El retraso de la Ciudad de la Justicia no tendrá un coste cero, valdrá más de ocho millones de euros por la necesidad de alquilar un edificio puente

El retorno de la Ciudad de la Justicia a la parcela de Los Gordales acarreará un coste de ocho millones de euros, cifra aproximada que tendrá que abonar la Junta de Andalucía durante varios años en el alquiler del denominado edificio puente, donde se quiere trasladar a los juzgados que se encuentran en peor situación mientras se construye el futuro complejo que reunirá a todos los órganos judiciales dispersos. El coste de ocho millones está calculado para un período de tres años, hasta el 2012, que es la fecha en la que la Junta asegura que la Ciudad de la Justicia estará "en obras". Por cada año que se retrase el proyecto, habrá que sumar otros 2,7 millones de euros más en concepto de alquiler de esa nueva sede provisional para los órganos judiciales de Sevilla.La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, aseguró esta semana que la decisión de llevar de nuevo el campus judicial a la zona de Los Remedios tenía un coste económico de "cero euros", ya que, según las palabras de la titular andaluza de Justicia, no existía ningún proyecto técnico para levantar la Ciudad de la Justicia en terrenos de la Autoridad Portuaria de Sevilla. La consejera no tuvo en cuenta, sin embargo, que cuando el Gobierno andaluz apostó en la pasada legislatura por el proyecto del Puerto, también descartó la solución puente. Esta postura resultaba coherente entonces, puesto que al anticipar al año 2010 la construcción del primer edificio de la Ciudad de la Justicia, no parecía necesario alquilar ningún otro edificio en el que ubicar de forma provisional los juzgados del Prado de San Sebastián, que se encuentran en un edificio que está absolutamente colmatado. El arrendamiento de ese edificio, en principio se iba a contratar el que está construyendo la inmobiliaria Osuna en la avenida de la Buhaira -donde ya hay otras sedes judiciales-, supondría un coste de unos ocho millones de euros en un período de tres años, a razón de unos 2,7 millones por año.El descarte de esta sede provisional para los juzgados, que se produjo de forma paralela al anuncio de llevar la Ciudad de la Justicia al Puerto, evitaba además un doble traslado de los órganos judiciales: hasta el edificio puente, en primer lugar, y hasta el futuro campus judicial, posteriormente. La localización de un edificio en alquiler con las necesidades que precisan los órganos judiciales tampoco es una tarea fácil porque, entre otras razones, la oferta que pidió la Consejería de Justicia el pasado año para el arrendamiento de un inmueble con esas características no encontró respuesta alguna. Ni siquiera de la empresa propietaria del inmueble de la avenida de la Buhaira que se había fijado como primera opción para un posible traslado de los juzgados.La Junta de Andalucía gasta anualmente, sólo en alquileres de inmuebles para uso judicial en Sevilla, unos cinco millones de euros. El edificio puente, resucitado ahora por Naranjo, incrementará por tanto considerablemente el dinero público destinado a este concepto, que superará los siete millones anuales.

Ciudad de la Justicia: ¿para 2012?

