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30 marzo 2007

La excusa del acusado que no llegaba al excusado




Las excusas de las personas que acuden a juicio son en muchas ocasiones ingeniosas. En otras, como ocurre en el caso que os adjuntamos, son más bien burdas, pero no por ello dejan de ser divertidas. Este es el caso real de un hombre que recurrió en Girona, de su puño y letra, una sentencia porque, según relata, llegó diez minutos tarde a un juicio de faltas porque sufrió un apretón. Lo que no tiene desperdicio tampoco es la fundamentación jurídica que recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, que reproduce literalmente los motivos por los que no llegó a la vista oral: "porque le entraron ganas de cagar y no pudo aguantarse". Y sigue: "Sin duda alguna, en la tesitura de escoger entre una y otra deposición, una, por evacuación del vientre, otra, por manifestación ante el juez como acusado, cualquier persona habría de optar por la primera por los graves apremios que supone en caso de no ser satisfecha esa necesidad fisiológica, siendo poco higiénica la presentación ante un tribunal en otras condiciones que no sean las de un completo descargo".
Añade el tribunal que el recurrente sostiene que por hacer una cosa no pudo hacer la otra, lo que le supuso la inasistencia al juicio y la condena. Sin embargo, "no podemos acceder a lo que se nos solicita porque la parte ni demuestra la existencia del sorpresivo apretón que refiere, ni acredita que, cuando después de sofocar sus presusoras consecuencias, acudió inmediatamente al acto del juicio, éste ya había concluido".
"Muchos nos tememos que lo que el recurrente llama causa de su inasistencia no sea sino una forma de burlarse de la Administración de Justicia que le ha condenado, que si bien admitimos con sentido del humor desdeñamos como motivo de apelación". Pues eso, recurso desestimado y condena que te crió para el acusado cagón.

28 marzo 2007

La consejera de Justicia y el deporte


La imagen es de hace algunos días, cuando la consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, participó en la I Carrera Solidaria ‘Del Águila al Rocío’, que une las localidades de Alcalá de Guadaíra y Almonte (Huelva). La consejera cubrió un tramo del recorrido desde el Paseo Carlos de Mesa en Coria del Río, hasta donde llegó una barcaza desde la otra orilla del Guadalquivir con los participantes, entre ellos 25 menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en el Centro de Día Ámbar 21, haciendo un pequeño recorrido urbano.
La prueba deportiva de ultrafondo, organizada por la Asociación Socioeducativa Ámbar 21 con la colaboración de la Consejería y el Ayuntamiento de Alcalá, cubre una distancia de 82 kilómetros y tiene el objeto social de fomentar el deporte como espíritu de vida saludable y enriquecedora, con la participación incluida de menores que cumplen medidas judiciales. La consejera visitó hace unas fechas el Centro de Día Ambar 21 de Alcalá, perteneciente a la Dirección General de Reforma Juvenil, que proporciona a jóvenes sujetos a medidas judiciales un ambiente estructurado a través de actividades socioeducativas, si bien mantienen la residencia en su propio domicilio. Las actividades de los talleres y programas que se llevan a cabo en este tipo de centros abarcan todos los aspectos que influyen en el desarrollo del menor a fin de capacitarle para una inserción sociolaboral satisfactoria. La Consejería apuesta por facilitar la inserción sociolaboral del menor infractor y, con dicho objetivo, le proporciona los mecanismos necesarios para que su vida posterior al cumplimiento de su medida se desarrolle bajo parámetros sociales de normalidad.

27 marzo 2007

Cuatro abogados denuncian a una fiscal de Urbanismo por atacar "su dignidad" y prestigio profesional

Un grupo de abogados personados en la causa abierta por la licencia concedida para un restaurante de la calle Betis han denunciado ante la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el comportamiento de la fiscal de Urbanismo Ana Linares, quien, según los letrados, ha atado su "dignidad y prestigio" profesional por los comentarios realizados sobre la intervención de las defensas y que consideran "graves y falsos". El escrito ha sido presentado por el abogado Manuel Salinero, pero se han adherido al mismo los letrados María Paz Malpica y Benjamín Muñoz, y un cuarto abogado, Julio Criado, ha acudido directamente al juez instructor para que dé traslado a la fiscal jefe de la presunta infracción cometida por la fiscal en relación con su "falta de consideración" con los abogados.
El escrito de los letrados señala, entre otras cosas, que la fiscal expuso en uno de sus escritos que "emprendería acciones legales" contra uno de los abogados y posteriormente dijo que como éste "había reculado" no llevaría a cabo la denuncia, además de calificar de "cándido y pueril" los alegatos de la defensa.
Salinero asegura que mantiene "cada punto y cada coma" de su defensa, que no ha reculado y pide a la fiscal jefe que "aclare la situación y las formas de actuar" de Ana Linares. La Fiscalía eludió hoy efectuar ningún comentario al respecto.

