Pavón reitera su inocencia en el estreno de su nuevo abogado, el fiscal en excedencia José María Calero

El ex alcalde de Camas Agustín Pavón reiteró hoy su "absoluta inocencia" en el caso del intento de soborno a una ex edil de Camas, al asegurar que sólo hubo una negociación política ajena a los intereses económicos y urbanísticos. El ex regidor acudió a la Audiencia de Sevilla con motivo de una vista convocada en la Sección Tercera por los recursos presentados por las defensas, en la que iba a ser el estreno del fiscal en excedencia José María Calero como nuevo abogado de Agustín Pavón. El recurso se aplazó porque no habían sido citadas las acusaciones particulares que ejercen el PSOE y los propios denunciantes del presunto cohecho, la ex edil Carmen Lobo y el ex militante de IU Francisco Gordo Vázquez. La Audiencia debe pronunciarse sobre cuatro recursos presentados contra la incoación del procedimiento del jurado en este caso y la petición de nulidad de las escuchas telefónicas practicadas por la Policía al inicio de la investigación del caso.

París y Amberes, modelos para la Ciudad de la Justicia de Sevilla

La Consejería de Justicia se está inspirando para diseñar la Ciudad de la Justicia de Sevilla en los modelos de campus de París y Amberes, en el ámbito europeo, y los campus de la Justicia de Madrid y Barcelona, a nivel nacional. Las nuevas sedes de estas capitales tienen como denominador común que en todos los casos se ha optado por un proyecto que está integrado por un conjunto de edificios, diferenciados por jurisdicciones, y no por una macroestructura que en la que estén reunidos la totalidad de órganos judiciales, que es el diseño que finalmente se ha seguido para las Ciudades de la Justicia que se están construyendo en la mayoría de las capitales andaluzas y el que funciona en Valencia.
Los complejos judiciales de París y Amberes, que tendrán una extensión aproximada de 100.000 y 78.000 metros cuadrados, respectivamente, guardan diversas similitudes con el campus tecnológico y judicial que se implantará en Sevilla. Ambos complejos se ubicarán en el entorno fluvial de estas ciudades y así, en el caso de Sevilla, la parcela elegida está orientada geográficamente al Sur, en una zona de expansión empresarial que la propia titular andaluza de Justicia no ha dudado en calificar como la futura city de Sevilla.
Junto a la ubicación, los Palacios de Justicia de estas capitales europeas destacan no sólo por sus excepcionales dimensiones, sino por que pretenden constituirse en auténticos referentes arquitectónicos. La futura sede judicial de la capital francesa, próxima al río Sena y a la Biblioteca Nacional de Francia, pretende convertirse en un monumento contemporáneo digno de la urbe y que transmita además una expresión renovada de los valores de Justicia.
La sede de los tribunales de Justicia de Amberes, obra del arquitecto británico Richard Rogers, está formado por seis alas –con jardines interiores entre ellas– en torno a un gran espacio público central. Aunque el edificio, que ya está en funcionamiento, no es más alto que las construcciones que hay a su alrededor, sobresalen las puntas inclinadas que aparecen en la cubierta. En la fachada domina el cristal, que facilita la entrada de luz natural a las salas anteriores.
La Junta de Andalucía no sólo ha buscado la inspiración en las tendencias europeas, sino que también se ha tomado como modelos de referencia los edificios que se construyen en Madrid y Barcelona. El campus de Madrid, situado en el parque de Valdebebas y junto a la Feria de Madrid (Ifema), está diseñado como el complejo judicial más grande del mundo, que dispondrá de una superficie de 300.000 metros cuadrados y contará con 14 sedes, distribuidas en edificios circulares, de los cuales en cuatro ya se han iniciado las obras. Una de las sedes que ya se levanta ha sido diseñada por el británico Norman Foster y albergará las sedes de la Audiencia Provincial de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de Madrid.
La Consejería de Justicia, siguiendo estas tendencias, ha programado un campus judicial que pretende convertirse en el mayor complejo administrativo de Andalucía y será pionero en la incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas. Los cuatro edificios de que dispondrá la ciudad judicial se identificarán de forma clara en la parcela, tanto por su situación geográfica como por la proximidad de los órganos con los que se relacionan las distintas jurisdicciones. De esta forma, la Ciudad de la Justicia contará con un primer inmueble que aglutinará a los órganos civiles:los juzgados de Primera Instancia, de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.
En el inmueble dedicado a la jurisdicción Penal estarán los juzgados de Instrucción, de lo Penal, los que estén de guardia, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, los de menores, Familia, Violencia sobre la Mujer, y la sede del Instituto de Medicina Legal.
En un tercer nivel estarán las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sus Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo; de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Fiscalía hispalense.
El último edificio pero al que la Consejería otorga una gran relevancia es el denominado de Relación con el administrado. Esta sede incluirá las 62 salas de vista para la celebración de juicios que está previsto que se creen inicialmente, así como los servicios comunes y el Registro Civil, entre otros órganos que guardan una estrecha relación con los ciudadanos.
Los cuatro edificios que se levantarán en la parcela de los terrenos del Puerto de Sevilla, que están pendientes todavía de la concesión administrativa por parte de la Autoridad Portuaria, alcanzarán una superficie total construida de 82.507 metros cuadrados. Esta edificabilidad no agotará las posibilidades de la parcela, puesto que el proyecto reserva 20.627 metros cuadrados (un 25 por ciento) para la creación de nuevos órganos en los próximos años, según las necesidades judiciales. La superficie total disponible asciende, incluida la reserva de espacio, a 103.134 metros cuadrados.

