La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta está remitiendo a los 1.700 funcionarios que hay en Sevilla -y también a las restantes provincias, donde hay unos 7.000 empleados en la Administración de Justicia- una carta en la que advierte a los funcionarios contra la picaresca en el control de los horarios y les recuerda que pueden ser sancionados con falta grave si incumplen la obligación de guardar sus claves personales de acceso al sistema informático, que sirve de control horario.
La misiva dirigida a los funcionarios de Justicia, que en el caso de Sevilla firma la delegada provincial, María Francisca Amador, señala que se han "detectado posibles usos indebidos de las claves personales de acceso a los sistemas informáticos de la Administración de Justicia, con especial incidencia en el caso del sistema de control de horario Hermes". Esos usos indebidos, que la carta de la delegada no precisa, hacen referencia a una práctica que se realiza en algunas sedes judiciales y por parte de algunos funcionarios, que pican por otros compañeros para dejar constancia de la hora de entrada o salida del juzgado cuando estos trabajadores no se hallan en su puesto de trabajo.
Lo que no tiene en cuenta la Consejería de Justicia de la Junta, según han explicado a este periódico los funcionarios, es que hay determinadas dependencias judiciales en las que existe un único ordenador para varios funcionarios. Es el caso del servicio de notificación a los procuradores, donde nueve funcionarios tienen que picar en un único ordenador; en el propio servicio común de notificaciones y embargos, donde hay tres ordenadores para 64 funcionarios; e incluso en el depósito de piezas de convicción del decanato, donde un mismo ordenador es utilizado por siete funcionarios. Esto implica que si cada empleado tuviera que entrar cada uno con su usuario y clave -lo que implica reiniciar la sesión- se perderían muchos minutos y, por tanto, alguien que está a una hora determinada no constaría que está en su trabajo hasta más tarde.
Ante la práctica supuestamente fraudulenta, la Junta recuerda que está "expresamente prohibida la entrada por cualquier medio en dichos sistemas utilizando un login y password de otro usuario, salvo autorización expresa y puntual con arreglo a la ley, de la Administración competente o del usuario del ordenador".
La Junta añade que los funcionarios tienen el deber de custodiar su identificación y contraseña, "sin que se pueda proceder a su revelación o puesta al alcance de terceros", y avisa a los empleados públicos que la inobservancia de estas obligaciones está tipificada como falta grave en el reglamento de régimen disciplinario, que prevé sanciones de suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años o con traslado forzoso fuera del municipio".
La misiva de la Junta recuerda igualmente a los trabajadores de Justicia que, si por cualquier circunstancia, el conocimiento de sus claves personales de acceso a estos sistemas hubiese tascendido a otros usuarios, deberá "proceder inmediatamente" a sustituirlas por otras.
Por último, la delegación de Justicia explica a los funcionarios que pueden cambiar su clave de acceso desde el mismo sistema informático.
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