Rafael Tirado: "El caso Farruquito ha devuelto la idea de Justicia al ciudadano"

El nuevo presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía, Rafael Tirado Márquez, ha asegurado en una entrevista que el caso Farruquito "ha devuelto la idea de Justicia al ciudadano". El magistrado, titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, reconoce respecto a la imagen de la Justicia que los jueces no han sabido explicar "cómo son y qué hacen" y afirma que la justicia estaría totalmente colapsada de no ser por las horas que los magistrados dedican en sus casas a poner sentencias.

24 marzo 2007

La Fiscalía investiga a la alcadesa de Pruna

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha abierto diligencias de investigación a la alcaldesa de Pruna, María Eugenia Rodríguez (PSOE), después de que la regidora reconociera que había dado licencias para construir viviendas en suelo rústico condicionadas a la aprobación del futuro PGOU. Esta actuación es ilegal porque, según la jurisprudencia de distintos tribunales, las licencias deben de concederse de acuerdo a la legalidad vigente en el momento en que se autorizan y no pueden supeditarse de ninguna manera a planeamientos urbanísticos futuros. De lo contrario, se generaría un clima de "inseguridad jurídica", por cuanto se está autorizando unas obras de cara a un PGOU que puede o no ser aprobado. Con esta actuación ya son cuatro los alcaldes de la provincia investigados por prevaricación urbanística.

20 marzo 2007

caso Farruquito: La juez rebaja a la mitad la muta de 72.000 euros

La juez de lo Penal número 8 de Sevilla ha rebajado a la mitad (de 72.000 a 36.000 euros) la multa impuesta Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, por el atropello mortal de Benjamín Olalla, al estimar que como se encuentra actualmente encarcelado no tiene ingresos económicos derivados de su actividad profesional. La juez también ha ampliado de uno a dos años el tiempo para hacer efectivo el pago de la multa, tal y como había solicitado el abogado del bailaor, Benito Saldaña. La Fiscalía de Sevilla y la acusación particular que ejerce la viuda del peatón se opusieron a la posibilidad de reducir las multas...

19 marzo 2007

El DNI podrá llevar desde hoy nombres en diminutivo y formas coloquiales

A partir de hoy los ciudadanos podrán acudir al Registro Civil para inscribir a sus hijos con el nombre de Manolo, Paco, Pepe, kiko o Rociíto, lo que tendrá su reflejo en toda clase de documentos y registros oficiales como el DNI, el permiso de conducir o el censo electoral. Esta posibilidad estaba vetada hasta ahora por el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, que prohibía expresamente la inscripción de nombres "diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad".
Sin embargo, la ley 3/2007, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado y que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, ha suprimido el mencionado párrafo. Esta modificación legal, que hoy ha entrado en vigor y que también simplifica los trámites para el cambio de sexo de una persona en el Registro Civil, no implica que los padres podrán decidir denominar a sus hijos de cualquier manera.
Aunque la ley del Registro Civil establece un principio general de libertad en la elección del nombre, el artículo 54, ahora modificado, mantiene ciertas excepciones:"Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo". Entre los nombres que podrían considerarse que perjudican a una persona está, por ejemplo, el de Satán, o aquellos que significan un insulto para una persona.
De acuerdo con estos requisitos no está permitido poner como nombre de una persona un apellido o dar a un varón el nombre de una mujer o viceversa.
El juez del Registro Civil de Sevilla, Eugenio Pradilla, considera que, si bien esta modificación va a suponer una descarga de trabajo –antes había que analizar toda una casuística para determinar la posible inscripción del nombre–, se va a "vulgarizar la identificación de las personas en el censo, en el DNI y en los registros".
El magistrado estima que hasta que pase algún tiempo y los ciudadanos se acostumbren a estas nuevas denominaciones, aunque estén familiar y coloquialmente admitidas, en principio "van a inducir a la perplejidad o la hilaridad".
El juez encargado del Registro Civil tiene encomendada entre sus funciones la inscripción de los nombres de los nacidos o los cambios de nominales que puedan solicitar las personas adultas. Al no existir ningún nomenclátor o listado oficial de nombres, el juez puede impedir que se inscriban normes que pueden resultar perjudiciales. La Dirección General de los Registros y Notariado, un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, es la encargada de resolver los recursos contra la negativa de los jueces a inscribir un nombre en concreto. A través de las resoluciones e instrucciones dictadas por esta dirección general, se ha ido creando una especie de jurisprudencia registral que la nueva modificación legal que entra mañana en vigor cambiará por completo.
Hasta ahora no se permitían nombres como Charo o Toñi, pero sí que se ha autorizado llamar a un bebé Chenoa de los Dolores, por la cantante de Operación Triunfo, Bella-Shakira, o Yeray, en referencia a un jefe indio canario.
Algunos de los nombres que ahora se admitirán: Pepe, Manolo, Conchi, Paco, Inma, Kiko, Bertín, Mabel, Mila, Pablito, Chimo, Sisi, Vicky, Beti, Chelo, Pili, Mili, José Mari, Magda, Malena, Manel, Marieta, Maribel, Nacho, Nani, Nando, Nati, Nela, Kino, Richi, Ricky, Santi, Susi, o Toñi. También se permite Pepa como nombre de una persona, aunque en 2004 un juez de Alicante ya autorizó esta posibilidad al entender que este nominal tenía una autonomía completamente diferente.