El violador en serie alega que todas las víctimas "consintieron"

David H. M., el enfermero del Fremap que se enfrenta a 64 años de prisión por violar a cuatro mujeres e intentarlo con una quinta, aseguró hoy en el juicio que todas las víctimas "consintieron" en matener unas relaciones sexuales en las que, según su testimonio, no hubo intimidación alguna, ya que las víctimas le abrieron la puerta y accedieron a los contactos sexuales. En el juicio salió a relucir la agenda del enfermero, en la que aparecían datos personales de más de 40 mujeres, como su peso y estatura, su domicilio, teléfono, etc. El individuo dijo que se trataba de datos de sus "pacientes" y que los guardaba para enviarles informes médicos, pero lo cierto es que la Policía investigó tras su detención la posibilidad de que hubiera más víctimas. Al final, el caso se redujo a los cinco que están siendo juzgados actualmente. Dos de las víctimas ya han prestado declaración ante el tribunal y han ratificado los cargos contra el acusado, entre ellas una menor de 15 años.

Plan Andaluz de Justicia 2007-2010 para aumentar la calidad y la proximidad a los ciudadanos

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, ha presentado hoy en Granada el Plan Andaluz de Justicia 2007-2010, un modelo estratégico de calidad cuyo objetivo es la implantación de “un servicio público orientado a la ciudadanía del siglo XXI”. La consejera resaltó que este plan “supone la consolidación definitiva de una nueva perspectiva de la Administración de Justicia que pone el acento en su faceta de servicio público, en la que el ciudadano es el centro de todos los servicios, y que, por tanto, estará orientada a satisfacer sus necesidades y aspiraciones en un entorno de calidad, accesibilidad y proximidad”. Todas las líneas del Plan giran en torno a la aproximación y personalización de los servicios de justicia, donde se garantiza un modelo de atención y relación con la ciudadanía, la modernización y cercanía de los juzgados de paz o la simplificación del lenguaje jurídico. Además, se pretende mejorar la comunicación y colaboración entre las administraciones, los órganos judiciales y en general, todos los agentes que se relacionan con la Administración de Justicia. En este sentido, López indicó que se incidirá en la formación continuada de profesionales para la adecuada prestación de los servicios y en la simplificación de los procesos operativos de trabajo para alcanzar mayores niveles de eficacia e incrementar el nivel de satisfacción. Como ejemplo, la titular de Justicia se refirió al expediente digital judicial, que permitirá su gestión tanto en formato papel como en formato electrónico, mediante acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y el TSJA. Además, el Plan recoge la digitalización de los procesos de intercambio de información, las comunicaciones por videoconferencias y otros medios telemáticos que facilitarán una mejor utilización de los recursos. Elaborado por la Junta de Andalucía en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía Superior, este Plan apuesta por un modelo organizativo que aproveche al máximo las potencialidades del Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Con su puesta en