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25 mayo 2008

El caso Mari Luz dispara los ingresos en prisión

El caso Mari Luz comienza a provocar los primeros cambios en la Justicia. La sensación, compartida por muchos magistrados, de que estaban sentados encima de un polvorín que podía estallar en cualquier momento se ha traducido tras el expediente abierto al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, en un mayor impulso y agilización a las causas ejecutorias que se tramitan en los distintos juzgados penales. Ningún magistrado quiere que en su juzgado vuelvan a producirse hechos luctuosos con un reo que está pendiente de ingresar en prisión.

La consecuencia directa de esta revisión extraordinaria y puesta al día de las 7.000 causas ejecutorias que se tramitan actualmente en los 13 juzgados de lo Penal de la capital es un aumento del número de personas que son internadas en el centro penitenciario de Sevilla para cumplir las sentencias firmes que le han sido impuestas. En tan sólo 20 días, el número de presos de Sevilla-II ha pasado de los 1.679 que se contabilizaban a fecha 30 de abril a los 1.793 que había el pasado martes, 20 de mayo. La población reclusa en Sevilla ha crecido, por tanto, en 114 presos en sólo tres semanas, algo que, al margen de la tendencia al aumento coyuntural del número de internos -a nivel nacional hay 69.000 presos, unos 2.000 más que a finales de año-, encuentra su explicación en la labor que están desarrollando en las últimas fechas los jueces de lo Penal con las causas ejecutorias que se hallaban en trámite en estos juzgados.

Otro hecho que está incidiendo en el mayor número de encarcelamientos deriva del hecho de que los jueces están prescindiendo de algunas de las prácticas habituales en la tramitación de las ejecutorias. Hasta ahora, cuando una persona condenada en sentencia firme no comparecía a la citación judicial para su "ingreso voluntario", un trámite que la inspección realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a tildar de "dilatorio e innecesario", el juez dictaba una orden de averiguación de domicilio y paradero, previa a la busca y captura. De esta forma, se requería a la Policía Nacional para que tratase de localizar al reo y, en caso de que las gestiones resultaran infructuosas, se comunicaba al juzgado para que adoptara la decisión correspondiente.

La psicosis generada con el escándalo del presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, que permanecía en libertad pese a que tenía que cumplir una condena por abusar sexualmente de su propia hija, ha hecho que los jueces de lo Penal de Sevilla estén prescindiendo de la emisión de las órdenes de averiguación.

Desde el caso Mari Luz, cuando una persona condenada no comparece a la citación, el juez informa al fiscal y se acuerda directamente el arresto, con lo que se anticipa su ingreso en prisión, ya que mientras la Policía efectuaba las gestiones de averiguación de paradero transcurrían, por lo general, varios meses.

Fuentes judiciales confirmaron ayer esta nueva forma de actuar por parte de los juzgados de lo Penal de Sevilla y advirtieron de la repercusión que estas medidas pueden tener sobre un centro penitenciaria como Sevilla-II, que siempre está en unos niveles próximos a la sobreocupación.

El aumento del trabajo relacionado con las causas ejecutorias está repercutiendo igualmente en la labor que realiza la Fiscalía de Sevilla, donde se ha percibido un notable aumento en el número de asuntos que llegan procedentes de los juzgados de lo Penal.

Los expedientes se acumulan en las mesas y, cuando son despachados por los fiscales -que en algunos casos deben pronunciarse sobre la procedencia o no de acordar la orden para detener a una persona condenada que no ha comparecido en el juzgado-, su lugar es ocupado rápidamente por nuevas causas ejecutorias, según han confirmado fuentes del Ministerio Público.

La revisión de los procesos abiertos de ejecución de sentencias coincide con la petición, por parte de varios juzgados penales de Sevilla, de nuevas dotaciones personales. Algunos juzgados han solicitado a la Junta refuerzos de funcionarios para tratar de solucionar el retraso en la tramitación de estos procedimientos.

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