16 marzo 2007

11 de junio: juicio al asesino del celador


Ricardo Suárez, el asesino confeso del celador del hospital Virgen del Rocío Gaspar García, será enjuiciado por un jurado popular a partir del 11 de junio. Junto a Ricardo Suárez, que se enfrenta a una petición de condena de entre 22 y 27 años de prisión, será juzgada su mujer, María Luisa Cortés, considerada cómplice del homicida por haber colaborado supuestamente en la materialización del crimen que tuvo lugar el 8 de enero de 2006 a las puertas del albergue municipal de la calle Isaac Peral. La acusación particular pidió que se declarara al Ayuntamiento responsable civil del suceso, dado que el asesino y su familia se hallaban alojados en el albergue de la Junta, pero la Audiencia Provincial de Sevilla rechazó esta petición.

Farruquito no tendrá permisos hasta septiembre

La junta de tratamiento de la prisión Sevilla-II ha elevado a la dirección general de Instituciones Penitenciarias una propuesta para clasificar a Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, en segundo grado, lo que implica que no podrá solicitar ningún permiso hasta septiembre próximo, cuando haya cumplido una cuarta parte de la condena por el atropello mortal de Benjamín Olalla.
La propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel se produce precisamente cuando se cumplen hoy dos meses desde que Farruquito ingresó voluntariamente en prisión y obedece al análisis efectuado a través de las diversas entrevistas a las que fue sometido el bailaor por parte de un equipo compuesto por educadores, trabajadores sociales, psicólogos y juristas, según fuentes próximas a Instituciones Penitenciarias. Los expertos, tras analizar el caso de Farruquito, condenado a tres años de prisión por homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro, han elaborado una propuesta de separación interior que coincide con el régimen que disfrutan la mayoría de los internos de la prisión sevillana.
Excluida la opción del primer grado -régimen cerrado-, dado que Farruquito es una persona adaptada a la vida en prisión, entre las opciones que tenía la junta de tratamiento para proponer la clasificación del reo se encontraba la posibilidad de acordar directamente el tercer grado penitenciario, lo que permitiría al artista salir cada día de la cárcel para realizar sus cometidos profesionales y regresar a prisión por las noches. Incluso se podría haber articulado una medida de carácter mixto, de acuerdo con el principio de "flexibilidad" -el que se ha aplicado al conceder la prisión atenuada al etarra José Ignacio de Juana Chaos-, lo que implicaría la autorización de salidas del interno para llevar a cabo actividades profesionales, en función de su programa de tratamiento.
La decisión de la junta de tratamiento no es vinculante para la dirección general de Instituciones Penitenciarias, si bien la propuesta suele ser aceptada. Farruquito conocerá en el plazo de unos 45 días la resolución sobre su clasificación y, si no está de acuerdo, puede recurrir ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla.
La clasificación en segundo grado implica que el artista no podrá salir de prisión, en principio, hasta septiembre, fecha en la que habrá cumplido una cuarta parte de la condena y tendría derecho a solicitar un permiso especial, que consiste en seis días fuera del recinto y que se conceden cada dos meses. Farruquito está ahora en el módulo 1 de Sevilla-II, donde hay presos preventivos y delincuentes primarios, de escasa conflictividad.