El proyecto de Ciudad de la Justicia, que englobará todos los órganos judiciales dispersos en la capital andaluza, se retrasará, al menos, hasta 2012 y volverá a ubicarse en la zona de Los Gordales, en el barrio de Los Remedios. Estos dos extremos son los únicos que han quedado meridianamente claros después de que la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, y el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, anunciaran ayer en una rueda de prensa conjunta un aparente desbloqueo del proyecto, una vez que la Junta ha descartado definitivamente el plan que defendió la pasada legislatura para ubicar el campus judicial en unos terrenos de la Autoridad Portuaria, junto al puente de las Delicias.El planteamiento de la Junta al decidir el retorno a Los Gordales, consiste en comenzar la construcción de la Ciudad de la Justicia en una parcela de unos 7.000 metros cuadrados que las administraciones autonómica y local consideran que, al tratarse de una zona destinada a equipamientos públicos, no se ve afectada por el recurso que presentó el Estado en los tribunales por el recorte de las plusvalías urbanísticas que le impuso la Junta al Ayuntamiento durante la última fase de redacción del PGOU. Sin embargo, ningún informe jurídico, en apariencia, avala la tesis de Justicia. En realidad, esta parcela todavía no es de titularidad municipal –sigue siendo del Estado– y permanece afectada por el litigio judicial, en el que se debate la ordenación de la parcela de Los Gordales en su totalidad, por lo que no cabe disgregar sus usos o tomar posesión de sólo unas zonas concretas. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no dicte sentencia o se produzca una más que improbable retirada del recurso por parte del Estado, el Ayuntamiento no podrá tomar posesión de la parcela y comenzar el inicio de la obra del campus judicial, salvo que la Dirección General de Patrimonio del Estado acceda a las peticiones municipales. Ninguno de estos extremos se ha producido hasta el momento y el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, reconoció ayer que a partir de ahora se iniciarán “negociaciones con el Estado” para que se pueda llevar a cabo una “cesión anticipada” de las parcelas destinadas a equipamientos en la reserva de suelo SOU-DR-01 de Los Gordales. El regidor hispalense avanzó igualmente que el Ayuntamiento acatará la sentencia del TSJA sobre los aprovechamientos urbanísticos e insistió en su postura de que “el pleito no afectará a la disposición de las parcelas” mencionadas. Lo que subyace en el planteamiento del alcalde y de la consejera de Justicia es un deseo más que una realidad. Se basa en la pretensión de alcanzar un acuerdo para que el pleito acabe en la primera instancia; es decir, que tanto el Estado como la Junta se comprometan a no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que en su día dicte la sala de lo Contencioso del TSJA, porque ese hipotético recurso sí que incidiría directamente en la construcción de la Ciudad de la Justicia, al retrasar durante varios años más la disposición de los terrenos para levantar todo el complejo judicial. La imposibilidad de disponer inmediatamente de estos suelos fue el principal argumento que llevó a la anterior consejera de Justicia, María José López, a buscar en el puerto una alternativa a Los Gordales. La anterior responsable de Justicia también tuvo en cuenta que la parcela se había quedado “muy pequeña” para albergar a todos los órganos judiciales y los que se pudieran crear en los próximos años.En cualquier caso, con el nuevo cambio de ubicación, la Junta de Andalucía acaba de admitir un nuevo retraso al proyecto de Ciudad de la Justicia, cuya puesta en funcionamiento anunció para 2010 la ex consejera López y el propio Manuel Chaves. Cuando ayer se le preguntó a Evangelina Naranjo por los plazos de construcción del futuro complejo, y si podría estar en marcha durante esta legislatura, el único dato que aportó la consejera es que cuando acabe el actual mandato, en 2012, la Ciudad de la Justicia “estará en obras”. La consejera anunció que en un plazo de seis meses se convocará un concurso público para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la Ciudad de la Justicia, mientras que el alcalde señaló que la Gerencia de Urbanismo redactará un Plan Parcial para Los Gordales, algo que, por otra parte, constituye una de las obligaciones ya impuestas por el nuevo PGOU.En lo único que coincide Evangelina Naranjo con su antecesora es que el proyecto de Ciudad de la Justicia será modular, incluirá varios edificios, separados por las distintas jurisdicciones. La idea de Naranjo es que, según vayan avanzando las obras, se puedan ir trasladando los distintos órganos judiciales, comenzando por aquellos de “mayor complejidad técnica y menor volumetría”. Y mientras tanto se volverá a la solución transitoria de buscar un edificio “puente” ante la falta de espacio para los juzgados, una opción que también fue descartada en la pasada legislatura.

Denuncia de jueces del TSJA al catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anularon parte de los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) han denunciado ante la Fiscalía al catedrático Javier Pérez Royo por delitos de injurias y calumnias en un artículo publicado en El País.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Sevilla por la mayoría de los jueces de la Sala Tercera de lo Contencioso del TSJA, con sede en esta ciudad y se refiere a un artículo en el que el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla tildaba de "desvergonzados", "prevaricadores" y "delincuentes" a los magistrados que dictaron la sentencia sobre la nueva asignatura. Entre otros, Pérez Royo culpaba a los jueces de "cometer un delito de prevaricación", de "desnaturalizar la institución" a la que pertenecen y decía que "materialmente han actuado como unos delincuentes".
"La desvergüenza de esta manera de proceder es difícilmente superable", decía en otra parte del artículo, y afirmaba que la sala cometió un delito de prevaricación, "pero como sabe que nadie le va a exigir la responsabilidad penal que correspondería, ha decidido hacerlo".
La denuncia ha sido remitida a la Fiscalía de Madrid, dado que el artículo se publicó a nivel nacional, según ha adelantado Diario de Sevilla.

El juez Tirado declara ante el instructor del expediente disciplinario y alega la sobrecarga de trabajo

La sobrecarga de trabajo que soporta el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla impidió un control de la ejecutoria en la que se tramitaba el ingreso en prisión de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, que fue condenado a dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de su propia hija. Este es el principal argumento que defendió ayer el titular de este juzgado, Rafael Tirado, en la declaración que ha realizado en el marco del expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una falta muy grave de "desatención".

La declaración del juez Rafael Tirado tuvo lugar en Sevilla y se prolongó por espacio de casi dos horas. En la comparecencia estuvieron presentes el instructor del expediente, Wenceslao Olea Godoy, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura; y Aurelio Blanco, fiscal jefe de esta comunidad.

El magistrado esgrimió en su defensa el excesivo volumen de trabajo de su juzgado, que tramitaba en el año 2006, cuando se incoó la ejecutoria 31/06 (relativa a la condena de Santiago del Valle), 600 causas ejecutorias. El juez Rafael Tirado, que aportó una extensa documentación integrada por más de 300 folios, explicó que en los últimos dos años (2006 y 2007) ha superado en más de un 50% los módulos de trabajo que el CGPJ fija cómo adecuados para un juzgado en un año.

El titular del juzgado de lo Penal número 1 concluyó que con este volumen de trabajo es "imposible llevar un control exhaustivo de las ejecutorias", según explicaron los abogados del magistrado, Alfonso Martínez Escribano y Francisco Baena Bocanegra.