marcha –afirmó la consejera de Justicia y Administración Pública- marcamos nuevos retos estratégicos tales como que la ciudadanía acceda desde su ordenador a su expediente judicial, que ciudadanía, abogados y procuradores accedan desde sus ordenadores a la Justicia Gratuita, la puesta en marcha del Portal del ciudadano y la justicia o la carta de servicios y derechos digitales de la ciudadanía ante la Justicia”. La mejora de los espacios físicos también está contemplado en el Plan, que tendrá en cuenta las necesidades de la ciudadanía y las condiciones de trabajo de los profesionales de Justicia para mejorar la funcionalidad, la habitabilidad, la accesibilidad, la confortabilidad y la seguridad. Para ello, el Plan actuará en torno a tiene tres líneas de actuación: las infraestructuras al servicio de la ciudadanía y de los profesionales, la Administración electrónica y los archivos judiciales. Por otra parte, la Administración electrónica al servicio de la ciudadanía y de los profesionales incluirá medidas como el expediente digital único, que facilitará el acceso a la información por parte de agentes autorizados, preservando la integridad, confidencialidad y seguridad del expediente judicial. También se potencian los portales judiciales.

Los juzgados de desahucio exprés

La junta de jueces de Primera Instancia se reúne este miércoles para analizar el proyecto del Gobierno de crear juzgados especiales de desahucio, en el marco de las medidas para incentivar la oferta de alquileres, ya que el Ejecutivo cree que si hay más facilidades y agilidad a la hora de expulsar a los inquilinos morosos eso mejorará la oferta de pisos de alquiler. Barcelona, a través de su tribunal superior de justicia, ya se ha opuesto a estos juzgados, al estimar que no es necesaria su creación. Los tiempos de respuesta que tarda un desahucio, en torno a los tres meses, parecen avalar esta postura, a pesar de que en lo que lleva de año son ya 5.700 los lanzamientos acordados en la ciudad condal. Sevilla, con 1.056 expedientes incoados al año y unos tiempos de respuesta similares, parece que no lo necesitará en principio, aunque por la carga de trabajo sí que sería viable su creación en la capital hispalense. Habrá que ver qué opina la junta de jueces....

La juez concluye la investigación del caso de las facturas falsas en la Macarena

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Sevilla ha dado por concluida la instrucción del sumario abierto por las presuntas irregularidades en las facturas del distrito Macarena y ha dado traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que en los próximos días presente su escrito de acusación contra los cuatro imputados, entre los que se encuentran el ex concejal del distrito José Antonio García, el ex secretario del distrito, José Marín, el contratista José Pardo y el colaborador Manuel Portela. Este fue uno de los grandes escándalos políticos que sacudieron el segundo mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla y que se cerró desde el punto de vista político con la dimisión de los dos responsables socialistas.

El juez archiva la querella de la Fiscalía contra tres funcionarios de Urbanismo por la licencia concedida al grupo Abades

El juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla ha archivado la querella que presentó la Fiscalía de Urbanismo contra tres funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, a los que atribuía una presunta prevaricación en relación con la licencia concedida para la construcción de un gran complejo hostelero del grupo Abades en los terrenos del antiguo restaurante El Puerto, en la calle Betis. El juez concluye que, después de analizar el informe de los peritos -que no detectaron ninguna irregular-, no existen indicios racionales de criminalidad en la actuación de los tres funcionarios, con independencia de que la licencia pueda no estar ajustada a derecho, algo que deberá determinar el procedimiento que se tramita ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. El abogado Manuel Salinero, que representa a uno de los funcionarios imputados, ha mostrado su satisfacción por el archivo de la causa. Este caso motivó un enfrentamiento entre una fiscal de Urbanismo y los abogados defensores, a raíz de una serie de escritos presentados por la fiscal en el juzgado y que los letrados consideraron como un menoscabo de su prestigio profesional. La fiscal fue inicialmente apartada del proceso y posteriormente desistió de llevar el caso, del que ahora se ha hecho cargo el nuevo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Rufino. Habrá que esperar qué decide hacer ahora la Fiscalía con este archivo, si lo recurre o no.

El TSJA cree que los vigilantes del entorno usurpan las funciones de la Policía Local

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado al alcalde de Dos Hermanas y presidente Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), Francisco Toscano, a que deje de invadir las competencias de la Policía Local, en relación con las funciones de vigilancia y de regulación del tráfico en los colegios que llevan a cabo los denominados vigilantes del entorno.

La sentencia, que estima la demanda presentada en su día por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, confirma a su vez la dictada en 2005 por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Sevilla e impone al Ayuntamiento nazareno el pago de las costas del recurso de apelación. El Consistorio había alegado que los vigilantes no usurpaban funciones policiales por cuanto no se dedicaban a la ordenación del tráfico en la ciudad y su actuación se limitaba a casos puntuales, como la colocación de vallas y señalizaciones en romerías y la Semana Santa, o durante el curso escolar.

Frente a esta argumentación, el Alto Tribunal confirma que estos trabajadores invaden las competencias de la Policía Local, recogidas en la Ley de Coordinación de Policía Local, las normas de Tráfico y la ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.La ley de Coordinación de Policías Locales establece que en los municipios donde existe cuerpo de Policía Local, el personal que realice funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos, "no tendrá la condición de agente de la autoridad".

La resolución del TSJA advierte que a parte de los signos externos de los que han sido dotados los vigilantes del entorno –van uniformados y con vehículos municipales–, "basta con leer las competencias que le asigna el Ayuntamiento para percatarse de que van más allá de la guarda o custodia de un bien o servicio".

Los vigilantes del entorno, añade el fallo, "no sólo quitan o ponen vallas sino que ordenan, señalizan y dirigen el tráfico a la entrada y salida de los centros escolares durante el curso" y ejecutan otros actos: organizar y regular el mercadillo, labores de auxilio en materia de notificaciones, o vigilancia de espacios públicos y grandes concentraciones humanas. "Se trata de un personal contratado temporalmente al que se ha dotado de signos externos de autoridad y funciones que corresponden en exclusiva a la Policía Local o a funcionarios, lo que supone un exceso a la autorización legal del artículo 6 de la ley 13/2001", concluye.

Los tribunales han fallado de la misma forma en otras localidades como Carmona, donde se estimó que los vigilantes habían usurpado funciones policiales.

