismo.
La Consejería ha puesto "todo su empeño" en esta experiencia piloto y quiere que ponerla en marcha cuanto antes mejor, explicó Pedro Izquierdo, que insistió en que el departamento que dirige Begoña Álvarez ya ha realizado los trabajos previos para que el sistema entre en funcionamiento: se ha creado el juzgado de lo Penal número 14, la ubicación del servicio -que irá emplazado en la nueva sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira- y se han hecho los estudios previos.Por su parte, el representante del CSIF, Miguel Ángel Ramos, dijo que los sindicatos acogieron positivamente el nuevo servicio común de ejecutorias penales porque era una buena manera de "templar los ánimos en los juzgados de lo Penal" tras el caso Mari Luz y la sobrecarga de trabajo que ha hecho que estos órganos tengan pendientes de ejecutar actualmente más de 11.000 sentencias. Ramos consideró que el nuevo servicio podía contribuir a "aliviar" la situación, pero comenzaron a ponerle pegas al proyecto cuando comprendieron que no iba a suponer un incremento de la plantilla de funcionarios.
El representante sindical señaló que el servicio "no va a funcionar con un número tan reducido de funcionarios" -la Junta ha fijado a priori una plantilla de 65 funcionarios, que saldrían de los 14 juzgados de lo Penal- y consideró que, como mínimo, harán falta entre 15 y 20 funcionarios más.El portavoz del CSIF también considera "escaso" el número de funcionarios que quedarán en las nuevas Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad) -los antiguos juzgados de lo Penal-, que estarán integrados por el juez y tres funcionario (uno del cuerpo de Gestión Procesal y dos de Tramitación). El proyecto también contempla que un secretario por cada dos Upad, mientras que en el servicio común de ejecución de sentencias penales habrá siete secretarios, de los cuales uno hará las funciones de director del mismo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)