El instructor también tomó declaración como testigos a seis funcionarios del juzgado de lo Penal número 1 y a la secretaria del órgano judicial, Juana Gálvez, que también ha sido expedientada por el Ministerio de Justicia por los errores en la tramitación de la ejecutoria del pederasta. A través de estas declaraciones quedó claro, según explicó el letrado Alfonso Martínez Escribano, la "gran iniciativa" de los empleados en el funcionamiento del juzgado porque el magistrado no puede estar encima de todos los asuntos. El instructor interpeló a los funcionarios sobre la forma de trabajar en el juzgado y cómo se daba cuenta del estado de los procesos a la secretaria judicial y al juez, dado que la ejecutoria de Santiago del Valle estuvo paralizada durante más de dos años sin que se acordara la detención e ingreso en prisión del sospechoso.

El juez recordó durante su comparecencia que las únicas causas preferentes son las que están relacionadas con los presos que están cumpliendo condena o con la violencia de género, aspectos ambos que no concurrían en el caso de la condena impuesta a Santiago del Valle por abusar de su hija. Rafael Tirado explicó al instructor que en la causa seguida contra el pederasta "lo más urgente" era la privación de la patria potestad de sus hijos, para que no se repitieran los abusos, y esa medida ya se había adoptado durante la fase de instrucción del procedimiento seguido contra Santiago del Valle.

Uno de los errores que la inspección del CGPJ atribuyó al juez Tirado fue el requerimiento que el magistrado realizó a Santiago del Valle y a su mujer, que también fue condenada por consentir los abusos a su hija, para que ingresaran de forma voluntaria en prisión, un trámite que el inspector llegó a calificar en su informe como "dilatorio e innecesario". El magistrado respondió a la cuestión señalando que esta posibilidad, que constituía una práctica habitual en muchos juzgados penales hasta que estalló el escándalo, aparece contemplada en la ley orgánica general penitenciaria y en el reglamento penitenciario, así como en un protocolo de actuación de la Audiencia Provincial de Málaga. Es más, el juez expuso en su declaración que incluso en el sistema informático implantado en los juzgados -el Adriano- se incluye en un apartado esta forma de ingreso para el cumplimiento de la pena.

La niña saharaui vuelve con su madre

La saharaui Ghedjemoula Mohamed Bibat vuelve a ser desde ayer una madre completamente feliz, una vez que ha podido recuperar a su hija de siete años, que permanecía acogida desde hace casi dos años con una familia de Villaverde del Río. El feliz reencuentro se produjo pasadas las siete de la tarde en la estación de autobuses de Plaza de Armas, desde donde madre e hija tomaron anoche un autobús con destino a Zaragoza.

En la capital aragonesa, Ghedjemoula Mohamed y su hija pasarán a vivir con un abuelo de la niña, "que tiene nacionalidad española, piso en propiedad y trabajo", comentó Ghedjemoula Mohamed antes de reencontrarse con su hija.

La mujer saharaui, que se vio obligada en enero pasado a presentar una denuncia por sustracción de menores contra el matrimonio de Villaverde, afirma que no le guarda rencor a esta familia. "Le he perdonado todo a la familia. La han tratado bien y le han cogido cariño en estos casi dos años, por lo que perdono lo que pasó. Creía que había perdido a mi hija y hoy la vuelvo a encontrar", asegura la madre a través de Fátima, una amiga que hace las veces de intérprete.

La madre ha autorizado que se pueda fotografiar el momento del reencuentro, salvaguardando la identidad de la menor, pero la familia de Villaverde, que quiso quedarse hasta que partiera el autobús, a las diez de la noche, se opuso con vehemencia a que se captara el momento y para ello se colocaron delante de la niña, provocando con esta actitud los únicos instantes de tensión que se produjeron durante la entrega.

La madre confiesa que el domingo no pudo ni siquiera dormir de la emoción. "Es un momento que no se puede explicar", añade Ghedjemoula Mohamed, que recuerda cómo la entrega de la niña se retrasó hasta por la tarde porque la pequeña le había pedido tiempo para poder asistir a la fiesta de fin de curso con sus amigas. "Después voy contigo", fueron las palabras de la niña a su madre.

Durante los cinco meses que han pasado desde que el juzgado de Lora del Río ordenó la vuelta de la niña con su madre biológica y abortó de esta forma que se repitiera otro caso Iván y Sara, en el que una madre pleiteó durante 11 años para recuperar a sus hijos sin lograrlo, Ghedjemoula Mohamed ha podido ver todos los fines de semana a su hija, aunque siempre en casa de la familia de acogida. "Mi hija me esperaba en la puerta de la casa cuando iba a verla cada fin de semana", evoca la mujer saharaui sin poder ocultar su satisfacción ante el regreso.

Su abogado, Juan Ignacio Fernández de la Mata, se acercó ayer hasta la estación de autobuses de Plaza de Armas para comprobar que no había ningún problema. "Todo ha ido muy bien", señaló el letrado, que también está satisfecho sobre cómo ha finalizado el caso. Madre e hija emprenden ahora una nueva vida en Zaragoza, porque la intención de la familia es quedarse a vivir en España.

