La imputación de Antonio Rivas en el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla se sustenta únicamente en la declaración del ex director del mercado central, Fernando Mellet. Y este testimonio sólo se ha reproducido ante la Policía Judicial y ante la fiscal jefe, María José Segarra, pero no en el juzgado, donde Mellet se acogió a su derecho a no declarar. En este contexto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la declaración de un "coimputado" -como es el caso de Mellet- que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando no resulta "mínimamente corroborada" por otras pruebas en contra del imputado. Y si esta declaración no ha sido ratificada ante el juez, no puede considerarse como prueba de cargo para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.
El abogado Francisco Baena Bocanegra, que defiende a Antonio Rivas, ha remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, un escrito en el que solicita el archivo de la causa contra el delegado provincial de Empleo, al estimar que no hay ninguna prueba contra él más allá de la declaración ante la Policía del coimputado Fernando Mellet. El penalista asegura que "no existe en toda la causa ni un solo elemento, documental, testifical o de cualquier otra naturaleza, en que apoyar" que Antonio Rivas estuviera concertado con los demás imputados ni que diese instrucciones para exigir una comisión de 300.000 euros a los empresarios de La Raza, como contraprestación a la subvención que la Junta concedió para la creación de una escuela de hostelería en Mercasevilla.
El escrito concluye que se está produciendo un "atropello flagrante" de la presunción de inocencia de Rivas, que desde que estalló el escándalo está sufriendo un "desgaste social, político, familiar y personal debido en gran parte al proceso paralelo mediático que se viene alentando desde posiciones interesadas en este juego".
La petición de archivo de la defensa, que aún no ha sido contestada por la juez Mercedes Alaya, analiza con detalle las declaraciones efectuadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, y considera que la atribución al delegado de las órdenes para exigir la comisión es, sencillamente, una conjetura "que podría rozar lo temerario".
En su declaración, Fernando Mellet sostuvo que Antonio Rivas le telefoneó en dos ocasiones, en diciembre de 2008 y el 5 de enero, para comentarle que debía reclamar a los hosteleros una ayuda "voluntaria" de 300.0000 euros para la Junta de Andalucía, para la realización de determinados proyectos sociales. Pero esta afirmación no está corroborada por otros testimonios que obran en el sumario. Así, la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira, que también está imputada, negó que en su presencia se comentara que había que pagar una comisión ni ella intuyó que se pudiera estar hablando de pagos ilegales. A esta declaración se suma el propio testimonio de los hosteleros de La Raza, que mantuvieron varias reuniones "técnicas" con el delegado de Empleo y en ninguno de esos encuentros Rivas les comentó la necesidad de hacer frente al pago de ninguna comisión.
El nombre de Antonio Rivas tampoco aparece en las grabaciones que los empresarios aportaron como principal prueba de su denuncia y en la que los ex directivos de Mercasevilla les exigen supuestamente los 300.000 euros.
A pesar de que sólo le implica Fernando Mellet, la juez ha citado al delegado de Empleo a la vista convocada para el próximo miércoles en la que se concretará una imputación por un delito de cohecho que, según la instructora, se presenta en estos momentos como "verosímil". Por ello, le ha impuesto una fianza de 400.000 euros, al igual que a los otros imputados en esta línea de investigación sobre Mercasevilla: Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira.
El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, ya ha pedido que se sobresea el procedimiento contra el delegado de Empleo y contra Regla Pereira, pero la Fiscalía de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre si incluirá a Rivas entre las personas sobre las que se debe seguir el procedimiento -en la investigación preliminar que realizó el Ministerio Público, la fiscal jefe ni siquiera le citó a declarar-. Quién sí le imputará formalmente el delito es la acusación que ejerce el PP, con lo que es probable que, pese a a la ausencia de pruebas directas, Rivas se vea sentado en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular.
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21 diciembre 2009
17 diciembre 2009
Última hora: María Ángeles Muñoz, nueva decana del colegio de procuradores de Sevilla
La procuradora María Ángeles Muñoz se convirtió esta noche en la nueva decana del colegio de Procuradores de Sevilla al vencer al otro aspirante, Jesús León, en las elecciones celebradas para elegir a la nueva junta directiva de la institución que agrupa a 421 profesionales.
María Ángeles Muñoz obtuvo 168 votos frente a los 94 que logró Jesús León, mientras que otros 12 votos fueron en blanco, según los datos facilitados a este periódico por la candidatura vencedora.
A las elecciones estaban convocados los 421 procuradores que hay en Sevilla y sólo se presentaron dos candidaturas, la de Jesús León González y la de María Ángeles Muñoz Serrano.
Jesús León es procurador desde 1995, entre los años 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno, con el decano saliente, Marcelo Lozano. Su candidatura estaba compuesta además por los procuradores Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario. En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mahyor esfuerzo y profesionalidad para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial.
Por su parte, la candidatura de la procuradora María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatutra también recogía en su ideario el fomento de la unidad entre todos los colegiados y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones actuales.
16 diciembre 2009
El hombre que estuvo 11 meses en prisión por las denuncias falsas de su ex mujer sigue sin poder ver a su hijo
José Antonio Santos, el hombre que pasó 11 meses en prisión por las ocho denuncias falsas de su ex pareja, aseguró ayer que, a pesar de que la Justicia le ha dado la razón, sigue sin poder ver a su hijo, que actualmente tiene 12 años y al que no ha podido visitar desde que su ex mujer comenzó a denunciarle, en el año 2005.
José Antonio Santos aseguró ayer que su particular "calvario" aún no ha concluido. Los jueces le dieron la razón en junio pasado, cuando archivaron la última denuncia presentada por Raquel V., su ex esposa, que le acusó de haberle atacado con un cúter, pero que los forenses determinaron que estas heridas pudo hacérselas ella misma. Este padre de 39 años recuerda que en junio se firmó finalmente el divorcio y está abonando la pensión de alimentos que se le ha impuesto, pero todavía no se ha establecido el régimen de visitas en el denominado punto de encuentro para que pueda reanudar los contactos con el niño.
El problema está en que antes de que se inicien las visitas en el punto de encuentro los padres deben someterse a una serie de entrevistas, y todo ello conlleva un trámite que se está retrasando durante meses. José Antonio explica que, en principio, le dijeron que podría volver a ver a su hijo en este mes de diciembre, pero las fechas de Navidad se aproximan y los contactos no se han producido.
El padre tenía "mucha ilusión" por reanudar las visitas con su hijo, así como la abuela paterna del pequeño. El juzgado ha dirigido un oficio al punto de encuentro para tratar de agilizar los trámites y que el reencuentro se produzca en enero próximo, pero todo apunta a que no podrá producirse antes de que pase la festividad de los Reyes Magos. "Después de todo lo que he pasado, me están fastidiando que no pueda ver a mi hijo, y no lo veo desde hace aproximadamente cinco años", lamentó José Antonio Santos.
Este vecino de La Rinconada, que durante todo su tiempo en prisión estuvo apoyado por su familia y por su pueblo, pide a los jueces que aceleren los trámites para que el reencuentro con su pequeño sea una realidad cuanto antes. "Creo que deberían darse un poco de prisa. Me siento desolado porque esto me ocurre ahora que puedo rehacer mi vida", aseveró.
La historia de José Antonio apareció publicada en todos los periódicos del país y abrió una polémica sobre las denuncias falsas en los casos de malos tratos. Entre diciembre de 2005 y abril de 2008 su ex mujer presentó ocho denuncias por agresiones y acudió a numerosos programas de televisión para afirmar que no sabía "cómo pedir protección para no ser la próxima en la lista" de mujeres asesinadas. Ahora se enfrenta a un proceso por un delito de denuncia falsa.
José Antonio Santos aseguró ayer que su particular "calvario" aún no ha concluido. Los jueces le dieron la razón en junio pasado, cuando archivaron la última denuncia presentada por Raquel V., su ex esposa, que le acusó de haberle atacado con un cúter, pero que los forenses determinaron que estas heridas pudo hacérselas ella misma. Este padre de 39 años recuerda que en junio se firmó finalmente el divorcio y está abonando la pensión de alimentos que se le ha impuesto, pero todavía no se ha establecido el régimen de visitas en el denominado punto de encuentro para que pueda reanudar los contactos con el niño.
El problema está en que antes de que se inicien las visitas en el punto de encuentro los padres deben someterse a una serie de entrevistas, y todo ello conlleva un trámite que se está retrasando durante meses. José Antonio explica que, en principio, le dijeron que podría volver a ver a su hijo en este mes de diciembre, pero las fechas de Navidad se aproximan y los contactos no se han producido.
El padre tenía "mucha ilusión" por reanudar las visitas con su hijo, así como la abuela paterna del pequeño. El juzgado ha dirigido un oficio al punto de encuentro para tratar de agilizar los trámites y que el reencuentro se produzca en enero próximo, pero todo apunta a que no podrá producirse antes de que pase la festividad de los Reyes Magos. "Después de todo lo que he pasado, me están fastidiando que no pueda ver a mi hijo, y no lo veo desde hace aproximadamente cinco años", lamentó José Antonio Santos.
Este vecino de La Rinconada, que durante todo su tiempo en prisión estuvo apoyado por su familia y por su pueblo, pide a los jueces que aceleren los trámites para que el reencuentro con su pequeño sea una realidad cuanto antes. "Creo que deberían darse un poco de prisa. Me siento desolado porque esto me ocurre ahora que puedo rehacer mi vida", aseveró.
La historia de José Antonio apareció publicada en todos los periódicos del país y abrió una polémica sobre las denuncias falsas en los casos de malos tratos. Entre diciembre de 2005 y abril de 2008 su ex mujer presentó ocho denuncias por agresiones y acudió a numerosos programas de televisión para afirmar que no sabía "cómo pedir protección para no ser la próxima en la lista" de mujeres asesinadas. Ahora se enfrenta a un proceso por un delito de denuncia falsa.
15 diciembre 2009
Elecciones mañana a decano de los procuradores: Jesús León y María Ángeles Serrano optan al cargo
Los procuradores Jesús León González y María Ángeles Muñoz Serrano aspiran mañana al cargo de decano en las elecciones de las que saldrá el sucesor de Marcelo Lozano, que no se presenta a la reelección después de la dimisión de parte de su junta directiva. Los 421 procuradores que hay en Sevilla están convocados para elegir a su nueva junta directiva.
El primero de los candidatos, Jesús León, es procurador del partido judicial de Sevilla desde 1995. Entre 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno. Su candidatura está compuesta además por Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario, entre otros miembros.
En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mayor esfuerzo y profesional para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial. Jesús León apuesta igualmente por la asunción de cuantas funciones sean necesarias para la "defensa de las funciones e intereses de la labor profesional del procurador y su continuidad". El procurador aboga por la organización del servicio común de notificaciones y embargos, ya que, según dijo, no se explica como el colegio de Sevilla "no está a la misma altura, no sólo de la mayoría de colegios del territorio nacional, sino también de los andaluces, siendo prácticamente el único colegio de procuradores andaluz que aún no ha asumido dicha competencia".
En el aspecto social, la candidatura de León aboga por la búsqueda de "la unión y del consenso para afrontar los nuevos retos que se avecinan, la futura toma de decisiones que afectan al futuro de la profesión y acabar definitivamente con la imagen de falta de unión entre los procuradores sevillanos".
El candidato a decano de los procuradores sevillanos propone asimismo, en la vertiente económica, un paquete de medidas para el "control y la reducción del gasto presupuestario y el necesario cambio y sustitución del obsoleto sistema de financiación por uno más equitativo que sea consensuado por los colegiados".
Por su parte, la candidatura de María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatura también recoge, en su ideario, el fomento de la unidad entre todos los colegiados, la reorganización del colegio y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones habituales.
María Ángeles Muñoz considera fundamental la dignificación y fomento del trabajo del procurador, ya que considera que el procurador no es "más que un mero trabajador al servicio de la Justicia y del justiciable".
En el apartado económico, la candidatura de Serrano propone reducir los gastos de representación en sus diversas variantes: institucionales, colegiales, suministros o en materia de personal, por ejemplo. De la misma forma, apuesta por la "transparencia" en la gestión económica, con información trimestral al detalle y exhibición de facturas para el colegiado que lo solicite.
Esta aspirante al decanato de los procuradores de Sevilla apuesta asimismo por la elaboración de un calendario laboral y de notificaciones, o la realización de gestiones encaminadas a la obtención de la Seguridad Social para el colegiado. En la vertiente institucional, María Ángeles Muñoz aboga por fomentar los encuentros con la Administración, en busca de colaboración en las tareas diarias del procurador de los tribunales, y colaborar con los secretarios judiciales.
En su candidatura, Ángeles Muñoz también pone de manifiesto que el colegio de procuradores mostrará su apoyo "incondicional" a los partidos judiciales en relaciona a que cuenten con medios dignos para el ejercicio de la profesión de procurador. Por último, esta candidatura pretende un cambio del modo de votación en las elecciones, estableciendo la jornada de mañana y tarde con el objetivo de facilitar la participación de todos los colegiados.
El primero de los candidatos, Jesús León, es procurador del partido judicial de Sevilla desde 1995. Entre 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno. Su candidatura está compuesta además por Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario, entre otros miembros.
En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mayor esfuerzo y profesional para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial. Jesús León apuesta igualmente por la asunción de cuantas funciones sean necesarias para la "defensa de las funciones e intereses de la labor profesional del procurador y su continuidad". El procurador aboga por la organización del servicio común de notificaciones y embargos, ya que, según dijo, no se explica como el colegio de Sevilla "no está a la misma altura, no sólo de la mayoría de colegios del territorio nacional, sino también de los andaluces, siendo prácticamente el único colegio de procuradores andaluz que aún no ha asumido dicha competencia".
En el aspecto social, la candidatura de León aboga por la búsqueda de "la unión y del consenso para afrontar los nuevos retos que se avecinan, la futura toma de decisiones que afectan al futuro de la profesión y acabar definitivamente con la imagen de falta de unión entre los procuradores sevillanos".
El candidato a decano de los procuradores sevillanos propone asimismo, en la vertiente económica, un paquete de medidas para el "control y la reducción del gasto presupuestario y el necesario cambio y sustitución del obsoleto sistema de financiación por uno más equitativo que sea consensuado por los colegiados".
Por su parte, la candidatura de María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatura también recoge, en su ideario, el fomento de la unidad entre todos los colegiados, la reorganización del colegio y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones habituales.
María Ángeles Muñoz considera fundamental la dignificación y fomento del trabajo del procurador, ya que considera que el procurador no es "más que un mero trabajador al servicio de la Justicia y del justiciable".
En el apartado económico, la candidatura de Serrano propone reducir los gastos de representación en sus diversas variantes: institucionales, colegiales, suministros o en materia de personal, por ejemplo. De la misma forma, apuesta por la "transparencia" en la gestión económica, con información trimestral al detalle y exhibición de facturas para el colegiado que lo solicite.
Esta aspirante al decanato de los procuradores de Sevilla apuesta asimismo por la elaboración de un calendario laboral y de notificaciones, o la realización de gestiones encaminadas a la obtención de la Seguridad Social para el colegiado. En la vertiente institucional, María Ángeles Muñoz aboga por fomentar los encuentros con la Administración, en busca de colaboración en las tareas diarias del procurador de los tribunales, y colaborar con los secretarios judiciales.
En su candidatura, Ángeles Muñoz también pone de manifiesto que el colegio de procuradores mostrará su apoyo "incondicional" a los partidos judiciales en relaciona a que cuenten con medios dignos para el ejercicio de la profesión de procurador. Por último, esta candidatura pretende un cambio del modo de votación en las elecciones, estableciendo la jornada de mañana y tarde con el objetivo de facilitar la participación de todos los colegiados.
13 diciembre 2009
Polémica por la excarcelación de Samuel Benítez, el amigo del asesino confeso
Libre después de 298 días encarcelado en la prisión de Huelva. La Audiencia de Sevilla decretó el pasado jueves la puesta en libertad de Samuel Benítez Pérez, el último de los cuatro implicados en el asesinato y desaparición de Marta del Castillo -sin contar al asesino confeso, Miguel Carcaño- que permanecía privado de libertad.
El amigo de Carcaño, al que este último culpa en su última declaración de haberse encargado de la maniobra para deshacerse del cadáver con el coche de un familiar suyo, abandonó el centro penitenciario de Huelva a las 18.40 horas, en un vehículo en el que iba acompañado de su abogado defensor, Manuel Caballero.
La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que se produce menos de un mes después de que el quinto implicado, el menor apodado el Cuco, fuese trasladado a un piso tutelado de Puerto Real, ha resuelto finalmente la puesta en libertad del joven en la cuarta ocasión en la que se solicita esta medida.
Las tres veces anteriores que el abogado Manuel Caballero, que defiende a Samuel Benítez, pidió su libertad por el juez Francisco Molina de Asís, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que ha dirigido la investigación del caso.
El argumento principal que la Audiencia esgrime en su resolución para acordar la excarcelación se refiere estrictamente a los plazos legales de la prisión preventiva, según explicaron ayer fuentes judiciales. El tribunal no entra a valorar en el auto los indicios de criminalidad respecto a la presunta participación de Samuel en la ocultación del cadáver de la adolescente.
