La Junta investiga a los funcionarios que tramitaron el caso Mari Luz

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ha iniciado una investigación para tratar de depurar las posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios que intervinieron en la tramitación de la ejecución de la sentencia que condenó a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, por abusar sexualmente de su propia hija.La delegación provincial de la Consejería de Justicia en Sevilla, que dirige Francisca Amador, ha solicitado al juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que informe sobre los funcionarios adscritos a este órgano que durante el año 2006 se encargaban de la tramitación de las causas ejecutorias. Entre estos expedientes se hallaba el 31/06, por el que el pederasta debía haber ingresado para cumplir una condena de dos años y nueve meses de cárcel por un delito de abusos sexuales.La investigación se enmarca en el acuerdo de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en abril pasado decidió abrir un expediente disciplinario por una falta muy grave de desatención al magistrado Rafael Tirado, titular del juzgado de lo Penal número 1. La comisión disciplinaria también acordó en aquella resolución remitir las actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía para que valoraran las conductas de los funcionarios de estas instituciones que intervinieron en el caso por si podían haber incurrido en algún tipo de infracción de carácter disciplinario.El Ministerio de Justicia abrió, a raíz de la propuesta del CGPJ, un expediente disciplinario a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1, Juana Gálvez, mientras que la Fiscalía realizó un informe en el concluía que no había detectado ninguna negligencia del Ministerio Público en el retraso de la ejecución de la sentencia de Santiago del Valle.La propia Consejería de Justicia, a través de su entonces titular, María José López, descartó cualquier responsabilidad de los funcionarios destinados en el juzgado y atribuyó lo ocurrido a un "error personal" del magistrado.La decisión de la Junta de abrir una investigación a los funcionarios motivó ayer las primeras críticas del sindicato CSI-CSIF, mayoritario en el sector de la Administración de Justicia en la provincia. El portavoz del sindicato, Miguel Ángel Ramos, tildó de una "barbaridad" la apertura de la investigación por parte de la Consejería de Justicia. "Esta decisión se contradice con todo lo que manifestó en su día la consejera María José López, quien dijo que los funcionarios no tenían nada que ver en el asunto", aseveró Ramos.El representante sindical consideró "increíble" que la Junta inicie este tipo de indagaciones cuando, en su opinión, "deberían preguntarse cuánto han tardado en nombrar los interinos de refuerzo para estos juzgados, ésa sí sería otra línea de investigación", ironizó Miguel Ángel Ramos, que añadió que la Junta se está "equivocando" al buscar responsabilidades entre los funcionarios cuando en este caso "ha fallado todo el sistema", por lo que debería "archivar sin más el expediente a estos funcionarios".CSI-CSIF consideró que la Junta de Andalucía está nombrando a los interinos "tarde" y reiteró que estos funcionarios no están bien formados, porque proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y no han recibido un curso de formación previo.