La imputación de Antonio Rivas en el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla se sustenta únicamente en la declaración del ex director del mercado central, Fernando Mellet. Y este testimonio sólo se ha reproducido ante la Policía Judicial y ante la fiscal jefe, María José Segarra, pero no en el juzgado, donde Mellet se acogió a su derecho a no declarar. En este contexto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la declaración de un "coimputado" -como es el caso de Mellet- que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando no resulta "mínimamente corroborada" por otras pruebas en contra del imputado. Y si esta declaración no ha sido ratificada ante el juez, no puede considerarse como prueba de cargo para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.
El abogado Francisco Baena Bocanegra, que defiende a Antonio Rivas, ha remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, un escrito en el que solicita el archivo de la causa contra el delegado provincial de Empleo, al estimar que no hay ninguna prueba contra él más allá de la declaración ante la Policía del coimputado Fernando Mellet. El penalista asegura que "no existe en toda la causa ni un solo elemento, documental, testifical o de cualquier otra naturaleza, en que apoyar" que Antonio Rivas estuviera concertado con los demás imputados ni que diese instrucciones para exigir una comisión de 300.000 euros a los empresarios de La Raza, como contraprestación a la subvención que la Junta concedió para la creación de una escuela de hostelería en Mercasevilla.
El escrito concluye que se está produciendo un "atropello flagrante" de la presunción de inocencia de Rivas, que desde que estalló el escándalo está sufriendo un "desgaste social, político, familiar y personal debido en gran parte al proceso paralelo mediático que se viene alentando desde posiciones interesadas en este juego".
La petición de archivo de la defensa, que aún no ha sido contestada por la juez Mercedes Alaya, analiza con detalle las declaraciones efectuadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, y considera que la atribución al delegado de las órdenes para exigir la comisión es, sencillamente, una conjetura "que podría rozar lo temerario".
En su declaración, Fernando Mellet sostuvo que Antonio Rivas le telefoneó en dos ocasiones, en diciembre de 2008 y el 5 de enero, para comentarle que debía reclamar a los hosteleros una ayuda "voluntaria" de 300.0000 euros para la Junta de Andalucía, para la realización de determinados proyectos sociales. Pero esta afirmación no está corroborada por otros testimonios que obran en el sumario. Así, la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira, que también está imputada, negó que en su presencia se comentara que había que pagar una comisión ni ella intuyó que se pudiera estar hablando de pagos ilegales. A esta declaración se suma el propio testimonio de los hosteleros de La Raza, que mantuvieron varias reuniones "técnicas" con el delegado de Empleo y en ninguno de esos encuentros Rivas les comentó la necesidad de hacer frente al pago de ninguna comisión.
El nombre de Antonio Rivas tampoco aparece en las grabaciones que los empresarios aportaron como principal prueba de su denuncia y en la que los ex directivos de Mercasevilla les exigen supuestamente los 300.000 euros.
A pesar de que sólo le implica Fernando Mellet, la juez ha citado al delegado de Empleo a la vista convocada para el próximo miércoles en la que se concretará una imputación por un delito de cohecho que, según la instructora, se presenta en estos momentos como "verosímil". Por ello, le ha impuesto una fianza de 400.000 euros, al igual que a los otros imputados en esta línea de investigación sobre Mercasevilla: Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira.
El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, ya ha pedido que se sobresea el procedimiento contra el delegado de Empleo y contra Regla Pereira, pero la Fiscalía de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre si incluirá a Rivas entre las personas sobre las que se debe seguir el procedimiento -en la investigación preliminar que realizó el Ministerio Público, la fiscal jefe ni siquiera le citó a declarar-. Quién sí le imputará formalmente el delito es la acusación que ejerce el PP, con lo que es probable que, pese a a la ausencia de pruebas directas, Rivas se vea sentado en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular.
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