Las fuentes precisaron que, aunque no se ha adoptado ninguna orden de alejamiento sobre la familia de Marta -como sí ocurrió en el caso de el Cuco, al que se ha prohibido acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla-, sí que se han dispuesto medidas severas para el control de su libertad, que incluye la obligación de que este imputado comparezca una vez a la semana en el juzgado. Esta misma medida es la que el instructor del caso impuso a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, cuando fue puesto en libertad en mayo pasado.
Samuel está imputado por la presunta comisión de un delito de encubrimiento, que el Código Penal castiga con penas de seis meses a tres años, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 504- determina que cuando la posible pena a imponer sea igual o inferior a tres años, la duración de la prisión provisional máxima no puede superar el año, aunque este plazo puede prorrogarse por otros seis meses.
En el caso de Samuel Benítez y teniendo en cuenta que fuese condenado por el delito de encubrimiento, la pena máxima que podría imponérsele rondaría el año y los nueve meses de cárcel, según dijeron fuentes del caso, que estiman que podría aplicársele el artículo 66 del Código Penal, que determina la imposición de la pena en su mitad superior cuando concurre una circunstancia agravante, que en este caso podría ser la gravedad de los hechos, ya que penalmente no sería lo mismo encubrir un robo que un asesinato.
De cualquier forma y con una pena que ronde el año y los nueve meses de cárcel, Samuel Benítez, que carecía de antecedentes penales, no tendría que volver a ingresar en prisión, puesto que ya habría cumplido además casi diez meses de esa pena, añadieron las mismas fuentes.
La situación de Samuel podría ser distinta en el supuesto de que se le apreciara además el delito de profanación de cadáver que la familia de Marta imputa a todos los implicados. Este delito, que figura en el artículo 526 del Código Penal, castiga con penas de entre tres y cinco meses de prisión o multa de seis a diez meses la profanación de un cuerpo. La acusación se basa en una jurisprudencia del Supremo que condenó por este delito a unos acusados de incendiar un vehículo para ocultar el cuerpo de una persona a la que habían asesinado.
El amigo de Carcaño, al que este último culpa en su última declaración de haberse encargado de la maniobra para deshacerse del cadáver con el coche de un familiar suyo, abandonó el centro penitenciario de Huelva a las 18.40 horas, en un vehículo en el que iba acompañado de su abogado defensor, Manuel Caballero.
La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que se produce menos de un mes después de que el quinto implicado, el menor apodado el Cuco, fuese trasladado a un piso tutelado de Puerto Real, ha resuelto finalmente la puesta en libertad del joven en la cuarta ocasión en la que se solicita esta medida.
Las tres veces anteriores que el abogado Manuel Caballero, que defiende a Samuel Benítez, pidió su libertad por el juez Francisco Molina de Asís, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que ha dirigido la investigación del caso.
El argumento principal que la Audiencia esgrime en su resolución para acordar la excarcelación se refiere estrictamente a los plazos legales de la prisión preventiva, según explicaron ayer fuentes judiciales. El tribunal no entra a valorar en el auto los indicios de criminalidad respecto a la presunta participación de Samuel en la ocultación del cadáver de la adolescente.
Las fuentes precisaron que, aunque no se ha adoptado ninguna orden de alejamiento sobre la familia de Marta -como sí ocurrió en el caso de el Cuco, al que se ha prohibido acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla-, sí que se han dispuesto medidas severas para el control de su libertad, que incluye la obligación de que este imputado comparezca una vez a la semana en el juzgado. Esta misma medida es la que el instructor del caso impuso a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, cuando fue puesto en libertad en mayo pasado.
Samuel está imputado por la presunta comisión de un delito de encubrimiento, que el Código Penal castiga con penas de seis meses a tres años, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 504- determina que cuando la posible pena a imponer sea igual o inferior a tres años, la duración de la prisión provisional máxima no puede superar el año, aunque este plazo puede prorrogarse por otros seis meses.
En el caso de Samuel Benítez y teniendo en cuenta que fuese condenado por el delito de encubrimiento, la pena máxima que podría imponérsele rondaría el año y los nueve meses de cárcel, según dijeron fuentes del caso, que estiman que podría aplicársele el artículo 66 del Código Penal, que determina la imposición de la pena en su mitad superior cuando concurre una circunstancia agravante, que en este caso podría ser la gravedad de los hechos, ya que penalmente no sería lo mismo encubrir un robo que un asesinato.
De cualquier forma y con una pena que ronde el año y los nueve meses de cárcel, Samuel Benítez, que carecía de antecedentes penales, no tendría que volver a ingresar en prisión, puesto que ya habría cumplido además casi diez meses de esa pena, añadieron las mismas fuentes.
La situación de Samuel podría ser distinta en el supuesto de que se le apreciara además el delito de profanación de cadáver que la familia de Marta imputa a todos los implicados. Este delito, que figura en el artículo 526 del Código Penal, castiga con penas de entre tres y cinco meses de prisión o multa de seis a diez meses la profanación de un cuerpo. La acusación se basa en una jurisprudencia del Supremo que condenó por este delito a unos acusados de incendiar un vehículo para ocultar el cuerpo de una persona a la que habían asesinado.
10 diciembre 2009
El recurso de los padres de Marta retrasa el cierre de la instrucción del caso
El juez Francisco de Asís Molina, que investiga el asesinato y desaparición de Marta del Castillo, ha decidido dejar en suspenso el plazo de ocho días que había dado al fiscal y a la acusación particular que ejercen los padres para que presenten sus escritos de acusación contra los cuatro imputados en el caso. La decisión del juez, que se produce como consecuencia del recurso planteado por la familia de Marta, supone un retraso al cierre de la instrucción del caso, que el juez había previsto para antes de las próximas Navidades.El retraso en el cierre de la causa perjudica otros aspectos del caso, por cuanto uno de los implicados, Samuel Benítez, amigo del asesino confeso, cumplirá en febrero de 2010 el límite de un año de prisión, con lo que tendría que ser puesto en libertad antes de que se celebre el juicio, siempre y cuando el juez no prorrogue su encarcelamiento por otros seis meses máximos, como prevé la ley de enjuiciamiento criminal para la posible pena por el delito de encubrimiento que se le imputa. Todo ello si la Audiencia de Sevilla no decide dejarle en libertad antes, puesto que el abogado del joven ha recurrido la decisión del juez de mantenerle en prisión.
Según explicaron fuentes del caso, las acusaciones entienden que Samuel Benítez debería seguir en la cárcel hasta la celebración del juicio, pero el retraso que suponen estos recursos puede dificultar esta posibilidad. Además, una vez que esté resuelto el recurso, el juez todavía tiene que completar los últimos trámites que prevé la ley del jurado, entre ellos, la convocatoria de una audiencia preliminar con la presencia de los cuatro imputados y en la que nuevamente podrían proponerse nuevas pruebas que, en caso de ser rechazadas, podrían dar lugar a nuevos recursos ante la Audiencia de Sevilla, con los que los plazos para celebrar el juicio se retrasarían hasta después del verano de 2010.
La familia de Marta del Castillo recurrió la providencia que abría el plazo para presentar los escritos de acusación porque ha planteado un recurso para que se impute en este mismo procedimiento un delito de amenazas al hermano del asesino confeso, Javier Delgado, en relación con la última declaración de la ex novia de Camas de Miguel Carcaño, en la que asegura que supuestamente recibió una llamada de este imputado que le habría intimidado. "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", afirmó la menor que fueron las amenazas que presuntamente recibió del hermano de Miguel Carcaño.
El juez de Instrucción número 4 acordó que estas supuestas amenazas se investigarían, pero no en la causa principal del asesinato de Marta del Castillo. Tras la declaración de la menor, la Policía investigó el listado de llamadas del móvil de la menor pero no pudo localizar la llamada de las supuestas amenazas.El recurso de los padres de Marta no es el único fleco pendiente del caso, dado que el próximo lunes la Audiencia de Sevilla celebrará una vista para decidir sobre la petición de archivo de la causa que solicitaron Javier Delgado y su novia, María García, al entender que habían sido implicados por meras sospechas o conjeturas que no se basaban en indicios reales de que tuvieran conocimiento del crimen y de la ocultación del cadáver de Marta, que sigue sin aparecer diez meses después de su desaparición.
Según explicaron fuentes del caso, las acusaciones entienden que Samuel Benítez debería seguir en la cárcel hasta la celebración del juicio, pero el retraso que suponen estos recursos puede dificultar esta posibilidad. Además, una vez que esté resuelto el recurso, el juez todavía tiene que completar los últimos trámites que prevé la ley del jurado, entre ellos, la convocatoria de una audiencia preliminar con la presencia de los cuatro imputados y en la que nuevamente podrían proponerse nuevas pruebas que, en caso de ser rechazadas, podrían dar lugar a nuevos recursos ante la Audiencia de Sevilla, con los que los plazos para celebrar el juicio se retrasarían hasta después del verano de 2010.
La familia de Marta del Castillo recurrió la providencia que abría el plazo para presentar los escritos de acusación porque ha planteado un recurso para que se impute en este mismo procedimiento un delito de amenazas al hermano del asesino confeso, Javier Delgado, en relación con la última declaración de la ex novia de Camas de Miguel Carcaño, en la que asegura que supuestamente recibió una llamada de este imputado que le habría intimidado. "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", afirmó la menor que fueron las amenazas que presuntamente recibió del hermano de Miguel Carcaño.
El juez de Instrucción número 4 acordó que estas supuestas amenazas se investigarían, pero no en la causa principal del asesinato de Marta del Castillo. Tras la declaración de la menor, la Policía investigó el listado de llamadas del móvil de la menor pero no pudo localizar la llamada de las supuestas amenazas.El recurso de los padres de Marta no es el único fleco pendiente del caso, dado que el próximo lunes la Audiencia de Sevilla celebrará una vista para decidir sobre la petición de archivo de la causa que solicitaron Javier Delgado y su novia, María García, al entender que habían sido implicados por meras sospechas o conjeturas que no se basaban en indicios reales de que tuvieran conocimiento del crimen y de la ocultación del cadáver de Marta, que sigue sin aparecer diez meses después de su desaparición.
03 diciembre 2009
El Gobierno desata la guerra en internet con su proyecto de "patada digital"
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Categoría:
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Categoría:
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
30 noviembre 2009
'De Juzgado de Guardia 2' ya está en la calle
El cuarto poder baja al tercero
Jorge Muñoz y Javier Ronda publican siete años después una nueva entrega de ‘De juzgado de guardia’, con nuevas anécdotas y con los mismos problemas
En términos jurídicos, son reincidentes. Jorge Muñoz (Écija, 1970) y Javier Ronda (Ceuta, 1966) publican De juzgado de guardia (Oberon, 2009). Segunda parte. De la primera (en 2002) vendieron 50.000 ejemplares. Siete años después, de Aznar a Zapatero, “los problemas en la Justicia siguen siendo los mismos”, dicen completando la frase entre los dos, “la revolución digital no se hizo y hay una generación de jueces y fiscales que saben que se van a jubilar sin conocer la Ciudad de la Justicia”.Estos dos periodistas que buscan el lado amable y divertido de un universo lóbrego, truculento, sombrío, se conocieron cubriendo el caso Arny. Jorge llegó a los Tribunales, “una manera elegante de llamar a la crónica de Sucesos”, desde el cierre de Europa Press. Javier Ronda, desde los Deportes. “Maradona había fichado por el Sevilla, lo llamaron a declarar por ir a más velocidad de la permitida con el coche por el centro de la ciudad. Fui como reportero de Deportes, pero me gustó más el mundo de los tribunales”.
Los dos niegan que la Justicia sea un cachondeo, derechos de autor de Pedro Pacheco. Es un espejo de la vida en el sentido que al espejo le da Stendhal cuando habla de la novela. “Todo está judicializado”, dice Muñoz, “el urbanismo, el medio ambiente, el fútbol, la política, las deudas económicas, raro es el día que no aparece en un periódico una sentencia o el auto de un juez”. Ronda lo suscribe. “Con mis alumnos de la Facultad hicimos un trabajo que demuestra que en los periódicos un 30% de los contenidos tienen que ver con temas de tribunales. El Alakrana es un asunto que nace como crónica de sucesos y acaba en debate político nacional e internacional”.Lo más novedoso de la Justicia es que hay hay jueces –Garzón, Grande-Marlaska, Pedraz, Gómez Bermúdez– tan conocidos por el gran público como los futbolistas más populares. “No hace falta salir de Sevilla. Mucha gente ha oído hablar del juez Serrano y la juez Mercedes Alaya, que lleva los casos Mercasevilla y Lopera”.No sólo a estos periodistas les gusta escribir y suman unos cuantos libros entre los dos. El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha publicado libros de poesía. “Hay jueces que cantan ópera, que tocan la guitarra, que escriben relatos. La secretaria del caso Farruquito va a hacer una exposición con sus pinturas. Hay jueces cofrades y que les gusta el fútbol. El día que el Sevilla jugó la final de Eindhoven, los juzgados quedaron desiertos”.Fútbol y Justicia. Deporte en el que se habla de jueces de línea, del juez de la contienda. “Pero en la Justicia el empate está desterrado, aquí no hay cerocerismo. Eso es lo más duro, lo más difícil del trabajo del juez. Uno gana y otro pierde”.
El tercer poder analizado por el cuarto. “El lenguaje jurídico no es accesible”, dice Ronda, “he hablado con algunos jueces y casi nos dan las gracias porque con el lenguaje periodístico decodificamos su manera de expresarse. Y además lo hacemos con humor y con respeto”.El público también se adentra en una jungla de vocablos ajenos. Jorge Muñoz recuerda el caso de un acusado de asesinato que trajo mucha polvareda. “Le dijo a la juez: ‘señoría, me agarro a la quinta enmienda’. Su abogada dijo que quería decir que se acogía al artículo 24 de la Constitución Española, el equivalente a esa fórmula de los juicios americanos que le sonarían de alguna película. El acusado hizo una pregunta más rotunda: ‘¿Puedo ir al servicio? Es que no me puedo aguantar”.Jorge y Javier no son Jorge Javier, pero vivieron la irrupción del mundo rosa en los tribunales. “Introducen el derecho a la intimidad y la defensa del honor”. Con el mazo dando. “El mazo desapareció con los crucifijos”. El cardenal Amigo se despidió de la diócesis hispalense al pasar por Écija, la patria chica de Muñoz. “Las togas y las sotanas siempre se han llevado muy bien”.¿Picaresca, drama, comedia, tragedia? ¿Cuál es el género literario dominante en el mundo judicial? “Te encuentras gente que ha perdido a un familiar por asesinato o por accidente de tráfico. No es nada divertido. Por eso el libro es una válvula de escape”. Los juicios de faltas son el contrapeso. Anécdotas como el del hombre que acudió de noche al juzgado de guardia para casarse o el que presentó una denuncia contra su mujer por maltrato psicológicamente con el argumento de que “llevaba cinco días sin querer hacer el amor con él”.Juan Guerra, Arny, duque de Feria, Farruquito, Contsa, Marta del Castillo, Bazar España. Sevilla tiene un campo magnético en el mundo judicial. “Cosas pasan en todos sitios”, comenta Ronda, “en Sevilla, en Orense y en Teruel”. Muñoz asegura que los casos de Sevilla tienen a veces más relevancia mediática que los de Madrid o Barcelona. Su compañero apunta motivos. “Será la manera de expresarse, la idiosincrasia de la gente, el clima. En ningún otro sitio ves a los familiares de un acusado tocando las palmas en la terraza de un bar. Yo fui a cubrir el caso de las niñas que mataron a otra en San Fernando. El juez hizo coincidir el juicio con la final de los Carnavales del Falla. Había gente que iba disfrazada”.Conocer los entresijos de la Justicia no les hace más escépticos. “La Justicia es justa”, dice Muñoz, “tiene mecanismos para corregir los errores. Éstos son mínimos, pero muy llamativos”. Hay jueces que fueron alcaldes (Ventura Mariño en Vigo), que lo son (Belloch en Zaragoza), que lo quieren ser (Zoido en Sevilla). “Es curioso, porque una de las tareas del juez es controlar a los políticos”.Los juicios de faltas son una mina para el anecdotario.
Y los Registros Civiles. “Ya se le puede poner a un niño Pepe, Paco o Nacho. Pero el juez no permite que le pongan un nombre que pueda ser peyorativo. Una madre llegó al Registro Civil de Tenerife, le quería poner a su hijo Kunta Kinte”.
Jueces, policías, guardias civiles y... bomberosJavier Ronda jugó en la Unión Africana Ceutí con Nayim, autor del gol que le dio al Zaragoza la Recopa contra el Arsenal. Trabaja en Canal Sur. Hijo de un funcionario de Correos, tiene dos hijos, Javier y Pilar. Cubrió los juicios de las niñas de Alcasser, Puerto Hurraco y el comando Andalucía de Eta que asesinó al matrimonio Jiménez-Becerril y a Muñoz Cariñanos. Publicó Tricornio de guardia y enseña Periodismo de Tribunales y Sucesos. Jorge Muñoz es redactor de Tribunales de Diario de Sevilla. Hijo de un administrativo, acaba de ser padre de una niña, Isabel Soledad. Publicó La sombra de un bailaor sobre el caso de Farruquito. Con Fernando Pérez Ávila, compañero del Diario, publicó Poli de patrulla. Jueces. Policías. “Ahora me han ofrecido un libro sobre los bomberos”.
