La carta de Miguel Carcaño no cambia su versión sobre el crimen de Marta

No hay cambios sustanciales desde la última confesión de Miguel Carcaño, el principal imputado por el asesinato de Marta del Castillo. La carta remitida por el joven a su nueva abogada, Paloma Pérez Sendino, tras protagonizar un amago de suicidio en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, mantiene en lo sustancial su última declaración ante el juez, el pasado 17 de marzo: que entre él y el menor de 15 años violaron a Marta del Castillo y después el adolescente la asfixió con el cable de una alargadera.
Después, arrojaron el cuerpo, oculto en bolsas de plástico, a un contenedor de basuras que hay en las inmediaciones de su vivienda de la calle León XIII.Fuentes del caso corroboraron ayer que si la carta hubiese incluido algún detalle nuevo o relevante para la investigación, sobre todo vinculado a la posible localización del cuerpo de la víctima, el juez habría citado a declarar de inmediato a Miguel Carcaño para que ratificara el contenido.
La misiva, que iba dirigida a su letrada y estaba escrita a modo de "última voluntad" -de hecho esta leyenda aparecía en el sobre de puño y letra de Carcaño-, está en poder del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla desde el pasado viernes por la mañana, cuando la Policía Judicial la entregó tras haberla recogido en un sobre cerrado que había custodiado hasta ese momento la dirección de la cárcel. Según fuentes cercanas a la prisión de Morón de la Frontera, el amago de suicidio de Miguel Carcaño podría tratarse en realidad de un aparente "intento de llamar la atención" más que de una verdadera acción para acabar con su vida.
Otras fuentes apuntan que, al día siguiente, el joven se mostraba "abatido" y con dolores en el cuello, aunque el intento de suicidio con el cordón de un chándal no le dejó marcas visibles y ni siquiera tuvo que ser trasladado para recibir asistencia sanitaria.Antonio del Castillo, padre de Marta, ha declarado que el supuesto suicidio es "bastante falso" y ha pedido a la Policía y al juez que intervengan para impedir que el principal imputado en el asesinato de su hija se "pitorree" de la sociedad y de la Justicia.El juez que lleva el caso tomará declaración el martes a la novia de otro de los implicados, Samuel Benítez, y a varios testigos propuestos por la defensa de este joven.

