La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de solicitar a la juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla que tome declaración como imputados a todos los miembros de la comisión ejecutiva de esta empresa mixta, entre los que se encuentran el actual primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y el ex edil y ex presidente del mercado, Gonzalo Crespo.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla está estudiando la posibilidad de solicitar la imputación de todos los consejeros que formaban parte de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando se adjudicó a una filial de la constructora malagueña Sando el derecho de opción de compra de los suelos. La juez que investiga el caso considera que el concurso público por el que se adjudicó la venta es "ilegal" y "fraudulento" porque estaba "predeterminado" para que esta empresa resultara ganadora, todo ello a pesar de que el grupo Noga había realizado una oferta económica que superaba en 52 millones de euros la propuesta vencedora.
Las mismas fuentes precisaron que, por el momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna imputación a la juez, ya que están estudiando las últimas declaraciones y por ahora sólo existe esa "posibilidad" de solicitar las nuevas declaraciones.
La posible imputación se extiende a los siete miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, que estaba integrada, junto a Torrijos y Gonzalo Crespo, por Domingo Enrique Castaño -la persona a la que el PP sitúa como el "cerebro" de la venta de los suelos-, así como el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, y el interventor municipal, José Miguel Braojos. Completan la lista los consejeros Ángel Gil Pascual, adjunto a la presidencia de la empresa Mercado Central de Abastos (Mercasa) -que posee el 48% de Mercasevilla-, y Arturo Cortés de la Cruz, abogado del Estado y secretario general de Mercasa.
Todos los consejeros intervinieron en la comisión ejecutiva de Mercasevilla celebrada el 15 de febrero de 2006 y en la que adjudicó el concurso a Sanma, la filial de Sando, tras obtener la mayor puntuación de acuerdo con la valoración de los técnicos imputados.
El planteamiento de la Fiscalía no parece nuevo en la investigación judicial, puesto que la Policía Judicial ya ha hecho gestiones con, al menos, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo. El primer teniente de alcalde y el ex concejal ya han prestado declaración ante la Policía Judicial, a la que han remitido sendas declaraciones por escrito explicando distintos aspectos relacionados con la adjudicación a la filial de Sando del concurso público. Estas declaraciones se produjeron la semana pasada, según han confirmado fuentes policiales.
El ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, aseguró que ninguno de los funcionarios municipales que participaban en los distintos órganos del mercado advirtió de ninguna ilegalidad en la adjudicación del derecho de opción de compra de los terrenos del mercado central.
El pliego de condiciones del concurso incluía, según la juez, dos cláusulas que favorecieron "claramente" a Sando, una de las cuales penalizaba las ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas, mientras que la otra primaba la titularidad previa de cualquier derecho sobre los terrenos. El pliego fue aprobado por la comisión ejecutiva, el consejo de administración, el Pleno del Ayuntamiento y, finalmente, la junta general de accionistas de Mercasevilla.
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