17 noviembre 2009
Rivas niega que instara a Mercasevilla a cobrar una comisión de 300.000 euros
El delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, marcó ayer distancia con el caso Mercasevilla y el supuesto cobro de comisiones ilegales a dos empresarios hosteleros. Rivas compareció ayer para declarar como imputado por presunto cohecho ante la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, a la que negó que él estuviese detrás de las comisión de 300.000 euros que los dos ex directivos del mercado mayorista reclamaron como contraprestación a la subvención concedida por la Junta para la creación de una escuela de hostelería.
Al inicio de su declaración, la juez le informó de los hechos que se le imputan y que consisten precisamente en haber dado supuestas instrucciones al ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y al ex subdirector, Daniel Ponce, para que exigieran a dos empresarios de La Raza el pago de la citada comisión.El delegado de Empleo negó la mayor y aseguró que, en las tres reuniones que mantuvo con los representantes del mercado mayorista y los empresarios en relación con la subvención, "ni por él ni por ninguna otra persona se menciona la necesidad de compensar económicamente a la Junta de Andalucía por la subvención que iba a conceder".Cuando la juez le preguntó sobre por qué entonces el ex director de Mercasevilla declaró que actuaba siguiendo sus instrucciones, Rivas afirmó que no encuentra explicación alguna.
Al término de su declaración, que se prolongó por espacio de unas dos horas, el responsable provincial de Empleo ofreció a los periodistas otros argumentos sobre por qué Fernando Mellet le ha implicado en el escándalo. A su juicio, las declaraciones del ex director general de Mercasevilla pueden deberse al "pánico" de Fernando Mellet, a la "presión de terceras personas" o, simplemente, a que "se haya vuelto loco".Sobre las posibles presiones al ex responsable del mercado mayorista, Rivas se limitó a decir que una persona que lleva "tantos años en la vida de lo orgánico y de lo institucional puede ser que pise el callo de alguien" y habrá "algunos callos pisados", aunque el responsable de Empleo dice que no puede "poner nombre" a esas personas.Rivas rechazó que en diciembre de 2008, tras conocer que la subvención para la escuela de hostelería había sido concedida, telefoneara a Mellet para informarle, y respecto a la llamada que, según la declaración del ex director de Mercasevilla, le realizó el 5 de enero de este año para comentarle que debía exigir a La Raza una "colaboración voluntaria", Rivas sostuvo que en esa conversación no se habló nada de la subvención puesto que la llamada estaba relacionada con el hecho de que la hija de su secretaria salía en la cabalgata de Reyes.
Durante el interrogatorio, la juez preguntó a Rivas sobre el destino que iba de los 300.000 euros que se exigieron los hosteleros de La Raza. Rivas indicó a la instructora que no podía responderle, si bien aclaró que, en cualquier caso, ese dinero "desde luego no iba destinado a ningún uso público de la Junta de Andalucía".Rivas señaló que su nombre no aparece en las grabaciones que los hosteleros realizaron del encuentro en el que se les exigió el pago y añadió que él fue uno de los cuatro altos cargos de la Consejería de Empleo que, en febrero pasado, tras conocer lo ocurrido, decidió denunciar el caso ante la Fiscalía.
Al inicio de su declaración, la juez le informó de los hechos que se le imputan y que consisten precisamente en haber dado supuestas instrucciones al ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y al ex subdirector, Daniel Ponce, para que exigieran a dos empresarios de La Raza el pago de la citada comisión.El delegado de Empleo negó la mayor y aseguró que, en las tres reuniones que mantuvo con los representantes del mercado mayorista y los empresarios en relación con la subvención, "ni por él ni por ninguna otra persona se menciona la necesidad de compensar económicamente a la Junta de Andalucía por la subvención que iba a conceder".Cuando la juez le preguntó sobre por qué entonces el ex director de Mercasevilla declaró que actuaba siguiendo sus instrucciones, Rivas afirmó que no encuentra explicación alguna.
Al término de su declaración, que se prolongó por espacio de unas dos horas, el responsable provincial de Empleo ofreció a los periodistas otros argumentos sobre por qué Fernando Mellet le ha implicado en el escándalo. A su juicio, las declaraciones del ex director general de Mercasevilla pueden deberse al "pánico" de Fernando Mellet, a la "presión de terceras personas" o, simplemente, a que "se haya vuelto loco".Sobre las posibles presiones al ex responsable del mercado mayorista, Rivas se limitó a decir que una persona que lleva "tantos años en la vida de lo orgánico y de lo institucional puede ser que pise el callo de alguien" y habrá "algunos callos pisados", aunque el responsable de Empleo dice que no puede "poner nombre" a esas personas.Rivas rechazó que en diciembre de 2008, tras conocer que la subvención para la escuela de hostelería había sido concedida, telefoneara a Mellet para informarle, y respecto a la llamada que, según la declaración del ex director de Mercasevilla, le realizó el 5 de enero de este año para comentarle que debía exigir a La Raza una "colaboración voluntaria", Rivas sostuvo que en esa conversación no se habló nada de la subvención puesto que la llamada estaba relacionada con el hecho de que la hija de su secretaria salía en la cabalgata de Reyes.
Durante el interrogatorio, la juez preguntó a Rivas sobre el destino que iba de los 300.000 euros que se exigieron los hosteleros de La Raza. Rivas indicó a la instructora que no podía responderle, si bien aclaró que, en cualquier caso, ese dinero "desde luego no iba destinado a ningún uso público de la Junta de Andalucía".Rivas señaló que su nombre no aparece en las grabaciones que los hosteleros realizaron del encuentro en el que se les exigió el pago y añadió que él fue uno de los cuatro altos cargos de la Consejería de Empleo que, en febrero pasado, tras conocer lo ocurrido, decidió denunciar el caso ante la Fiscalía.
12 noviembre 2009
La consejera Álvarez asegura que los servicios de atención a los ciudadanos supondrá el gran cambio de las políticas de Justicia
La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, ha manifestado hoy que “los servicios de atención a la ciudadanía constituirán el gran cambio de modelo y cultura en las políticas de Justicia”. Así lo ha declarado en un balance informativo mantenido con los medios de comunicación en el que ha analizado las medidas emprendidas por su departamento en la administración de Justicia. Cada cien días, la Consejería mantendrá una actividad de balance de gestión llamada ‘Del Dicho al Hecho’.
Álvarez ha abogado por un cambio de modelo en el que el ciudadano no entienda la administración de Justicia como “un ente lejano y aislado” sino que “se sienta acompañado en sus procesos judiciales por la Junta de Andalucía”. Para ello, ha confiado en la puesta en marcha en 2010 de la nueva Oficina Judicial, que contribuirá a la consecución de una Justicia “más cercana y ágil”.
La titular autonómica ha reivindicado una visión global en las actuaciones que se deben acometer en la adaptación de la administración de Justicia a las necesidades del siglo XXI, a través de planes generales y de choque que primen la calidad del servicio que se presta al ciudadano.
En este sentido, la consejera ha defendido que se está produciendo un cambio en “unas culturas muy ancladas” en el mundo de la Justicia, que consideraban a los órganos judiciales como centros “independientes y desconectados”. Por eso, ha abogado por poner en marcha “políticas de justicia globales, aunque sin desatender la especificidad de cada juzgado”.
En este sentido, Álvarez ha avanzado que la creación de órganos para el próximo año se hará de manera proporcionada a las necesidades reales y, sobre todo, con el horizonte puesto en la Oficina Judicial, “porque Andalucía está preparada para la puesta en marcha del nuevo modelo”.
La consejera ha recordado que desde que se asumieron las competencias en materia de Justicia se han creado más de 200 órganos y se han aumentado las plantilla en más de 2.000 funcionarios sin que ello se haya traducido en una mejora actual de la Justicia. Por ello, ha apostado por avanzar en la calidad de los órganos actuales con los que cuenta la administración andaluza para dar una mejor respuesta a los ciudadanos.
Nuevas medidas
Álvarez ha repasado algunas de las medidas de apoyo a la administración de Justicia que se han impulsado en los últimos meses. Así, ha informado de que ya son más de 800 funcionarios los que se han sumado al Plan de Tardes, una actuación de choque habilitada para paliar los efectos de la crisis. La medida, que se puso en funcionamiento a mitad de octubre y tendrá una duración de tres meses, está dirigida a los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como a los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
Por otra parte, y también dentro del Plan de Respuesta Razonable, ya son nueve las unidades de apoyo que han comenzado a trabajar en algunos de los juzgados más saturados de la comunidad autónoma andaluza, con la misión además de hacer un diagnóstico de los órganos con mayor sobrecarga y así aliviar la pendencia de los citados juzgados.
Infraestructuras
Álvarez también ha reiterado su compromiso de avanzar en la adecuación de las infraestructuras judiciales de la comunidad autónoma andaluza. Así, ha repasado algunas de las actuaciones previstas para el próximo año como la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén y de Sevilla; la licitación del Palacio de la Justicia de Almuñécar o el traslado de los juzgados de lo Penal al edificio Noga de Sevilla.
Por otro lado, la consejera también ha apostado por la modernización en la administración pública a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para así conseguir una relación con la ciudadanía más ágil, práctica y cercana.
Por último, ha recordado los avances practicados en materia de Memoria Histórica con la constitución de un Comisariado para la coordinación de todas las políticas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para el reconocimiento social de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la publicación de un Protocolo que regule las exhumaciones que se lleven a cabo en el territorio andaluz.
Álvarez ha abogado por un cambio de modelo en el que el ciudadano no entienda la administración de Justicia como “un ente lejano y aislado” sino que “se sienta acompañado en sus procesos judiciales por la Junta de Andalucía”. Para ello, ha confiado en la puesta en marcha en 2010 de la nueva Oficina Judicial, que contribuirá a la consecución de una Justicia “más cercana y ágil”.
La titular autonómica ha reivindicado una visión global en las actuaciones que se deben acometer en la adaptación de la administración de Justicia a las necesidades del siglo XXI, a través de planes generales y de choque que primen la calidad del servicio que se presta al ciudadano.
En este sentido, la consejera ha defendido que se está produciendo un cambio en “unas culturas muy ancladas” en el mundo de la Justicia, que consideraban a los órganos judiciales como centros “independientes y desconectados”. Por eso, ha abogado por poner en marcha “políticas de justicia globales, aunque sin desatender la especificidad de cada juzgado”.
En este sentido, Álvarez ha avanzado que la creación de órganos para el próximo año se hará de manera proporcionada a las necesidades reales y, sobre todo, con el horizonte puesto en la Oficina Judicial, “porque Andalucía está preparada para la puesta en marcha del nuevo modelo”.
La consejera ha recordado que desde que se asumieron las competencias en materia de Justicia se han creado más de 200 órganos y se han aumentado las plantilla en más de 2.000 funcionarios sin que ello se haya traducido en una mejora actual de la Justicia. Por ello, ha apostado por avanzar en la calidad de los órganos actuales con los que cuenta la administración andaluza para dar una mejor respuesta a los ciudadanos.
Nuevas medidas
Álvarez ha repasado algunas de las medidas de apoyo a la administración de Justicia que se han impulsado en los últimos meses. Así, ha informado de que ya son más de 800 funcionarios los que se han sumado al Plan de Tardes, una actuación de choque habilitada para paliar los efectos de la crisis. La medida, que se puso en funcionamiento a mitad de octubre y tendrá una duración de tres meses, está dirigida a los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como a los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
Por otra parte, y también dentro del Plan de Respuesta Razonable, ya son nueve las unidades de apoyo que han comenzado a trabajar en algunos de los juzgados más saturados de la comunidad autónoma andaluza, con la misión además de hacer un diagnóstico de los órganos con mayor sobrecarga y así aliviar la pendencia de los citados juzgados.
Infraestructuras
Álvarez también ha reiterado su compromiso de avanzar en la adecuación de las infraestructuras judiciales de la comunidad autónoma andaluza. Así, ha repasado algunas de las actuaciones previstas para el próximo año como la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén y de Sevilla; la licitación del Palacio de la Justicia de Almuñécar o el traslado de los juzgados de lo Penal al edificio Noga de Sevilla.
Por otro lado, la consejera también ha apostado por la modernización en la administración pública a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para así conseguir una relación con la ciudadanía más ágil, práctica y cercana.
Por último, ha recordado los avances practicados en materia de Memoria Histórica con la constitución de un Comisariado para la coordinación de todas las políticas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para el reconocimiento social de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la publicación de un Protocolo que regule las exhumaciones que se lleven a cabo en el territorio andaluz.
10 noviembre 2009
El Cuco vivirá a 50 kilómetros de la familia de Marta a partir del próximo lunes
El Cuco no volverá a vivir con sus padres en Sevilla cuando abandone el centro donde ha estado internado los últimos nueves meses. El juez de Menores número 3 de Sevilla decidió ayer que a partir del próximo lunes 16 de noviembre -fecha en la que se cumple el período máximo de internamiento que permite la ley de Responsabilidad Penal del Menor-, el adolescente que está imputado por la muerte de Marta del Castillo pase a convivir en un piso tutelado por la Junta de Andalucía y no podrá acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla.La Fiscalía había pedido que la orden de alejamiento con respecto al lugar de residencia de la familia de la víctima fuese de 300 kilómetros -lo que le obligaría a residir en otra provincia diferente-, pero el juez ha estimado que 50 kilómetros son suficientes.
En el piso tutelado, el menor -que cumplió los 16 años en el centro de menores- convivirá con un "grupo educativo", según establece la ley del Menor, lo que implica que estará acompañado de otros menores y de profesionales como psicólogos y trabajadores sociales, según han explicado fuentes jurídicas. Su estancia en este domicilio cuenta con algunas limitaciones y así cada día tendrá que hacer frente a sus obligaciones escolares, aunque también dispondrá de un tiempo de paseo.Por lo general, los jueces de Menores acuerdan esta medida cuando no resulta adecuado el retorno del menor a su lugar de residencia, sobre todo, porque se trate de ambientes conflictivos que no ayudan a su recuperación y de los que tienen que ser aislados. En el caso del Cuco, la petición fue planteada por la Fiscalía ante la posibilidad de que el próximo lunes, cuando se cumplen nueve meses de su internamiento, el menor quedase en libertad provisional al no haberse celebrado aún su juicio en la jurisdicción de Menores. El Ministerio Público ha apuntado en otras ocasiones la importancia de que este juicio tenga lugar con posterioridad al del asesino confeso y los otros tres imputados, dado que en caso contrario se daría la paradoja de que Carcaño tendría que declarar en esta causa como testigo -con lo que estaría obligado a decir la verdad- y después cuando fuese juzgado por el jurado podría ofrecer una declaración distinta, al estar amparado por los derechos que asisten a un imputado.
El Cuco fue detenido el 15 de febrero pasado e imputado por su presunta participación en dos delitos: homicidio y detención ilegal. Sin embargo, tras la tercera declaración de Miguel Carcaño, en la que éste atribuyó al menor la autoría de la muerte e introdujo además que Marta fue violada por ambos, el Cuco volvió a prestar de nuevo declaración ante la fiscal de menores, que le imputó delitos de asesinato y agresión sexual. En esta comparecencia, que era la octava declaración y que tuvo lugar el 30 junio, el menor insistió en que fue "presionado" por los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía para que reconociera su participación en los hechos cuando, según su testimonio, la tarde del crimen ni siquiera estuvo en el piso de la calle León XIII donde fue asesinada Marta.El menor dijo que aquella noche había quedado a las cinco de la madrugada con Samuel Benítez, que sigue en prisión provisional, pero explicó que se quedó dormido y no acudió a la cita. El Cuco sí reconoció que, al día siguiente, estuvo en el piso de León XIII, donde vio a la novia del hermano de Miguel Carcaño y a un amigo de ésta. De las ocho declaraciones prestadas, el joven sólo admitió su participación en los hechos en la primera y siempre por las "presiones" policiales.La Fiscalía tendrá que decidir antes del juicio al Cuco si continúa imputándole el delito de agresión sexual, dado que el asesino confeso se ha retractado en su última versión de estas acusaciones al afirmar que no violaron a Marta.
En el piso tutelado, el menor -que cumplió los 16 años en el centro de menores- convivirá con un "grupo educativo", según establece la ley del Menor, lo que implica que estará acompañado de otros menores y de profesionales como psicólogos y trabajadores sociales, según han explicado fuentes jurídicas. Su estancia en este domicilio cuenta con algunas limitaciones y así cada día tendrá que hacer frente a sus obligaciones escolares, aunque también dispondrá de un tiempo de paseo.Por lo general, los jueces de Menores acuerdan esta medida cuando no resulta adecuado el retorno del menor a su lugar de residencia, sobre todo, porque se trate de ambientes conflictivos que no ayudan a su recuperación y de los que tienen que ser aislados. En el caso del Cuco, la petición fue planteada por la Fiscalía ante la posibilidad de que el próximo lunes, cuando se cumplen nueve meses de su internamiento, el menor quedase en libertad provisional al no haberse celebrado aún su juicio en la jurisdicción de Menores. El Ministerio Público ha apuntado en otras ocasiones la importancia de que este juicio tenga lugar con posterioridad al del asesino confeso y los otros tres imputados, dado que en caso contrario se daría la paradoja de que Carcaño tendría que declarar en esta causa como testigo -con lo que estaría obligado a decir la verdad- y después cuando fuese juzgado por el jurado podría ofrecer una declaración distinta, al estar amparado por los derechos que asisten a un imputado.