Una carta para el juez después de un intento de suicio en prisión

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, recibió ayer una carta escrita por Miguel Carcaño, el principal imputado por el asesinato de Marta del Castillo, tras haber protagonizado un amago de suicidio en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde está recluido.La misiva, cuyo contenido no ha trascendido, fue hallada la noche del pasado jueves en la celda de Carcaño, después de que el hasta ahora asesino confeso intentara supuestamente quitarse la vida colgándose con un cordón de su chandal.
Fuentes próximas a la prisión apuntan a que la acción del joven se trató, en realidad, de un aparente "intento de llamar la atención" más que de una verdadera autolisis. Según estas fuentes, no tendría mucho sentido que Miguel Carcaño, que está en prisión provisional desde el 16 de febrero, tratara de colgarse anudando el cordón al quicio de una puerta de un cuarto de baño que estaba muy concurrido, puesto que este servicio se ubica junto al patio que hay en el módulo de ingresos de la cárcel de la localidad sevillana.
Además, Miguel Carcaño está incluido en el Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS) desde su encarcelamiento, por lo que siempre está acompañado por un interno de apoyo o "interno sombra", para evitar precisamente que pueda quitarse la vida o ser objeto de alguna agresión. Instituciones Penitenciarias incluyó a Carcaño en este programa, al igual que los otros implicados en el caso que están en prisión, al tratarse de un delito de especial gravedad, en el que existe una gran presión social y porque se trata de delincuentes primarios, factores que aconsejan esta vigilancia extrema.La carta del presunto suicida fue recogida en la cárcel por la Policía Judicial y enviada ayer por la mañana al juzgado de Instrucción número 4. El hecho de que el juez no haya citado a declarar de nuevo a Carcaño revelaría que la carta no aportaría ningún cambio sustancial a la última declaración que éste realizó -en la que confesó que la adolescente fue violada antes de ser asesinada-, dado que en el supuesto contrario el instructor no habría dudado en tomarle declaración, como hizo en otros momentos de la investigación en los que no le importó prolongar las pesquisas hasta altas horas de la madrugada, dijeron fuentes del caso.
El amago de suicidio se produjo en torno a las 20:00 del jueves, poco antes de cenar, cuando el joven comentó a su interno de apoyo que tenía que ir al baño. Como quiera que tardó en salir más de lo normal, el interno se acercó y descubrió que estaba colgado, por lo que dio la voz de alarma y se avisó al médico, aunque no tuvo ni siquiera que ser trasladado al no sufrir ninguna lesión.La abogada Paloma Pérez Sendino, que esta semana se hizo cargo de la defensa de Miguel Carcaño, se acercó ayer a la prisión de Morón para entrevistarse con su cliente, con quien se reunió por espacio de una hora. La letrada aseguró que desconoce el contenido de la carta que ha sido enviada al juez.Miguel Carcaño, según fuentes cercanas a la prisión, se encontraba ayer "abatido, con molestias en el cuello y con problemas para hablar bien" tras el supuesto intento de suicidio. La acción del joven fue acogida ayer con escepticismo por parte de Antonio del Castillo, padre de Marta, quien consideró que el intento del joven por acabar con su vida es "bastante falso porque me he enterado de cómo ha sido" y lo ocurrido sólo sirve para mostrar "el tipo de persona que es".
El padre de la menor añadió que él no impediría el suicidio del presunto asesino, aunque antes desearía que revelara el paradero del cuerpo de Marta. "Lo que quiero es que la Policía lo exprima y diga dónde está mi hija, porque esto es vergonzoso y los familiares estamos desesperados", admitió Antonio del Castillo."La Policía o el juez tienen que tomar partido, porque este individuo no puede estar pitorreándose de la sociedad y de la Justicia", advirtió el padre de Marta, quien consideró respecto a la posibilidad de que el cuerpo esté en el vertedero de Alcalá de Guadaíra que "puede ser otra mentira" de Miguel Carcaño.

La nueva letrada de Miguel Carcaño está estudiando cómo se obtuvieron las pruebas del caso

La nueva abogada de Miguel Carcaño, principal imputado por la muerte de Marta del Castillo, está estudiando cómo se han obtenido las pruebas contra su cliente, con el que ya ha mantenido un primer contacto en la prisión. La letrada Paloma Pérez Sendino explicó ayer que este caso "es uno más" en su dilatada trayectoria profesional, si bien admitió que se trata de "un reto" porque en este asunto hay muchos aspectos jurídicos interesantes: "Está la cuestión del grado de participación, si hay cómplices, autores y cooperadores necesarios en el delito; hay que ver si existen atenuantes y qué papel juegan en lo ocurrido; y hay que estudiar cómo se han obtenido las pruebas, la valoración que se puede hacer de las mismas y si son válidas o no conforme a la doctrina constitucional".Sobre su encuentro con Miguel Carcaño en la prisión de Morón, Paloma Pérez indicó que ha visto al joven "muy receptivo y dispuesto a colaborar".

La abogada añadió que el principal imputado sigue manteniendo su última confesión, en la que reconoce que entre él y el menor de 15 años agredieron sexualmente a Marta, aunque culpa de la muerte al adolescente. "Si no hay una nueva declaración es porque él mantiene la última. De momento, no voy a pedir que declare de nuevo ante el juez", argumentó.La letrada considera que la presión de los medios de comunicación no afectará a su trabajo. "A mí no me afecta como profesional, pero si el caso va a un jurado hay un juicio paralelo y no queremos que ocurra como en otros casos", señaló. La abogada insistió en que este caso "es uno más, con sus diferencias porque se trata de un presunto asesinato sin el cadáver, de momento. Estoy tratando de hacer mi labor dentro del derecho de defensa y de la ley, ya que me ha tocado dentro del turno de oficio y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible con respeto a todas las partes y barajando todos los datos que hay en el sumario ". La abogada recordó que desde su colegiación, en 1980, ha vinculado su labor profesional al derecho penal, aunque también ha llevado asuntos civiles, como divorcios y separaciones matrimoniales. En materia penal, ha ejercido la defensa en asuntos de tráfico de drogas, delitos contra la libertad sexual, lesiones, robo y estafas. La abogada, que tiene un amplio conocimiento en los aspectos jurídicos relacionados con la valoración de pruebas, compagina su cometido profesional con su labor como profesora de nuevos letrados en la Escuela de Práctica Jurídica.De otro lado, ayer concluyó sin rastro alguno la sexta jornada de búsqueda del cuerpo en el vertedero de Alcalá de Guadaíra. El juzgado que investiga el caso será reforzado con un funcionario, según anunció la Consejería de Justicia.