La Ciudad de la Justicia irá a Los Gordales, enésimo capítulo...

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad la ubicación de Los Gordales como lugar para situar el proyecto de Ciudad de la Justicia promovido por la Junta de Andalucía, al dar el visto bueno a una serie de puntos en una propuesta del PP que incluyen este lugar como futura localización del campus judicial. Concretamente, y tras algunas modificaciones realizadas sobre la propuesta inicial, presentada por el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, el Pleno aprobó instar a la Consejería de Justicia y Administración Pública para que con carácter inmediato acuerde un plazo de actuaciones encaminadas a la construcción de este complejo en los terrenos previstos por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para este objetivo en Los Gordales. También se acordó exigir al Gobierno estatal la retirada del recurso interpuesto contra las determinaciones urbanísticas que el plan general otorga al Estado en esta zona, así como la cesión de los terrenos para la construcción de la Ciudad de la Justicia; impulsar todos los trámites urbanísticos necesarios para la construcción; y acometer urgentemente tanto la rehabilitación y ampliación de los juzgados y la Audiencia Provincial como la puesta en uso de un edificio ya existente como 'puente'. La propuesta recuerda las diferentes ubicaciones propuestas por el Gobierno y señala que la actual consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ya emplazó una decisión definitiva al respecto asegurando que "no se descarta nada".Por parte del gobierno municipal, la explicación de voto llegó del primer teniente de alcalde y portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que recordó que la federación "no se ha movido ni un ápice" de su postura inicial -que la Ciudad de la Justicia se construya en Los Gordales, para lo cual llegaron a apoyar una moción en tal sentido presentada por el PP- y se congratuló de las decisiones adoptadas.

La Junta investiga a los funcionarios que tramitaron el caso Mari Luz

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ha iniciado una investigación para tratar de depurar las posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios que intervinieron en la tramitación de la ejecución de la sentencia que condenó a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, por abusar sexualmente de su propia hija.La delegación provincial de la Consejería de Justicia en Sevilla, que dirige Francisca Amador, ha solicitado al juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que informe sobre los funcionarios adscritos a este órgano que durante el año 2006 se encargaban de la tramitación de las causas ejecutorias. Entre estos expedientes se hallaba el 31/06, por el que el pederasta debía haber ingresado para cumplir una condena de dos años y nueve meses de cárcel por un delito de abusos sexuales.La investigación se enmarca en el acuerdo de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en abril pasado decidió abrir un expediente disciplinario por una falta muy grave de desatención al magistrado Rafael Tirado, titular del juzgado de lo Penal número 1. La comisión disciplinaria también acordó en aquella resolución remitir las actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía para que valoraran las conductas de los funcionarios de estas instituciones que intervinieron en el caso por si podían haber incurrido en algún tipo de infracción de carácter disciplinario.El Ministerio de Justicia abrió, a raíz de la propuesta del CGPJ, un expediente disciplinario a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1, Juana Gálvez, mientras que la Fiscalía realizó un informe en el concluía que no había detectado ninguna negligencia del Ministerio Público en el retraso de la ejecución de la sentencia de Santiago del Valle.La propia Consejería de Justicia, a través de su entonces titular, María José López, descartó cualquier responsabilidad de los funcionarios destinados en el juzgado y atribuyó lo ocurrido a un "error personal" del magistrado.La decisión de la Junta de abrir una investigación a los funcionarios motivó ayer las primeras críticas del sindicato CSI-CSIF, mayoritario en el sector de la Administración de Justicia en la provincia. El portavoz del sindicato, Miguel Ángel Ramos, tildó de una "barbaridad" la apertura de la investigación por parte de la Consejería de Justicia. "Esta decisión se contradice con todo lo que manifestó en su día la consejera María José López, quien dijo que los funcionarios no tenían nada que ver en el asunto", aseveró Ramos.El representante sindical consideró "increíble" que la Junta inicie este tipo de indagaciones cuando, en su opinión, "deberían preguntarse cuánto han tardado en nombrar los interinos de refuerzo para estos juzgados, ésa sí sería otra línea de investigación", ironizó Miguel Ángel Ramos, que añadió que la Junta se está "equivocando" al buscar responsabilidades entre los funcionarios cuando en este caso "ha fallado todo el sistema", por lo que debería "archivar sin más el expediente a estos funcionarios".CSI-CSIF consideró que la Junta de Andalucía está nombrando a los interinos "tarde" y reiteró que estos funcionarios no están bien formados, porque proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y no han recibido un curso de formación previo.

El juzgado Mercantil confirma que Salas no podrá seguir administrando la sociedad

La juez de lo Mercantil de Sevilla, Teresa Vázquez, ha ratificado que el presidente de Contsa, José Salas Burzón, no puede recuperar las facultades de administración y disposición de los bienes de la sociedad, sino que éstas deben seguir encomendadas a los tres administradores concursales.