El Cuco fue detenido el 15 de febrero pasado e imputado por su presunta participación en dos delitos: homicidio y detención ilegal. Sin embargo, tras la tercera declaración de Miguel Carcaño, en la que éste atribuyó al menor la autoría de la muerte e introdujo además que Marta fue violada por ambos, el Cuco volvió a prestar de nuevo declaración ante la fiscal de menores, que le imputó delitos de asesinato y agresión sexual. En esta comparecencia, que era la octava declaración y que tuvo lugar el 30 junio, el menor insistió en que fue "presionado" por los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía para que reconociera su participación en los hechos cuando, según su testimonio, la tarde del crimen ni siquiera estuvo en el piso de la calle León XIII donde fue asesinada Marta.El menor dijo que aquella noche había quedado a las cinco de la madrugada con Samuel Benítez, que sigue en prisión provisional, pero explicó que se quedó dormido y no acudió a la cita. El Cuco sí reconoció que, al día siguiente, estuvo en el piso de León XIII, donde vio a la novia del hermano de Miguel Carcaño y a un amigo de ésta. De las ocho declaraciones prestadas, el joven sólo admitió su participación en los hechos en la primera y siempre por las "presiones" policiales.La Fiscalía tendrá que decidir antes del juicio al Cuco si continúa imputándole el delito de agresión sexual, dado que el asesino confeso se ha retractado en su última versión de estas acusaciones al afirmar que no violaron a Marta.
05 noviembre 2009
Paloma Pérez: "A Miguel le interesa que aparezca el cuerpo de Marta, pero no sabe dónde está"
La abogada del asesino confeso de Marta del Castillo, Paloma Pérez Sendino, rompió ayer el silencio que ha guardado durante la fase de instrucción del caso para poner de manifiesto que Miguel Carcaño insiste en que no sabe donde está el cuerpo de la joven sevillana. El hallazgo del cadáver podría incluso, en opinión de la letrada, favorecer la tesis de la defensa de que la muerte de Marta puede calificarse jurídicamente como un homicidio y no un asesinato, lo que llevaría aparejada una condena inferior.
En una entrevista con el programa Rojo y Negro de Telecinco, Paloma Pérez Sendino explicó que en los aproximadamente 15 encuentros que ha mantenido con Carcaño en prisión éste siempre le ha manifestado que ignora el paradero del cuerpo. "Cada vez que le he visitado en prisión, la primera pregunta que le hago es dónde está Marta y él ahora responde preguntadle a Samuel", en referencia al amigo de Miguel al que éste culpa en su última declaración -la cuarta que presta a lo largo de la instrucción- de haberse llevado el cuerpo en el coche de un familiar suyo para deshacerse del mismo mientras el asesino limpiaba los restos en el piso de la calle León XIII.
La abogada no tiene duda alguna de que "a Miguel le interesa que aparezca el cuerpo de Marta porque se podría utilizar para aseverar y dar como cierta la versión de mi cliente". La abogada añade que "lo lamentable en este caso es que no haya cuerpo, que la familia no pueda enterrar a su hija".
Cuando se le pregunta sobre qué versión de las ofrecidas por Miguel es la verdadera, la letrada señala que en estos momentos debe atenerse a su última confesión, "que enlaza con la primera en el sentido de que la muerte se produjo de una manera homicida, pero en ningún momento como asesinato".
En su última declaración, Miguel niega que violara a Marta, un delito que la abogada cree que no se le puede imputar porque, en este caso, "lo único que hay es la confesión de Miguel y la confesión sola no significa que tengan que condenarlo, porque el delito tiene que estar corroborado por otros elementos diferentes a la confesión".
Paloma Pérez defiende además que las únicas pruebas que hay del crimen contra su cliente son "su confesión y su confesión, los restos de sangre [hallados en su cazadora] y una serie de indicios que tendrá que valorar el jurado", explicó la abogada, que puntualizó que el tribunal tendrá que optar por una u otra versión, dado que la jurisprudencia determina que no puede cogerse de una confesión la parte que interesa a la acusación y desechar el resto de la declaración.
La letrada también avanzó la defensa que planteará de cara a la vista oral: mantendrá la última declaración de Miguel porque pruebas de la violación no hay ninguna salvo la confesión de Miguel, de la que ahora se ha retractado.
Respecto a la más que posible condena de Carcaño, la defensora cree que no puede hablarse de asesinato -cuya pena va de 15 a 20 años de cárcel, mientras que el homicidio quedaría por debajo-. "Miguel va a ser condenado a lo que esperemos que esta defensa lleve a término como conclusión definitiva, que sería un homicidio en todo caso", advirtió la letrada, que no sabe si podría plantear incluso que la muerte de Marta fuese un homicidio imprudente, que se castiga con penas de uno a cuatro años.
La abogada asegura en la entrevista que no tiene la sensación de que Miguel esté protegiendo a alguien y el hecho de que haya tardado en ofrecer su última versión se debe a que "estaba amenazado" por el familiar de su amigo Samuel.
Paloma Pérez recordó que el asesino confeso siempre ha exculpado a su hermano, Javier Delgado, que está imputado como presunto encubridor, y aunque defendió la labor de la investigación policial y judicial, señaló que no es perfecta sin hallar el cuerpo. "Perfecta no puede ser porque no se ha encontrado el cadáver, ése el único pero de una investigación exhaustiva", aseveró Pérez, que añadió que al inicio "quizás se debió actuar antes".
La abogada dijo que Miguel Carcaño "tiene miedo" a lo que le pueda pasar en prisión, lo que le llevó a intentar suicidarse. En la cárcel, Miguel dedica su tiempo a estudiar y a leer libros de Historia.
En una entrevista con el programa Rojo y Negro de Telecinco, Paloma Pérez Sendino explicó que en los aproximadamente 15 encuentros que ha mantenido con Carcaño en prisión éste siempre le ha manifestado que ignora el paradero del cuerpo. "Cada vez que le he visitado en prisión, la primera pregunta que le hago es dónde está Marta y él ahora responde preguntadle a Samuel", en referencia al amigo de Miguel al que éste culpa en su última declaración -la cuarta que presta a lo largo de la instrucción- de haberse llevado el cuerpo en el coche de un familiar suyo para deshacerse del mismo mientras el asesino limpiaba los restos en el piso de la calle León XIII.
La abogada no tiene duda alguna de que "a Miguel le interesa que aparezca el cuerpo de Marta porque se podría utilizar para aseverar y dar como cierta la versión de mi cliente". La abogada añade que "lo lamentable en este caso es que no haya cuerpo, que la familia no pueda enterrar a su hija".
Cuando se le pregunta sobre qué versión de las ofrecidas por Miguel es la verdadera, la letrada señala que en estos momentos debe atenerse a su última confesión, "que enlaza con la primera en el sentido de que la muerte se produjo de una manera homicida, pero en ningún momento como asesinato".
En su última declaración, Miguel niega que violara a Marta, un delito que la abogada cree que no se le puede imputar porque, en este caso, "lo único que hay es la confesión de Miguel y la confesión sola no significa que tengan que condenarlo, porque el delito tiene que estar corroborado por otros elementos diferentes a la confesión".
Paloma Pérez defiende además que las únicas pruebas que hay del crimen contra su cliente son "su confesión y su confesión, los restos de sangre [hallados en su cazadora] y una serie de indicios que tendrá que valorar el jurado", explicó la abogada, que puntualizó que el tribunal tendrá que optar por una u otra versión, dado que la jurisprudencia determina que no puede cogerse de una confesión la parte que interesa a la acusación y desechar el resto de la declaración.
La letrada también avanzó la defensa que planteará de cara a la vista oral: mantendrá la última declaración de Miguel porque pruebas de la violación no hay ninguna salvo la confesión de Miguel, de la que ahora se ha retractado.
Respecto a la más que posible condena de Carcaño, la defensora cree que no puede hablarse de asesinato -cuya pena va de 15 a 20 años de cárcel, mientras que el homicidio quedaría por debajo-. "Miguel va a ser condenado a lo que esperemos que esta defensa lleve a término como conclusión definitiva, que sería un homicidio en todo caso", advirtió la letrada, que no sabe si podría plantear incluso que la muerte de Marta fuese un homicidio imprudente, que se castiga con penas de uno a cuatro años.
La abogada asegura en la entrevista que no tiene la sensación de que Miguel esté protegiendo a alguien y el hecho de que haya tardado en ofrecer su última versión se debe a que "estaba amenazado" por el familiar de su amigo Samuel.
Paloma Pérez recordó que el asesino confeso siempre ha exculpado a su hermano, Javier Delgado, que está imputado como presunto encubridor, y aunque defendió la labor de la investigación policial y judicial, señaló que no es perfecta sin hallar el cuerpo. "Perfecta no puede ser porque no se ha encontrado el cadáver, ése el único pero de una investigación exhaustiva", aseveró Pérez, que añadió que al inicio "quizás se debió actuar antes".
La abogada dijo que Miguel Carcaño "tiene miedo" a lo que le pueda pasar en prisión, lo que le llevó a intentar suicidarse. En la cárcel, Miguel dedica su tiempo a estudiar y a leer libros de Historia.
26 octubre 2009
El Gobierno indulta al dueño del bar La Victoria de Los Bermejales
Tres muertes violentas y una tragedia de dos familias. El Gobierno ha concedido el indulto a Juan Pedro Barroso García, el que fuera propietario del bar La Victoria de Los Bermejales y que fue condenado por el homicidio de Francisco I. S., al que disparó con una escopeta de caza a las puertas del establecimiento después de recibir varias amenazas por una deuda que tenía una hija suya.
La historia más reciente de Juan Pedro Barroso ha estado marcada por la tragedia: otra de sus hijas fue una de las cinco víctimas del derrumbe del muro del Bazar España y su hermano, Francisco Barroso, de 37 años, fue asesinado tres meses después del suceso de Los Bermejales, en octubre de 2004. Este último asesinato, que la Policía atribuyó a un ajuste de cuentas tras el crimen de Los Bermejales, quedó impune porque nunca se localizó a los responsables del mismo.
El Gobierno ha decido indultar a Juan Pedro Barroso después de que éste haya satisfecho la práctica totalidad de las indemnizaciones derivadas del homicidio, a excepción de una pequeña cantidad cuyo pago ha sido aplazado. El abogado del dueño del bar, Antonio Hierro, pidió el indulto después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena de dos años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dado que la Audiencia de Sevilla le había condenado sólo a nueve meses de prisión al considerar que el homicidio se debió a una imprudencia grave.
Esa sentencia, avalada por un jurado popular, fue revocada por el Alto Tribunal Andaluz, que sí apreció dolo o intención en la muerte de Francisco I. S., lo que implicaba que Juan Pedro Barroso debía volver a la cárcel, dado que sólo había cumplido seis meses de prisión preventiva.
El Gobierno, que ya ha comunicado a la Audiencia de Sevilla la concesión del indulto, ha valorado las circunstancias atenuantes que concurrieron en el crimen por el que fue condenado: el miedo insuperable y la confesión del homicidio a la Policía, además de la de legítima defensa, que fue considerada como una eximente incompleta en el juicio.
El Ejecutivo también ha tenido en cuenta, por lo que respecta a la prevención especial de la pena, que Juan Pedro Barroso, desde que fue condenado, no ha vuelto a cometer ningún delito, y además se encuentra totalmente reinsertado desde el punto de vista social, profesional y familiar.
La posibilidad de otorgarle el indulto ya fue tratada por el jurado popular que enjuició su caso y que llegó a la conclusión, por ocho votos a favor y uno en contra, de que se le concediera. Los ciudadanos que emitieron un veredicto en este caso llegaron a la conclusión de que Juan Pedro cogió la escopeta de caza "con ánimo de defensa" y efectuó un disparo "sin intención de matar" que alcanzó a Francisco I. S. a unos seis metros, causándole la muerte. La víctima llevaba una navaja de 42 centímetros de longitud cuando se presentó en el bar en compañía de otros individuos, uno de los cuales había amenazado a Juan Pedro porque reclamaba unos 300 euros a la hija de éste.
El TSJA revocó la condena inicial, al apreciar un dolo o intención de matar en el acusado, por cuanto los jueces argumentaban que disparar "a bulto" con una escopeta cargada con cartuchos a un grupo de personas que huía era, objetivamente, una conducta que "propicia o acarrea un riesgo cualificado de producir el grave resultado de lesiones e incluso la muerte de una persona", como ocurrió en este caso.
Desde que se produjo el homicidio del bar La Victoria, Juan Pedro Barroso tuvo que ser protegido por la Policía y se vio obligado a realizar varios cambios de domicilio, sobre todo después del asesinato de su hermano. El indulto de Juan Pedro Barroso cierra otro de los capítulos trágicos de esta familia.
La historia más reciente de Juan Pedro Barroso ha estado marcada por la tragedia: otra de sus hijas fue una de las cinco víctimas del derrumbe del muro del Bazar España y su hermano, Francisco Barroso, de 37 años, fue asesinado tres meses después del suceso de Los Bermejales, en octubre de 2004. Este último asesinato, que la Policía atribuyó a un ajuste de cuentas tras el crimen de Los Bermejales, quedó impune porque nunca se localizó a los responsables del mismo.
El Gobierno ha decido indultar a Juan Pedro Barroso después de que éste haya satisfecho la práctica totalidad de las indemnizaciones derivadas del homicidio, a excepción de una pequeña cantidad cuyo pago ha sido aplazado. El abogado del dueño del bar, Antonio Hierro, pidió el indulto después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena de dos años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dado que la Audiencia de Sevilla le había condenado sólo a nueve meses de prisión al considerar que el homicidio se debió a una imprudencia grave.
Esa sentencia, avalada por un jurado popular, fue revocada por el Alto Tribunal Andaluz, que sí apreció dolo o intención en la muerte de Francisco I. S., lo que implicaba que Juan Pedro Barroso debía volver a la cárcel, dado que sólo había cumplido seis meses de prisión preventiva.
El Gobierno, que ya ha comunicado a la Audiencia de Sevilla la concesión del indulto, ha valorado las circunstancias atenuantes que concurrieron en el crimen por el que fue condenado: el miedo insuperable y la confesión del homicidio a la Policía, además de la de legítima defensa, que fue considerada como una eximente incompleta en el juicio.
El Ejecutivo también ha tenido en cuenta, por lo que respecta a la prevención especial de la pena, que Juan Pedro Barroso, desde que fue condenado, no ha vuelto a cometer ningún delito, y además se encuentra totalmente reinsertado desde el punto de vista social, profesional y familiar.
La posibilidad de otorgarle el indulto ya fue tratada por el jurado popular que enjuició su caso y que llegó a la conclusión, por ocho votos a favor y uno en contra, de que se le concediera. Los ciudadanos que emitieron un veredicto en este caso llegaron a la conclusión de que Juan Pedro cogió la escopeta de caza "con ánimo de defensa" y efectuó un disparo "sin intención de matar" que alcanzó a Francisco I. S. a unos seis metros, causándole la muerte. La víctima llevaba una navaja de 42 centímetros de longitud cuando se presentó en el bar en compañía de otros individuos, uno de los cuales había amenazado a Juan Pedro porque reclamaba unos 300 euros a la hija de éste.
El TSJA revocó la condena inicial, al apreciar un dolo o intención de matar en el acusado, por cuanto los jueces argumentaban que disparar "a bulto" con una escopeta cargada con cartuchos a un grupo de personas que huía era, objetivamente, una conducta que "propicia o acarrea un riesgo cualificado de producir el grave resultado de lesiones e incluso la muerte de una persona", como ocurrió en este caso.
Desde que se produjo el homicidio del bar La Victoria, Juan Pedro Barroso tuvo que ser protegido por la Policía y se vio obligado a realizar varios cambios de domicilio, sobre todo después del asesinato de su hermano. El indulto de Juan Pedro Barroso cierra otro de los capítulos trágicos de esta familia.
Segarra se presentará a un segundo mandato en la Fiscalía
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, se presentará a la reelección en el cargo, cuyo mandato de cinco años termina a finales de noviembre próximo. María José Segarra, madrileña de 46 años, fue la tercera mujer que se convirtió en fiscal jefe en España y sustituyó a Alfredo Flores, que estuvo al frente de la Fiscalía hispalense durante 19 años hasta su jubilación, en septiembre de 2004. Segarra fue nombrada fiscal jefe el 25 de noviembre de ese año, tras lograr el respaldo de 5 de los 12 vocales del Consejo Fiscal, el máximo órgano de gobierno y asesoramiento de la Fiscalía. En concreto, recibió el apoyo de los cuatro vocales de la Unión Progresita de Fiscales (UPF), a la que pertenece, y del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.