El juez Rafael Tirado embarga la pensión al pederasta Santiago del Valle, que se queja desde la prisión de Albolote

El juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla ha embargado la pensión del pederasta Santiago del Valle y de su esposa, Isabel García, para hacer frente al pago de la indemnización que deben abonar a su hija por los abusos sexuales que él mismo cometió sobre la menor en 1999.El pederasta Santiago del Valle considera en una carta remitida desde la prisión de Albolote (Granada) que la decisión del magistrado Rafael Tirado Márquez, que fue sancionado precisamente con una multa de 1.500 euros por el retraso en la ejecución de esta condena, es una "injusticia contra dos personas declaradas minusválidas".

El juzgado de lo Penal número 1 condenó en 2002 a Santiago del Valle a dos años y nueve meses de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija, mientras que su esposa, Isabel García, fue condenada a un año y siete meses por consentir los abusos a la niña. La sentencia, que fue confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla casi tres años después, en diciembre de 2005, impuso además al matrimonio el pago de una indemnización para la hija de 60.101,21 euros, en concepto de daños y perjuicios a la menor.La carta remitida por el pederasta, que está actualmente en prisión cumpliendo esta condena y también provisionalmente como presunto autor del asesinato de la pequeña onubense Mari Luz Cortés, señala que el juzgado les ha embargado las pensiones de invalidez que percibían cada uno de los cónyuges y que ascienden a 336,44 euros mensuales cada una. Del Valle dice que ha enviado varios escritos al juez Rafael Tirado y a la Fiscalía de Sevilla, "sin tener respuesta alguna" y sin que se les haya notificado ninguna resolución de embargo. La esposa lleva sin cobrar la pensión desde octubre de 2008 y Santiago del Valle, desde diciembre.

En su misiva, en la que aparecen algunas faltas de ortografía, el pederasta relata que el embargo de la pensión obedece al escándalo que se produjo por el retraso en la ejecución de la sentencia. "A este señor juez don Rafael Tirado le echaron una multa, y a la secretaria del mismo también, creo yo, y al poco tiempo, nos embargan lo poco que nos dan por invalidez, que es lo único que tenemos los dos, y todo porque yo soy Santiago del Valle", concluye la carta remitida por el pederasta. El recluso asegura que habían sido declarados insolventes.Fuentes del caso confirmaron ayer que el embargo de las pensiones de Santiago del Valle y de su mujer constituye una de las medidas normales para proceder al pago de la indemnización que en su día se fijó en la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.