El traslado de los juzgados de Lora del Río

Comunicado del CSIF:
En el día de ayer (27/09/07) Delegados Sindicales de CSI-CSIF se han personado en los Juzgados de Lora del Río para analizar la situación de los mismos, a la vista de las numerosas grietas que vienen apareciendo en techo y paredes desde el pasado martes.
Esta situación, anteriormente denunciada por CSI-CSIF, ha provocado que se hayan personado tambíén técnicos de la Consejería de Justicia para evaluar los daños y su posible peligrosidad. Tras una primera inspección evaluaron la no existencia de riesgos para los funcionarios y público en general. No obstante ello, sobre media mañana se ha producido un fuerte crujido en las paredes, lo que ha motivado que nuevamente aparezcan los citados técnicos y hayan aconsejado el abandono del edificio judicial de todos los presentes, el cual se ha producido a continuación.
CSI-CSIF imputa la responsabilidad de estos sucesos a la actitud que viene manteniendo la Consejería de Justicia, en tanto en cuanto "vende" propagandísticamente la futura construcción de la Ciudad de la Justicia de Sevilla (que nunca se acomete), mientras calla en cuanto a la situación lamentable y ruinosa de muchos Juzgados de nuestra Provincia.
Por su parte, la Consejería de Justicia y Administración Pública ha anunciado que construirá una nueva sede judicial en Lora del Río (Sevilla) en una parcela de 2.800 metros cuadrados donde se aglutinarán todos los órganos y servicios judiciales, con reserva de espacio para futuras ampliaciones y creación de nuevos juzgados. La Consejería, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) y el Ayuntamien-to de Lora del Río han iniciado ya las conversaciones para la cesión de los terrenos y empezar la edificación de la que será sede definitiva de la localidad.
El actual emplazamiento judicial de Lora del Río, situado en el número 10 de la calle Blas Infante, sufrió ayer daños provocados por una obra en un edificio colindante, desde donde se golpeó uno de los muros de carga de la sede judicial y que, por cuestiones de seguridad, ha generado el traslado inmediato de los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción y la adscrip-ción de la Fiscalía a unas oficinas municipales ubicadas en el polígono indus-trial La Matallana. Además, el Registro Civil quedará situado, también desde el lunes, en el propio Ayuntamiento, en la misma calle Blas Infante.
La delegada provincial, María Francisca Amador, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el alcalde de Lora del Río, Francisco José Reinoso, y técnicos de la Delegación Provincial y la Consejería, han visitado esta mañana la sede judicial y han comprobado los daños colaterales provocados por la obra anexa. El Ayuntamiento ha facilitado dichas oficinas al objeto de que los juzgados puedan desarrollar su actividad desde el lunes con normalidad, colaborando además en el transporte público a los funcionarios de la Administración de Justicia a la sede provisional.
Asimismo, la Consejería, de acuerdo con Patrimonio de la Junta de Andalucía, habilitarán un próximo traslado de los órganos y servicios judiciales a unas dependencias alquiladas de cerca de 1.500 metros cuadrados. Este sede intermedia se irá acondicionando y adecuando a todas las necesidades de la Administración de Justicia para que en diciembre esté disponible, a la espera de la construcción definitiva del nuevo enclave judicial.

El Consejo Fiscal apoya a Javier Rufino como coordinador de Medio Ambiente

El Consejo Fiscal apoyo hoy la propuesta de la Fiscalía de Sevilla de nombrar a Javier Rufino como nuevo fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. La propuesta fue ratificada por el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que ahora propondrá al ministro de Justicia el nombramiento de Rufino como coordinador de Medio Ambiente. Rufino sustituye al fiscal Luis Carlos Rodríguez León, que presentó su dimisión al conocer que la fiscal jefe, María José Segarra, no iba a proponer su nombramiento. Rodríguez León sigue actualmente como coordinador andaluz de Medio Ambiente, cargo que deberá abandonar cuando entre en vigor el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Público, que está a la espera de su publicación en el BOE y que contempla que el cargo regional de Medio Ambiente sólo puede ocuparlo un coordinador provincial o un fiscal del TSJA.

La Fiscalía no ve delito en la orden de la Policía Local que permitía las botellonas en la Alameda

La Fiscalía de Sevilla ha dado carpetazo a la investigación abierta tras la publicación de un protocolo interno de la Policía Local que ordenaba a los agentes municipales derivar las llamadas sobre la realización de posibles botellonas en la Alameda de Hércules.

La orden fue publicada en el boletín del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) y denunciada ante la Fiscalía por la plataforma vecinal Por el Derecho al Descanso, lo que motivó la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía. El sobreseimiento de la denuncia se ha producido porque el Ministerio Público entiende, tras haber analizado la documentación remitida por la Policía Local de Sevilla, que no existen indicios suficientes de que se haya producido una posible infracción penal.

La orden de servicio de la Policía Local para los turnos de trabajo del pasado 2 de junio indicaba literalmente que en la zona de la Alameda, en el caso de que se recibieran avisos de los vecinos por la realización de botellonas en la vía pública, se debía proceder derivando las llamadas a la Policía Nacional, una directriz que, según la Policía Local, se había adoptado ante los problemas surgidos por las protestas del Foro Social contra la normativa andaluza.