Otros cinco fiscales optaron en aquella convocatoria a la plaza de fiscal jefe de Sevilla, entre ellos el actual teniente fiscal, Antonio Ocaña, que fue el más votado en el consejo Fiscal, al recibir siete votos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. También la solicitaron otros notables de la Fiscalía hispalense como Alfonso Demetrio Sánchez, Emilio de Llera, y José María Calero, que actualmente ejerce como abogado.
Según fuentes próximas a la Fiscalía, ninguno de estos fiscales tiene intención de disputar la plaza de fiscal jefe a María José Segarra, aunque no se descarta que otros fiscales puedan hacerlo, incluso algunos de fuera de Sevilla.
En los cinco años dirigiendo la Fiscalía hispalense, Segarra ha hecho frente a casos como el del soborno de Camas o a problemas generados en torno a la ejecución de las sentencias tras la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés, donde la Fiscalía aseguró que no hubo ninguna negligencia pero al final ha cambiado el control de las ejecutorias. En este tiempo, Segarra ha creado el grupo de fiscales especializado en delitos económicos y ha potenciado la sección de violencia sobre la Mujer.
Otros cinco fiscales optaron en aquella convocatoria a la plaza de fiscal jefe de Sevilla, entre ellos el actual teniente fiscal, Antonio Ocaña, que fue el más votado en el consejo Fiscal, al recibir siete votos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. También la solicitaron otros notables de la Fiscalía hispalense como Alfonso Demetrio Sánchez, Emilio de Llera, y José María Calero, que actualmente ejerce como abogado.
Según fuentes próximas a la Fiscalía, ninguno de estos fiscales tiene intención de disputar la plaza de fiscal jefe a María José Segarra, aunque no se descarta que otros fiscales puedan hacerlo, incluso algunos de fuera de Sevilla.
En los cinco años dirigiendo la Fiscalía hispalense, Segarra ha hecho frente a casos como el del soborno de Camas o a problemas generados en torno a la ejecución de las sentencias tras la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés, donde la Fiscalía aseguró que no hubo ninguna negligencia pero al final ha cambiado el control de las ejecutorias. En este tiempo, Segarra ha creado el grupo de fiscales especializado en delitos económicos y ha potenciado la sección de violencia sobre la Mujer.
La Consejería advierte contra la "picaresca" en los horarios de los funcionarios
La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta está remitiendo a los 1.700 funcionarios que hay en Sevilla -y también a las restantes provincias, donde hay unos 7.000 empleados en la Administración de Justicia- una carta en la que advierte a los funcionarios contra la picaresca en el control de los horarios y les recuerda que pueden ser sancionados con falta grave si incumplen la obligación de guardar sus claves personales de acceso al sistema informático, que sirve de control horario.
La misiva dirigida a los funcionarios de Justicia, que en el caso de Sevilla firma la delegada provincial, María Francisca Amador, señala que se han "detectado posibles usos indebidos de las claves personales de acceso a los sistemas informáticos de la Administración de Justicia, con especial incidencia en el caso del sistema de control de horario Hermes". Esos usos indebidos, que la carta de la delegada no precisa, hacen referencia a una práctica que se realiza en algunas sedes judiciales y por parte de algunos funcionarios, que pican por otros compañeros para dejar constancia de la hora de entrada o salida del juzgado cuando estos trabajadores no se hallan en su puesto de trabajo.
Lo que no tiene en cuenta la Consejería de Justicia de la Junta, según han explicado a este periódico los funcionarios, es que hay determinadas dependencias judiciales en las que existe un único ordenador para varios funcionarios. Es el caso del servicio de notificación a los procuradores, donde nueve funcionarios tienen que picar en un único ordenador; en el propio servicio común de notificaciones y embargos, donde hay tres ordenadores para 64 funcionarios; e incluso en el depósito de piezas de convicción del decanato, donde un mismo ordenador es utilizado por siete funcionarios. Esto implica que si cada empleado tuviera que entrar cada uno con su usuario y clave -lo que implica reiniciar la sesión- se perderían muchos minutos y, por tanto, alguien que está a una hora determinada no constaría que está en su trabajo hasta más tarde.
Ante la práctica supuestamente fraudulenta, la Junta recuerda que está "expresamente prohibida la entrada por cualquier medio en dichos sistemas utilizando un login y password de otro usuario, salvo autorización expresa y puntual con arreglo a la ley, de la Administración competente o del usuario del ordenador".
La Junta añade que los funcionarios tienen el deber de custodiar su identificación y contraseña, "sin que se pueda proceder a su revelación o puesta al alcance de terceros", y avisa a los empleados públicos que la inobservancia de estas obligaciones está tipificada como falta grave en el reglamento de régimen disciplinario, que prevé sanciones de suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años o con traslado forzoso fuera del municipio".
La misiva de la Junta recuerda igualmente a los trabajadores de Justicia que, si por cualquier circunstancia, el conocimiento de sus claves personales de acceso a estos sistemas hubiese tascendido a otros usuarios, deberá "proceder inmediatamente" a sustituirlas por otras.
Por último, la delegación de Justicia explica a los funcionarios que pueden cambiar su clave de acceso desde el mismo sistema informático.
22 octubre 2009
145 funcionarios de Sevilla se acogen al plan para trabajar por las tardes
Un total de 758 funcionarios se ha acogido al Plan extraordinario de Tardes propuesto por la Consejería de Justicia y Administración Pública dirigido a reducir el nivel de asuntos pendientes en los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como en los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
En el desglose por provincias, Málaga es la que mayor número de solicitudes de funcionarios ha recogido, un total de 157. Le siguen Sevilla (con 145) y Cádiz (140). A continuación, se sitúan Granada, en la que ya hay 88 funcionarios trabajando en turnos de tarde; Córdoba (65); Jaén (56); Almería (55) y Huelva (52).
Este plan de tardes –que ya ha cumplido una semana desde su puesta en funcionamiento-- es una actuación de choque, de tres meses de duración, dirigida en primer lugar a paliar los efectos de la actual crisis económica, puesto que ha quedado establecida para aquellos juzgados que se están viendo más afectados por la misma en cuanto a mayor carga de trabajo (de lo Social y de lo Mercantil), pero que redundará en beneficio de todos los órganos en general ya que también se dirige a los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos y a los Servicios Comunes de Partido Judicial.
El plan de tardes, que se puso en marcha la pasada semana, suma ya 758 funcionarios, aunque esta cifra podría elevarse a lo largo de las próximas semanas, a medida que avance el número de funcionarios que se acojan a estos servicios extraordinarios de carácter voluntario y retribuido. En total, la Consejería de Justicia ha hecho extensiva esta propuesta a un total de 123 juzgados y 38 servicios comunes, de los cuales ya se han adscrito al programa de tardes un total de 145, lo que supone un 90 por ciento del total.
La apertura de los juzgados en horario de tarde –aunque no abiertos al público- en los casos de los órganos específicos de lo Social y de lo Mercantil viene justificada, en primer lugar, por la especial incidencia que la crisis ha tenido en las relaciones de trabajo y en los concursos de acreedores, y pretende sumar recursos personales a las iniciativas tomadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial con el nombramiento de jueces y secretarios de refuerzo en determinados órganos de las referidas jurisdicciones.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Respuesta Razonable impulsado por la Consejería para reducir los tiempos de resolución de la Administración de Justicia. En función de ello, se ha hecho también extensiva a los juzgados de lo Penal, por su incidencia en la vida de los andaluces, al objeto de incrementar la seguridad jurídica entre la ciudadanía y agilizar la tramitación de sentencias, apoyando paralelamente la puesta en marcha de los Servicios Común de Ejecutorias de Apoyo en esta jurisdicción. Igualmente se lleva a cabo en los juzgados de Primera Instancia que conozcan de los asuntos mercantiles en las provincias que no cuentan con juzgados exclusivos en esta materia.
Hasta el 12 de enero
Este plan afectará en algunos juzgados a la totalidad de la plantilla mientras que en otros servicios judiciales su cumplimentación concernirá sólo al 50% de los mismos. El plan de choque consiste concretamente en que los empleados de los órganos judiciales trabajan hasta tres horas a partir de las 16.00 de la tarde los martes, miércoles y jueves, y estará operativo hasta el 12 de enero de 2010.
La implantación concreta de dicho plan, que no incluye la celebración de juicios por la tarde sino que redunda principalmente en el impulso de la tramitación de asuntos, requiere necesariamente de un plan específico semanal previo. En este sentido, los secretarios de los órganos judiciales afectados colaboran con la Consejería ya que son los encargados de marcar los objetivos a alcanzar conforme al calendario establecido. Estos secretarios judiciales también cooperaran a la hora de trasladar a la Junta el número de funcionarios que voluntariamente participen en este plan y una certificación en la que se haga constar su prestación.
Este plan se enmarca en la línea establecida por la Consejería de Justicia de ofrecer soluciones a medida para cada caso con el fin de reducir la carga de trabajo en los distintos órganos. Sobre esta base, la Consejería trabaja en otras acciones específicas –como el Servicio Común de Ejecutorias o el Tribunal Administrativo de Resolución Extrajudicial de Conflictos— para acortar los tiempos de respuesta en la Administración de Justicia. El departamento que dirige Begoña Álvarez apuesta por poner en marcha planes para cambiar el modelo actual de la Justicia y adelantarse incluso al patrón previsto en la nueva Oficina Judicial, en colaboración con todos los operadores jurídicos.
20 octubre 2009
La ex novia de Miguel ha ofrecido tres versiones distintas en ocho meses...
La menor de 14 años que fue novia de Miguel Carcaño ha realizado tres declaraciones distintas sobre el caso en ocho meses. De no saber nada de lo ocurrido con Marta del Castillo la tarde del 24 de enero, la adolescente pasó a reconocer que su ex novio le confesó el crimen, que le propinó un fuerte golpe con un cenicero, y por último ha llegado incluso a aportar un supuesto lugar donde se arrojó el cadáver: una arboleda que hay detrás de su domicilio en Camas.
Estos tres testimonios arrojan algunas coincidencias y contradicciones, y a lo largo de las mismas va implicando cada vez más en los hechos a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, a Samuel Benítez y exculpa al menor que está internado en un centro imputado por el asesinato y la violación de Marta.
En la primera declaración policial de la menor de 14 años, ésta afirma a los agentes que no sabe qué le pasó a Marta y añade que su novio, Miguel Carcaño, no le ha contado nada. La adolescente insiste en que el presunto asesino pasó toda la noche en su casa de Camas, que no la abandonó de madrugada, aunque sí precisa que su teléfono móvil no paró de sonar en toda la madrugada. En los días sucesivos, cuando ya se ha dado a Marta por desaparecida, Miguel guarda silencio y agacha la cabeza cuando la noticia aparece en la televisión.
En su segunda declaración -el 9 de marzo ante el Grupo de Menores de la Policía-, la menor ya aporta detalles de lo que supuestamente ocurrió en el piso de León XIII. Así, dice que el hermano de Miguel se encontraba en su habitación cuando se produce el golpe con el cenicero y que, tras el crimen, se deshicieron del cuerpo arrojándolo al río. Según la menor, Miguel telefoneó a Samuel para que le ayudara a deshacerse del cuerpo y es Javier Delgado quien tiene la idea de arrojar el cadáver al río Guadalquivir.
Seis meses después, la niña vuelve a declarar -el 13 de septiembre- ante la Policía, a la que ahora relata que el hermano de Miguel estuvo presente en la escena del crimen y que incluso recriminó a Marta que discutiera con Miguel. La menor dice que "Miguel, su hermano y unos más" -sin especificar- se deshicieron del cuerpo en una arboleda detrás de su casa en Camas.
La testigo no sólo sitúa al hermano de Miguel en el momento del crimen, sino que además asegura que éste le amenazó para que no contara nada. La joven sostiene que recibió una llamada de un número desconocido, en la que literalmente le dijeron: "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza". En esa declaración, la Policía le mostró dos escuchas de voces, una de ellas de Javier Delgado, el hermano de Miguel, y la menor reconoció una de las voces como la que le amenazó y que, según un informe de la Policía, se corresponde con la del hermano. Después de estas tres versiones, sigue sin conocerse la verdad y, sobre todo, sin hallarse el cuerpo.
La familia de Marta ha convocado el próximo día 26 una nueva manifestación con la finalidad de que se siga buscando el cuerpo.
Estos tres testimonios arrojan algunas coincidencias y contradicciones, y a lo largo de las mismas va implicando cada vez más en los hechos a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, a Samuel Benítez y exculpa al menor que está internado en un centro imputado por el asesinato y la violación de Marta.
En la primera declaración policial de la menor de 14 años, ésta afirma a los agentes que no sabe qué le pasó a Marta y añade que su novio, Miguel Carcaño, no le ha contado nada. La adolescente insiste en que el presunto asesino pasó toda la noche en su casa de Camas, que no la abandonó de madrugada, aunque sí precisa que su teléfono móvil no paró de sonar en toda la madrugada. En los días sucesivos, cuando ya se ha dado a Marta por desaparecida, Miguel guarda silencio y agacha la cabeza cuando la noticia aparece en la televisión.
En su segunda declaración -el 9 de marzo ante el Grupo de Menores de la Policía-, la menor ya aporta detalles de lo que supuestamente ocurrió en el piso de León XIII. Así, dice que el hermano de Miguel se encontraba en su habitación cuando se produce el golpe con el cenicero y que, tras el crimen, se deshicieron del cuerpo arrojándolo al río. Según la menor, Miguel telefoneó a Samuel para que le ayudara a deshacerse del cuerpo y es Javier Delgado quien tiene la idea de arrojar el cadáver al río Guadalquivir.
Seis meses después, la niña vuelve a declarar -el 13 de septiembre- ante la Policía, a la que ahora relata que el hermano de Miguel estuvo presente en la escena del crimen y que incluso recriminó a Marta que discutiera con Miguel. La menor dice que "Miguel, su hermano y unos más" -sin especificar- se deshicieron del cuerpo en una arboleda detrás de su casa en Camas.
La testigo no sólo sitúa al hermano de Miguel en el momento del crimen, sino que además asegura que éste le amenazó para que no contara nada. La joven sostiene que recibió una llamada de un número desconocido, en la que literalmente le dijeron: "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza". En esa declaración, la Policía le mostró dos escuchas de voces, una de ellas de Javier Delgado, el hermano de Miguel, y la menor reconoció una de las voces como la que le amenazó y que, según un informe de la Policía, se corresponde con la del hermano. Después de estas tres versiones, sigue sin conocerse la verdad y, sobre todo, sin hallarse el cuerpo.
La familia de Marta ha convocado el próximo día 26 una nueva manifestación con la finalidad de que se siga buscando el cuerpo.
16 octubre 2009
El SAS es condenado a pagar una operación en la sanidad privada tras un diagnóstico erróneo en hospitales públicos
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a reintegrar a una vecina de Dos Hermanas los 10.870 euros que pagó por una intervención en un hospital privado, después de haber acudido hasta en cuatro ocasiones a la sanidad pública, donde confundieron un cáncer de colon con una situación de estreñimiento.
La enferma, E. M. M., de 68 años, acudió por primera vez al servicio de Urgencias del hospital de Motril (Granada) el 29 de noviembre de 2006, cuando se hallaba de vacaciones. Sufría un cuadro de vómitos y dolor epigástrico, y en el hospital le diagnosticaron estreñimiento y le recomendaron una dieta. En los siguientes días acudió en otras tres ocasiones a las Urgencias del Hospital de Valme, donde le hicieron el mismo diagnóstico y sólo en la última visita -el 11 de diciembre- se le dio cita para el especialista en aparato digestivo para el 2 de enero, casi un mes después.
Como la patología persistía, la mujer acudió el 23 de diciembre al hospital San Agustín de Dos Hermanas, donde le prescribieron una analítica y le realizaron una colonoscopia que permitió detectar un cáncer -en concreto, un adenocarcinoma de colon-, por lo que fue operada cinco días después.
La paciente tuvo que abonar 10.870 euros por el tratamiento que recibió en la sanidad privada y presentó una demanda contra el SAS, exigiendo el reintegro de esta cantidad. Un juzgado de lo Social desestimó inicialmente la reclamación, pero la Sala de lo Social del TSJA le ha dado ahora la razón, por cuanto la ley general de sanidad reconoce la posibilidad de abonar los gastos de los servicios médicos utilizados fuera del sistema público siempre que se trate de una "urgencia de carácter vital".
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que hay una urgencia vital cuando la situación patológica es de tal gravedad que, como consecuencia de la misma, "está en riesgo cierto e inminente la vida o la integridad física, si hubiere de estarse a la necesaria demora derivada de acudir a los servicios médicos asignados por la Seguridad Social". La doctrina señala que no basta con que el tratamiento alternativo sea simplemente beneficioso para la salud del paciente o mejoren sus expectativas de vida, ni se comprenden los supuestos en los que la intervención "no sea apremiante ni imprescindible".