SPJ-USO muestra sus dudas sobre el plan de Inspección en los juzgados

Adjuntamos nota remitida por SPJ-USO
Con fecha de 23 de marzo se ha publicado en el BOJA el acuerdo del Consejo de Gobierno Andaluz por el que se aprueba el Plan General de Inspección para el año 2009. Como novedad, incluye por primera vez desde el año 1997 (año en que la Junta de Andalucía asumió competencias en materia de Administración de Justicia), PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
Básicamente, la orientación de la Inspección se centrará en tres programas de control, centrados en 1) medidas de seguridad de los sistemas informáticos de información al servicio de la Admón. de Justicia y respeto a las normas de comportamiento que, en relación a ellos, debe observar el funcionario judicial; 2) evaluación de los procesos de elaboración y desarrollo de la Formación de los funcionarios judiciales; y 3) seguimiento del absentismo, con análisis de la tramitación de incapacidades temporales..
Si la medida llegara a aportar algo positivo para el funcionamiento de los órganos judiciales, lo recibiremos con entusiasmo, desde luego. Lo que ocurre es que nos tememos que pase lo de siempre... que sirva para maquillar la ineficacia administrativa que, crónicamente, se demuestra en este aspecto, entre otras, por estas razones:
-Primero: la Junta de Andalucía no tiene competencias sobre el personal directivo de los Juzgados (Jueces, Fiscales y Secretarios); y quizás ahí sí que puede haber un verdadero problema en relación con cumplimiento de jornada, de horas de audiencia reales, de cumplimiento de funciones legalmente atribuidas a estos Cuerpos, etc. Así que recomendaremos encarecidamente a nuestra Consejería que se coordine con el Ministerio de Justicia y con el CGPJ para que el Plan de Inspección sirva para algo en la Justicia e incluya al "personal directivo", ajeno a este tipo de inspecciones.
-Segundo: el Plan, en lo que a la Justicia atañe, debe de coordinarse y acompasarse debidamente con el estudio de cargas de trabajo y dimensión de la plantilla que se está (o debería estar) realizando ya, según lo anunciado en su día por la Sra. Consejera.
-Tercero: La Administración de Justicia andaluza no está, ni mucho menos, falta de Servicios de Inspección: sobre la actividad del personal de los Juzgados y Tribunales recae Inspección periódica por parte del CGPJ, TSJ y Audiencias Provinciales... Por tanto, por planes de Inspección, no va a quedar, aquí parecen hasta sobrar. La pregunta es, sin embargo, ¿está sirviendo de algo esta actuación inspectora?
Normalmente, la Administración encargada de poner los medios a la Justicia (en nuestro caso, la Junta de Andalucía) no hace el menor caso de las recomendaciones de los Inspectores, que, en su inmensa mayoría, alertan sobre el atasco en los Juzgados y en la sorprendente carencia de medios. Si la Consejería está a dispuesta a asumir eso, tras su propia Inspección, que vaya preparando un presupuesto decente para la Administración de Justicia a partir de 2010. Estamos hartos de anuncios de puro marketing que no sirven de nada ¡Ya está bien! La Administración de Justicia es el servicio del Estado con más actividad Inspectora, y hasta ahora le ha servido de muy poco.
-Cuarto: Creemos que suele ser una salida bastante fácil al problema echarle la culpa, como siempre, al absentismo laboral de los funcionarios, como no hace mucho hicieron los Jueces a través de la Sala de Gobierno del TSJ. Ese supuesto protagonismo del "absentismo" en la, más que obvia, mala marcha de la Justicia, desde luego, engancharía, con la larga tradición de chistes populares sobre el trabajo de los funcionarios. Pero, siendo serios, ¿a qué se refieren con lo de "absentismo"? ¿Se trata de las bajas médicas? Si alguien está de baja, sólo es y puede ser porque lo ha certificado previamente un médico oficial, en muchos casos perteneciente la propia Junta de Andalucía, y cuando no a una Mutualidad Oficial dependiente del Ministerio de Justicia. Además, por otro lado, la Administración ya viene ejerciendo su facultad de Inspección en estos casos de enfermedad, sometiendo a revisiones a los pacientes, para controlar el desarrollo de la baja médica de los empleados públicos.
En relación con la salud de los funcionarios, sin embargo, tenemos que recordar a la Consejería que en el ámbito de la Administración de Justicia, a diferencia del resto de la Junta de Andalucía, no existe NI SIQUIERA UN BORRADOR DE PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL (aparte de algún que otro cartel que, junto al sitio en que uno tenga la suerte de toparse con un extintor –que ya era evidente por sí mismo-, se limita a señalarlo con una flecha justo encima, hecha a bolígrafo por algún funcionario caritativo) y que las condiciones en los centros de trabajo judiciales son, en términos generales, sencillamente DELEZNABLES, incluidos muchos de los nuevos edificios judiciales
-Quinto: SPJ-USO volverá a reiterar, otra vez, todas las medidas que creemos eficaces para que la Justicia llegue a funcionar, como lo llevamos haciendo desde hace años... sin que nos hagan caso. "

