Siete secretarios y 65 funcionarios irán al nuevo servicio común de ejecutorias penales

La Consejería de Justicia de la Junta no quiere que vuelvan a repetirse los errores del caso Mari Luz, que posibilitaron que el pederasta Santiago del Valle siguiera en libertad cuando murió la pequeña porque un juzgado de lo Penal de Sevilla no ejecutó una condena por abusar de su propia hija. Para tratar de evitar estos errores y agilizar el trámite de ejecución de las resoluciones, el departamento que dirige Begoña Álvarez pondrá en funcionamiento en Sevilla antes de que finalice el año una experiencia piloto que consiste en la creación de un nuevo servicio común de ejecutorias penales. Este servicio, que dará cobertura a los 13 órganos de lo Penal que hay actualmente en Sevilla y al número 14, que se creará en diciembre, se encargará de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que procedan de estos juzgados.

Para dar cobertura al nuevo servicio, la Consejería de Justicia va a organizar una unidad que contará con siete secretarios judiciales y 65 funcionarios procedentes de los juzgados de lo Penal, según informaron fuentes de la Consejería de Justicia. El servicio tendrá su sede en el edificio Noga, inaugurado en abril pasado en la avenida de la Buhaira y donde actualmente sólo se ubican los dos juzgados de lo Mercantil de Sevilla.

La nueva unidad, que supondrá además la antesala del nuevo modelo de oficina judicial cuya implantación en toda España se ha retrasado desde 2004, estará dirigida por un secretario judicial, del que dependerán otros secretarios que, a su vez, controlarán las distintas secciones de trabajo previstas para resolver de una manera eficaz la tramitación de las ejecutorias penales. Según Justicia, el servicio permitirá una nueva organización del trabajo con el que se pretende obtener "un mayor control de la ejecución de las sentencias mediante la homogeneización de las actuaciones".

Los 65 funcionarios que en un principio integrarán el servicio común de ejecutorias procederán de los 13 juzgados de Penal, lo que requerirá una reorganización de la actual plantilla con el objetivo de lograr una mayor racionalización y especialización del trabajo al constituirse equipos y secciones especializados en materias concretas.

Cada juzgado de lo Penal dispone ahora de un juez, un secretario y ocho funcionarios -dos del cuerpo de Gestión Procesal, cuatro de Tramitación y dos de Auxilio judicial-, pero cinco funcionarios de cada órgano pasarán a integrar el servicio común de ejecución de sentencias para optimizar el trabajo de estos órganos. Otros cinco funcionarios que saldrán de los órganos penales se destinarán como refuerzo en el servicio común de notificaciones y embargos, que presta servicio a todos los órganos que hay en Sevilla.

La mitad de los secretarios judiciales de los órganos penales -incluyendo el futuro número 14- también se integrarán en la nueva oficina. De acuerdo con esta distribución, el servicio común de ejecutorias tendrá siete secretarios y 65 funcionarios, mientras que cada uno de los juzgados penales quedará integrado por un juez, tres funcionarios y un secretario para cada dos órganos judiciales. Con esta experiencia piloto, que posteriormente se irá implantando de forma progresiva en el resto de provincias andaluzas, la Junta busca agilizar la "tramitación constante e informatizada de las sentencias pendientes de ejecutar". La unidad será eficaz para tramitar la ejecutorias y será el germen del cambio de modelo previsto para la oficina judicial. La idea trata de convertir un patrón caduco diseñado para la España rural del siglo XIX en un nuevo modelo marcado por la interconexión propia del siglo XXI, según explicaron las mismas fuentes.