La titular del juzgado de lo Mercantil ha dictado un auto en el que rechaza el recurso de reposición que presentó el dueño del grupo empresarial y en el que solicitaba a la juez que declarara a la entidad en concurso voluntario. La diferencia de considerar como necesario o voluntario el concurso de la empresa radica precisamente que, en el primero de los casos, la administración de los bienes queda bajo los profesionales designados por el juzgado y sin participación alguna del propietario de la sociedad.

En la reunión que José Salas mantuvo en marzo pasado en un hotel de Sevilla con los más de 1.200 afectados por la suspensión de pagos propuso un plan para devolver el cien por cien del capital invertido en un periodo máximo de cinco años. La intención de Salas era que se le respetara la participación como administrador de la sociedad porque, según su razonamiento, era mucho mejor contar con su presencia a la hora de vender los activos, la única solución que el propietario vislumbra para salir de la situación en la que se hallaba Contsa.

La juez decidió el pasado 20 de febrero declarar el concurso necesario en atención a la petición planteada por un acreedor personado en el proceso concursal y que reclama 903.991 euros en concepto de impago de los intereses y del capital que invirtió en la empresa de José Salas Burzón. La suspensión de pagos que elevó el dueño de Contsa al juzgado se realizó con posterioridad a esta petición y la ley concursal obliga a declarar el concurso como necesario cuando éste se solicita con anterioridad a la petición que realice la propia sociedad.

Una vez que el juzgado de lo Mercantil dio por cerrado el plazo para que los acreedores acrediten las cantidades entregadas a Contsa, el número de perjudicados por la suspensión de pagos supera el millar de personas y la deuda global roza los 80 millones de euros. Estas cifras contrastan con los datos aportados por José Salas en el juzgado, donde reconoció sólo 609 acreedores y declaró un pasivo de 49 millones.

Caso Camas: La denunciante no será acusación particular

María del Carmen Lobo, la ex edil del Ayuntamiento de Camas que destapó el caso del presunto cohecho por el intento de compra de su voluntad, no ejercerá la acusación particular en el proceso en el que está imputado el ex alcalde Agustín Pavón y varios ex ediles.

La abogada de la denunciante, Julia García Mesa, confirmó que la ex concejal ha desistido de ejercer la acusación particular a través de un escrito en el que alega "motivos personales" para adoptar esta decisión. La letrada, que no quiso pronunciarse sobre los motivos de Carmen Lobo, explicó no obstante que la retirada de la acusación particular no implica que la ex concejal no siga participando en el proceso como testigo de la Fiscalía y de la acción popular que ejerce el PSOE de Andalucía para tratar de acreditar el intento de soborno denunciado.

La abogada subrayó que Carmen Lobo "se ha sentido muy acosada" en la localidad de Camas desde que destapó el caso y añadió que ahora "quiere seguir con su vida con total tranquilidad", una vez que ha dejado de ser representante en el Ayuntamiento.

La decisión de Carmen Lobo no tiene prácticamente efecto alguno en el proceso que se sigue por el caso Camas, dado que la Fiscalía de Sevilla y el PSOE continúan ejerciendo la acusación contra el ex alcalde Agustín Pavón, los ex ediles Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, y el supuesto intermediario en la operación, Eusebio Gaviño.

La retirada de esta acusación particular llega a la causa varias semanas después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya decidido anular las escuchas telefónicas practicadas por la Policía al inicio de la investigación, al entender que el auto judicial que las autorizó no estaba suficientemente motivado y que la Policía no ofreció ni un solo dato objetivo para fundamentar los pinchazos telefónicos.

El tribunal advirtió entonces que la nulidad de las escuchas no implicaba el archivo de las actuaciones, ya que la denuncia y las grabaciones aportadas en su día por el ex militante de IU Francisco Gordo y las declaraciones de la ex concejal Carmen Lobo "son fuentes de investigación y de prueba que no están contaminadas por la nulidad, por lo que el magistrado instructor dispone de material de investigación para esclarecer los hechos denunciados y concretar la posible participación de los imputados".

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ordenó devolver las actuaciones al juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que tramitó la fase de investigación, para que, una vez retiradas las escuchas, el fiscal y las demás partes pudieran modificar sus imputaciones "a la vista del contenido" de la nueva resolución.