La Fiscalía cree que la orden que aparece en la nota para no incluir la zona de la Alameda en los servicios de la ley antibotellón está "suficientemente justificada" por las características de la zona y porque va más allá de una posible infracción administrativa por beber alcohol en la calle. Para el Ministerio Público, hay "indicios" de que las circunstancias que se producen en la Alameda se pueden enmarcar incluso en la figura de los desórdenes públicos. "La zona debe tener un tratamiento especial pues su problemática va más allá del simple consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública", indica el decreto de archivo de la Fiscalía. Ante esta situación, el fiscal concluye que "la precaución en su intervención por la Policía Local está justificada", de ahí que acuerde el archivo de la denuncia presentada por la plataforma vecinal.

La orden en cuestión posibilitaba en la práctica las concentraciones juveniles para beber en la Alameda y llegó a motivar un profundo malestar en el seno de la Policía Local. La aplicación selectiva de la ley, excluyendo esta céntrica zona, llevó a una decena de agentes del Cuerpo a realizar un plante, negándose a ejecutar la normativa andaluza en el resto de la capital, ya que entendían que la norma debía cumplirse con un criterio de "igualdad" en todas las barriadas.

Los vecinos de la Alameda se habían quejado durante meses de la supuesta pasividad de la Policía Local con la botellona y desde el Sindicato Profesional de la Policía Municipal (Sppme) se llegó a apuntar que el Ayuntamiento podría haber incurrido en una presunta "dejación de funciones" por no aplicar la ley andaluza en la Alameda mientras que en el resto de la ciudad la Policía sí exigía el cumplimiento de la legalidad.

A raíz de las denuncias de los vecinos, la Policía Local volvió a impedir a principios de julio pasado las concentraciones juveniles para hacer botellonas en la Alameda. Numerosas patrullas se desplegaron los fines de semana y la ley volvió a aplicarse en la Alameda.

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La consejera sabía que el Estado había recurrido el PGOU de Sevilla y no podría utilizar Los Gordales para la ciudad de la justicia

La consejera de Justicia, María José López, desveló esta semana el verdadero motivo que ha impulsado el cambio de sede desde Los Gordales a los terrenos del Puerto de Sevilla: la Junta sabía que el Estado había recurrido el PGOU de Sevilla por la reducción de la edificabilidad en la parcela acordada por el Ayuntamiento, lo que hacía imposible disponer de manera inmediata de los terrenos (el recurso en la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA puede tardar años en resolverse). La consejera admitió que desde el verano conocía que no podía utilizar la parcela, aunque sostiene que su departamento lleva un año trabajando en el cambio de sede porque, junto a la falta de disponibilidad, el cordel de los gordales se había quedado pequeño para acoger a la totalidad de los órganos judiciales de Sevilla. Este reconocimiento del fracaso en la elección inicial de sede, del que la consejera culpa al PP porque no había creado suficientes órganos durante su Gobierno a nivel nacional, oculta un hecho importante: la consejería de Justicia ya dijo en 2003 que en Los Gordales se había reservado un 20% de superficie para las futuras ampliaciones de órganos judiciales. ¿En qué quedamos, la parcela era pequeña o no? Quizás fuera pequeña, pero por lo menos contaba con una parada de la línea 1 de Metro y no con el compromiso de que el metropolitano llegará, como ocurre con el ahora denominado campus tecnológico de la Justicia en los terrenos del Puerto de Sevilla.

Avance del proyecto de la Ciudad de la Justicia: costará 100 millones construirla y 7 millones la concesión administrativa de los terrenos hasta 2042

La consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta pagará un canon de siete millones de euros a la Autoridad Portuaria de Sevilla por la concesión administrativa durante 35 años de los terrenos que albergarán la futura Ciudad de la Justicia. El coste anual del canon que se pagará por la parcela junto al puente de las Delicias y el edificio Galia Puerto, que tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados, será de 200.000 euros, una cantidad que revertirá en la dotación pública de infraestructuras de la zona portuaria, según avanza un documento estratégico sobre el proyecto elaborado por la Consejería de Justicia.