La sala de lo Social del TSJA, aplicando esa doctrina, señala que en este caso la mujer "intentó repetidamente ser atendida y tratada por la sanidad pública, quien una y otra vez erró en su diagnóstico y en su tratamiento, obvió los protocolos de actuación para los supuestos de dolor abdominal agudo y omitió la realización de las pruebas pertinentes, prescribiendo únicamente dieta para el estreñimiento a quien, a todas luces, aquejaba una patología gravísima que podía acarrear un enorme riesgo y consecuencias tan graves que podían haber acabado con su vida".
La sentencia argumenta que ante ese "periplo de errores y desatención" que sufrió la paciente, no se puede pretender que ésta acuda de nuevo a la sanidad pública tras cuatro veces, porque eso representa que se le pide "un comportamiento cuando menos heroico, el cual no es posible exigir a nadie, cuando el enfermo sabe que se encuentra realmente grave".
Esta gravedad, recuerdan los magistrados, fue confirmada por el carcinoma "cuyo diagnóstico o el error de la sanidad pública había retrasado tanto, con la gravedad que ello tiene en este tipo de enfermedades". El tribunal añade que la actuación de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud colocó "claramente" a la enferma en una situación de urgencia vital "que puso en peligro su vida", por lo que debe concluirse que la decisión de la paciente, al acudir a la sanidad privada, "merece ser indemnizada de acuerdo con los argumentos y parámetros jurisprudenciales expuestos".
La enferma, E. M. M., de 68 años, acudió por primera vez al servicio de Urgencias del hospital de Motril (Granada) el 29 de noviembre de 2006, cuando se hallaba de vacaciones. Sufría un cuadro de vómitos y dolor epigástrico, y en el hospital le diagnosticaron estreñimiento y le recomendaron una dieta. En los siguientes días acudió en otras tres ocasiones a las Urgencias del Hospital de Valme, donde le hicieron el mismo diagnóstico y sólo en la última visita -el 11 de diciembre- se le dio cita para el especialista en aparato digestivo para el 2 de enero, casi un mes después.
Como la patología persistía, la mujer acudió el 23 de diciembre al hospital San Agustín de Dos Hermanas, donde le prescribieron una analítica y le realizaron una colonoscopia que permitió detectar un cáncer -en concreto, un adenocarcinoma de colon-, por lo que fue operada cinco días después.
La paciente tuvo que abonar 10.870 euros por el tratamiento que recibió en la sanidad privada y presentó una demanda contra el SAS, exigiendo el reintegro de esta cantidad. Un juzgado de lo Social desestimó inicialmente la reclamación, pero la Sala de lo Social del TSJA le ha dado ahora la razón, por cuanto la ley general de sanidad reconoce la posibilidad de abonar los gastos de los servicios médicos utilizados fuera del sistema público siempre que se trate de una "urgencia de carácter vital".
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que hay una urgencia vital cuando la situación patológica es de tal gravedad que, como consecuencia de la misma, "está en riesgo cierto e inminente la vida o la integridad física, si hubiere de estarse a la necesaria demora derivada de acudir a los servicios médicos asignados por la Seguridad Social". La doctrina señala que no basta con que el tratamiento alternativo sea simplemente beneficioso para la salud del paciente o mejoren sus expectativas de vida, ni se comprenden los supuestos en los que la intervención "no sea apremiante ni imprescindible".
La sala de lo Social del TSJA, aplicando esa doctrina, señala que en este caso la mujer "intentó repetidamente ser atendida y tratada por la sanidad pública, quien una y otra vez erró en su diagnóstico y en su tratamiento, obvió los protocolos de actuación para los supuestos de dolor abdominal agudo y omitió la realización de las pruebas pertinentes, prescribiendo únicamente dieta para el estreñimiento a quien, a todas luces, aquejaba una patología gravísima que podía acarrear un enorme riesgo y consecuencias tan graves que podían haber acabado con su vida".
La sentencia argumenta que ante ese "periplo de errores y desatención" que sufrió la paciente, no se puede pretender que ésta acuda de nuevo a la sanidad pública tras cuatro veces, porque eso representa que se le pide "un comportamiento cuando menos heroico, el cual no es posible exigir a nadie, cuando el enfermo sabe que se encuentra realmente grave".
Esta gravedad, recuerdan los magistrados, fue confirmada por el carcinoma "cuyo diagnóstico o el error de la sanidad pública había retrasado tanto, con la gravedad que ello tiene en este tipo de enfermedades". El tribunal añade que la actuación de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud colocó "claramente" a la enferma en una situación de urgencia vital "que puso en peligro su vida", por lo que debe concluirse que la decisión de la paciente, al acudir a la sanidad privada, "merece ser indemnizada de acuerdo con los argumentos y parámetros jurisprudenciales expuestos".
14 octubre 2009
Anticorrupción se plantea imputar en el caso Mercasevilla a Torrijos y a Crespo, así como a toda la comisión ejecutiva
La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de solicitar a la juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla que tome declaración como imputados a todos los miembros de la comisión ejecutiva de esta empresa mixta, entre los que se encuentran el actual primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y el ex edil y ex presidente del mercado, Gonzalo Crespo.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla está estudiando la posibilidad de solicitar la imputación de todos los consejeros que formaban parte de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando se adjudicó a una filial de la constructora malagueña Sando el derecho de opción de compra de los suelos. La juez que investiga el caso considera que el concurso público por el que se adjudicó la venta es "ilegal" y "fraudulento" porque estaba "predeterminado" para que esta empresa resultara ganadora, todo ello a pesar de que el grupo Noga había realizado una oferta económica que superaba en 52 millones de euros la propuesta vencedora.
Las mismas fuentes precisaron que, por el momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna imputación a la juez, ya que están estudiando las últimas declaraciones y por ahora sólo existe esa "posibilidad" de solicitar las nuevas declaraciones.
La posible imputación se extiende a los siete miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, que estaba integrada, junto a Torrijos y Gonzalo Crespo, por Domingo Enrique Castaño -la persona a la que el PP sitúa como el "cerebro" de la venta de los suelos-, así como el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, y el interventor municipal, José Miguel Braojos. Completan la lista los consejeros Ángel Gil Pascual, adjunto a la presidencia de la empresa Mercado Central de Abastos (Mercasa) -que posee el 48% de Mercasevilla-, y Arturo Cortés de la Cruz, abogado del Estado y secretario general de Mercasa.
Todos los consejeros intervinieron en la comisión ejecutiva de Mercasevilla celebrada el 15 de febrero de 2006 y en la que adjudicó el concurso a Sanma, la filial de Sando, tras obtener la mayor puntuación de acuerdo con la valoración de los técnicos imputados.
El planteamiento de la Fiscalía no parece nuevo en la investigación judicial, puesto que la Policía Judicial ya ha hecho gestiones con, al menos, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo. El primer teniente de alcalde y el ex concejal ya han prestado declaración ante la Policía Judicial, a la que han remitido sendas declaraciones por escrito explicando distintos aspectos relacionados con la adjudicación a la filial de Sando del concurso público. Estas declaraciones se produjeron la semana pasada, según han confirmado fuentes policiales.
El ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, aseguró que ninguno de los funcionarios municipales que participaban en los distintos órganos del mercado advirtió de ninguna ilegalidad en la adjudicación del derecho de opción de compra de los terrenos del mercado central.
El pliego de condiciones del concurso incluía, según la juez, dos cláusulas que favorecieron "claramente" a Sando, una de las cuales penalizaba las ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas, mientras que la otra primaba la titularidad previa de cualquier derecho sobre los terrenos. El pliego fue aprobado por la comisión ejecutiva, el consejo de administración, el Pleno del Ayuntamiento y, finalmente, la junta general de accionistas de Mercasevilla.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla está estudiando la posibilidad de solicitar la imputación de todos los consejeros que formaban parte de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando se adjudicó a una filial de la constructora malagueña Sando el derecho de opción de compra de los suelos. La juez que investiga el caso considera que el concurso público por el que se adjudicó la venta es "ilegal" y "fraudulento" porque estaba "predeterminado" para que esta empresa resultara ganadora, todo ello a pesar de que el grupo Noga había realizado una oferta económica que superaba en 52 millones de euros la propuesta vencedora.
Las mismas fuentes precisaron que, por el momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna imputación a la juez, ya que están estudiando las últimas declaraciones y por ahora sólo existe esa "posibilidad" de solicitar las nuevas declaraciones.
La posible imputación se extiende a los siete miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, que estaba integrada, junto a Torrijos y Gonzalo Crespo, por Domingo Enrique Castaño -la persona a la que el PP sitúa como el "cerebro" de la venta de los suelos-, así como el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, y el interventor municipal, José Miguel Braojos. Completan la lista los consejeros Ángel Gil Pascual, adjunto a la presidencia de la empresa Mercado Central de Abastos (Mercasa) -que posee el 48% de Mercasevilla-, y Arturo Cortés de la Cruz, abogado del Estado y secretario general de Mercasa.
Todos los consejeros intervinieron en la comisión ejecutiva de Mercasevilla celebrada el 15 de febrero de 2006 y en la que adjudicó el concurso a Sanma, la filial de Sando, tras obtener la mayor puntuación de acuerdo con la valoración de los técnicos imputados.
El planteamiento de la Fiscalía no parece nuevo en la investigación judicial, puesto que la Policía Judicial ya ha hecho gestiones con, al menos, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo. El primer teniente de alcalde y el ex concejal ya han prestado declaración ante la Policía Judicial, a la que han remitido sendas declaraciones por escrito explicando distintos aspectos relacionados con la adjudicación a la filial de Sando del concurso público. Estas declaraciones se produjeron la semana pasada, según han confirmado fuentes policiales.
El ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, aseguró que ninguno de los funcionarios municipales que participaban en los distintos órganos del mercado advirtió de ninguna ilegalidad en la adjudicación del derecho de opción de compra de los terrenos del mercado central.
El pliego de condiciones del concurso incluía, según la juez, dos cláusulas que favorecieron "claramente" a Sando, una de las cuales penalizaba las ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas, mientras que la otra primaba la titularidad previa de cualquier derecho sobre los terrenos. El pliego fue aprobado por la comisión ejecutiva, el consejo de administración, el Pleno del Ayuntamiento y, finalmente, la junta general de accionistas de Mercasevilla.
11 octubre 2009
Hacia donde camina el caso Marta...
Esta semana surgió una nueva versión -la enésima- del caso Marta. Un familiar de un preso declaró a una TV que Miguel Carcaño va diciendo que no va a pagar por lo que no ha hecho -en alusión al crimen de la joven- y asegura que tanto la madre de su ex novia de Camas, como esta misma, estuvieron la tarde del crimen en el piso de la calle León XIII. ¿Qué se quiere insinuar?
Carcaño, si realmente oculta algo, debería acudir al juez -como ha hecho ya en otras tantas ocasiones- y contarle, eso sí, la verdad, al menos una vez, para variar.
Mucho me temo que esta nueva versión no sea más que eso, una nueva versión de un crimen cuya investigación sigue mostrando muchas dudas y en la que, lo más importante, aún no ha aparecido el cuerpo de la joven sevillana.
03 octubre 2009
La juez permite que el dueño de Contsa salga de prisión si paga dos millones de euros de fianza...
El dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, que permanece en prisión preventiva desde hace un año, podrá abandonar la cárcel si deposita una fianza de dos millones de euros.La titular del juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, Pilar Llorente, ha dictado un auto en el que decreta la libertad bajo fianza de esta cantidad para el empresario, una decisión que ha sido adoptada por la propia magistrada sin que le haya sido solicitada por la defensa. Salas Burzón ingresó en prisión el 3 de octubre del año pasado, imputado por cuatro delitos -estafa, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible-, tras haber prestado declaración una vez que los administradores concursales emitieron un informe en el que detectaron la existencia de un agujero de 86,8 millones de euros en las cuentas de la empresa y que el número de acreedores ascendía a 1.553, casi tres veces más de los que el dueño de Contsa había reconocido en el juzgado de lo Mercantil que tramita el concurso de acreedores.
La Fiscalía había pedido su ingreso en prisión sin fianza, al considerar que con su actitud Salas Burzón había "agravado la situación de la empresa", si bien el dueño de la inmobiliaria había señalado que él fue el primer sorprendido por los resultados del informe de los administradores concursales.El propietario de Contsa volvió a declarar en mayo pasado y, en esta ocasión, admitió que realizó ventas ficticias y otras operaciones en fechas posteriores a la declaración del concurso de acreedores -en febrero de 2008-.La instructora del caso tomó ayer precisamente declaración, en calidad de testigo, al empresario Luis Castel -que se barajó como uno de los posibles compradores del Real Betis-, con quien el propietario de Contsa aseguró que había realizado algunas de esas operaciones "ficticias" por importe de unos tres millones.Castel negó ayer las manifestaciones del imputado en la causa, que había asegurado que simuló con él haber recibido un cheque que ni siquiera llegó a tocar. El empresario Luis Castel reconoció que compró a Salas un crédito de tres millones sobre un hotel en El Rocío y dos áticos en la calle Asunción, por importe de otros 400.000 euros.
Castel explicó a la juez que el negocio fue "real", que tenía una buena rentabilidad, que cifró en el 7%, y dijo que José Salas le insistió mucho en que el pago se realizara en efectivo.Con fecha 31 de diciembre de 2007, poco antes de la suspensión de pagos de Contsa, Luis Castel entregó al propietario de Contsa un cheque por importe de tres millones para adquirir la hipoteca del hotel que se estaba construyendo en El Rocío. La segunda operación tuvo lugar el 30 de enero de 2008, cuando Salas cobró un pagaré de Castel por valor de 400.000 euros por la venta de los dos áticos de la calle Asunción.Salas defendió en sus declaraciones judiciales anteriores que los 3,4 millones que percibió de estas operaciones los empleó en pagar a cinco acreedores, aunque en su última comparecencia ante la juez, en mayo pasado, admitió que no entregó el dinero.El dueño de Contsa reveló que después del concurso también vendió varias propiedades
La Fiscalía había pedido su ingreso en prisión sin fianza, al considerar que con su actitud Salas Burzón había "agravado la situación de la empresa", si bien el dueño de la inmobiliaria había señalado que él fue el primer sorprendido por los resultados del informe de los administradores concursales.El propietario de Contsa volvió a declarar en mayo pasado y, en esta ocasión, admitió que realizó ventas ficticias y otras operaciones en fechas posteriores a la declaración del concurso de acreedores -en febrero de 2008-.La instructora del caso tomó ayer precisamente declaración, en calidad de testigo, al empresario Luis Castel -que se barajó como uno de los posibles compradores del Real Betis-, con quien el propietario de Contsa aseguró que había realizado algunas de esas operaciones "ficticias" por importe de unos tres millones.Castel negó ayer las manifestaciones del imputado en la causa, que había asegurado que simuló con él haber recibido un cheque que ni siquiera llegó a tocar. El empresario Luis Castel reconoció que compró a Salas un crédito de tres millones sobre un hotel en El Rocío y dos áticos en la calle Asunción, por importe de otros 400.000 euros.
Castel explicó a la juez que el negocio fue "real", que tenía una buena rentabilidad, que cifró en el 7%, y dijo que José Salas le insistió mucho en que el pago se realizara en efectivo.Con fecha 31 de diciembre de 2007, poco antes de la suspensión de pagos de Contsa, Luis Castel entregó al propietario de Contsa un cheque por importe de tres millones para adquirir la hipoteca del hotel que se estaba construyendo en El Rocío. La segunda operación tuvo lugar el 30 de enero de 2008, cuando Salas cobró un pagaré de Castel por valor de 400.000 euros por la venta de los dos áticos de la calle Asunción.Salas defendió en sus declaraciones judiciales anteriores que los 3,4 millones que percibió de estas operaciones los empleó en pagar a cinco acreedores, aunque en su última comparecencia ante la juez, en mayo pasado, admitió que no entregó el dinero.El dueño de Contsa reveló que después del concurso también vendió varias propiedades
02 octubre 2009
La Policía sólo halló restos de sangre en la chaqueta de Miguel, pero no en el piso de la calle León XIII
La Policía Científica sólo halló restos de sangre que coinciden con el perfil genético de Marta del Castillo en la cazadora del asesino confeso, Miguel Carcaño Delgado, pero no se localizó ningún vestigio sanguíneo de la víctima en el piso de la calle León XIII donde se cometió el crimen.
El sumario del caso recoge informes científicos que revelan que a lo largo de la investigación se han recogido hasta 153 evidencias biológicas de Marta del Castillo y más de 30 perfiles genéticos, algunos de ellos mezclados con sangre de Marta, tal y como reconoció esta semana el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra.
De la totalidad de las muestras recuperadas únicamente se ha localizado sangre de la víctima en el forro interior de la cazadora de corte militar que Miguel Carcaño llevaba puesta la tarde del crimen y que pudo transferirse desde el cenicero con el que, según el joven, golpeó a la adolescente en la cabeza tras una discusión. El asesino confeso siempre ha ubicado el escenario del crimen en su vivienda de la calle León XIII, pero en el inmueble la Policía Científica no ha logrado encontrar ningún otro resto de sangre.