La paga de 150 euros para un hijo conflictivo

La Audiencia de Sevilla ha rechazado la reclamación de un joven de 22 años que había pedido al tribunal un aumento de los 150 euros de paga que un juzgado de Dos Hermanas le concedió en su día. El caso fue llevado a los tribunales por los padres, que ante los "graves conflictos familiares" que protagonizaba el joven, acudieron al juez para que cuantificara su obligación alimenticia con respecto a un hijo que ha alcanzado la mayoría de edad, todo ello de acuerdo con el Código Civil.
El juzgado de Primera Instancia número 4 de Dos Hermanas y ahora la Sección Segunda de la Audiencia de Sevilla han declarado que los padres deben pasar 150 euros mensuales al hijo, además de contribuir a los gastos de matrícula de la carrera universitaria de su elección y aportar otros 150 euros anuales para sufragar los gastos de libros y material escolar.
Los jueces han valorado a la hora de fijar estas cantidades la situación económica de la familia, en la que el padre está en paro y cobra un subsidio de 700 euros mensuales, y han concluido que la pensión acordada para el hijo es "proporcional, suficiente y generosa para cumplir las necesidades indispensables que comprenden los alimentos". La sentencia hace hincapié en que no puede incrementarse la cuantía porque, entre otros motivos, el joven "va a continuar viviendo en el domicilio familiar, utilizando los servicios comunes de la familia, incluso de alimentación si le gusta lo que se decide cada día".
La primera resolución del juzgado de la localidad nazarena subrayaba precisamente que el joven es "mantenido por sus padres en el domicilio familiar", donde recibe cobertura de todos los gastos derivados de su estancia: electricidad, gas, teléfono, gastos de comunidad, impuestos, alcantarillado, basuras, y calefacción, entre otros.
También se le proporcionan los alimentos necesarios para su manutención y "servicios domésticos de limpieza de hogar, de ropa, cocina y costura, se le compra ropa que acceda a elegir y además se le facilitan 50 euros al mes para gastos de ocio", señala la resolución, que recuerda que el deber de alimentos respecto a los hijos mayores encuentra su fundamento en el "principio de solidaridad familiar", que obliga a los parientes a atender las necesidades vitales que cualquiera de ellos tenga.
La juez añade que cuando una persona adquiere una determinada capacitación, "la lucha por la vida es asunto personal que cada uno ha de resolver, si bien no se puede dejar de tomar en consideración el fracaso en esa lucha -como por ejemplo el desempleo- o la imposibilidad de tomar parte en ella -en el caso de niños, enfermos o disminuidos-". La sentencia concluye que la actitud de los padres de pagar unos estudios universitarios a sus hijos mayores "no responde a una obligación jurídica sino a un impulso moral o ético que anida en la mayoría de las familias pero que no puede ser exigido jurídicamente".

14 marzo 2007

El preso que perdió el tercer grado por hablar de Farruquito

Un preso de la cárcel de Sevilla-II ha perdido el tercer grado penitenciario por haber relatado en un programa de televisión datos de la vida del bailaor Farruquito en prisión. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha denunciado además al recluso por supuestas injurias a instituciones u órganos del Estado.El preso, con la cámara enfocando a sus piernas, hizo en febrero pasado unas declaraciones al programa "Aquí hay Tomate" de Tele5 en las que relataba que Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito usaba teléfonos móviles libremente dentro del recinto.El preso estaba en Tercer Grado en la Sección Abierta, por lo que sólo debía regresar a la cárcel para pernoctar, pero ahora ha perdido todos estos privilegios mientras se tramita el expediente sancionador contra él. El expedientado es J.C.M., de 56 años y cumplía varias condenas por estafa en las que se había especializado en hacerse pasar por abogado o fiscal de la Audiencia de Sevilla. El individuo hacía creer a sus víctimas que era fiscal y que estaba amenazado por terroristas, lo que según su versión explicaba que tuviera que vivir en pensiones de bajo nivel y cambiar continuamente de domicilio.