El futuro complejo judicial tendrá un coste aproximado de unos 100 millones de euros y pretende convertir los nuevos edificios de la capital en el "mayor" complejo administrativo de Andalucía, según refleja el avance del proyecto, que destaca igualmente que el campus será pionero a nivel nacional en la incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas.

El documento de la Consejería sostiene que tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento de Sevilla podrían conceder "todos" los permisos necesarios para iniciar las obras en un período de tres meses, si bien fuentes municipales han advertido que en estos momentos los plazos administrativos no permitirían la inauguración del futuro complejo para el año 2010, como pretende la Junta.

En cuanto a los edificios que tendrá el futuro complejo que albergará a los órganos judiciales actualmente dispersos en varios puntos de la capital, el avance del proyecto destaca que los distintos inmuebles -la Junta habla de al menos cuatro- se identificarán de forma clara en la parcela, tanto por su situación geográfica como por la proximidad de los órganos con los que se relacionan las jurisdicciones Civil y Penal. Los edificios también distinguirán aquellos órganos altamente especializados, como los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los de Menores y los de Familia.

En un primer nivel, la Consejería quiere ubicar los juzgados de Instrucción, de lo Penal y el de Vigilancia Penitencia, que estarían junto al Instituto de Medicina Legal y Anatomía Patológica.

Los juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo, así como el de lo Mercantil, se situarán, según los planes del Gobierno autonómico, en un segundo núcleo dentro de la parcela. Los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los de Menores y los especializados en cuestiones de Familia ocuparán otro de los núcleos, al igual que las sedes de la Audiencia Provincial de Sevilla, que tiene ocho secciones, y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El proyecto se completa con un edificio que la Consejería denomina de Relación con el Administrado, donde se ubicarán no sólo las salas de vista para los juicios, sino aquellos órganos que tienen una relación estrecha entre los ciudadanos y la Justicia (por ejemplo el Registro Civil), o entre ésta y los profesionales del sector jurídico.

La Consejería de Justicia de la Junta recoge en el estudio algunos de los argumentos que a juicio de la Administración autonómica justifican el cambio de sede, desde la zona del cordel de los gordales en los Remedios hasta los terrenos del puerto de Sevilla, y que se centran principalmente en la mayor edificabilidad de la nueva ubicación, que permite reservar espacios para los nuevos órganos judiciales que puedan ir creándose en los próximos años. El documento también asegura que las obras se iniciarán mucho antes en esta zona, que constituye una alternativa "mejor y más rápida", así como bien comunicada, puesto que además de la SE-30 la Junta se ha comprometido a llevar una ramal del Metro hasta la Ciudad de la Justicia.

El cambio de sede del complejo judicial coincidió con el abandono del edificio puente, un inmueble en construcción al que iban a ser trasladados los juzgados de Sevilla mientras se construía el nuevo complejo. El avance del proyecto de la Consejería destaca como otra de las ventajas el "ahorro de costes" que conlleva descartar el alquiler de cualquier otra sede, con lo que se evita además el doble traslado de los órganos judiciales en el supuesto de que se hubiera optado por la solución puente.

Por último, el proyecto hace hincapié en que la nueva ubicación en el puerto es más segura, pues cuenta con una continua vigilancia de la Guardia Civil, con lo que el campus gozará de una "doble seguridad" para incrementar la tranquilidad de los ciudadanos y profesionales que trabajan en la Administración de Justicia.