Los investigadores siempre han considerado que, después del crimen, los imputados procedieron a la limpieza de los restos y huellas. En un primer lugar, esa función fue atribuida por el menor de 15 años que está internado en un centro a Javier Delgado Moreno, hermano de Miguel Carcaño, pero el asesino confeso ha tratado de exculparle desde el primer momento. En la cuarta versión de los hechos que ofreció Carcaño en septiembre pasado, el principal implicado llegó a sostener que fue él mismo quien se quedó aquella noche limpiando el piso de León XIII mientras su amigo Samuel Benítez se deshacía del cadáver en el coche de un familiar suyo.
Algunos expertos policiales consultados por este periódico aseguran que, con los actuales métodos de trabajo de la Policía Científica, si hubiese quedado algún resto de sangre en la vivienda de León XIII, además de la que había en la chaqueta, se habría detectado con seguridad pese a cualquier intento de borrar las evidencias, por mucha limpieza que se efectuara.
Desde los primeros momentos de la investigación, el escenario del crimen se situó en el piso de León XIII. Supuestamente, según las cuatro versiones de Carcaño, Marta murió allí de un fuerte golpe que él mismo le asestó y que, de ser así, tendría que haber dejado a priori alguna evidencia en forma de resto sanguíneo.
En el piso de León XIII sí que se han localizado otras muestras biológicas de Marta, tales como ADN, cabellos y otros fluidos. Así, los investigadores localizaron restos genéticos de Marta en el tensiómetro con el que, según Miguel Carcaño, comprobó que la joven no tenía pulso y había fallecido tras la agresión.
También se halló ADN en la silla de ruedas que, según la versión del asesino confeso, se empleó para sacar el cadáver de Marta del domicilio e introducirlo en un coche. Sin embargo, estas muestras han sido halladas en la empuñadura del carrito, lo que introduce nuevas dudas en la versión facilitada por el principal sospechoso.
Entre las evidencias biológicas encontradas por la Policía Científica no sólo hay huellas genéticas de Marta del Castillo y de su asesino confeso. También se han encontrado en el piso de León XIII restos del menor de 15 años implicado en el crimen, concretamente en la mesa del ordenador de Miguel Carcaño. De este adolescente también aparecieron huellas en una botella de ron recogida en uno de los registros practicados en este domicilio.
También se han encontrado restos de ADN de la novia del hermano de Carcaño, María García, en un esparadrapo y una alargadera encontrados en el piso. En este cable también aparecieron huellas del asesino confeso. En su anterior versión de los hechos, Miguel Carcaño expuso que fue el menor quien mató a Marta y lo hizo estrangulándola con el cable de una alargadera.
En cualquier caso, estos indicios sólo apuntan a que tanto el menor amigo de Carcaño como la novia del hermano de éste habían estado en el piso de León XIII, sin que sea posible precisar si las huellas son anteriores o posteriores al día del crimen, cometido la noche del 24 de enero.
El sumario del caso recoge informes científicos que revelan que a lo largo de la investigación se han recogido hasta 153 evidencias biológicas de Marta del Castillo y más de 30 perfiles genéticos, algunos de ellos mezclados con sangre de Marta, tal y como reconoció esta semana el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra.
De la totalidad de las muestras recuperadas únicamente se ha localizado sangre de la víctima en el forro interior de la cazadora de corte militar que Miguel Carcaño llevaba puesta la tarde del crimen y que pudo transferirse desde el cenicero con el que, según el joven, golpeó a la adolescente en la cabeza tras una discusión. El asesino confeso siempre ha ubicado el escenario del crimen en su vivienda de la calle León XIII, pero en el inmueble la Policía Científica no ha logrado encontrar ningún otro resto de sangre.
Los investigadores siempre han considerado que, después del crimen, los imputados procedieron a la limpieza de los restos y huellas. En un primer lugar, esa función fue atribuida por el menor de 15 años que está internado en un centro a Javier Delgado Moreno, hermano de Miguel Carcaño, pero el asesino confeso ha tratado de exculparle desde el primer momento. En la cuarta versión de los hechos que ofreció Carcaño en septiembre pasado, el principal implicado llegó a sostener que fue él mismo quien se quedó aquella noche limpiando el piso de León XIII mientras su amigo Samuel Benítez se deshacía del cadáver en el coche de un familiar suyo.
Algunos expertos policiales consultados por este periódico aseguran que, con los actuales métodos de trabajo de la Policía Científica, si hubiese quedado algún resto de sangre en la vivienda de León XIII, además de la que había en la chaqueta, se habría detectado con seguridad pese a cualquier intento de borrar las evidencias, por mucha limpieza que se efectuara.
Desde los primeros momentos de la investigación, el escenario del crimen se situó en el piso de León XIII. Supuestamente, según las cuatro versiones de Carcaño, Marta murió allí de un fuerte golpe que él mismo le asestó y que, de ser así, tendría que haber dejado a priori alguna evidencia en forma de resto sanguíneo.
En el piso de León XIII sí que se han localizado otras muestras biológicas de Marta, tales como ADN, cabellos y otros fluidos. Así, los investigadores localizaron restos genéticos de Marta en el tensiómetro con el que, según Miguel Carcaño, comprobó que la joven no tenía pulso y había fallecido tras la agresión.
También se halló ADN en la silla de ruedas que, según la versión del asesino confeso, se empleó para sacar el cadáver de Marta del domicilio e introducirlo en un coche. Sin embargo, estas muestras han sido halladas en la empuñadura del carrito, lo que introduce nuevas dudas en la versión facilitada por el principal sospechoso.
Entre las evidencias biológicas encontradas por la Policía Científica no sólo hay huellas genéticas de Marta del Castillo y de su asesino confeso. También se han encontrado en el piso de León XIII restos del menor de 15 años implicado en el crimen, concretamente en la mesa del ordenador de Miguel Carcaño. De este adolescente también aparecieron huellas en una botella de ron recogida en uno de los registros practicados en este domicilio.
También se han encontrado restos de ADN de la novia del hermano de Carcaño, María García, en un esparadrapo y una alargadera encontrados en el piso. En este cable también aparecieron huellas del asesino confeso. En su anterior versión de los hechos, Miguel Carcaño expuso que fue el menor quien mató a Marta y lo hizo estrangulándola con el cable de una alargadera.
En cualquier caso, estos indicios sólo apuntan a que tanto el menor amigo de Carcaño como la novia del hermano de éste habían estado en el piso de León XIII, sin que sea posible precisar si las huellas son anteriores o posteriores al día del crimen, cometido la noche del 24 de enero.
01 octubre 2009
El hermano de Carcaño reitera que es inocente y dice que desea que aparezca el cuerpo por la familia de Marta y por él mismo
Entrevista publicada en Diario de Sevilla.
Casi ocho meses después del asesinato de Marta, cuyo cuerpo sigue sin aparecer, Javier Delgado Moreno, el hermano del asesino confeso, compareció ayer por primera vez ante un grupo de periodistas para insistir en que es inocente y denunciar que se siente víctima de los errores de una investigación policial precipitada y de una presión mediática desmedida. El hermano de Miguel Carcaño, que mantuvo un encuentro con los informadores por espacio de dos horas y en el despacho de su abogado, José Manuel Carrión, reiteró que no ha tenido ninguna participación en la muerte, desaparición y ocultación del cuerpo de la joven sevillana, y advirtió que no tiene miedo al juicio al que es consciente que tendrá que someterse. "Yo no me creo condenado porque no he hecho nada para ser condenado y creo que si llego a juicio voy a salir absuelto", aseveró.
Delgado cree que es víctima de una "investigación policial fallida y una presión mediática sin razón", en la que no se le ha dado la oportunidad de demostrar su inocencia, sino que ha sido "criminalizado por todos desde primera hora".
El conjunto de los errores de la investigación y la presión mediática, según este imputado por delitos de encubrimiento, amenazas, y profanación de cadáveres, ha acabado por "arruinarle" la vida por el simple hecho de ser hermano del presunto asesino. "Que sea su hermano no significa que yo tenga que ser un delincuente", apostilló.El hermano del asesino confeso asegura que su entorno más cercano lleva soportando desde hace ocho meses una situación que no duda en calificar de "acoso, intimidación y en cierta forma extorsión" por la "presión policial", ya que, en su opinión, la investigación realizada sobre él y su novia es del todo errónea. "La investigación realizada sobre mí y mi novia es un completo desastre. Si no he hecho nada, ¿cómo he estado tres meses en prisión?", se pregunta Javier Delgado, que no alcanza a comprender "que aquí nadie rectifica"c uando se equivoca.El hermano del principal imputado por el asesinato de Marta considera que ha habido "prisas" en la investigación policial e ironiza con respecto a la "investigación de libro" que defendió el jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra. "Esto es un caso de libro, pero no lo era en su momento, ahora sí es para hacer un libro", precisó Javier Delgado sobre los errores que, según puntualiza, se han cometido con su persona.En su opinión, las únicas pruebas que hay contra él no tienen fundamento. "Me detuvieron con la declaración del menor [que posteriormente se retractó] y con tres frases sacadas de contexto", dice el hermano de Miguel.En la entrevista, Javier asegura que comprende el dolor por el que está pasando la familia de Marta y confía en que finalmente aparezca el cuerpo de la joven.
"Entiendo a la familia, que lo está pasando muy mal, y me pongo en su lugar porque yo también tengo una hija; entiendo a esa familia pero yo no puedo ayudarle. Arrepentirse y avergonzarse lo hace el que ha hecho algo, pero yo no he hecho nada", sentenció.Javier Delgado dice que seguirá luchando para conseguir que se reconozca su plena inocencia y que lo hace por su familia, sobre todo por su hija pequeña. "Mi hija tiene que saber que su padre no ha hecho nada y voy a luchar hasta donde pueda".El hermano de Miguel reveló que ha intentado colaborar con los investigadores policiales desde el primer momento. "Yo quiero la verdad también, no tengo nada que ocultar y a mí la verdad auténtica me exculpa de todo".Cuando se le pregunta sobre si cree que alguna vez aparecerá el cuerpo de Marta, su respuesta es lacónica: "Sé lo mismo que usted". Javier Delgado espera, no obstante, que el cadáver aparezca para que se esclarezca la verdad.
"Me encantaría que el cuerpo de la criatura apareciera: primero por su familia, para que descanse, y en segundo lugar por mí mismo, porque el cuerpo puede decir muchas cosas y de mí no puede decir nada", señala en relación a las posibles pruebas que pudieran obtenerse en el caso de que se hallara el cadáver de la adolescente.En cualquier caso, Javier descarta rotundamente que él sea ese cerebro al que la Policía atribuye la operación para deshacerse del cadáver, y cree que el hecho de que los agentes no admitan que no ha tenido ninguna participación en los hechos puede obedecer a que "desde la investigación no quieren reconocer que le han engañado unos críos y es más fácil decir que les ha engañado una persona de 40 años".
El hermano del presunto asesino le reprocha el crimen de Marta. "Haya hecho lo que haya hecho, lo más leve que me parece es que es una completa barbaridad. Antes me parecía un chaval normal, no me parecía un mal niño".Javier Delgado sostiene que siempre confió en la versión que le había facilitado su hermano, de que no tenía nada que ver con la desaparición de Marta, y alega que no se enteró de que era el principal sospechoso de la muerte hasta que se produjo la detención de Miguel, el 13 de febrero. Javier comenta que estuvo ayudando a su hermano porque no había desconfiado en absoluto de la versión que éste le facilitó y que lo hizo como hubiera hecho cualquier persona con su hermano. "Que ahora me doy cuenta de que soy imbécil, pues de acuerdo, pero en aquel momento tenía que ayudar a mi hermano".
Javier Delgado sigue defendiendo que no conocía a Marta y que la tarde del crimen no la vio en la vivienda de la calle León XIII, donde únicamente coincidió con su hermano durante unos diez minutos, hasta que se marchó para ver a su hija y a trabajar en un bar, y no regresó hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente. Por último, Javier relata que no ha hablado con su hermano desde el 14 de febrero, porque probablemente no le podrá perdonar "hasta que esté cerca de la caja de pino" y concluye que le parece "una locura" que Miguel reciba cartas de admiradoras en prisión.
Casi ocho meses después del asesinato de Marta, cuyo cuerpo sigue sin aparecer, Javier Delgado Moreno, el hermano del asesino confeso, compareció ayer por primera vez ante un grupo de periodistas para insistir en que es inocente y denunciar que se siente víctima de los errores de una investigación policial precipitada y de una presión mediática desmedida. El hermano de Miguel Carcaño, que mantuvo un encuentro con los informadores por espacio de dos horas y en el despacho de su abogado, José Manuel Carrión, reiteró que no ha tenido ninguna participación en la muerte, desaparición y ocultación del cuerpo de la joven sevillana, y advirtió que no tiene miedo al juicio al que es consciente que tendrá que someterse. "Yo no me creo condenado porque no he hecho nada para ser condenado y creo que si llego a juicio voy a salir absuelto", aseveró.
Delgado cree que es víctima de una "investigación policial fallida y una presión mediática sin razón", en la que no se le ha dado la oportunidad de demostrar su inocencia, sino que ha sido "criminalizado por todos desde primera hora".
El conjunto de los errores de la investigación y la presión mediática, según este imputado por delitos de encubrimiento, amenazas, y profanación de cadáveres, ha acabado por "arruinarle" la vida por el simple hecho de ser hermano del presunto asesino. "Que sea su hermano no significa que yo tenga que ser un delincuente", apostilló.El hermano del asesino confeso asegura que su entorno más cercano lleva soportando desde hace ocho meses una situación que no duda en calificar de "acoso, intimidación y en cierta forma extorsión" por la "presión policial", ya que, en su opinión, la investigación realizada sobre él y su novia es del todo errónea. "La investigación realizada sobre mí y mi novia es un completo desastre. Si no he hecho nada, ¿cómo he estado tres meses en prisión?", se pregunta Javier Delgado, que no alcanza a comprender "que aquí nadie rectifica"c uando se equivoca.El hermano del principal imputado por el asesinato de Marta considera que ha habido "prisas" en la investigación policial e ironiza con respecto a la "investigación de libro" que defendió el jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra. "Esto es un caso de libro, pero no lo era en su momento, ahora sí es para hacer un libro", precisó Javier Delgado sobre los errores que, según puntualiza, se han cometido con su persona.En su opinión, las únicas pruebas que hay contra él no tienen fundamento. "Me detuvieron con la declaración del menor [que posteriormente se retractó] y con tres frases sacadas de contexto", dice el hermano de Miguel.En la entrevista, Javier asegura que comprende el dolor por el que está pasando la familia de Marta y confía en que finalmente aparezca el cuerpo de la joven.
"Entiendo a la familia, que lo está pasando muy mal, y me pongo en su lugar porque yo también tengo una hija; entiendo a esa familia pero yo no puedo ayudarle. Arrepentirse y avergonzarse lo hace el que ha hecho algo, pero yo no he hecho nada", sentenció.Javier Delgado dice que seguirá luchando para conseguir que se reconozca su plena inocencia y que lo hace por su familia, sobre todo por su hija pequeña. "Mi hija tiene que saber que su padre no ha hecho nada y voy a luchar hasta donde pueda".El hermano de Miguel reveló que ha intentado colaborar con los investigadores policiales desde el primer momento. "Yo quiero la verdad también, no tengo nada que ocultar y a mí la verdad auténtica me exculpa de todo".Cuando se le pregunta sobre si cree que alguna vez aparecerá el cuerpo de Marta, su respuesta es lacónica: "Sé lo mismo que usted". Javier Delgado espera, no obstante, que el cadáver aparezca para que se esclarezca la verdad.
"Me encantaría que el cuerpo de la criatura apareciera: primero por su familia, para que descanse, y en segundo lugar por mí mismo, porque el cuerpo puede decir muchas cosas y de mí no puede decir nada", señala en relación a las posibles pruebas que pudieran obtenerse en el caso de que se hallara el cadáver de la adolescente.En cualquier caso, Javier descarta rotundamente que él sea ese cerebro al que la Policía atribuye la operación para deshacerse del cadáver, y cree que el hecho de que los agentes no admitan que no ha tenido ninguna participación en los hechos puede obedecer a que "desde la investigación no quieren reconocer que le han engañado unos críos y es más fácil decir que les ha engañado una persona de 40 años".
El hermano del presunto asesino le reprocha el crimen de Marta. "Haya hecho lo que haya hecho, lo más leve que me parece es que es una completa barbaridad. Antes me parecía un chaval normal, no me parecía un mal niño".Javier Delgado sostiene que siempre confió en la versión que le había facilitado su hermano, de que no tenía nada que ver con la desaparición de Marta, y alega que no se enteró de que era el principal sospechoso de la muerte hasta que se produjo la detención de Miguel, el 13 de febrero. Javier comenta que estuvo ayudando a su hermano porque no había desconfiado en absoluto de la versión que éste le facilitó y que lo hizo como hubiera hecho cualquier persona con su hermano. "Que ahora me doy cuenta de que soy imbécil, pues de acuerdo, pero en aquel momento tenía que ayudar a mi hermano".