12 marzo 2007

La condena a Tráfico por una multa a un abogado

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 7 de Sevilla ha revocado la sanción impuesta al abogado Fernando Osuna por una presunta infracción de tráfico, al entender que la Dirección General de Tráfico (DGT) obró incorrectamente y realizó las notificaciones de modo arbitrario y apartándose de lo establecido, causando indefensión al sancionado. El abogado alegó en su defensa lo siguiente:
1.- Prescripción de la infracción.
2.- Caducidad del procedimiento sancionador.
3.- Incongruencia procesal. Al no haber respondido Tráfico a las diversas peticiones, argumentos y recursos del letrado.
4.- Defectos en la notificación de la infracción.

Tráfico tendrá que pagar al abogado las costas del procedimiento, además de devolverle el importe de la sanción (140 euros) que ya lo abonó el letrado. Se transcribe parte de la sentencia en cuestión:
“……….EN FIN HAY QUE VOLVER A SEÑALAR , COMO TANTAS VECES VENIMOS HACIENDO SIN QUE ELLO HAGA MELLA ALGUNA EN SUS DESTINATARIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN OLVIDA CON DEMASIADA FRECUENCIA QUE LA COMUNICACIÓN CON LOS ADMINISTRADOS ES UN INSTRUMENTO PARA QUE ÉSTOS PUEDAN EJERCITAR SUS DERECHOS FRENTE A LA PRIMERA. POR ELLO HA DE PONER EL MÁXIMO CELO EN LOGRAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE SUS RESOLUCIONES , Y AGOTAR LAS POSIBILIDADES DE TAL COMUNICACIÓN ANTES DE PROCEDER A LA CÓMODA Y FICTICIA VÍA DE LA NOTIFICACIÓN EDICTAL, RESIDUAL POR NATURALEZA. EN EL PRESENTE CASO……………LA ADMINISTRACIÓN ,……….NO HA ACTUADO CON LA DILIGENCIA QUE LE ERA EXIGIBLE Y HA GENERADO AL DEMANDADNTE UNA SITUACIÓN DEINDEFENSIÓN……………..”
“………..POR LO QUE SE REFIERE A LAS COSTAS, habida cuenta la baja cuantía del PLEITO (140 €) ………………PROCEDE LA IMPOSICIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA PUES DE LO CONTRARIO EL PLEITO PERDERÍA TOTALMENTE LA FINALIDAD, AL VERSE LA PARTE ACTORA , LETRADO EN EJERCICIO QUE SE DEFIENDE A SÍ MISMO, OBLIGADO A ASUMIR EL COSTE DEL TIEMPO EMPLEADO COMO PROFESIONAL EN ESTE PLEITO DE MANERA QUE , SI NO IMPONEMOS LAS COSTAS A LA ADMINISTRACIÓN , SU ÉXITO BIEN PODRÍA CALIFICARSE DE VÍCTORIA PÍRRICA (ART. 139.1.II DE LA LJCA)….”

08 marzo 2007

La nueva junta del colegio de abogados denunciará "con firmeza" las carencias judiciales de Sevilla










La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla tomó hoy posesión en un acto estrictamente colegial celebrado en la sede de la calle Chapineros y presidido por el decano de la Institución, José Joaquín Gallardo, quien inicia así su tercer mandato al frente del Colegio, que se extenderá durante los próximos cuatro años. En su intervención, Gallardo manifestó que en esta nueva etapa "desde el Colegio se continuaran denunciando con firmeza las muchas carencias que la Administración de Justicia padece en Sevilla, ya que los ciudadanos tienen derecho a que una voz independiente continúe reivindicando las instalaciones judiciales dignas que los sevillanos merecen y que el servicio público de la Justicia necesita"
El decano de los abogados lamentó que "en el organigrama judicial andaluz, actualmente se detecta una acumulación de puntos negros negros judiciales tanto en Sevilla capital como en su provincia", en alusión al funcionamiento de los Juzgados de lo Contencioso "que están al borde del colapso" y de las "graves carencias detectadas en diversos partidos judiciales como los de Utrera, Lora del Río o Lebrija".
La nueva Junta de Gobierno, encabezada como decano por José Joaquín Gallardo y que resultó elegida con mayoría absoluta en las elecciones colegiales celebradas el pasado mes de octubre, está integrada por el vicedecano Jorge Piñero Gálvez, el secretario Julio Samuel Coca Blanes, la tesorera Paz Almeida Lorences, la bibliotecaria Virginia Pérez Pino y los diputados Fernando Piruat de la Barrera, José María Monzón Ristori, Alfonso Martínez del Hoyo Martín, Óscar Cisneros Marco, Fernando Ángel González de la Peña Ysern, Antonio Muñoz Ruiz, Déborah Delmás Lirola,Patricia Martínez-Conradi Álamo, Manuel Pérez Cuajares, Consuelo Rodríguez Torné, Ana María Vaquero Salguero, José Antonio del Barco Aumesquet y Rosa María Selva Morán.
En esa Junta General de toma de posesión, el decano reseñó los acontecimientos más importantes acaecidos en el Colegio durante el pasado año, señalando que "durante 2006 se celebraron en la sede colegial un total de 256 actos de contenido jurídico y social, lo que evidencia la vitalidad de la Institución". También se aprobaron las cuentas del ejercicio 2006.

