Instituciones Penitenciarias gestiona al mes en Sevilla 400 casos de trabajos en beneficio de la comunidad, una medida que se impone de forma alternativa a las penas de prisión y que en los últimos tiempos se ha disparado como consecuencia de las reformas legales que han endurecido determinadas conductas relacionadas con los delitos contra la seguridad vial o la violencia de género.
Cada mes se tramitan unas 700 citas de personas a las que se ofrece la realización de una actividad para cumplir su pena de trabajo comunitario en el Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asúa, que se ubica junto a la prisión de Sevilla-I. En la actualidad unas 240 personas están realizando estos trabajos sociales, aunque en los próximos meses la cifra experimentará un considerable incremento debido al aumento de los casos que llegan al CIS.
Las estadísticas de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía hispalense muestran que, tan sólo el pasado mes de abril, los juzgados de Sevilla impusieron 411 medidas de trabajos comunitarios, lo que supone una media de casi 14 al día. Se trata de condenas dictadas por los juzgados que llegan a los servicios sociales penitenciarios para que se inicie el cumplimiento de la medida acordada por el magistrado. Si se proyectan estos datos hasta final de año, Instituciones Penitenciarias cerrará 2009 con la gestión de casi 5.000 trabajos en beneficio de la comunidad en Sevilla.
De los 411 casos registrados en este período, 387 son medidas acordadas a personas que han sido condenadas por delitos contra la seguridad vial, como conducir con una tasa de alcohol superior a la legalmente permitida, hacerlo a una velocidad excesiva o conducir sin carné, hechos estos últimos que desde mayo de 2008 se castigan con penas de entre tres y seis meses de prisión y la realización de trabajos comunitarios de 31 a 90 días.
Los 387 casos de trabajos en beneficio de la comunidad derivados de un delito contra la seguridad vial representan el 94,16% del total de medidas impuestas en el mes de abril. Le siguen, a una distancia muy lejana, las 12 medidas con las que han sido condenadas personas acusadas de hechos relacionados con la violencia de género, mientras que los 12 casos restantes corresponde a otros delitos.
La fiscal de Vigilancia Penitenciaria Isabel Vázquez subrayó que la Fiscalía hispalense está "muy satisfecha" por la dinámica de cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, ya que, desde la inauguración del Centro de Inserción Social Luis Jiménez de Asúa -ubicado en las proximidades del centro penitenciario de Sevilla-I-, se ha "reducido considerablemente el tiempo de inicio de cumplimiento".
La fiscal Isabel Vázquez reconoció que al bajar el período de inicio de los trabajos se contribuye a lograr una "eficacia real" de la sanción, puesto que "no es lo mismo que la pena se cumpla de forma casi inmediata a que transcurra cierto tiempo".
La fiscal explicó que, en la actualidad, los trabajos comunitarios se desarrollan principalmente en servicios como Protección Civil, limpieza de jardines, o con trabajos de almacenaje en el Banco de Alimentos de Sevilla, una de las primeras entidades en colaborar con Instituciones Penitenciarias y que ha arrojado una experiencia bastante positiva. También se llevan a cabo trabajos medioambientales y de mantenimiento para los Ayuntamientos de la provincia; en labores administrativas en los servicios sociales, y en asociaciones relacionadas con la seguridad vial.
Isabel Vázquez subrayó que, en todo caso y dado que la inmensa mayoría de los trabajos comunitarios guardan relación con los delitos al volante, sería "deseable" que estas penas se cumplieran, por ejemplo, ayudando a víctimas de accidentes de tráfico en los centros de traumatología.
La dirección general de Instituciones Penitenciarias trabaja en la actualidad en la implantación de programas específicos de educación vial que, según Isabel Vázquez, ya están en marcha, aunque de momento no hay una fecha concreta para el inicio de estos cursos en Sevilla.
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