Javier Delgado sigue defendiendo que no conocía a Marta y que la tarde del crimen no la vio en la vivienda de la calle León XIII, donde únicamente coincidió con su hermano durante unos diez minutos, hasta que se marchó para ver a su hija y a trabajar en un bar, y no regresó hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente. Por último, Javier relata que no ha hablado con su hermano desde el 14 de febrero, porque probablemente no le podrá perdonar "hasta que esté cerca de la caja de pino" y concluye que le parece "una locura" que Miguel reciba cartas de admiradoras en prisión.
19 septiembre 2009
El juez cree que Miguel Carcaño se está burlando del proceso. Mantiene que debe ser juzgado por un jurado popular.
El juez Francisco de Asís Molina, que investiga el asesinato y violación de Marta del Castillo, advirtió ayer que el presunto asesino, Miguel Carcaño, se está burlando del proceso con sus continuos cambios de declaración. El instructor del caso dictó ayer un auto en el que confirmó que el juicio se celebrará ante un jurado popular, si bien será la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla la que decida finalmente sobre el tipo de procedimiento por el que debe ser enjuiciado este caso.
En la última resolución judicial dictada en torno a la muerte de Marta del Castillo, el juez reitera su decisión de que el caso sea tramitado por un jurado a raíz de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que anuló una condena de 83 años y ordenó repetir el juicio a un individuo acusado de asesinar y violar a dos policías al entender que éste debía ser enjuiciado ante un tribunal ciudadano.
El magistrado argumenta que esa sentencia afecta a unos hechos muy similares a los que se atribuyen a Miguel Carcaño y aplicable a la propia "idiosincrasia de este proceso", por cuanto inicialmente sólo se le imputaba la muerte y desaparición de la adolescente y fue el propio autor confeso de la muerte quien afirmó que antes la violó, razona el magistrado. Este episodio de agresión sexual, continúa el auto judicial, "está sustentado, en exclusiva, en su propia confesión, y hoy, para escarnio de un mínimo de respeto a la víctima, viene a ser negado en su última declaración, precisamente afirmando el imputado, sin rubor alguno, que confesó la violación para el juicio con jurado".
El juez ha desestimado, por tanto, los recursos de reforma presentados por los abogados defensores de Miguel Carcaño y de los otros tres imputados contra el auto que acordó la transformación de la causa en un procedimiento ante el jurado. Dice el juez que resulta difícil entender que después de "tamaño despropósito" -en referencia a las explicaciones que el principal implicado ofreció en su última declaración- la defensa de Miguel Carcaño "mantenga el recurso, y desde luego esa postura no hace sino reforzar la conclusión de que el modelo procesal de nuestro Estado de Derecho determina que el tribunal del Jurado sea el competente para enjuiciar al muerte y desaparición de la menor". El juez ya había señalado, cuando se pronunció sobre el modelo de juicio, que el asesinato de Marta pudo cometerse para "facilitar u ocultar" el delito de violación, por lo que el caso encajaría en el supuesto que establece el artículo 5.2.c de la ley del Jurado, que extiende la competencia para enjuiciar los delitos "conexos" cuando alguno de ellos se haya cometido "para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad".
El juez ha desestimado tanto el recurso de Miguel Carcaño como el de Samuel Benítez y el de María García, la novia de su hermano, Javier Delgado Moreno. En el caso de este último, el juez no se ha pronunciado, puesto que su defensa presentó el recurso directamente en apelación ante la Audiencia de Sevilla, órgano que resolverá definitivamente en las próximas semanas sobre el tribunal competente para enjuiciar el caso.
Francisco de Asís Molina entiende que las defensas han expuesto en sus recursos "una discrepancia de fondo sobre el criterio jurídico sostenido en la resolución recurrida para determinar el proceso aplicable, e intentan sustituir dicho criterio por el suyo propio".
La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa a Miguel Carcaño, pidió que el caso fuese enjuiciado por jueces profesionales, al entender que la decisión del jurado popular se había basado en una única sentencia del Tribunal Supremo -para que se considere verdadera doctrina hacen falta al menos dos resoluciones en el mismo sentido- y partía de una "suposición" a la hora de fijar la competencia del jurado: que Marta fue asesinada para ocultar la violación, un delito del que no había más pruebas que la propia confesión del joven implicado. El recurso de la defensa se presentó antes de que Miguel Carcaño volviese a cambiar su versión de los hechos, en el transcurso de una cuarta declaración en la que sostuvo que Marta no fue violada y volvió a asumir la autoría de la muerte. Carcaño dijo en esta ocasión que golpeó a la joven con un cenicero y situó a su mejor amigo, Samuel Benítez Pérez, como la persona que se deshizo del cuerpo mientras él se quedó en el piso de León XIII limpiando restos de sangre y otras huellas del crimen.
En la última resolución judicial dictada en torno a la muerte de Marta del Castillo, el juez reitera su decisión de que el caso sea tramitado por un jurado a raíz de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que anuló una condena de 83 años y ordenó repetir el juicio a un individuo acusado de asesinar y violar a dos policías al entender que éste debía ser enjuiciado ante un tribunal ciudadano.
El magistrado argumenta que esa sentencia afecta a unos hechos muy similares a los que se atribuyen a Miguel Carcaño y aplicable a la propia "idiosincrasia de este proceso", por cuanto inicialmente sólo se le imputaba la muerte y desaparición de la adolescente y fue el propio autor confeso de la muerte quien afirmó que antes la violó, razona el magistrado. Este episodio de agresión sexual, continúa el auto judicial, "está sustentado, en exclusiva, en su propia confesión, y hoy, para escarnio de un mínimo de respeto a la víctima, viene a ser negado en su última declaración, precisamente afirmando el imputado, sin rubor alguno, que confesó la violación para el juicio con jurado".
El juez ha desestimado, por tanto, los recursos de reforma presentados por los abogados defensores de Miguel Carcaño y de los otros tres imputados contra el auto que acordó la transformación de la causa en un procedimiento ante el jurado. Dice el juez que resulta difícil entender que después de "tamaño despropósito" -en referencia a las explicaciones que el principal implicado ofreció en su última declaración- la defensa de Miguel Carcaño "mantenga el recurso, y desde luego esa postura no hace sino reforzar la conclusión de que el modelo procesal de nuestro Estado de Derecho determina que el tribunal del Jurado sea el competente para enjuiciar al muerte y desaparición de la menor". El juez ya había señalado, cuando se pronunció sobre el modelo de juicio, que el asesinato de Marta pudo cometerse para "facilitar u ocultar" el delito de violación, por lo que el caso encajaría en el supuesto que establece el artículo 5.2.c de la ley del Jurado, que extiende la competencia para enjuiciar los delitos "conexos" cuando alguno de ellos se haya cometido "para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad".
El juez ha desestimado tanto el recurso de Miguel Carcaño como el de Samuel Benítez y el de María García, la novia de su hermano, Javier Delgado Moreno. En el caso de este último, el juez no se ha pronunciado, puesto que su defensa presentó el recurso directamente en apelación ante la Audiencia de Sevilla, órgano que resolverá definitivamente en las próximas semanas sobre el tribunal competente para enjuiciar el caso.
Francisco de Asís Molina entiende que las defensas han expuesto en sus recursos "una discrepancia de fondo sobre el criterio jurídico sostenido en la resolución recurrida para determinar el proceso aplicable, e intentan sustituir dicho criterio por el suyo propio".
La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa a Miguel Carcaño, pidió que el caso fuese enjuiciado por jueces profesionales, al entender que la decisión del jurado popular se había basado en una única sentencia del Tribunal Supremo -para que se considere verdadera doctrina hacen falta al menos dos resoluciones en el mismo sentido- y partía de una "suposición" a la hora de fijar la competencia del jurado: que Marta fue asesinada para ocultar la violación, un delito del que no había más pruebas que la propia confesión del joven implicado. El recurso de la defensa se presentó antes de que Miguel Carcaño volviese a cambiar su versión de los hechos, en el transcurso de una cuarta declaración en la que sostuvo que Marta no fue violada y volvió a asumir la autoría de la muerte. Carcaño dijo en esta ocasión que golpeó a la joven con un cenicero y situó a su mejor amigo, Samuel Benítez Pérez, como la persona que se deshizo del cuerpo mientras él se quedó en el piso de León XIII limpiando restos de sangre y otras huellas del crimen.
10 septiembre 2009
Carcaño vuelve a cambiar de declaración y dice que Samuel se deshizo del cuerpo
Cuarta declaración ante el juez y cuarta versión de los hechos. Miguel Carcaño volvió ayer a confesar el asesinato de Marta del Castillo, aunque negó que tanto él como el menor de 15 años que está internado en un centro la agredieran sexualmente. Su nuevo testimonio vuelve, en su mayor parte, a la primera declaración que prestó en relación a los hechos que sucedieron la tarde-noche del 24 de enero pasado, aunque ahora sitúa a su amigo Samuel Benítez Pérez como el principal artífice de la operación para deshacerse del cuerpo de la adolescente, una labor en la que Carcaño implica ahora a un familiar de Samuel. Miguel Carcaño dice que aquella tarde él y Marta discutieron en el piso de la calle León XIII, donde ambos se encontraban a solas.
En el transcurso de la discusión, Miguel propinó un golpe a Marta con un cenicero y, como consecuencia del mismo, la adolescente falleció. El asesino confeso sitúa la pelea poco antes de las diez de la noche e insiste en que no había nadie más en el piso -lo que favorece a su hermano Javier Delgado-. Tras el crimen, se presentó en el piso el menor de 15 años, con el que Miguel había quedado esa tarde, y éste telefoneó a Samuel Benítez, el amigo de ambos que actualmente sigue en prisión, para que viniera a ayudarles. En su nuevo testimonio, Miguel Carcaño dice que el traslado del cuerpo se realizó en un coche -un Opel Vectra de color granate- que ese día conducía Samuel y cuyo propietario es un familiar suyo, en concreto un tío.El asesino confeso dice que envolvieron el cuerpo de Marta en una manta y que utilizaron una silla de ruedas que había en su casa -que perteneció a su madre- para llevar el cadáver hasta el coche, introduciéndolo en el maletero del vehículo. Carcaño dice que el cuerpo fue sacado de su casa poco más allá de las diez de la noche y que, una vez lo metieron en el coche, desconoce qué hicieron con él sus amigos.
Mientras tanto, él regresó a la vivienda para limpiar los restos de sangre tras el crimen. Miguel dice que fue a su regreso al piso cuando un vecino suyo le vio empujando la silla de ruedas vacía, aunque este testigo ha declarado que el encuentro se produjo de madrugada, poco antes de las dos.El presunto asesino de Marta sostiene que Samuel fue la última persona que vio el cuerpo y el que puede saber dónde está, dado que, según esta cuarta versión de los hechos, tras abandonar la vivienda de León XIII, Samuel dejó al menor de 15 años en el barrio de Nervión. Cuando Miguel telefoneó a Samuel a las 00:11 ya del día 25 de enero -según el registro de llamadas investigado por la Policía-, este joven le comentó que aún no se había desecho del cadáver de Marta, lo que implica que el cuerpo estuvo supuestamente varias horas en el interior del maletero.Esa llamada, según consta en los autos, tuvo una duración de un minuto y medio, y en ese momento Miguel Carcaño estaba en Camas -donde asegura que llegó a las 22:50 y no se marchó en toda la noche- y Samuel Benítez se hallaba en Dos Hermanas, en la barriada de Montequinto.En cualquier caso, Carcaño asegura que no sabe dónde acabó el cuerpo de Marta, aunque cree que el tío de Samuel, el propietario del coche, pudo ayudarle a desprenderse del cadáver. El asesino confeso aportó algunos datos de este familiar de Samuel: dijo que se llama Miguel, que tiene unos 45 años y 1,65 metros de estatura, y que es una persona peligrosa que reside en la zona de Las Vegas de las Tres Mil Viviendas.Al ser preguntado sobre por qué no ha revelado estos datos hasta este momento, Miguel ha dicho al juez que tenía miedo por lo que pudiera pasarle a la familia de su novia de Camas, ya que el familiar de Samuel le había amenazado en dos ocasiones. La primera fue antes del arresto de Carcaño, cuando este familiar le intimidó diciéndole que si implicaba a Samuel en el caso le haría daño a su novia de Camas y a la madre de ésta, Soledad Gómez.
Esas supuestas amenazas volvieron a repetirse, según Carcaño, en marzo, cuando este familiar le esperó entre el público a su llegada a los juzgados, coincidiendo con una de sus declaraciones en el juzgado de Instrucción número 4.El temor a esas supuestas amenazas y la intención de no implicar a Samuel Benítez en los hechos fue lo que determinó que se inventara que arrojaron el cuerpo a la basura. En cuanto a la violación de Marta, Miguel señaló que también se inventó este delito porque le habían comentado en la cárcel de Morón que de esta forma el juicio no se celebraría ante un jurado popular.
Ahora, Carcaño niega en rotundo que tanto él como el menor de 15 años, al que antes había culpado de haber matado a Marta asfixiándola, violasen a la joven.La nueva declaración de Miguel Carcaño se produjo a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, coincidiendo con la vista que había convocado el juez para concretar la imputación contra los cuatro implicados y que quedó en un segundo plano ante el sorprendente testimonio del principal imputado.
En el transcurso de la discusión, Miguel propinó un golpe a Marta con un cenicero y, como consecuencia del mismo, la adolescente falleció. El asesino confeso sitúa la pelea poco antes de las diez de la noche e insiste en que no había nadie más en el piso -lo que favorece a su hermano Javier Delgado-. Tras el crimen, se presentó en el piso el menor de 15 años, con el que Miguel había quedado esa tarde, y éste telefoneó a Samuel Benítez, el amigo de ambos que actualmente sigue en prisión, para que viniera a ayudarles. En su nuevo testimonio, Miguel Carcaño dice que el traslado del cuerpo se realizó en un coche -un Opel Vectra de color granate- que ese día conducía Samuel y cuyo propietario es un familiar suyo, en concreto un tío.El asesino confeso dice que envolvieron el cuerpo de Marta en una manta y que utilizaron una silla de ruedas que había en su casa -que perteneció a su madre- para llevar el cadáver hasta el coche, introduciéndolo en el maletero del vehículo. Carcaño dice que el cuerpo fue sacado de su casa poco más allá de las diez de la noche y que, una vez lo metieron en el coche, desconoce qué hicieron con él sus amigos.
Mientras tanto, él regresó a la vivienda para limpiar los restos de sangre tras el crimen. Miguel dice que fue a su regreso al piso cuando un vecino suyo le vio empujando la silla de ruedas vacía, aunque este testigo ha declarado que el encuentro se produjo de madrugada, poco antes de las dos.El presunto asesino de Marta sostiene que Samuel fue la última persona que vio el cuerpo y el que puede saber dónde está, dado que, según esta cuarta versión de los hechos, tras abandonar la vivienda de León XIII, Samuel dejó al menor de 15 años en el barrio de Nervión. Cuando Miguel telefoneó a Samuel a las 00:11 ya del día 25 de enero -según el registro de llamadas investigado por la Policía-, este joven le comentó que aún no se había desecho del cadáver de Marta, lo que implica que el cuerpo estuvo supuestamente varias horas en el interior del maletero.Esa llamada, según consta en los autos, tuvo una duración de un minuto y medio, y en ese momento Miguel Carcaño estaba en Camas -donde asegura que llegó a las 22:50 y no se marchó en toda la noche- y Samuel Benítez se hallaba en Dos Hermanas, en la barriada de Montequinto.En cualquier caso, Carcaño asegura que no sabe dónde acabó el cuerpo de Marta, aunque cree que el tío de Samuel, el propietario del coche, pudo ayudarle a desprenderse del cadáver. El asesino confeso aportó algunos datos de este familiar de Samuel: dijo que se llama Miguel, que tiene unos 45 años y 1,65 metros de estatura, y que es una persona peligrosa que reside en la zona de Las Vegas de las Tres Mil Viviendas.Al ser preguntado sobre por qué no ha revelado estos datos hasta este momento, Miguel ha dicho al juez que tenía miedo por lo que pudiera pasarle a la familia de su novia de Camas, ya que el familiar de Samuel le había amenazado en dos ocasiones. La primera fue antes del arresto de Carcaño, cuando este familiar le intimidó diciéndole que si implicaba a Samuel en el caso le haría daño a su novia de Camas y a la madre de ésta, Soledad Gómez.
Esas supuestas amenazas volvieron a repetirse, según Carcaño, en marzo, cuando este familiar le esperó entre el público a su llegada a los juzgados, coincidiendo con una de sus declaraciones en el juzgado de Instrucción número 4.El temor a esas supuestas amenazas y la intención de no implicar a Samuel Benítez en los hechos fue lo que determinó que se inventara que arrojaron el cuerpo a la basura. En cuanto a la violación de Marta, Miguel señaló que también se inventó este delito porque le habían comentado en la cárcel de Morón que de esta forma el juicio no se celebraría ante un jurado popular.
Ahora, Carcaño niega en rotundo que tanto él como el menor de 15 años, al que antes había culpado de haber matado a Marta asfixiándola, violasen a la joven.La nueva declaración de Miguel Carcaño se produjo a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, coincidiendo con la vista que había convocado el juez para concretar la imputación contra los cuatro implicados y que quedó en un segundo plano ante el sorprendente testimonio del principal imputado.
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