El juzgado archiva la denuncia por amenazas al juez Rafael Tirado

Un juzgado de Sevilla ha archivado la denuncia que presentó el juez Rafael Tirado en la Fiscalía, tras haber recibido una carta anónima en la que se le amenazaba de muerte si no presentaba su dimisión a raíz del escándalo por el retraso en la ejecución de la condena de Santiago del Valle, el presuntoasesino de Mari Luz Cortés. Rafael Tirado recibió el pasado 5 de febrero una misiva en su juzgado, plagada de errores ortográficos, en la que se le requería para que dimitiera o se “tirara desde la Giralda o al Guadalquivir”. La carta reprochaba al juez que hubiese recurrido
la sanción de 1.500 euros de multa que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
por una falta grave de retraso en la tramitación de la ejecutoria del pederasta Santiago del Valle y concluía que “no tenía derecho a vivir”.
El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla remitió entonces el escrito a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que ordenó abrir unas diligencias de investigación y pidió a la Policía Científica que examinara el anónimo en busca de alguna huella dactilar que pudiera conducir a averiguar quién estaba detrás de estas amenazas.
La Policía Científica halló tres huellas en la carta, pero ninguna del autor del anónimo, dado que
las mismas se correspondían con la identidad del propio juez Rafael Tirado, de la secretaria judicialdel juzgado de lo Penal número 1, Juana Gálvez, y del funcionario del mismo órgano judicial que había abierto la carta el día que fue recibida, al considerar que se trataba de alguna petición de un preso dirigida al juzgado.
Tras analizar el informe de la Policía Científica, la Fiscalía hispalense procedió a presentar una
denuncia en el juzgado de guardia al considerar que los hechos constituían un delito de amenazas,
si bien en el mismo escrito solicitaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor conocido.
La denuncia correspondió al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que nada más recibirla
procedió a dictar un auto de sobreseimiento provisional por las mismas razones. El caso queda, de esta forma, archivado mientras no se produzca un nuevo hecho que pueda aportar pistas sobre la presunta autoría de las amenazas realizadas al magistrado sevillano.
El juezRafael Tirado había sido sometido a protección policial nada más producirse la detención
de Santiago del Valle por el asesinato de la pequeña Mari Luz y una vez que se conoció que el pederasta se hallaba en libertad a pesar de que tenía una sentencia firme dictada por el juzgado de lo Penal número 1, en la que fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija. El Poder Judicial abrióunexpediente
disciplinario al magistrado que concluyó con una sanción de 1.500 euros que fue ratificada por
el Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces.

María Ángeles Calvo, nueva fiscal jefe de Dos Hermanas

Tras la reunión del Pleno del Consejo Fiscal celebrada hoy, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, propondrá los siguientes nombramientos para las Fiscalías de Área de nueva creación:
Fiscal Jefe de Dos Hermanas: Mª Ángeles Calvo Gallego.
Fiscal Jefe de Marbella: Luis Ángel Baeza Díaz-Portales.
Fiscal Jefe de Arrecife-Puerto Rosario: Yolanda López Gómez
Fiscal Jefe Ponferrada: Jacinto Fernández-Villalvilla
Fiscal Jefe Manresa-Igualada: Joan Ramón Menac Comas
Fiscal Jefe Mataró-Arenys: Luis Manuel García Antón
Fiscal Jefe Vilanova-Gavá: Susana Romero Carrascal
Fiscal Jefe Ferrol: Román Ruiz Alarcón
Fiscal Jefe Ibiza: Antonio Torres Tur
Fiscal Jefe Alcira: Javier Roda Alcayde
Fiscal Jefe Benidorm-Denia: Mª Lourdes Giménez-Pericas

Con estos nombramientos se continúa con el despliegue territorial de las Fiscalías en todo el territorio nacional, reforzando la plantilla fiscal en aquellas localidades que han experimentado un notable desarrollo demográfico en los últimos años. La implantación de las Fiscalías de Área permite una mayor cercanía de los Fiscales a los ciudadanos, y se consigue mejorar la agilidad en el trabajo diario del Ministerio Público.