El canto del gallo no produce molestia alguna

Una buena parte de los asuntos que llegan a los tribunales de Justicia a diario guardan relación con problemas de convivencia y las clásicas disputas vecinales. El enfrentamiento no sólo afecta a personas que viven en los ambientes urbanos, sino que llega incluso hasta zonas rurales, cuestionando la grandeza de la vida en el campo y visión idílica que refleja la poesía bucólica. Esto es lo que ha ocurrido entre dos vecinos de la localidad de Palomares del Río, con parcelas colindantes, y que han llegado a juicio por la instalación de un gallinero. La parte demandante sostiene que la depresión que sufre se debe a los malos olores que desprende el gallinero y a los ruidos –el canto del gallo a cualquier hora del día y de la noche– que le impiden conciliar el sueño, mientras que el propietario de los animales niega la mayor.
Entre una y otra versión, después de analizar las manifestaciones de los testigos aportados por cada una de las partes, la Justicia ha llegado a la conclusión de que no puede acreditarse que el ruido de estos animales sea la causa etiológica de la enfermedad alegada por el denunciante, tal y como han dictaminado un juzgado de Coria del Río y la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Sevilla.
La sentencia señala, en primer lugar, que no existen malos olores ni insalubridad alguna derivada del gallinero, cuyas instalaciones "se encuentran en perfectas condiciones de limpieza y salubridad".
En cuanto a la cuestión de fondo, la posible contaminación acústica, los magistrados reflexionan que "el ruido que puedan hacer tres gallinas y un gallo no puede afirmarse que constituyan la causa de graves molestias y daños en la salud". Tampoco creen los jueces que estos sonidos impidan dormir al demandante, "pues son los típicos ruidos de ambientes rurales, como el ruido de las campanas en los pueblos de Andalucía y de toda España".
Para resolver esta disputa entre vecinos, los magistrados han analizan en la sentencia el nuevo concepto de propiedad, hoy en día limitado por razones de índole social, entre las que se encuentran las limitaciones derivadas de las relaciones de vecindad. La sentencia recuerda que la propiedad no es en la actualidad un poder omnímodo sobre la cosa, sino que puede ser limitado cuando, por ejemplo, el dueño realiza una actividad que perjudica a los vecinos. El tribunal sostiene, no obstante, que no puede consentirse que "la propiedad de una vivienda dé carta de naturaleza par impedir a un vecino sin causa razonable y lógica tener un gallinero, con un gallo y tres gallinas, pues no se ha acreditado la relación de causa-efecto entre el gallinero y la enfermedad del recurrente".
Otro de los argumentos en lo que se fundamenta el rechazo de la demanda pare del hecho de que el vecino mantiene en perfectas condiciones su corral, que además está ubicado en una "urbanización de un pueblo, eminentemente rural, donde las ordenanzas municipales permiten, como no podía ser de otro modo, la tenencia de animales domésticos y domesticados en los domicilios particulares, siempre que las circunstancias de alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de los animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénico-sanitario, como por la no existencia de situación alguna de peligro e incomodidad objetiva para los vecinos o para los propios animales".
Siguiendo este razonamiento, los jueces creen que los ruidos de un gallo y tres gallinas son los derivados "de su propia naturaleza y no causan ninguna incomodidad objetiva, y si causan alguna incomodidad o perjuicio será por causas subjetivas del propio recurrente, por sus propias circunstancias personales y no porque el canto del gallo sea por sí molesto, incómodo o insalubre", puntualiza el fallo, que ha impuesto además las costas procesales al vecino que presentó la demanda para que la Justicia ordenara la retirada del gallinero.
En el juicio que se celebró en los juzgados de Coria del Río, los testigos aportados por la familia que denunció las perturbaciones causadas por el gallinero coincidieron en que apreciaron los malos olores y el reiterado canto del gallo, con las molestias inherentes. Por su parte, el dueño del corral aportó otros tantos testigos que pusieron de manifiesto que en la misma zona existían otros gallineros con animales porque, aunque se trata de un suelo urbano, la urbanización es "muy tranquila y de ambiente rural", por lo que no apreciaron daño alguno. Como ocurre en muchas ocasiones, cuando no se puede optar por dar mayor credibilidad a una versión sobre otra, la Justicia debe dictar una sentencia absolutoria.