04 marzo 2007

La saturación de los juzgados de lo contencioso: juicios para 2009

Lo publica hoy a toda portada Diario de Sevilla. La sobrecarga de trabajo obliga a los jueces de lo Contencioso-administrativo a señalar juicios para 2009. No es una bruma, el juzgado número 7 ha fijado un juicio contra la Diputación de Sevilla para las 10.10 horas del martes 19 de mayo de 2009, a más de dos años vista. La provindencia del juez no tiene desperdicio, ya que incluye una explicación sobre por qué se ha convocado la vista oral con tanto retraso. Transcribimos literalmente esta parte de la resolución:
"Hágase saber a las partes que la fecha de señalamiento es debida a la sobrecarga de trabajo que pesa actualmente sobre los juzgados de lo Contencioso-administrativo de esta ciudad. Frente al módulo de 600 asuntos por año y juzgado, señalado por el Consejo General del Poder Judicial como tope máximo de lo que razonablemente puede resolverse con garantías de atención y dedicación, los juzgados hispalenses han soportado una desviación en exceso sobre la carga razonable de trabajo de un 51,66% en el año 2004, acumulada a un 28,99% en el año 2005 y a un 117'71% en el año 2006. Tal situación ya ha sido puesta en conocimiento de los órganos competentes por la junta sectorial de jueces de lo Contencioso-administrativo de Sevilla, solicitando la urgente creación y puesta en funcionamiento de nuevos juzgados, a fin de evitar las dilaciones en los señalamientos que esta situación está provocando".

03 marzo 2007

Se jubila la funcionaria más antigua de la Audiencia de Sevilla

María Luisa Vaillo Hernández, que presta actualmente servicio en la oficina del jurado, se jubila este lunes tras más de 40 años en la Administración de Justicia, lo que la convierte en la funcionaria más antigua de la Audiencia Provincial. En su larga trayectoria, fue durante dos décadas secretaria particular de cinco presidentes de la entonces denominada Audiencia Territorial de Sevilla. Ha sido condecorada, en 1977, con la cruz sencilla de la orden de San Raimundo de Peñafort.

El alcalde de Gelves, nuevo objetivo de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla tiene un nuevo objetivo: el alcalde de Gelves, Miguel Lora, cuarto regidor de la provincia a quien el Ministerio Público quiere que se impute por prevaricación urbanística. El delito: no haber derribado un muro perimetral que levantó el propietario de una parcela en la cornisa de Gelves y no haberle sancionado con las correspondientes multas. La fiscal ha criticado la actuación de la juez de Instrucción 18, que en su día archivó la causa al entender que no hubo delito. Para la Fiscalía el argumento de la instructora "equivale a no decir nada" y además considera que el muro invadió una parte de dominio público, una zona verde incluida en el catálogo de espacios protegidos por su valor paisajístico. Al paso que va la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo no van a dejar títere con cabeza... ¿Qué fue del principio de intervención mínima del derecho penal?...

02 marzo 2007

La Audiencia confirma el procesamiento de los cuatro imputados por el caso de las facturas falsas en la Macarena

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha confirmado el procesamiento del ex edil de Salud y Consumo, José Antonio García, su director de área, José Marín, el contratista José Pardo García, y el colaborador del distrito Manuel Portela, por el caso de las 28 facturas supuestamente falsas detectadas en la gestión del distrito Macarena. El auto de la Audiencia ni siquiera admite a trámite los recursos de apelación de los procesados al interpretar que la ley del jurado no permite recurrir en apelación el auto de incoación del procedimiento salvo cuando se ha producido el sobreseimiento de la causa. Lo que sí admiten los jueces es el recurso de José Marín por lo que respecta únicamente a la denegación de pruebas solicitadas.

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