Coria tendrá nueva sede provisional en otoño

La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, anunció ayer que los juzgados de Coria del Río se trasladarán el próximo otoño a una nueva sede provisional. La propia consejera pudo comprobar, en la visita que realizó ayer a las dependencias judiciales de Coria, la falta de espacio del edificio, las humedades y las deficiencias del archivo, que obligan a guardar expedientes en las escaleras y en el suelo. El sindicato CSI-CSIF ha denunciado que las carencias del edificio repercuten en la "prestación de un mal servicio de Justicia a los ciudadanos, pese al esfuerzo que vienen realizando los funcionarios" destinados en estos juzgados. La organización sindical explicó que cada año son más los asuntos que reciben estos órganos judiciales, "sin que la Administración haya incrementado las plantillas de personal". CSI-CSIF considera que en la situación de los juzgados corianos sólo se han realizado "parcheos momentáneos", cuando la "única solución" pasa por la creación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad, así como la creación de una nueva sede para albergar estos órganos judiciales. El sindicato señala que estos órganos han experimentado en los últimos meses un incremento de los asuntos penales y civiles tramitados. De hecho, ambos juzgados han declarado unos módulos semestrales que superaban el 170% con respecto a los valores que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima como adecuados para cada órgano y año. Por lo que se refiere al Registro Civil de Coria, las solicitudes telemáticas han aumentado en los últimos dos años un 18%, los asuntos de auxilio judicial un 73%, las certificaciones un 42% y las inscripciones un 17%. La consejera de Justicia aseguró ayer que ya se están realizando los trámites para que el traslado de los juzgados al edificio provisional se haga efectivo en otoño, dado que el inmueble que se va a alquilar necesita algunas obras de adecuación. La nueva sede provisional dispondrá de una superficie de 1.000 metros cuadrados, el doble de la actual. La Consejería de Justicia también anunció que está trabajando en la construcción de un nuevo edificio en una parcela de 2.500 metros cuadrados, que albergará los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción que hay en la actualidad y los demás órganos que pudieran crearse en el futuro. La Junta destinará a este proyecto 3,7 millones y, según la Administración autonómica, las obras podrían estar terminadas en dos años. El partido judicial de Coria del Río atiende a una población de 54.000 habitantes y está integrado por los municipios de Almensilla, Isla Mayor, Palomares del Río y La Puebla del Río.

El fiscal pide tres años para Santiago del Valle por abusar de otra niña

La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de tres años de prisión para Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por haber abusado sexualmente de otra niña en la barriada de la Oliva de la capital hispalense.Esta nueva agresión que se imputa al pederasta tuvo lugar el 8 de diciembre de 2006, cuando Santiago del Valle abordó a la pequeña, una niña de cuatro años, en un patio comunitario. El individuo se había ganado previamente la confianza de la pequeña ofreciéndole un caramelo.Los tocamientos fueron observados por una de las vecinas, que rápidamente recriminó a Santiago del Valle, aunque éste respondió que no ocurría nada porque era el "tío de la niña", según recoge el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla. Como la vecina no se creyó la versión del sospechoso, comenzó a gritar y el pederasta salió huyendo del barrio.El Ministerio Público imputa por estos hechos a Santiago del Valle, de 43 años y que sigue en la prisión de Albolote (Granada) imputado por el asesinato de la pequeña onubense, un delito de abusos sexuales, en el que no aprecia ninguna circunstancia atenuante en su conducta pero sí la agravante de reincidencia, debido a sus antecedentes por varios hechos similares.Este caso, el último que tenía abierto Del Valle por delitos cometidos contra menores, se produce después de las dos sentencias firmes dictadas por los juzgados de lo Penal número 1 y 4 de Sevilla, que condenaron al pederasta a un total de cuatro años y nueve meses de prisión por haber abusado de su propia hija y de otra niña de nueve años. Este es uno de los argumentos que han llevado a la Fiscalía hispalense a solicitar la máxima condena para el acusado, tres años de cárcel, además que reclamar el pago de una indemnización de 60.000 euros para la menor.El juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla había impuesto al pederasta la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y, de hecho, Santiago del Valle cumplió con todas estas comparecencias apud acta hasta que fue detenido por la muerte de Mari Luz, en marzo pasado. Mientras este juzgado tenía localizado al individuo, el juzgado de lo Penal número 1 no tenía constancia de su paradero, lo que permitió que siguiera libre a pesar de que tenía, al menos, una condena firme.El escándalo por los errores judiciales relacionados con Santiago del Valle llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia a abrir sendos expedientes disciplinarios al juez y a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1, pero no al magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que tardó casi tres años en resolver el recurso de apelación presentado por Santiago del Valle contra la condena por los abusos a su propia hija. Estos expedientes continúan actualmente en tramitación y aún no se ha concretado una propuesta de posible sanción.El caso Mari Luz ha provocado una profunda reflexión en el seno de la Administración de Justicia y los jueces han llegado a advertir del "riesgo cierto" de que vuelvan a producirse errores como éste, mientras no cuenten con más medios personales y materiales para ejercer su labor. La Junta ha nombrado ya nueve funcionarios de refuerzo que se están incorporando ahora a los juzgados penales.

Jornadas sobre abogacía y prevención de riesgos laborales

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y la A.I.E. MonteroAramburu & Bores Abogados, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, y la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas organizan estas jornadas que pretenden ser un punto de partida en un tema tan importante y de permanente actualidad como es la mayor implicación de la Abogacía en el área de Prevención de Riesgos Laborales ya que, desde la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ésta ha sido un área jurídica en la que la intervención del colectivo de los abogados se ha limitado a la fase contenciosa, relegando a otros profesionales su intervención en fases previas de asesoramiento o investigación de accidentes de trabajo.

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández García, el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y representante del C.G.P.J. en Andalucía, Antonio Reinoso Reino, el Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero León, el Decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, y el Presidente de la A.I.E. Montero Amaburu & Bores y Cia. Abogados, Jesús Bores Saiz, han inaugurado las Jornadas que se celebrarán hasta mañana viernes 6 de junio en el Hotel Meliá Sevilla (calle Doctor Pedro de Castro 1).