Encuentro de abogados de Génova con el colegio hispalense

Una delegación del Colegio de Abogados de Génova, presidida por su decano,Stefano Savi, mantiene estos días un encuentro de trabajo con sus homólogos del Colegio de Abogados de Sevilla, en el marco de las relaciones institucionales que la corporación sevillana mantiene con diversos colegioseuropeos.
Tras mantener en la sede colegial una primera sesión de estudio sobre la solución extrajudicial de conflictos, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirin, recibió hoy a los abogados genoveses en el salón Colón del Ayuntamiento, en un acto en el que también intervinieron el decano de los abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo, y el vicealcalde de la ciudad de Génova, Georgio Guarello. El encuentro propiciado por los abogados supone también un estrechamiento de las relaciones entre ambas ciudades, pues se ha extendido a la firma de un acuerdo de colaboración entre las universidades sevillanas y genovesas y de un protocolo de intenciones entre las instituciones públicas que gestionan los puertos de Génova y Sevilla.

El negociado de ejecutorias donde estalló el caso Mari Luz lleva paralizado desde diciembre. La Junta dice que cubre las bajas en siete días

El sindicato CSI-CSIF volvió a denunciar ayer la "escandalosa" falta de medios personales y materiales de los juzgados de lo Penal de Sevilla, y en concreto del número 1, donde estalló el caso Mari Luz por la demora en la ejecución de una condena al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense. La falta de medios ha hecho, según un escrito remitido por el sindicato a la Delegación Provincial de Justicia, que desde hace tres meses, en diciembre pasado, esté paralizado el negociado donde se estaba ejecutando la sentencia que condenó a Santiago del Valle.
CSI-CSIF ha recordado que de los dos refuerzos con que la Junta había dotado al juzgado de lo Penal número 1, sólo se ha prorrogado uno de ellos, lo que, unido a las bajas por enfermedad de tres funcionarios, ha provocado que la situación de la plantilla en este órgano no haya hecho sino empeorar.
El sindicato ha señalado que tres funcionarios de este juzgado se encuentran de baja por enfermedad y que la Junta sólo ha cubierto dos de las vacantes, por lo que "una plaza queda por cubrir desde hace dos semanas". CSI-CSIF hace hincapié en que dos de estas bajas se deben a sendos "síndromes de ansiedad" y precisa que este extremo "no debe pasar desapercibido a la Administración, desde el punto de vista de la salud laboral y de las condiciones en que se presta el trabajo".En cuanto al negociado de ejecutorias que tramitaba la condena del presunto asesino de Mari Luz, la funcionaria que estaba a su cargo es una de las que está de baja por enfermedad y fue sustituida por otra trabajadora que también está enferma. El 24 de febrero, la Junta designó a una interina que procedía del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que "únicamente había trabajado con anterioridad en el orden contencioso-administrativo", por lo que carece de experiencia en la jurisdicción penal y, además, no ha recibido formación al respecto.CSI-CSIF considera que esta situación "no es imputable" a la funcionaria interina designada, que fue adscrita por la secretaria del juzgado al negociado de señalamientos, de menor complejidad técnica, una iniciativa que el sindicato califica de "loable". La consecuencia directa ha sido que el negociado que tramitó la ejecutoria del caso Mari Luz "continúa parado desde el mes de diciembre, por no estar cubierta la totalidad de la plantilla desde entonces".La "lamentable" situación ha provocado que sólo tres funcionarios tengan que tramitar las más de 900 ejecutorias que actualmente hay en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, lo que unido al trabajo añadido que ha generado la implantación del registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, está llevando a este órgano a un estado límite. "En estas condiciones no se puede trabajar, y hay que advertir de las peligrosas consecuencias que puede acarrear el abandono de este juzgado por parte de la Consejería de Justicia y Administración Pública", asevera CSI-CSIF en el escrito remitido a la Junta.
El sindicato reclama que se prorroguen los refuerzos que se habían acordado inicialmente y se cubran las vacantes por enfermedad porque, según afirma, no consentirán que en el futuro puedan exigirse responsabilidades a los funcionarios "cuando la verdadera responsabilidad es únicamente imputable a la dejadez y falta de sensibilidad de la Administración ante estos gravísimos problemas".
Por su parte, la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, aseguró ayer que las bajas de los funcionarios se cubren en siete días, algo que no concuerda con la denuncia expuesta por el sindicato...

