Sin acuerdo para poner en marcha el servicio común de ejecutorias

De momento no habrá servicio común de ejecución de sentencias penales para evitar que se repitan los errores del caso Mari Luz. La Consejería de Justicia ha retrasado la puesta en marcha de este servicio, prevista para enero, ante la falta de acuerdo con los sindicatos judiciales, que le han remitido un escrito -suscrito por todos los que tienen representación en Justicia: CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ- en el que plantean la apertura de un proceso de negociación que contemple una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en este servicio común y en todos los órganos judiciales.Los sindicatos también pretenden que se estudie la posibilidad de fijar un complemento económico específico para los funcionarios que pasen a formar parte de este servicio común -al igual que se hizo con los funcionarios destinados a los juzgados de Violencia sobre la Mujer-, que debe encargarse de la ejecución de las sentencias penales para agilizar el proceso y permitir un mayor control de las resoluciones. El secretario general de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública, Pedro Izquierdo, reconoció ayer que en la actualidad no se puede dar una fecha concreta para la puesta en funcionamiento del servicio común de ejecutorias porque, según dijo, para que este proyecto piloto salga adelante es "necesario el consenso de todos los operadores jurídicos", entre ellos los jueces, secretarios y organizaciones sindicales.Pedro Izquierdo añadió que el interés de la Consejería por este nuevo servicio es "enorme", ya que puede ser la solución para muchos de los problemas de los juzgados de lo Penal y contribuir a racionalizar el trabajo en estos órganos judiciales.
La Consejería ha puesto "todo su empeño" en esta experiencia piloto y quiere que ponerla en marcha cuanto antes mejor, explicó Pedro Izquierdo, que insistió en que el departamento que dirige Begoña Álvarez ya ha realizado los trabajos previos para que el sistema entre en funcionamiento: se ha creado el juzgado de lo Penal número 14, la ubicación del servicio -que irá emplazado en la nueva sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira- y se han hecho los estudios previos.Por su parte, el representante del CSIF, Miguel Ángel Ramos, dijo que los sindicatos acogieron positivamente el nuevo servicio común de ejecutorias penales porque era una buena manera de "templar los ánimos en los juzgados de lo Penal" tras el caso Mari Luz y la sobrecarga de trabajo que ha hecho que estos órganos tengan pendientes de ejecutar actualmente más de 11.000 sentencias. Ramos consideró que el nuevo servicio podía contribuir a "aliviar" la situación, pero comenzaron a ponerle pegas al proyecto cuando comprendieron que no iba a suponer un incremento de la plantilla de funcionarios.
El representante sindical señaló que el servicio "no va a funcionar con un número tan reducido de funcionarios" -la Junta ha fijado a priori una plantilla de 65 funcionarios, que saldrían de los 14 juzgados de lo Penal- y consideró que, como mínimo, harán falta entre 15 y 20 funcionarios más.El portavoz del CSIF también considera "escaso" el número de funcionarios que quedarán en las nuevas Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad) -los antiguos juzgados de lo Penal-, que estarán integrados por el juez y tres funcionario (uno del cuerpo de Gestión Procesal y dos de Tramitación). El proyecto también contempla que un secretario por cada dos Upad, mientras que en el servicio común de ejecución de sentencias penales habrá siete secretarios, de los cuales uno hará las funciones de director del mismo.