Jueces y abogados exigirán más juzgados y medidas urgentes para los partidos judiciales con mayores carencias

El nuevo Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla Damián Álvarez García giró hoy una primera visita institucional al Colegio de Abogados, donde se ha entrevistado con el decano de la institución José Joaquín Gallardo y diversos miembros de la Junta de Gobierno colegial.
En el encuentro se analizaron las principales carencias de los órganos judiciales de Sevilla y su provincia, a la vez que se debatieron posibles medidas para paliar la situación que padecen aquellos órganos que soportan una mayor carga de asuntos y sufren una especial problemática en cuanto a medios humanos y materiales, lo que hace que se produzcan mayores demoras en dar respuesta a los ciudadanos. Entre esos Juzgados destacan los ubicados en los partidos judiciales de la provincia, y especialmente los de las localidades de Sanlucar la Mayor, Coria del Río, Utrera y Lora del Río
El presidente de la Audiencia y el decano de los abogados han convenido mantener reuniones periódicas de coordinación y exigir que se creen nuevos Juzgados en los partidos que soportan una situación más problemática, así como pedir que se adopten otras medidas específicas y urgentes para normalizar a corto plazo la situación en esos Juzgados de la provincia, en los que las carencias de medios hace que se vengan acumulando desde hace años dilaciones y retrasos muy significativos.

Los procuradores piden que la Ciudad de la Justicia esté en el entorno del Prado de San Sebastián

NOTA DE PRENSA: El Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, ante el debate existente sobre la ubicación de la futura ciudad de la Justicia, y la insostenible situación de los edificios judiciales, tras un largo y profundo análisis, y creyendo recoger en gran medida la opinión de los Justiciables y Profesionales de la Justicia, derivada de los continuos contactos que los procuradores en el día a día tenemos con los distintos operadores judiciales y los ciudadanos, entendemos:
Que habría que combinar la adecuación de los actuales edificios judiciales a la realidad y necesidades apremiantes existentes en Sevilla. Por otro lado, que el entorno de los edificios judiciales se encuentren en una parte de la ciudad de fácil acceso y buena comunicación, tanto para el ciudadano como para el profesional. Y por último, en el mismo entorno de la ciudad, la creación de los edificios complementarios en los espacios de uso público existentes.
Ante todo ello, este Ilustre Colegio cree necesaria hacer una apuesta por el entorno del Prado de San Sebastián, único donde se dan estas premisas antes expuestas, es decir, aprovechar los edificios ya existentes, zona céntrica con fácil comunicación pública (estación de autobuses, tren, metro, autobús, metrocentro, taxis) e igualmente, la existencia de espacios físicos de uso público donde se podrían construir los nuevos edificios que complementarían a los ya existentes, dándonos una real e insertada ciudad de la justicia.

La fotografía adjunta muestra, en color, las zonas donde el Colegio de Procuradores pretende ubicar la Ciudad de la Justicia.

La Ciudad de la Justicia puede volver a Los Gordales

La Ciudad de la Justicia podría volver a la zona de Los Remedios si prospera una de las ideas sobre las que trabaja actualmente el departamento que dirige Evangelina Naranjo. Descartada prácticamente la ubicación en los terrenos del puerto, la opción que cobra más fuerza pasa por volver al proyecto originario de Los Gordales, en el barrio de Los Remedios, pero en una zona que no está afectada por el recurso que presentó el Estado en los tribunales por el recorte de las plusvalías urbanísticas que le impuso la Junta al Ayuntamiento durante la última fase de redacción del PGOU.

La parcela donde se iniciarían los trabajos de la Ciudad de la Justicia, con la construcción del primero de los edificios que acogerá el futuro complejo a modo de campus, tiene una superficie de unos 7.000 metros cuadrados y es de titularidad municipal. La edificabilidad máxima de la parcela ronda los 16.500-17.000 metros cuadrados y para el comienzo de los trabajos el Ayuntamiento tendría que aprobar un plan parcial y además habría que proceder a la cesión del suelo a la Administración autonómica, un proceso cuyo trámite administrativo tardaría varios meses.

La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, que desde que accedió al cargo ha iniciado una ronda de contactos con los operadores jurídicos de Sevilla para conocer las necesidades judiciales, entre las que está el futuro complejo judicial, está transmitiendo precisamente que esta opción es una de las que pueden contar con más opciones de llevarse a la práctica. De hecho, el proyecto de Los Gordales es uno de los que trató ayer la consejera en su reunión con el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, a quien comentó que el recurso de la Dirección General de Patrimonio del Estado contra la aprobación definitiva del PGOU no sería ningún problema ni obstaculizaría el inicio de las obras. Ese primer edificio estaría fuera del pleito, pero el resto de la Ciudad de la Justicia seguiría en una situación de incertidumbre hasta que el TSJA resuelva el pleito o ante una hipotética retirada del recurso.