Caso Macarena: Condenas de cuatro años para el ex secretario del distrito y el contratista de las obras

La Audiencia de Sevilla condenó ayer al ex secretario del distrito Macarena José Marín Rodríguez a cuatro años y tres meses de prisión y al contratista José Pardo García, el que fuera precisamente socio de Juan Guerra, a tres años y nueve meses. Estas penas, salvo lo que pueda resolver el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en los recursos que ya se han anunciado contra esta condena, conllevarían el encarcelamiento de los dos reos.José Marín y José Pardo fueron hallados culpables la semana pasada de sendos delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos por el jurado popular que ha enjuiciado el caso, y ayer el magistrado Francisco Gutiérrez dio forma a ese veredicto en una sentencia que corrobora la comisión de unos hechos delictivos que ocurrieron entre finales de 2002 y principios de 2003, cuando el distrito Macarena pagó poco antes de las elecciones municipales 28 facturas por unas obras urgentes que, en seis casos, se ha concluido que no se realizaron o se ejecutaron tan sólo de forma parcial.
El importe total malversado y que deben devolver al Ayuntamiento es de 5.901 euros.El juez, siguiendo el dictamen de los nueve ciudadanos que integraban el jurado, considera que el contratista José Pardo presentó las facturas para su cobro a pesar de que "conocía" que no se ejecutaron y con lo que "pretendía obtener más dinero del que le correspondería por las obras realizadas".El ex secretario del distrito, José Marín, por su parte, permitió "conscientemente" que el empresario cobrara las obras a pesar de que también estaba al corriente de que no se habían ejecutado, según recoge el fallo, que precisa que el ex responsable de la Macarena -un cargo de confianza designado por el alcalde- modificó los cheques expedidos para la empresa Contratas y Obras de Sevilla, añadiéndoles el nombre de José Pardo, "con el propósito de eludir los controles de la Administración".
La alteración de esos cheques, añade el magistrado, se efectuó "intencionadamente y con conocimiento de la trascendencia del acto", puesto que el jurado ya declaró probado que el ex secretario del distrito era consciente de que José Pardo no era el representante legal de la empresa Contratas y Obras de Sevilla, bajo cuyas siglas se contrataron las obras urgentes.La sentencia justifica la condena de José Marín porque "era la persona responsable de contratar la obra, de dar por finalizado el expediente y ordenar el pago de las obras, lo que se hacía mediante cheques firmados por el concejal [en alusión a José Antonio García], pero siempre por petición de José Marín". Para el magistrado, al permitir que el contratista cobrara por unos trabajos que no se habían realizado, conocía que "se iba a causar un perjuicio económico a la Administración Pública".El fallo cuestiona el sistema de contratación de las obras menores urgentes -que no superan los 2.400 euros- que fijó el Ayuntamiento y que, según el juez, tiene un "difícil encaje legal".
La ausencia de un verdadero procedimiento para tramitar esos expedientes "ha impedido que se conozcan los criterios que justificaban la decisión de contratar con una empresa determinada, hasta el punto que en los expedientes (si pueden merecer tal nombre) origen de los hechos, no existe documento alguno que acredite que se presentaron varios presupuestos" (sic).El juez Francisco Gutiérrez también muestra su sorpresa en cuanto a la práctica habitual en el distrito de fraccionar en varias facturas aquellas órdenes de trabajo que superaban el límite de los 2.400 euros, con la finalidad de eludir el procedimiento establecido para las obras mayores, tal y como admitió el ex secretario José Marín en el juicio al afirmar que "desde tiempo inmemorial" se actuaba de esta forma en la contratación de las obras. "Con independencia de que resulte absolutamente sorprendente que se reconozca con tanta naturalidad una práctica ilegal (que además no conlleva sanción alguna), debemos reconocer que la prueba pericial judicial no pudo alumbrar nada sobre este extremo porque en ningún momento se les pidió que valuasen el coste previsible de esas obras" para poder determinar si habían sido fraccionadas o se trataba de facturas duplicadas, sostiene el fallo.El magistrado aclara que no le corresponde calificar jurídicamente la decisión de instaurar ese procedimiento para contratar y ejecutar esas obras y ni si tenía o no soporte legal, "porque ese hecho no ha sido sometido a enjuiciamiento (y desconocemos si a investigación), pero sí constatar la directa relación que ha existido entre la instauración de ese proceder sin control ni intervención de los funcionarios del Ayuntamiento en ninguna de sus fases previas al pago con la aparición de los comportamientos ilícitos aquí enjuiciados".La sentencia absuelve finalmente al colaborador del distrito Macarena Manuel Portela, que ya fue apartado del veredicto del jurado al estimar el juez que no había la más mínima prueba contra él.
El juez llama la atención sobre la presencia de estos simpatizantes y militantes del PSOE, que superaban con creces el número de funcionarios del distrito: "Una organización administrativa en la que se concede participación directa y activa a ciudadanos que colaboran en el ejercicio de la función pública sin ninguna vinculación formal con la Administración, sino sólo con el partido político en el gobierno municipal", lo que debilita "la intervención y control de los funcionarios (que sólo eran cuatro frente a unos 25 colaboradores) en las labores propias de la Administración", concluye la resolución.