Con el retorno a Los Gordales, la Junta podría evitar además tener que acudir a una solución alternativa -el edificio puente de la avenida de la Buhaira, que construye inmobiliaria Osuna y que la Junta pretendía alquilar- para ubicar los juzgados del Prado de San Sebastián, que se encuentran en un edificio que está colmatado, y también los órganos judiciales que se deben crear en los próximos años. El decano reclamó hace unos días la vuelta a la "solución puente" mientras se construye la ciudad judicial.

El nuevo plan general de Sevilla contempla que Los Gordales albergue la Ciudad de la Justicia, así como el proyecto del futuro campus de la Universidad Hispalense y la creación de más zonas verdes en la barriada de Los Remedios. Junto al campus universitario, que iría en los actuales terrenos de la Feria, el PGOU prevé equipamientos públicos y usos terciarios para esta zona de la ciudad. El nuevo planeamiento destina 63.648 metros cuadrados para los equipamientos de Los Gordales, de los cuales 24.344 se destinarían a dotaciones para el barrio y en los restantes 39.304 metros cuadrados se incluyen la ampliación de la Universidad y la Ciudad de la Justicia.

Los jueces limitan el número de sentencias a dictar tras el caso Mari Luz

Los jueces de Sevilla no quieren que se repitan los errores del caso Mari Luz y para tratar de impedirlo están dispuestos a prestar más atención a la fase de ejecución de las sentencias, en detrimento del dictado de las mismas.

La decisión de limitar el número de sentencias que deben dictarse cada año fue adoptada en el transcurso de una junta de jueces de lo Penal celebrada el pasado 14 de abril, cuando la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya había abierto un expediente al titular del juzgado de lo Penal número 1, Rafael Tirado, por una falta muy grave de desatención en relación con la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz.

En el transcurso de esa junta, los magistrados de lo Penal de Sevilla decidieron, por una mayoría de siete a cuatro, limitar el número de sentencias a dictar cada año a 380, una cifra que supone una reducción del 18,2% (85 sentencias menos por juzgado) en el número resoluciones respecto a las que actualmente se dictan: 465 sentencias de media por juzgado de lo Penal y año.

Esta cifra no fue tomada de forma arbitraria, sino que coincide con el módulo de entrada de asuntos fijado por el máximo órgano de gobierno de los jueces. Según los magistrados sevillanos, 380 sentencias es el "número de resoluciones que pueden dictarse y ejecutarse dada la actual estructura" de la oficina judicial.

Esa medida provocará un retraso considerable en el dictado de las resoluciones en Sevilla, por cuanto supone dictar 1.105 sentencias menos que el año pasado, que tendrán que resolverse en el ejercicio siguiente. La dilación será aún mayor porque, además, habrá que sumar el incremento del volumen de asuntos que cada año llega a los juzgados.

El decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, reconoció ayer que, si bien la decisión adoptada por la junta de jueces "va a producir un retraso en la celebración de juicios y el dictado de las sentencias, permitirá a la vez a esos mismos jueces que tienen encomendadas la tramitación de las ejecutorias un control más eficaz y directo sobre la fase de ejecución de las resoluciones".

La estadística oficial del CGPJ recoge que durante 2007 los trece juzgados de lo Penal de Sevilla dictaron un total de 6.045 sentencias y 154 autos, con una media por órgano de 465 sentencias y 11 autos.

La propuesta de reducir el número de sentencias salió adelante después de que los jueces sevillanos barajaran otras opciones que fueron finalmente descartadas, como no celebrar ningún juicio durante un mes y dedicar ese tiempo a revisar las ejecutorias, o llevar a cabo señalamientos de vistas por semanas alternas, para dedicar una semana a celebrar juicios y otra al control de la tramitación de las ejecuciones.

En aquella junta extraordinaria, los jueces también se pronunciaron sobre el caso del juez Rafael Tirado, aunque sin citarlo expresamente, al afirmar en el acta elaborada tras la reunión que las facultades de supervisión de los asuntos encomendados a los jueces "no incluye las responsabilidades por la tramitación de las ejecutorias si la oficina judicial (cuya dirección no tienen encomendada) no da cuenta del estado de tramitación de las mismas".

Para los magistrados, la situación actual "demuestra que la oficina judicial no funciona adecuadamente" y, en este sentido, consideran que ese funcionamiento incorrecto obedece a la "falta de implantación del nuevo modelo [de oficina judicial] previsto en la ley orgánica del Poder Judicial".

Todo ello lleva a los jueces sevillanos a estimar que "no puede responsabilizarse a los jueces de tales disfunciones, por cuanto el CGPJ y el Ministerio han fijado el módulo de entrada de asuntos para estos juzgados atendiendo al número de sentencias a dictar y no a las ejecuciones de los fallos dictados". Los magistrados hacen hincapié en que cuando el CGPJ fijó los módulos de trabajo en el año 2000, los juzgados sólo ejecutaban las sentencias que estos órganos generaban por la celebración de juicios: un 84,21% de esos juicios se transformaban en ejecutorias. En los últimos años y debido a varias reformas legales, estos juzgados han experimentado un incremento en las ejecutorias, al serles remitidas las sentencias de los juicios rápidos que celebran los jueces de Instrucción.