El Ministerio indemnizará con 4.600 euros a un secretario por abrirle un expediente de forma "injustificada" durante la huelga de funcionarios de 2005

El Ministerio de Justicia actuó de forma "absolutamente injustificada" cuando abrió expedientes disciplinarios a 33 secretarios judiciales andaluces, varios de ellos destinados en Sevilla, por no haber colaborado con la Junta en el seguimiento de la huelga realizados por los funcionarios de Justicia en la primavera de 2005.Un juzgado central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio a indemnizar con 4.600 euros a uno de estos secretarios por el "daño moral" y el "descrédito profesional" que esta medida le causó, dado que el inicio del expediente fue notificado a diferentes órganos de la Administración de Justicia y tuvo una "repercusión pública" en los medios de comunicación a pesar de que no aparecieran los nombres de los funcionarios expedientados.La sentencia recoge que los expedientes a los secretarios se abrieron después de que la Consejería de Justicia de la Junta, entonces dirigida por María José López, pusiera en conocimiento del Ministerio las "reiteradas conductas obstruccionistas" de los secretarios por no informar sobre qué funcionarios estaban ejerciendo su derecho a huelga.
Tras esta petición, el Ministerio incoó expediente disciplinario a un grupo de 33 secretarios por la presunta comisión de una falta grave tipificada en el artículo 536 de la ley orgánica del Poder Judicial. Este precepto castiga la posible suspensión de empleo y sueldo o el traslado forzoso la "negligencia o retraso injustificado" en el cumplimiento de la funciones inherentes al puesto de trabajo.Cinco meses después de la apertura de estos expedientes, la Consejería de Justicia solicitó en febrero de 2006 al Ministerio el sobreseimiento de los mismos, al entender la consejera María José López que no podía considerarse a los secretarios como los "únicos y exclusivos" responsables de no haber colaborado en su momento con la Junta. El Ministerio de Justicia acordó el archivo de los expedientes y un grupo de secretarios plantearon una reclamación de 18.000 euros al Ministerio por los daños y perjuicios derivados de esta actuación y de su publicidad.La sentencia de la Audiencia Nacional argumenta que la decisión del Ministerio "rebasó de forma clara y ostensible" el margen de apreciación para la apertura de la investigación, por cuanto "no existía al iniciar el expediente, ni se incorporó al mismo después, ni se ha acreditado ahora indicio material alguno que permitiera pensar" que el secretario pudiese haber cometido un hecho constitutivo de la infracción disciplinaria que se le atribuye.
El juez subraya que el expediente tiene como único antecedente el escrito remitido por la Consejería de Justicia y en el que la Junta se comprometía a remitir la documentación que se había requerido a las delegaciones provinciales para acreditar la conducta "obstruccionista" de los secretarios.Pero esa documentación, aclara el fallo, nunca se remitió a pesar de que la requirió el Ministerio de Justicia. Esto lleva a los magistrados a concluir que la apertura del expediente se realizó sin identificar el hecho o la omisión que podría constituir la falta imputada. "Lo único acreditado es que se incoó el expediente por una falta grave simplemente porque la Administración autonómica se lo ha pedido a la Administración General del Estado", por lo que la apertura resulta del todo "injustificada".La sentencia advierte al Ministerio de Justicia y a la Junta de que el expediente disciplinario "no es un instrumento en manos de la Administración para actuar en el conflicto laboral con sus funcionarios y sí únicamente para perseguir los actos que puedan incurrir en alguna de las infracciones tipificadas en la norma".